- La evolución de la
crisis - El primer paro
cívico - Segundo paro y golpe de
Estado - Paro
petrolero - El gobierno de
Chávez: ¿Legítimo? - Como conclusión:
los desafíos para la democracia venezolana del siglo
XXI - Bibliografía
- Notas
La sociedad
venezolana vivió en 2002 uno de los años más
convulsionados de su historia
contemporánea. Fracturada en dos bloques poderosos que se
enfrentaron continuamente a lo largo del año, en dos
oportunidades el Estado hubo
de afrontar una insurrección de grandes proporciones que
puso en peligro el gobierno del
presidente Chávez, elegido abrumadoramente en comicios
democráticos de 1998 y 2000. El golpe de estado
del 11 de abril y el paro general
indefinido con parálisis de la industria
petrolera de diciembre constituyen dos episodios estrechamente
relacionados. En ambos una significativa porción de
venezolanos militares y civiles se sublevaron contra el gobierno
desconociendo su legalidad y
legitimidad, mientras otra también significativa
porción de venezolanos, igualmente civiles y militares, se
movilizaron intensamente e incluso expusieron sus vidas para
defenderlo. Por el momento, el gobierno de Chávez ha
sobrevivido a estas poderosas insurrecciones.
Entender por qué un gobierno
democráticamente electo y ratificado, que en sus primeros
dos años cumplió con algunas de las demandas
más exigidas por el electorado venezolano en la
última década, es repudiado y desconocido por una
parte de la población hasta el extremo de sentirse
legítimamente autorizada a usar la violencia para
deponerlo, mientras es respetado y amado por otra, es el objetivo del
presente trabajo.
Planteo que una explicación para esta situación
debe necesariamente tomar en cuenta una causalidad compleja, de
distintas temporalidades en su desarrollo.
Considero que algunas de esas causas proceden de procesos
propiamente nacionales, pero también hay otras más
vinculadas a la dinámica actual del ámbito
internacional. Estos factores se fueron acumulando, articulando y
convergiendo hasta hacer estallar en Venezuela esta crisis, que
pareció primeramente política pero ha
terminado por afectar hasta los últimos resquicios de la
vida social.
La crisis que padece Venezuela contiene importantes
semejanzas y vínculos con problemas que
se están desarrollando en diversas sociedades
nacionales del Tercer Mundo. De allí la necesidad y
utilidad de
analizar la crisis venezolana con miras a iluminar aspectos que
pueden contribuir a la comprensión de procesos de
transformación más generales ocurriendo en
sociedades sometidas a las mismas dinámicas de la
globalización. La llegada de Chávez a la
presidencia en 1998 tuvo una trayectoria, y representó una
opción política, que guarda similitudes, por
ejemplo, con el arribo de Lucio Gutiérrez a la presidencia
de Ecuador. La
crisis y colapso de los partidos
políticos que Venezuela vive desde la década
del noventa –y que explica en parte su inestabilidad
política reciente– es compartida por varias naciones
suramericanas: véase el caso dramático de
Argentina. Las difíciles relaciones entre medios de
comunicación y gobierno han sido también
denunciadas en Perú y Ecuador. El debilitamiento del
Estado
nacional y su vulnerabilidad ante agencias y corporaciones
internacionales es una característica compartida
actualmente por la mayoría de las sociedades del
continente.
El presente artículo está dividido en dos
partes. En la primera haré una descripción analítica de cómo
evolucionó entre octubre de 2001 y enero de 2003 la crisis
política venezolana. Presentaré los episodios y
elementos más reveladores de la extensión e
intensidad de esta convulsión. Para ello he utilizado
principalmente fuentes
hemerográficas nacionales e internacionales. En la
segunda, desarrollo una interpretación de las causas que
concurrieron para impulsar la situación insurreccional,
poniendo de relieve el
problema de la legitimidad del gobierno de Chávez. Procuro
responder una pregunta que en muchos momentos se me ha formulado:
¿por qué una parte de la sociedad odia tanto a
Chávez, mientras otra lo ama con pasión?
Entre fines de 2001 y enero de 2003 ocurrieron en la
sociedad venezolana varias confrontaciones entre gobierno y
oposición que pusieron de manifiesto la existencia de una
polarización política extrema, así como su
canalización hacia una situación insurreccional
contra el gobierno legal y legítimamente constituido. Las
condiciones propiciadoras de la polarización
política venían desarrollándose en los
años previos, pero se fueron ahondando en el último
cuatrimestre de 2001, impulsadas por acusaciones de autoritarismo
y agresión verbal que la oposición hacía de
manera creciente contra el presidente y su gobierno a
propósito de la aprobación de un conjunto de
leyes, algunas
medulares de su proyecto
político. En diciembre de 2001 la confrontación
desembocó en un paro cívico, el
primero de cuatro, que fue respondido con un endurecimiento del
discurso
presidencial y amenazas de dirigentes del partido de gobierno al
orden democrático. A partir de entonces la
polarización y la confrontación se hicieron
más intensas, desembocando en el segundo paro
cívico, en abril de 2002, que sirvió de antesala al
golpe de estado del día 11. Con este golpe de estado y el
retorno de Chávez al poder 48 horas
después, se reveló la hondura de la fractura
sociopolítica venezolana y se entró en una crisis
política. Las iniciativas de diálogo,
negociación o acuerdos que se intentan en
los meses siguientes no producen resultados significativos. Ese
diciembre se arribó de nuevo a un impasse entre los dos
bloques, que llevó a la oposición a organizar un
cuarto paro cívico, el cual, al igual que en abril,
desembocará en una situación insurreccional. Para
fines de enero de 2003 se hace claro que el gobierno de
Chávez ha logrado resistir. Veamos algunos de los aspectos
más importantes de los tres picos de esta
crisis.
El paro cívico del 10 de diciembre de 2001,
convocado por la máxima representación patronal del
país, la Federación de Cámaras de Industria
y Comercio
(FEDECAMARAS), fue el resultado del creciente enfrentamiento de
distintos grupos
empresariales con el gobierno de Chávez. El descontento de
empresarios y comerciantes se había venido manifestando
prácticamente desde el inicio de la gestión
gubernamental, pero fue en este año que se
cohesionaría como fuerza
política opositora por la forma -además de los
contenidos- en que el Ejecutivo nacional aprobó cuarenta y
nueve leyes. Éstas fueron aprobadas el 12 de noviembre a
través del uso de facultades extraordinarias contempladas
en la Constitución y concedidas al Ejecutivo por
la Asamblea Nacional por medio de una ley habilitante.
FEDECAMARAS argumentó que las mismas no habían sido
suficientemente consultadas con la sociedad y lesionaban derechos constitucionales,
como los de participación, propiedad
privada, justicia,
libertad,
derechos
humanos y pluralismo político. Entre las leyes
más criticadas por los empresarios estaban las leyes de
tierras, pesca e
hidrocarburos,
que sin duda afectan intereses de estos sectores. Propietarios de
tierras rurales y empresarios de la pesca industrial
venían movilizándose desde septiembre de ese
año, y recibieron hacia octubre el respaldo de la
máxima representación empresarial (López
Maya, 2002).
El paro del 10 de diciembre no sólo
paralizó de manera significativa las actividades
comerciales del país urbano, sino que también
cohesionó por primera vez a las distintas fuerzas
organizadas de la oposición, incluyendo sectores
gremiales, sectores medios de
diversa naturaleza,
pequeños partidos políticos emergentes, viejos
partidos venidos a menos como Acción
Democrática (AD) y COPEI, y algunos intereses sindicales
tradicionales representados en la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV), todos ellos descontentos por
considerar afectados sus intereses y por un estilo autoritario y
pugnaz del gobierno de Chávez. Este paro cívico fue
el primer éxito
que se anotó la oposición en su
confrontación contra el gobierno de Chávez, y
constituye el punto de partida de un endurecimiento de las
posiciones de ambos bandos que desembocará en un segundo
paro cívico en abril, esta vez como parte del desarrollo
de un golpe de estado. Por su actuación durante ese paro,
en los meses siguientes la oposición reconocería al
presidente de FEDECAMARAS, Pedro Carmona Estanga, como cabeza de
su movimiento.
El gobierno y las fuerzas que lo respaldan, agregadas en
los partidos Movimiento Quinta República (MVR), Patria
Para Todos (PPT) y otros, reaccionaron ante esta primera
demostración de fuerza de la oposición acentuando
el discurso belicoso y la acción confrontacional, y
fortaleciéndose su liderazgo
más intransigente. El mismo 10 de diciembre, por ejemplo,
el gobierno resolvió trasladar a Caracas los actos
conmemorativos del día de la aviación, que estaban
pautados para realizarse en la ciudad de Maracay. Buscó
con ello hacer sentir su fuerza exhibiendo en el cielo los
aviones militares. Asimismo, organizó en Caracas una
concentración campesina en la tarde para celebrar la
promulgación de la ley de tierras. En ambos actos el
presidente se presentó en traje militar, declaró
que iba a acelerar la aplicación de las nuevas leyes, y
amenazó con nuevas resoluciones oficiales para regular
actividades privadas. En el MVR se emprendieron acciones
contra aquellos de sus parlamentarios que habían
propiciado el diálogo con la oposición, pasando sus
expedientes al órgano disciplinario del partido. Este
endurecimiento de las posiciones del gobierno y su partido tuvo
su contraparte en FEDECAMARAS y la oposición en general,
que en una actitud
igualmente intransigente, y desde una posición fortalecida
por el éxito del paro cívico, exigieron a partir de
entonces la derogación de las cuarenta y nueve leyes
sancionadas a través de la habilitante. Algunos ya
solicitaban la renuncia del presidente. Estas posiciones extremas
impedirían en los meses siguientes el diálogo y la
negociación política entre las partes en
pugna.
SEGUNDO PARO Y GOLPE DE
ESTADO
La política de la calle, es decir, una continua
movilización de lado y lado, es la característica
de la dinámica sociopolítica de los primeros meses
de 2002 ante la polarización y el bloqueo de salidas
negociadas. Una parte de la oposición maneja desde fines
de año la demanda de la
renuncia del presidente; otros piden que se impulse a mediano
plazo un referendo
revocatorio. Corren también insistentemente rumores sobre
el descontento en las fuerzas armadas, habiendo señas de
que un sector radicalizado de la oposición juega al golpe
de estado. En este contexto se produce en el mes de febrero el
conflicto
entre el Ejecutivo nacional y sectores de la gerencia de
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), plataforma que
impulsará el segundo paro cívico, que
desembocará en el episodio del golpe de estado del 11 de
abril.
El conflicto de sectores de la gerencia mayor y
ejecutiva de PDVSA tuvo como motivo visible el nombramiento en
febrero por parte del Ejecutivo de un nuevo presidente y una
nueva junta directiva de la empresa. Con
Gastón Parra como nuevo presidente de la
compañía, eran ya cuatro los presidentes que
había nombrado el gobierno, aparentemente sin lograr sus
objetivos de
alinear la empresa con la
reforma petrolera que venía desarrollando como parte
medular de su proyecto político. Sin embargo, el motivo
hecho público para el paro no era ése, y no se
cuestionó abiertamente el nombramiento de Parra sino el de
miembros directivos internos de la compañía. La
gerencia alegaba que estos nombramientos violaban reglas
consuetudinarias de la empresa, que otorgaban esos cargos por
"méritos". El argumento de la meritocracia para ascender o
sentarse en la junta directiva de PDVSA era la
reivindicación tras la cual se ocultaba la diferencia
más honda entre el gobierno y sectores de la gerencia en
torno a la
política petrolera. En la década anterior, de
implementación de orientaciones económicas
gubernamentales de naturaleza neoliberal, la gerencia se
había independizado de la supervisión estatal y había
formulado y desarrollado una política de apertura
petrolera. Con ella buscó distanciar al país de la
OPEP, reducir el
ingreso fiscal
petrolero, propiciar el retorno de los capitales foráneos
petroleros y eventualmente llevar a una privatización de la industria (3). Las
leyes de hidrocarburos gaseosos de 1999 y de hidrocarburos de
2001 revirtieron estas tendencias y retomaron una política
que podría grosso modo caracterizarse como una
continuación, actualizada a los nuevos tiempos, de la
política nacionalista que a lo largo del siglo XX
había desarrollado el Estado venezolano con la industria
petrolera.
El paro de actividades administrativas en PDVSA
demandando la renuncia de los directores internos de la junta
nombrados recibiría en abril el apoyo de la CTV, que
tomó la iniciativa de convocar el día 9 a un
segundo paro cívico de solidaridad,
ampliamente respaldado e incluso impulsado por FEDECAMARAS,
organizaciones
sociales y políticas
de oposición y el episcopado de la Iglesia
católica, aunque menos exitoso que el del 10 de diciembre.
El sindicalista Carlos Ortega prorrogó este paro por 24
horas más, y el 10 de abril, ante una poco concurrida
concentración frente a la CTV, declaró un paro
indefinido, que paradójicamente fue apoyado con entusiasmo
por el empresariado y el resto de las fuerzas opositoras. Esa
misma tarde convocaron también a una marcha para el
día 11 que se movería del Parque del Este de
Caracas hacia una de las sedes de PDVSA, también en el
este, para mostrar su solidaridad con la gerencia. Como es
sabido, esa marcha, ampliamente convocada por los medios de
comunicación, fue multitudinaria, y una vez llegada a
PDVSA-Chuao fue persuadida para seguir hacia el centro de
Caracas, a la sede del Palacio Presidencial, para sacar de
allí al presidente Chávez. Esta insurrección
civil confrontó en el centro una situación de
violencia, cuyo origen a la fecha no ha podido ser aclarado, que
arrojó diecinueve muertos y más de un centenar de
heridos. Estos sucesos sirvieron de justificación para la
insurrección militar de un sector de oficiales de alto
rango, produciéndose un golpe de estado que depuso por 48
horas al presidente (4).
El 13 de abril, instaurado ya el gobierno de facto
presidido por el señor Carmona Estanca, de FEDECAMARAS,
diversas y nutridas movilizaciones de los sectores populares que
apoyaban al presidente derrocado, conjuntamente con una
insurrección militar de signo contrario al del día
11 y el apoyo de organizaciones y medios internacionales,
devolvió a Chávez al poder, retomándose el
hilo constitucional roto por el golpe cívico-militar. A
partir de entonces, y a diferencia del 10 de diciembre, el
presidente prometió y se avino a bajar el tono de su
discurso, pidió disculpas por errores y ofensas,
prometió rectificaciones y tomó iniciativas para el
diálogo y la negociación con sus adversarios
políticos. En los meses siguientes los dirigentes y
sectores más democráticos del gobierno se
fortalecieron, y se hicieron manifiestas, en efecto, algunas
rectificaciones importantes: cambios en el gabinete
económico, colocándose funcionarios con mayor
capacidad de comunicación con sectores empresariales;
política de rectificación y reconciliación
con la gerencia mayor de PDVSA; moderación del discurso
presidencial; mayor respeto por los
procedimientos
institucionales. El presidente no volvió a usar el
uniforme militar e invitó al país a personalidades
y organismos internacionales que pudieran brindar sus apoyos para
ayudar a salir de la crisis política que el golpe
había abierto. El vicepresidente, por su parte,
tomó la iniciativa de abrir mesas de diálogo con
diversos sectores de la sociedad.
En contraste, la oposición se mantuvo renuente al
diálogo o la negociación con el gobierno y
siguió centrada en la política de la calle,
pidiendo elecciones "ya", lo que no está contemplado en la
Constitución, y/o la renuncia del presidente. Aunque en un
primer momento se halló debilitada políticamente
por el retorno del presidente, y dividida por desavenencias
reveladas durante el golpe y el gobierno de facto entre
partidarios y detractores de atajos violentos, no
construyó en los meses siguientes una estrategia de
clara vocación democrática que neutralizara a sus
sectores más radicalizados. Recién en noviembre,
tres semanas antes del inicio del cuarto paro cívico, bajo
reiteradas presiones de personalidades y organismos
internacionales, se avino a sentarse a la Mesa de
Negociación y Acuerdos instaurada bajo la
facilitación del secretario de la OEA,
César Gaviria. Sin embargo, para ese momento, el
predominio de los sectores radicalizados y
antidemocráticos en la Coordinadora Democrática
(CD)
hacía improbable que un acuerdo político prosperara
antes de la nueva medición de fuerzas que prometía el
paro, donde la oposición se sentía confiada en
salir victoriosa.
La segunda gran insurrección de este año
comienza a fabricarse desde agosto. Una decisión del
Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que no
existían méritos para enjuiciar por rebelión
militar a cuatro altos oficiales, responsables del golpe de
estado del 11 de abril.
Fue ésta una clara decisión
política y no jurídica del máximo tribunal,
que abría la puerta para una nueva aventura militar. Para
el mundo civil fue una señal de que en el país
reinaba la impunidad. El
22 de octubre, catorce militares, entre ellos algunos de los
absueltos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en agosto,
tomaron la plaza Francia de
Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en
"desobediencia legítima" contra el gobierno y declarando
la zona "territorio liberado". Anunciaron que sólo
abandonarían la plaza cuando cayera Chávez, y
llamaban a sus compañeros de armas a alzarse
contra el gobierno.
En el mismo mes de octubre, luego de una marcha, la CD
dio lo que según dijo era un ultimátum a
Chávez: si no renunciaba y convocaba a elecciones, la
oposición llamaría a un paro cívico. El
presidente hizo caso omiso y la oposición convocó
para el 21 de octubre su tercer paro cívico. Aunque este
paro fue parcial y menos beligerante que los previos,
comenzó allí la recta final para desembocar en el
paro indefinido y petrolero de diciembre. A partir del paro de
octubre se suceden sin cesar una serie de hechos que van cargando
con violencia la atmósfera del
país: la toma de la plaza Altamira por los militares, ya
señalada, al día siguiente de este paro; a inicios
de noviembre, un encuentro violento en el centro de Caracas entre
allegados del gobierno y de la oposición motivado por la
solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD; en esos
días se devela también una conspiración al
allanar la casa de un ex canciller de AD donde se encuentra
material preparatorio de un gobierno transitorio; una balacera se
produce a mediados de noviembre en el centro de la ciudad
motivada por un conflicto policial, donde mueren tres personas;
poco después el Ejecutivo nacional interviene la
Policía Metropolitana (PM) y ordena la salida de la
Guardia Nacional (GN) a la calle para patrullar la ciudad de
Caracas; finalmente estalla una crisis en el Consejo Nacional
Electoral que pone de relieve la politización de esa
institución.
El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas,
comenzará el cuarto paro cívico en el lapso de un
año.
Este paro mostró connotaciones distintas a los
precedentes, al hacerse evidente que no sólo se sumaba al
paro la gerencia administrativa de PDVSA, como en abril, sino
también buena parte de la gerencia operativa y los
capitanes de la Marina Mercante, procediendo a paralizar las
actividades operativas de la compañía y
prácticamente de la totalidad de la flota de tanqueros de
PDV Marina (5). PDVSA es la compañía más
grande de América
Latina, y corazón de
la actividad económica de Venezuela. La mitad del ingreso
fiscal venezolano proviene del negocio petrolero. El lunes 9 de
diciembre, día en que la oposición convirtió
el paro en "indefinido" hasta que cayera Chávez, en cadena
oficial trasmitida por todos los medios de comunicación
audiovisual, el presidente de PDVSA reconoció que la
compañía estaba virtualmente paralizada.
Denunció el paro como una "sabotaje criminal".
Convocó al pueblo a salir a la calle y rodear edificios,
instalaciones y otros bienes de la
empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar
a la gerencia a levantar la paralización.
El conflicto petrolero se hizo central, y las
demás acciones perdieron relevancia.
La paralización de la industria dio una
dimensión profunda a la crisis. Más allá del
gobierno de Chávez, el conflicto perseguía la
quiebra
financiera del Estado venezolano. En el caso de tener
éxito la gerencia de PDVSA, manteniendo el control de la
empresa y forzando la salida del presidente, se
convertiría en un actor con poder de veto sobre los
gobiernos electos, una empresa por
encima del Estado nacional capaz de imponer su proyecto
político a éste y a la sociedad en su conjunto.
Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no
había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero,
hacia mediados de enero la evolución del conflicto tendía a
favorecer al gobierno. Lentamente éste volvía a
ganar control sobre la empresa, activaba diferentes operaciones, y
anunciaba un proceso de
reestructuración de la misma. Hacia principios de
febrero más de 5 mil gerentes y trabajadores habían
sido despedidos por abandono del trabajo y la empresa
había logrado rescatar todos sus tanqueros, iniciar el
proceso de arranque de sus refinerías, y exportar poco
más de un millón de barriles diarios, un poco
más de un tercio de su capacidad normal. En el mes de
febrero esta tendencia se hizo franca: los despidos pasaban de 11
mil y se habían reiniciado la exportación de crudos y la producción de derivados.
EL GOBIERNO DE CHÁVEZ:
¿LEGÍTIMO?
En un libro
clásico de la sociología de Barrington Moore Jr.
publicado en 1978, que se titula La injusticia. Las bases
sociales para la obediencia y la rebeldía, se explica
cómo toda sociedad establece los límites
permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en
aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar
explícitos, como en la Constitución, o
implícitos, como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes,
autoridad o
gobernado, viola esos límites, se producen
indignación moral y
sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía. En
Venezuela se habían producido desde hacía al menos
dos décadas estos sentimientos hacia el gobierno y el
Estado, tanto por parte de sectores populares como, más
recientemente, por parte de sectores empresariales, gerentes de
PDVSA, grupos de clase media y
sindicatos
tradicionales. ¿Por qué? Las reglas de la
convivencia social y los límites entre gobernantes y
gobernados, cimentados en los pactos constitutivos del sistema
democrático venezolano de 1958, permitieron relativa paz
social en Venezuela por cerca de tres décadas. Pero desde
la década del ochenta esas reglas han venido siendo
violentadas por el creciente empobrecimiento y cierre de
expectativas de mejora económica y ascenso social que
padecen las grandes mayorías (Roberts, 2001; López
Maya y Lander, 2001; Briceño León, 2000; entre
otros). La exclusión y polarización social, que en
nuestras sociedades constituyen un problema histórico,
resultado del proceso de colonización, fueron poco
superadas por la república nacida de las luchas
emancipadoras del siglo XIX. Pero en las décadas del
sesenta, setenta e incluso ochenta, la democracia
resultante del pacto de Punto Fijo se legitimó con una
promesa de inclusión y justicia social por la vía
de la distribución de la renta petrolera y la
construcción del orden democrático
(Coronil y Skurski, 1991).
Esta promesa sería explícitamente rota por
los gobiernos venezolanos después del Caracazo de 1989,
con la aplicación explícita de programas de
ajuste y reestructuración económica de naturaleza
neoliberal, así como por la sustitución del
discurso de inclusión, armonía y unión
social del Estado nacional-populista por el del liberalismo
individualista (id.). Por otra parte, ese episodio del Caracazo,
con la masiva represión con la que fue resuelto,
motivó una toma de conciencia
colectiva sobre esa ruptura producida. Nunca más los
partidos de Punto Fijo pudieron recuperar la legitimidad
perdida.
A mediados de la década del noventa la creciente
polarización social va a encontrar expresión
política en actores y proyectos
también polares, que hasta la fecha se muestran incapaces
de reconocerse uno al otro, de respetarse entre sí y,
consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego
transparentes en la lucha por alcanzar el predominio
político en nuestra sociedad. La sociedad venezolana vive
desde la década del noventa lo que Gramsci
conceptuó como una lucha hegemónica, donde actores
con proyectos distintos para la sociedad buscan predominar
recurriendo a reglas institucionales pero también
extra-institucionales (Laclau, 1985). En diferentes momentos de
esta lucha hegemónica, en 1992, y dos veces durante 2002,
los actores decidieron hacer caer el tablero del juego
democrático para alcanzar el predominio político.
Afortunadamente, hasta ahora, ninguno tuvo
éxito.
En 1998, de acuerdo a reglas democráticas
establecidas en elecciones transparentes, Chávez, y la
alianza de fuerzas conocida como el Polo Patriótico,
alcanzaron el predominio político para gobernar
según su proyecto ofrecido en campaña electoral.
Cristalizó entonces la hegemonía del proyecto
político llamado bolivariano. Estos mismos actores y su
proyecto fueron ratificados por la sociedad venezolana en el
referendo constitucional de 1999 y las elecciones de 2000.
Chávez y su alianza política representan
principalmente, aunque no en forma exclusiva, los intereses de
los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico
venezolano que aspiran a la inclusión y justicia social.
El proyecto bolivariano promete la refundación de la
república, el desplazamiento de la vieja élite
política, la permanencia de un Estado regulador de
diversos aspectos de la vida económica y social, la
propiedad estatal del petróleo y la universalidad de los derechos
sociales.
Sus adversarios, con distintos matices e
ideologías que se orientan principalmente por la doctrina
del liberalismo, han recibido el respaldo mayoritario de los
sectores medios y altos de la población. Ellos expresan el
otro polo social, por el momento no hegemónico.
Si bien la polarización política actual
tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos
perder de vista por los poderosos intereses que tras ellos se
alinean, hay sin embargo factores adicionales que han llevado la
confrontación legítima a un antagonismo extremo,
que pone en peligro la posibilidad de una superación
democrática de la confrontación. Por una parte,
desde que asumiera el poder, pero de manera más aguda
desde los últimos meses de 2001, el gobierno de
Chávez alteró reglas de la convivencia social
venezolana, en el sentido que le da Moore al término:
aprobó leyes medulares a su proyecto político sin
someterlas al necesario debate
democrático, e hizo uso de símbolos de fuerza y amenazas para
amedrentar a la oposición cuando ésta ha ejercido
su derecho a la protesta, aunque es indispensable reconocer que
en los tres primeros años de gobierno de Chávez la
represión del Estado a estas movilizaciones fue
notoriamente menor a la de gobiernos previos (López Maya,
2002). El presidente recurrió permanentemente, hasta el
golpe de abril, a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo,
descalificando a sus opositores y exponiéndolos al
escarnio público. El oficialismo ha buscado penetrar
organizaciones sociales como la CTV para cooptarlas o ahogarlas,
incumpliendo su obligación de producir seguridad y
protección y de mantener la paz social.
Muchos de los actores sociales y políticos de la
oposición se radicalizaron ante esta conducta
gubernamental, y convocaron a la insurrección del 11 de
abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la
convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de
fuerzas que lo respaldan. En medio de su resentimiento, estos
sectores, respaldados por medios de comunicación
también polarizados y radicalizados, por encuestas de
opinión en su mayoría también polarizadas
del lado de la oposición, identificaron su rechazo al
gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo
que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su
posición se trataba de una insurrección "popular"
mayoritaria, por no decir unánime. Según estos
grupos, el gobierno no tenía ya piso
político.
Pero tal como se hizo patente el 13 de abril y luego a
lo largo del resto del año, esto era y sigue siendo un
craso error de diagnóstico.
¿Por qué la oposición no percibe al
otro, a los sectores populares que siguen dándole un
sólido respaldo a Chávez y su proyecto
político? A mi modo de ver aquí juega un papel
central la calidad de las
organizaciones sociales y políticas de oposición. O
quizás habría que decir con más propiedad la
calidad de sus dirigentes. FEDECAMARAS, la CTV, los medios de
comunicación privados, la alta gerencia de PDVSA, las
diversas organizaciones que se autodenominan ‘sociedad
civil’, inclusive los partidos emergentes como Primero
Justicia, o tradicionales como COPEI, siguen concepciones
doctrinarias liberales individualistas que exaltan las virtudes
del ámbito privado mientras colocan todos los vicios de la
vida en sociedad en el ámbito público, en el
Estado. Estas organizaciones y medios de comunicación se
han fortalecido y vienen llenando el espacio político en
Venezuela como resultado del rechazo a la política, a los
políticos y a los partidos que se convirtió en
sentido común en las décadas del ochenta y noventa.
El discurso democrático de estas organizaciones se agota
rápidamente, como en efecto lo corroboramos en su respaldo
inicial al golpe de Estado y al paro insurreccional de diciembre,
toda vez que –salvo la CTV– son organizaciones
conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor
tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad
y no con la solidaridad social. Son organizaciones concebidas, en
palabras de Edgardo Lander, para la defensa y preservación
de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de
los que no tienen (1995: 135). De manera que les resultan
irrelevantes, amenazadoras o incluso inexistentes las
organizaciones populares, cuya concepción de
ciudadanía no puede sino ser distinta, porque en ellas se
trata de luchar por el cambio.
Políticamente hablando, los sectores populares sólo
pueden ser vistos por los otros, cuando los ven, como no
ciudadanos y amenazas a la propiedad y a la seguridad. De
allí el frecuente uso de calificativos despectivos como
hordas, turbas, etc., para referirse a ellos. Este no es el caso
de la CTV, procedente de otros orígenes doctrinarios y
políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa
legitimidad, pues el proceso eleccionario que la llevó a
los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno
de vicios, se ha venido plegando a las concepciones de esta
llamada sociedad civil y ha tenido responsabilidad mayor en estas insurrecciones. En
el caso del partido AD, también de base doctrinaria
socialdemócrata, el pragmatismo y
la mediocridad de su dirigencia actual les impiden orientar, y al
igual que la CTV, se dejan conducir por los intereses
económicamente poderosos del momento.
La ceguera de esta oposición le ha estado
haciendo el juego a poderosos intereses nacionales e
internacionales que no creen ni se interesan en la democracia,
llevando al quiebre institucional, y a salidas
plutocráticas y autoritarias. Porque ni el 11 de abril ni
en diciembre se estaba ante la presencia de una revuelta popular
al estilo de las que derrocaron al socialismo
realmente existente en algunos países de Europa Central, o
más recientemente, la revuelta popular que condujo a la
renuncia del presidente De La Rúa en Argentina a fines de
2001. Estos gobiernos y el Estado mismo que representaban
habían perdido toda legitimidad, las insurrecciones
allí reflejaban una carencia total de piso
político. Ese no es el caso de Chávez y su alianza
política. En este caso hemos presenciado gigantescas
protestas de la oposición en rechazo a políticas de
un gobierno que, si bien violaba tradicionales normas de
convivencia social, seguía siendo legítimo para
otra gigantesca porción de la sociedad. Para ese otro
sector, la legitimación proviene precisamente de haber
restablecido un discurso y un proyecto político de
inclusión para los históricamente excluidos. Ello
ha estado a la vista alrededor del Palacio de Miraflores el
día 13 y en las incontables movilizaciones populares de
diciembre y enero en defensa del gobierno y para presionar a la
gerencia petrolera a levantar la paralización de la
industria.
Pero no son percibidas, o son desestimadas, por quienes
en el otro bando marchan y realizan sus actividades
insurreccionales, la otra sociedad civil, por las carencias
teóricas y prácticas de organizaciones inadecuadas
para la representación y mediación política.
Gobiernos impopulares elegidos democráticamente siempre ha
habido, y gobiernos ilegítimos para ciertos sectores de la
sociedad también. En democracia, los actores de
vocación democrática los combaten dentro del
estado de
derecho. Es la única garantía para quienes no
somos poderosos de que nuestros derechos e intereses serán
respetados.
COMO CONCLUSIÓN: LOS
DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA VENEZOLANA DEL SIGLO
XXI
La crisis política venezolana sigue abierta. Las
tendencias conspirativas para una salida autoritaria por parte de
ambos bandos siguen presentes. Distintas instituciones
de los poderes públicos, como las instancias
administradoras de la justicia, los cuerpos de seguridad del
Estado, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano (Fiscalía,
Defensoría del Pueblo y Contraloría), se encuentran
fuertemente averiadas por la politización y
polarización que las han penetrado y las aventuras
autoritarias que ha vivido la sociedad en 2002. Con el paro
petrolero, además, las finanzas del
Estado quedaron severamente golpeadas, y sólo una
acción inteligente y sostenida en el tiempo por
parte del gobierno podría recuperarlas en un lapso
prudencial. Dados todos estos ingredientes, el panorama para la
recomposición de la institucionalidad democrática
venezolana luce hoy como un desafío gigantesco.
Los procesos insurreccionales que se han desarrollado y
los resultados que de ellos se derivarán en el corto y
mediano plazo tendrán una influencia decisiva en la
pervivencia y la calidad de la democracia no sólo en
Venezuela sino también en América
Latina en el futuro inmediato. La crisis ha revelado varios
desafíos a la democracia que amenazan a sociedades y
Estados nacionales como el venezolano.
La relación entre el Estado nacional y las
corporaciones transnacionales, ¿es de predominio o de
subordinación? Durante esta crisis el enfrentamiento entre
los proyectos políticos de PDVSA y del gobierno de
Chávez ha sido epicentro de las dos insurrecciones y
revela el inmenso poderío que manejan las empresas en el
mundo globalizado. El Estado venezolano –y con él la
democracia– ha sobrevivido por ahora a este ataque a sus
bases económicas. Sin embargo, cabe preguntarse: un Estado
no petrolero, o sin el sólido apoyo popular, ¿lo
hubiera podido hacer? De haber sucumbido, ¿qué tipo
de sistema
político hubiese emergido? ¿Qué calidad
tendría una democracia en un Estado nacional disminuido y
en presencia de una corporación con poder real de veto
frente al gobierno? El rechazo a la política y a los
políticos, fenómeno generalizado de las
últimas décadas, y la conversión del
ciudadano en consumidor de
bienes culturales influido decisivamente por medios de
comunicación transnacionalizados, han incidido en
dificultar la creación de condiciones y actores que
promuevan con éxito espacios y acciones facilitadoras de
procesos de negociación que eventualmente puedan llevar a
la construcción de acuerdos entre los bandos en pugna. Los
actores políticos de la actual coyuntura venezolana,
faltos de formación y experiencia política,
imbuidos en nociones individualistas y de anti-política,
han mostrado reiteradamente su incapacidad para contribuir
significativamente a la superación de la crisis en
democracia.
El caso del rol político jugado por los medios de
comunicación privados venezolanos en los procesos
insurreccionales del año 2002, entre otras cosas, pone
descarnadamente en evidencia el conflicto no resuelto entre el
derecho a la libertad de
expresión de los medios, defendido por sus
dueños, y el derecho a la información veraz y oportuna defendido por
el ciudadano común. En un mundo mediático
globalizado, el poder de los medios con frecuencia supera al de
los Estados nacionales, y no existen suficientes contra-balances
sociales, internos o internacionales, para contenerlo.
La crisis política venezolana de estos
años ha revelado con claridad el papel que puede seguir
desempeñando el Estado nacional como mediador entre los
intereses de las sociedades nacionales e instancias y actores
transnacionalizados que detentan el poder mundial. En el contexto
de la hegemonía de los procesos de globalización neoliberal, el Estado
nacional puede representar un espacio desde donde se desarrollan
estrategias de
resistencia y se
construyen alternativas para las grandes mayorías
excluidas de nuestras sociedades. Con gobiernos de
vocación popular posesionándose de gobiernos de la
región, la experiencia del Estado y gobierno venezolano,
con sus errores y aciertos, alimentará estrategias para
las fuerzas que se resisten al neoliberalismo
respecto de cómo moverse en un mundo cada vez más
difícil y conflictivo.
- Briceño León, Roberto 2000 "Hilos que
tejen la vida social", en Asdrúbal Baptista Venezuela
siglo XX. Visiones y testimonios (Caracas: Fundación
Polar) Vol. 1, 125-154. - Coronil, Fernando y Julie Skurski 1991 "Dismembering
and Remembering the Nation: The Politics of Violence in
Venezuela", en Comparative Studies in Society and History. Vol.
33, Nº 2, 288-335. - Laclau, Ernesto 1985 "Tesis acerca
de la forma hegemónica de la política", en
Labastida, Julio y Martín del Campo Hegemonía y
alternativas políticas en América Latina
(México: Siglo XXI). - Lander, Edgardo 1995 Neoliberalismo, sociedad civil y
democracia. Ensayos
sobre América Latina y Venezuela (Caracas: Ediciones de
la UCV). - López Maya, Margarita 2002 "Entre protestas y
contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y
debilita", en OSAL (Buenos Aires:
CLACSO) Nº 6, Enero, 97-103. - López Maya, Margarita y Luis E. Lander 2001
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y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998", en Sader,
Emir (comp.) El ajuste estructural en América Latina
(Buenos Aires: CLACSO-ASDI) 231-254. - Mommer, Bernard s/f "Petróleo subversivo", en Lander, Luis E.
Poder y petróleo en Venezuela (Caracas), en prensa. - Moore, Barrington jr. 1978 Injustice. The Social
Bases of Obedience & Revolt (EEUU: The Macmillan Press
Ltd.). - OSAL 2002 (Buenos Aires: CLACSO) Nº 7,
Junio. - PROVEA Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos 2002 (Caracas: PROVEA) Informe
Anual. - Rey, Juan Carlos 2002 "Un insólito golpe de
Estado", en Sic, Nº 646, Julio, encartado. - Revista Venezolana de Economía y Ciencias
Sociales 2002 (Caracas: Universidad
Central de Venezuela) Vol. 8, Nº 2, 185-282. - Roberts, Kenneth 2001 "La descomposición del
sistema de partidos en Venezuela vista desde un análisis comparativo", en Revista
Venezolana de Economía y Ciencias
Sociales (Caracas) 183-200.
1. Preparado para su presentación en el encuentro
2003 de Latin American Studies Association, Dallas, Texas, 27-29,
2003.
2. La reconstrucción de eventos de este
año se ha elaborado a partir de la información de
varios diarios: El Nacional, que fue central en los primeros
meses de 2002, y Últimas Noticias,
central en lo relativo al paro petrolero de diciembre y enero, ya
que El Nacional se sumó al paro. La información de
estos dos diarios nacionales fue confrontada y complementada por
El Universal, La Jornada (México), Clarín
(Argentina) y páginas
web de diversa procedencia.
3. Para estudiar la reforma petrolera del gobierno de
Chávez y sus diferencias con la política de
"apertura" desarrollada en la década pasada véase
Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales (2002),
cuyo tema central está dedicado a esta cuestión.
También recomiendo Mommer (2002).
4. Sobre el golpe de estado del 11 de abril véase
OSAL (2002), donde existen una cronología y varios
análisis. También PROVEA (2002) y Rey
(2002).
5. N de la E: PDV Marina es la filial de PDVSA encargada
de trasladar el crudo desde Venezuela a los países
importadores como EE.UU.
Este texto se
encuentra bajo licencia Creative Commons
Margarita López Maya*
* Universidad Central de Venezuela.