Moral de mercado versus seguridad alimentaria: una aproximación desde la ética del bien común (página 2)

La liberalización del mercado como solución

La persistencia del hambre
en el mundo supone graves responsabilidades éticas en cuanto a la capacidad de
los actuales gobiernos e instituciones multilaterales para ordenar y orientar
el desarrollo de los países en forma consecuente con los planteamientos básicos
de la seguridad alimentaria. Por cierto, no hay un solo camino para ello, tal
como lo demuestra la historia de América Latina y el Caribe en las últimas
décadas. En efecto, en la Región se han experimentado enfoques que van desde
aquellos que planteaban como objetivo la "autosuficiencia
alimentaria" (producción interna) en las décadas de los sesenta y setenta
hasta los que proponen la "seguridad en la oferta alimentaria"
(producción interna + importaciones) como objetivo fundamental.

Este último esquema,
predominante en la actualidad, promueve por lo general tanto la retirada del
Estado de la economía (tamaño mínimo del Estado) como el funcionamiento libre
del mercado como asignador eficiente de las cuotas de acceso a los alimentos,
no sólo en el sector formal sino que también, y sobre todo, en el llamado
sector atrasado (agricultura). Ello, a su vez, supone una propagación de las
relaciones de mercado (oferta y demanda) a este sector, con la particularidad
de que la mayor oferta iría creando su propia demanda. Esto es, la "Ley de Say" aplicada a la
agricultura y la alimentación. Al anteponer la eficiencia del mercado se supone
que la equidad vendrá automáticamente en un segundo momento. La expresión
ideológica de este enfoque es el neoliberalismo.

Desde mediados de los años
ochenta la mayoría de los gobiernos de la Región comenzaron a poner en práctica
dicho enfoque, lo que implicó un fuerte proceso de reformas estructurales y de
apertura unilateral, incondicional y muy rápida de la agricultura y de la
economía en general. Este proceso se inició con la liberalización de los
precios del mercado interno, la desregulación de los mercados de la tierra
(abandono de la reforma agraria), el desmantelamiento o rediseño radical de las
instituciones públicas de apoyo al sector, y la drástica disminución del
volumen de crédito. El Acuerdo sobre
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que
entró en vigencia a partir de 1995, no hace más que profundizar dicho proceso.

En la versión más extrema
del neoliberalismo, la seguridad alimentaria no existe como política pública,
pues el mercado se hace o debería hacerse cargo de ella. Sin embargo, cabe
reconocer que en versiones más moderadas o pragmáticas se le concede al Estado
la posibilidad de intervenir mínimamente (Estado subsidiario), particularmente
en aquellas áreas que no sean de interés de los capitalistas privados, sea por
su riesgo, su envergadura o su baja rentabilidad pero que, al mismo tiempo, son
necesarias para la vida económica. Tal es el caso de ciertas situaciones como
la pobreza y el hambre.

La intervención estatal en
estos casos será temporal, por un determinado tiempo, y con una asignación
focalizada del gasto público. Una vez alcanzado un cierto nivel de crecimiento
de las economías, los recursos excedentes llegarán a los pobres y a los
hambrientos, disminuyendo así su número. Para conseguir esta menor pobreza y
hambruna, lo único que se le pide a los ricos es que permitan que alguien
recoja las migajas que caen de sus mesas. Esta lógica del "derrame",
o "goteo", crea una dicotomía entre la política económica (monetaria)
y la política social (seguridad alimentaria), donde ésta se subordina a la
primera. En este enfoque no se cuestiona el "adentro", el modelo
económico, ni se explica por qué las personas pobres y desnutridas no están
integradas. Tan sólo se espera que en el largo plazo la expansión económica
realice de manera "natural" la integración de los marginados y haga
innecesaria la política focalizada de apoyo a esas personas.

Muchos han dudado que en un
plazo razonable los programas de ajuste logren resolver los problemas de
inequidad, pobreza y hambruna, por lo que han propuesto una humanización del
ajuste estructural o una estrategia de crecimiento con equidad. Los gobiernos
que han asumido este enfoque buscan combinar el ajuste con una mayor
preocupación social. Aunque esta propuesta abre la puerta a políticas
redistributivas que no estaban presentes en la alternativa anterior, mantiene la
dicotomía: de un lado, la política social para conseguir la equidad y, del
otro, la política económica para lograr el crecimiento. De todas maneras,
tampoco pone en tela de juicio el "adentro".

En suma, mientras los
gobiernos subscriben numerosos acuerdos -avalados por instituciones regionales
y multilaterales- para erradicar el hambre y la pobreza del mundo, minimizan el
rol del Estado y transfieren al mercado la responsabilidad de la seguridad
alimentaria (en mayor o menor grado, en forma inmediata o mediata). Con ello
comprometen directamente al mercado.

La situación del agro después de quince años de
liberalización

El nuevo rol asignado al
(libre) mercado en la consecución de la seguridad alimentaria y la persistencia
del hambre en el mundo, nos obligan a evaluar su desempeño, especialmente en el
sector agrícola de América Latina.

Una primera constatación es
que el crecimiento de la producción agropecuaria en las nuevas condiciones de
reforma y ajuste estructural no exhibe tasas significativas de crecimiento,
pero sí claras diferencias entre los países y sectores (productos). En efecto,
las tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) agropecuario y del
PIB total regional fueron, respectivamente, de 3,5% y 5,6% en la década de los
setenta; de 2,1% y 1,0% en la de los ochenta, y de 2,3% y 3,5% entre 1990 y
1998. Como ya se dijera, el desempeño no fue igual en todos los países, pero
destaca el hecho de que siete países (entre ellos Brasil y México) pasaron de
una situación de alto crecimiento agropecuario a una de menor dinamismo.

Por otra parte, también
hubo considerables diferencias de comportamiento productivo dentro de cada
país. Mientras las actividades agropecuarias de exportación y de la industria
agroalimentaria se expandían, otras orientadas al mercado interno se estancaban
o sufrían un fuerte repliegue. En general, los rubros cultivados principalmente
por campesinos fueron los que experimentaron mayor retroceso. Se trata por
tanto de un bajo crecimiento de la agricultura que es muy desigual entre los
países y que se sustenta en la producción de vanguardia, la producción de
cultivos no tradicionales de exportación. Este "sesgo" exportador,
promovido y apoyado por los Estados(6,
p.79)1, constituye uno de los rasgos principales del
modelo agrario latinoamericano. El crecimiento global de las exportaciones del
sector (5,6% anual en dólares corrientes entre 1990 y 1998, según datos de la
FAO) ha superado al de la producción.

De acuerdo a la CEPAL, "el nuevo modelo de desarrollo ha resultado
bastante excluyente. El crecimiento se concentró en los productores comerciales
vinculados al agronegocio nacional e internacional, asociado a empresas
transnacionales de la industria agroalimentaria y de la
comercialización"(6, p.137). Ello permitirá el dominio
creciente de la industria transnacional sobre el conjunto de los cultivos y
productos agropecuarios2.

Dentro de ese proceso, cabe
destacar la creciente influencia que han venido adquiriendo los grandes
productores transnacionales de insumos básicos, como agroquímicos y semillas.
Si bien estos insumos han permitido un notable aumento de la productividad
agrícola o saltos tecnológicos hacia una agricultura más intensiva en muchos
países, también es evidente que determinan de modo cada vez más directo, por
medio de la entrega de paquetes tecnológicos, las formas de subcontratación y
la distribución temporal de las tareas productivas -preparación de suelos,
siembra, cosecha y otras- con que operan amplios sectores de agricultores
primarios. Como consecuencia de ello, según la misma CEPAL, "El optimismo inicial acerca de la modernización
de los pequeños productores por medio de su integración contractual con la
agroindustria no parece del todo justificado. Por el contrario, hay suficientes
indicios de que la diferencia en cuanto a niveles tecnológicos, productividad e
ingresos entre los productores comerciales y empresarios agrícolas y los
campesinos llamados "no viables" es ahora mayor que antes"(6,
p.138).

Tampoco se puede desconocer
que el uso de agroquímicos, más allá de provocar daños impredecibles a la salud
de los trabajadores, está degradando parte de los recursos de tierras y aguas
de la Región, provocando erosión de los suelos, saturación hídrica y
salinización de tierras de riego. Además, estos insumos pueden provocar otros
impactos ambientales negativos, particularmente sobre la diversidad biológica y
las aguas superficiales y subterráneas.

Por su parte, el elevado
grado de concentración histórica de la tierra3, se mantuvo en
algunos países e incluso aumentó en otros durante el período 1969-1997, pese a
la reciente insistencia de ciertos gobiernos en reformar la propiedad y la
tenencia de la tierra. Los mayores índices de concentración se encuentran en
Chile, México y Paraguay. No es de extrañar entonces que en diversos países de
la Región se esté observando un aumento de la actividad de los movimientos de
los trabajadores rurales sin tierra y una intensificación de la ocupación de
terrenos.

La gran mayoría de los
especialistas del ramo coincide en que el magro desempeño mostrado por la
producción agrícola se explica en parte importante por el desmantelamiento de
las políticas e instrumentos de apoyo sectoriales, situación que no se vio
compensada, como se esperaba, por el sector privado, ni siquiera con los
incentivos proporcionados en una segunda fase de reformas agrícolas. La
eliminación de subsidios y la reducción o desaparición de los servicios
agrícolas de crédito, tecnología y extensión como consecuencia de la retirada
del Estado, tuvieron grandes efectos negativos, principalmente sobre los
pequeños productores y campesinos.

En definitiva, el
crecimiento agrícola de la Región (a excepción de unos pocos países) estuvo
distante de las expectativas que se habían suscitado hace 15 años en torno a
los procesos de reforma y al Acuerdo sobre
Agricultura de la OMC, ya que no sólo es menos dinámico (eficiente)
que el histórico y que el propio crecimiento de la economía, sino que además
las tendencias a la diferenciación y exclusión socio-productiva se
intensificaron durante este período. Se trata por tanto de un leve crecimiento
desigual entre los países que, si bien produce un volumen de alimentos
suficiente para proporcionar una dieta balanceada para toda la población
latinoamericana, destina una parte importante de ese volumen a los mercados
internacionales. Estas exportaciones no son un "excedente" con
respecto a las necesidades vitales de las personas, sino a la precaria
"demanda efectiva" que el mismo modelo genera. De allí que con las
importaciones de productos extranjeros tampoco se resuelva la situación de
alrededor de un tercio de la población que no dispone de alimentos suficientes
o de los más de 60 millones que sufren desnutrición. En verdad, las
importaciones de alimentos traen más problemas que soluciones.

Importaciones de alimentos: ¿complemento de la
producción interna?

Uno de los aspectos
esenciales de las reformas estructurales de la agricultura latinoamericana ha
sido el impulso de la liberalización del comercio internacional, a través de
políticas de apertura de mercado y mediante la firma de acuerdos comerciales.
Muchos gobiernos vieron en la importación de alimentos a bajo precio la clave
para la seguridad alimentaria y el desarrollo. Esta visión fue reforzada por
los planteamientos de los organismos multilaterales, especialmente de la OMC,
que promovían la desregulación del mercado agroalimentario mundial.

Las importaciones de
productos agropecuarios, ante el retiro de protecciones específicas y la rebaja
de los aranceles, han venido creciendo de manera continua desde fines de los
años ochenta, con una tasa cercana al 9,4% anual entre 1990 y 1998 en dólares
corrientes, de acuerdo con datos de la FAO. Este incremento ha superado
claramente el ritmo de crecimiento de las exportaciones agrícolas, que fue
equivalente a 5,6% anual entre los mismos años(6, p.146).

A pesar de ello, dado el
superávit inicial, la balanza comercial agropecuaria de la Región ha logrado
sostenerse pero con una clara tendencia hacia la baja en los últimos años que
será difícil de contrarrestar. Dos fenómenos importantes están incidiendo cada
vez más: el deterioro de tipo de cambio real y la fuerte caída de los precios
internacionales de algunos productos primarios y alimenticios que exportan los
países de la Región4. Para la agricultura de exportación eso
significó que el índice de rentabilidad disminuía, tanto por la menor cantidad
de dólares (menor precio de los productos) como por el menor valor del dólar
(menor tipo de cambio). De verificarse el empeoramiento de la balanza comercial
agrícola, se complicará aún más el financiamiento de las importaciones de
alimentos. Hay que tener en cuenta que ya esa situación es complicada, debido
al drástico deterioro que ha presentado el saldo de la balanza comercial global
en los años noventa, especialmente desde 1996(7)
5.

Análogamente, para los
agricultores que producen para los mercados internos la combinación de los
menores precios y el deterioro del tipo de cambio agudizaban fuertemente la
competencia de las importaciones. De hecho, muchos productos nacionales han
terminado siendo expulsados fuera del mercado local. Ello ha resultado en
general beneficioso para los agroindustriales y consumidores urbanos, pero no
así para algunos subsectores agrícolas que no estaban en condiciones de hacer
frente a la competencia externa. Por lo demás, esta es una competencia desleal,
proveniente principalmente de Estados Unidos y la Comunidad Europea que
subsidian a los exportadores de productos agrícolas. Las caídas en estos
sectores han sido mayores donde la apertura ha sido más amplia y muy brusca,
sin salvaguardias para los sectores más vulnerables. En verdad, las crecientes
importaciones de alimentos, más que un complemento de la producción interna,
han significado reemplazar a una parte importante de ella, eliminado así
fuentes determinadas de ingreso.

Con ello, la dependencia
alimentaria se ha visto incrementada de una manera muy rápida y significativa
en la mayoría de los países de la Región. En el caso de México, la dependencia
alimentaria en 1999 ascendía a 95% en oleaginosas, 50% en arroz, 40% en carne
roja y 30% en maíz. Adicionalmente, de 1989 a 1999 se pasó de 40 productos
alimentarios importados a 80(8,pp.128-9).

Entre los que se benefician
de esta dependencia y de la creciente importación de alimentos a bajo precio se
encuentra la agroindustria; la que además aprovecha esta situación para
presionar los precios internos a la baja. De esta manera, impone a los pequeños
y medianos productores locales un precio medio que no corresponde a sus
condiciones productivas, obligándolos de todas formas a producir sobre
condiciones no rentables. A su vez, "la
tendencia de las agroindustrias a sustituir la producción nacional por la
importada ha traído consigo sobrantes internos que no encuentran comprador en
el momento de la cosecha. Se generan así sobreproducciones ficticias que no
responden a una saturación de la demanda sino al comportamiento de las
agroindustrias. Nos hemos convertido en países deficitarios de alimentos con
sobrantes sin comprador en épocas de cosecha"(8,p.129).

En suma, lejos de
contribuir a complementar en forma armónica la oferta alimentaria local, los
crecientes niveles de importación de alimentos han tendido a reemplazar a una
parte creciente de ella. Esta tendencia, más las relaciones de exclusión y
subordinación que genera este proceso, están conduciendo a una situación cada
vez más preocupante de deterioro de la capacidad interna de producción de
alimentos, colocando en cuestión el mismo concepto de "seguridad en la
oferta alimentaria". Más bien se podría hablar de "inseguridad en la
oferta alimentaria".

La precaria demanda efectiva de alimentos

El enfoque predominante de
seguridad alimentaria en el mundo y en la Región supone la generación
automática de una demanda efectiva ("Ley
de Say"), despreocupándose totalmente de este tema. Pero en la
realidad no todos los consumidores tienen poder adquisitivo suficiente para
participar del mercado alimentario. Hay una serie de factores que influyen en
la constitución o destrucción del poder de compra de cada individuo. Por
ejemplo, nadie puede desconocer, excepto los neoliberales, que hay una estrecha
vinculación entre demanda efectiva y pobreza, y entre ésta y seguridad (o
inseguridad) alimentaria. Hacia 1999, el 35% de los hogares latinoamericanos
carecía de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y el 14% no
contaba con un ingreso suficiente que les permitiera adquirir al menos la
canasta básica de alimentos(9).

Ellos son parte del 18,5%
de personas (89.4 millones) que en América Latina vivían en la indigencia6
o del 43,8% (algo más de 211 millones de personas) que lo hacían en la pobreza
al finalizar la década de los noventa. Peor aún, esta cifra de 300 millones de
pobres e indigentes representa un aumento, en términos de porcentaje y de
volumen, no sólo con respecto a 1997, sino que también a 19807.

Durante ese período la
pobreza latinoamericana se urbanizó rápidamente, contribuyendo a ello la
intensa migración campo-ciudad. En los años ochenta el número de pobres rurales
(73.0 millones) era mayor que los urbanos (62.9 millones), pero hoy estos
últimos (132.2 millones) superan largamente a los pobres rurales (77.2 millones).
Tendencia similar se verifica en el número de personas que sobreviven en la
indigencia. A pesar de ello, la severidad de la pobreza es mayor en las áreas
rurales que en las urbanas (54% y 30% de los hogares, respectivamente). Además,
la zona rural concentra una mayor proporción de hogares indigentes: 31%, contra
10% en la zona urbana. Esta mayor proporción estaría indicando que el aumento
de la pobreza en las zonas rurales se concentró en los grupos indigentes.

Según datos de la FAO,
alrededor de 66% de los pobres del campo latinoamericano -esto es, 47 millones
de personas- son pequeños productores; 30% son pobladores rurales sin tierra y
el 4% restante corresponde a indígenas y otros grupos. De acuerdo con diversas
fuentes, al menos 40% de los pequeños productores son minifundistas, que no
cuentan con ningún tipo de protección en el mercado, son productores precarios.
Como se ve, la pobreza latinoamericana no se reduce a las zonas rurales ni a
personas "excluidas" de la producción agrícola.

Otros factores directamente
relacionados con la pobreza y con la demanda efectiva -y por tanto también con
la seguridad alimentaria- son el empleo, los salarios y la distribución del
ingreso. Según información de la misma CEPAL(9),
el crecimiento económico de la Región no ha podido traducirse en un aumento
significativo del empleo que permitiera reducir las tasas de desempleo (en casi
todos los países la tasa de desocupación fue superior en 1999 a la anotada a
principios de la década). Mientras que el poco empleo generado no es de buena
calidad, sólo una pequeña proporción corresponde a los sectores modernos de la
economía. La gran mayoría (siete de cada diez) se concentra en el sector
privado de menor productividad, especialmente en comercio y servicios.

A este cuadro se agrega la
proliferación de empleos sin protección, contrataciones flexibles a plazo fijo,
subcontrataciones y otras modalidades que han aumentado enormemente la
incertidumbre y la inestabilidad laboral. Asimismo, la tasa de variación de la
remuneración media real exhibe un incremento muy moderado en la mayoría de los
países, el que en los últimos años se ha deteriorado o simplemente
desaparecido. El caso más grave es el de Brasil, donde la variación de dicha
tasa fue negativa (-0,7%) entre 1990 y 1997, para después seguir cayendo (a
-1.8%) en el trienio 1998-2000. Por cierto, estos promedios esconden la notoria
ampliación en la brecha entre las remuneraciones del trabajo calificado y el no
calificado.

De esta forma, se ha
consolidado una cierta rigidez en la distribución del ingreso, con el resultado
de que, comparada con otros continentes, América Latina seguía siendo
considerada en 1999 la región más inequitativa del mundo. En los países con
mayores niveles de desigualdad, entre ellos, Bolivia, Brasil y Nicaragua, los
ingresos del quintil más rico (20% de los hogares) superan en más de treinta
veces al ingreso del quintil más pobre. En la mayoría de los casos esta
situación no mejoró en los años noventa e incluso en algunos, empeoró. Sólo un
país, Uruguay, finalizó la década con avances claros en el tema de la
distribución(9) 8

Queda demostrado así que el
crecimiento de la producción global y agrícola no ha generado la demanda que
tanto prometía. Como mínimo, un tercio de la fuerza de trabajo latinoamericana,
y en algunos casos inclusive más de la mitad, sobrevive con empleos precarios
que no les permite lograr el poder adquisitivo suficiente para participar como
consumidores en el mercado alimenticio; no constituyen una demanda efectiva
solvente. La flexibilidad del trabajo hace que tener empleo deje de ser
garantía para alcanzar los medios necesarios para alimentarse adecuadamente,
para vivir. Es decir, el mercado ni siquiera tiene la capacidad para reproducir
–ineficiencia reproductiva– de
manera plena las mismas fuentes de la riqueza, el ser humano y la naturaleza.

De lo avanzado hasta ahora
se podría inferir que la seguridad alimentaria en nuestra Región ha mostrado
niveles de eficiencia profundamente desiguales en el lado de la oferta (que
hacen que la producción sea moderada en promedio) junto a bajos niveles de
consumo en el lado de la demanda. La desigual eficiencia fragmentaria de la producción de alimentos va a
la par de la ineficiencia reproductiva.
Por eso, el hambre y la desnutrición que sufren millones de personas en nuestro
continente no tiene su origen principal en la ineficiencia para producir
alimentos necesarios y suficientes para satisfacer sus necesidades, sino en un
mercado agroalimentario transnacionalizado que ha tendido a especializarse y
concentrarse en la satisfacción de la "demanda efectiva" que
presentan grupos urbanos internos y masas de consumidores de los países
industrializados.

¿Es la escasez de alimentos la causa del hambre?

Por mucho tiempo se nos ha
querido hacer creer que la causa del hambre es la escasez de alimentos en el
mundo. Nada más alejado de la realidad. Actualmente se producen 5.000 millones
de toneladas de alimentos, cantidad más que suficiente para alimentar a todos
los habitantes humanos del planeta. Si esa cantidad se distribuyera
equitativamente entre la población mundial -asumiendo 6.400 millones de
personas, 800 mil más que las que hay ahora-, habrían recibido una dieta de
2.350 calorías diarias durante un año. La FAO coloca en 2.200 la cantidad de
calorías diarias mínimas que debe obtener un ser humano para vivir normalmente.
De manera que 2.350 calorías son más que un nivel suficiente.

Es evidente, entonces, que
el hambre que azota a la sociedad global poco o nada tiene que ver con la
escasez de productos alimenticios. Es éticamente imposible negar esta realidad,
menos aún ante la emergencia de una de las características más espeluznantes de
la estructura agroalimentaria mundial: la coexistencia del hambre con la
sobrealimentación. Por primera vez en la historia, el número de personas
sobrealimentadas en el mundo (1.100 millones) compite con la cifra de las
subalimentadas, según el Worldwatch Institute(10).

Es una amarga ironía
constatar que mientras algunos países en desarrollo siguen esforzándose por
reducir el hambre, otros afrontan la obesidad; o que un número creciente de
países atrasados se esté uniendo a las filas de los países que afrontan el
problema de la obesidad. Un estudio realizado en 1999 por las Naciones Unidas
descubrió que el problema de la obesidad está presente en todas las regiones en
desarrollo, aumentando aceleradamente, incluso en países donde hay hambre. En
China, el número de personas sobrealimentadas pasó de menos del 10% al 15% en
apenas tres años. En Brasil y Colombia la cifra es de alrededor del 40%, nivel
comparable con el de diversos países europeos. Incluso en el Africa
subsahariana, donde vive la mayoría de las personas que sufren hambre, la
obesidad está aumentando, sobre todo entre la población urbana femenina(11).

La coexistencia de igual
número de personas sobrealimentadas con personas subalimentadas se alcanza
después que la producción mundial de alimentos casi se triplicó en el último
medio siglo. Este aumento supone grandes desigualdades que se manifiestan en importantes
cambios en los mercados mundiales. Uno de ellos es la transformación de los
países en desarrollo en importadores netos después de haber sido exportadores
netos en vísperas de la segunda guerra mundial. La UNCTAD subraya que "mientras los países en desarrollo eran casi
autosuficientes en alimentos en la década de 1950, para 1970 importaban de 15 a
20 millones de toneladas de alimentos básicos, de los cuales la mitad era en
forma de ayuda alimentaria".

Las cosas han empeorado
desde entonces ya que, por un lado, la ayuda alimentaria se ha reducido
drásticamente y, por otro, el mercado de cereales ha tendido a diferenciarse
aún más, favoreciendo claramente a Estados Unidos, que es el mayor productor en
el mercado mundial. De acuerdo al Worldwatch Institute, "los países importadores de cereales, la gran
mayoría en la actualidad, han pasado a depender peligrosamente de los Estados
Unidos en casi la mitad de sus importaciones de cereales"(12, p.48).
La concentración de la dependencia ocurre en cada uno de los tres principales
granos (trigo, arroz y maíz). En opinión del mismo Instituto, cambios
climáticos bruscos, como el sucedido en los propios Estados Unidos en 1988,
podrían provocar un verdadero caos en los mercados mundiales de cereales. Ello
se traduciría en alzas de precios que podrían llevar a incrementar
dramáticamente la pobreza en los países importadores de alimentos en un período
tan corto de tiempo como ningún otro en la historia. El consecuente aumento del
hambre se concentraría en las ciudades del Tercer Mundo(12, p.45).

Esta triste realidad ha
puesto en tela de juicio los fundamentos mismos de la teoría neoclásica y
neoliberal en la medida en que se reconoce que los bienes alimenticios, además
de ser abundantes, están mal distribuidos; por lo que no es correcto explicar
las crisis alimentarias o hambrunas exclusivamente a partir de bajas en la
producción. De acuerdo a Sen, "…estudios
empíricos de algunas de las recientes grandes hambrunas confirman que éstas
pueden desarrollarse incluso sin una caída general en la disponibilidad de
alimentos"(13). Para este autor, el efecto de la acción de las
instituciones y los mercados, así como la ausencia de políticas destinadas a
contrarrestar dichos efectos, son los factores determinantes de las hambrunas.
Pero los promotores de la ideología neoliberal parecieran no preocuparse
mayormente de la realidad latinoamericana y mundial antes descrita o de
opiniones como las de Sen. Lo relevante para ellos es que estamos caminando
hacia un mercado perfecto donde no existirán esos problemas; mientras tanto
algunos tendrán que hacer sacrificios.

Tautología mercantil y moral de mercado

El neoliberalismo actual
entiende de una manera completamente nueva y dogmática la idea del automatismo
de mercado planteada por Smith9 Las crisis alimentarias o económicas
no son consecuencia de las políticas de liberalización y apertura externa que
buscan implantar el automatismo del mercado (agrario), las que hay que
enfrentar con correcciones del mercado e intervenciones estatales, sino que son
consecuencia de una implementación insuficiente de esas mismas políticas y, en
consecuencia, del mismo automatismo de mercado. Ya no se debe corregir el
mercado (agrícola) en nombre de la necesidad real alimentaria, sino que ella se
debe adaptar a las necesidades del mercado. Así, la seguridad alimentaria, de
ser un fin, se transforma en un medio del mercado.

Por lo demás, el mercado es
considerado como una institución perfecta, una societas perfecta que logra su perfección por su totalización.
Si el mercado alimentario fuera perfecto, no habría inseguridad alimentaria. Lo
que hace falta es solamente imponerlo en términos totales y perfectos.

No obstante, como ha
quedado de manifiesto en este trabajo, el automatismo del mercado y sus políticas
de liberalización económica no han logrado hasta ahora que la realidad
(agraria) latinoamericana se adapte totalmente a sus designios. Por el
contrario, tales intentos han retardado la conformación de una demanda efectiva
al agravar las desigualdades sociales, y con ello han terminado agudizando la
inseguridad alimentaria. De esta forma, el automatismo del mercado es
completamente tautologizado: de las crisis que el mercado origina se concluye
que hace falta más mercado.

"El automatismo del
mercado tautologizado es absoluto, y prosigue su camino agresivo de manera más
radical aún"(14, p.188-9). No importan los costos sociales y económicos actuales, ni
la pobreza ni el hambre, lo que importa es la promesa del futuro. "En nombre de la cual cada paso destructivo del
sistema es celebrado como un paso inevitable a un futuro mejor".
Es la utopía que "anuncia la
destrucción como el camino realista de la construcción"(15, p.82-3).

Si se acepta que el mercado
es perfecto -"un orden" natural, espontáneo, no-intencional-, debe
también aceptarse que no necesita intervención voluntaria. Surge así la
concepción minimalista del Estado que proviene de Smith y que ya todos
conocemos. En ésta, las funciones del Estado se restringen a velar por el orden
interno, vigilar las fronteras y ocuparse de aquellas empresas necesarias para
la acumulación, pero no atractivas para los empresarios privados. Bajo tales
términos, el único Estado legítimo es aquel que no "interviene" en la
vida económica (mercado) o bien que actúa precisamente para eliminar todos los
obstáculos a la libertad del mercado (políticas de liberalización y apertura)10.

Si el Estado rebasa las
funciones señaladas, por ejemplo interviniendo en la reducción de la
inseguridad alimentaria, está llevando a cabo una acción ilegítima que
"distorsiona" el "libre" juego de las fuerzas del mercado.
No sólo eso, para los neoliberales la intervención del Estado sólo males trae
para quienes se pretende favorecer, puesto que provoca los efectos contrarios a
los que se propone11

Según Hayek, el sistema de
mercado no necesita la intervención externa (Estado), pero sí requiere de un
fundamento para su funcionamiento. Este fundamento es el orden moral vigente,
transmitido por tradición, que da los hábitos e instituciones sobre los cuales
los mecanismos de mercado se realizan y cuyas normas básicas son el respeto por
la propiedad privada y el cumplimiento de contratos. "Estas normas constituyen a la vez el mercado.
No puede haber un mercado que posteriormente recurra a tales normas éticas. El
mercado no existe si estas normas no están institucionalizadas en él" (15,
p.170). Esto es, no hay distinción posible entre el orden de
mercado y sus normas morales. Incluso la moral meramente individual se disuelve
en este "orden extenso" (o moral social). En el fondo se trata de
otra tautología.

Lo paradójico es que Hayek
fundamenta la moral vigente tomando como razón "la sobrevivencia de la
humanidad". La eficacia y factibilidad del sistema de mercado competitivo
queda demostrado gracias a la sobrevivencia de los miembros de la civilización
actual. La vida es la premisa mayor del argumento(15, p.104). Con ello Hayek se expone a que con este mismo
fundamento se pueda colocar en cuestión la moral vigente de manera muy fácil.
Bastaría señalar los más de mil millones de personas que hoy sufren la pobreza
y el hambre en el mundo, y los millones que mueren anualmente a causa de ello,
para concluir que el mercado es a todas luces inmoral.

Claro que Hayek se cuida de
precisar que cuando se refiere a la vida, no lo hace con respecto a todas las vidas. En verdad, Hayek llega
al extremo de afirmar que "una
sociedad libre requiere de ciertas normas que en última instancia se reducen a
la mantención de vidas: no a la mantención de todas las vidas porque podría ser
necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras
vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son las que llevan al 'cálculo de
vidas': la propiedad y el contrato"(16, p.88).

Esa afirmación, junto con
constituir una nueva falacia(16, p.89)12,
supera la ideología del liberalismo clásico, según la cual el mercado, con la
ayuda de una "mano invisible", realiza algún interés general (el
interés propio lleva al beneficio común). Desaparece la hipocresía de ese tipo
de liberalismo; ahora se puede decir abiertamente lo que el mercado es: para
que el mercado (sociedad) sobreviva, puede ser necesario que algunos seres
humanos sean sacrificados. Es decir, Hayek no sólo reconoce cínicamente la incapacidad
del mercado para asegurar la sobrevivencia de todos sus miembros, sino que
incluso eleva esta condición a la categoría de necesidad, a un deber ser.
Trasladando esta aseveración de uno de los padres del neoliberalismo al campo
de la seguridad alimentaria, se podría deducir que no toda la población mundial
está incluida en sus planes.

La persistencia del hambre: dilemas para la moral y
la ética

A partir de las reformas
estructurales y de la liberalización económica, el magro crecimiento de la
agricultura y la agravación de los viejos problemas sociales del sector (la
pobreza rural, la indigencia, la concentración de la tierra y la migración
rural-urbana) han llevado a desafiar la sustentabilidad del actual modelo de
desarrollo agrícola y rural fundamentado en el neoliberalismo.

Peor aún, los gobiernos de
la Región, siguiendo la lógica del pensamiento dominante (Estado mínimo),
renunciaron al diseño de políticas para el sector agrícola -y para la seguridad
alimentaria-, traspasando esta responsabilidad al mercado, o más precisamente a
la oferta o a parte de ella (grandes productores nacionales o transnacionales).
Pero el propio mercado absorbió y supeditó la seguridad alimentaria,
convirtiéndola en un medio más de sus propios objetivos, principalmente
exportadores. El resultado obvio será el incumplimiento de los compromisos
asumidos por los gobiernos latinoamericanos -y del mundo- en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de
1996: reducir el número de personas hambrientas en el mundo a 400 millones antes
del año 2015.

Lograr ese objetivo se ve
cada vez más lejano, por no decir casi imposible, de continuarse con los
actuales esquemas mercantiles promovidos por el neoliberalismo. Con la
disminución anual de 6 millones de personas hambrientas registrada hasta ahora,
harían falta 60 años para alcanzar la meta propuesta. Si se persiste en la meta
original, la reducción anual necesaria ya no son 20 millones sino 22 millones,
una cifra mucho más difícil de obtener13.

El panorama se complica
cuando las condiciones económicas y sociales son adversas. Es el caso de
América Latina, que ha sufrido tres grandes crisis en los últimos siete años,
con altos costos sociales: la "deuda social" se ha incrementado
recientemente. Las perspectivas de América Latina son sombrías, una gran parte
de su población tiene múltiples carencias. Nuestras sociedades no pueden
garantizarles a todos sus miembros la ocupación estable y el sustento digno,
que les permita un acceso seguro a una alimentación suficiente y sana. El
colapso argentino es una prueba dramática de todo esto.

Más allá, el escenario
mundial tampoco es muy alentador, dado el ciclo recesivo por el que atraviesa
la economía global. Por su parte, la producción de cereales, después del peak de 1984, ha exhibido un menor ritmo
de crecimiento, incluso por debajo de las tasas de variación de la población
mundial. Se suma a ello la nueva realidad de la pesca extensiva y la ganadería
que ya no podrán seguir contribuyendo como antes a la oferta mundial de
alimentos. Además, la escasez de agua y tierras cultivables avanza a pasos
agigantados en varias regiones del planeta. Por otro lado, la gran mayoría de
los pobres del mundo sobreviven en países donde la población continúa creciendo
rápidamente(12). Según
proyecciones de las Naciones Unidas, la población mundial se incrementará desde
6 mil millones en el presente a casi 9 mil millones en el 2050.

También se ve bastante
lejana la realización plena del derecho a la alimentación, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
el 21 de abril del año pasado. Este derecho es entendido desde entonces como
uno de los Derechos fundamentales del ser humano, y considera al hambre como un
"ultraje y una violación de la dignidad humana"14. Sin
embargo, "la capacidad de alimentarse
no es sólo un problema de derechos sobre los alimentos, sino que depende
también de otros bienes y servicios como los sanitarios, médicos y
educativos"(17). No sólo eso, la ausencia de condiciones para
poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, inhibe el desarrollo de
las capacidades y conduce a una inserción precaria de importantes sectores de
la población urbana y rural. Al carecer de las dotaciones iniciales mínimas, la
pobreza priva a los individuos de la posibilidad de acceder a una alimentación
sana y suficiente.

En síntesis, para avanzar
de manera efectiva en la seguridad alimentaria y en el ejercicio efectivo del
derecho a la alimentación se requiere modificar radicalmente las determinantes
básicas de la pobreza y el hambre, a través de políticas agresivas que
cuestionen el "adentro" y que afecten la distribución primaria del
ingreso. Por esta razón, la seguridad alimentaria no puede ser abordada desde
una teoría que no contempla el problema de la distribución(18)15, que no acepta otro
derecho que no sea el del mercado -ya que los propios derechos humanos son
distorsiones del mercado-, que no considera a todos los seres humanos en su
proyecto, que no es sustentable en términos de asegurar la reproducción de las
fuentes de la riqueza (el trabajo del ser humano y la naturaleza) y que exonera
al Estado (y a los organismos multilaterales) de su misión de garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos, como el derecho a la alimentación.

Menos aún, la seguridad
alimentaria puede ser abordada desde una teoría "irracional", que
define el bien independientemente de lo correcto, no permitiendo con ello la
evaluación de las consecuencias de su implementación. ¿De qué sirve una teoría
que es un sistema perfectamente autorreferencial? En definitiva, ¿a quién
beneficia un sistema que en su implementación implacable niega la propia moral
que dice tener?

El proyecto de
globalización o de totalización del mercado ha entrado abiertamente en
conflicto con el bien común, como concepto ético que expresa la necesidad de
asegurar las condiciones de posibilidad de la vida humana. Es una ética de la
vida y no una ética de los valores. Tiene valor aquello que reproduce la vida.
Es la ética que falta para fundar la seguridad alimentaria y el derecho efectivo
a la alimentación.

Notas

1 En este caso pareciera no aplicarse
la concepción del Estado mínimo, ya que los gobiernos han "fomentado las
exportaciones no tradicionales mediante la adopción de medidas especiales tales
como exenciones tributarias, reintegro de derechos aduaneros (drawback) y
certificados de abono tributario, y prestaron apoyo también para el
mejoramiento de la competitividad, el desarrollo de nuevos productos y la
investigación de nuevos mercados".

2 Según datos elaborados por América
Economía del 29 de julio de 1999, de las 500 empresas multinacionales más
importantes de América Latina, 73 correspondían a la producción de alimentos,
bebidas, cervezas y tabaco, así como a la transformación agroindustrial. Cabe
notar que de esas 73 empresas, 25 son de propiedad privada extranjera y 48 son
de propiedad privada local. La importancia que adquieren las empresas
transnacionales latinoamericanas en el mercado regional o mundial constituye un
rasgo distintivo de la globalización.

3 América Latina y el Caribe han
presentado a lo largo de la historia los índices de concentración de la tierra
más elevados del mundo.

4 Habría que señalar que los precios
de exportación de los principales productos agrícolas de la región (café,
algodón, azúcar, soya, trigo, arroz y maíz) muestran violentas alteraciones;
con drásticas caídas en los años ochenta que continuaron hasta los inicios de
los noventa, seguida de una significativa recuperación a partir de 1993, que
alcanzó su punto más alto en 1997, y de un descenso fuerte durante la crisis
asiática, que sólo se frenó en el curso del año 2000. Esto no hace más que
confirmar la tendencia al deterioro de largo plazo de los precios reales de la
agricultura.

5 Desde 1996 a la fecha, excepto en
el 2000, se han repetido los déficit en la balanza comercial. Fue de cerca de
8.000 millones de dólares en 1996, y un poco más de 22.000 millones en el 2001.

6 Indigentes son las personas cuyos
ingresos son tan bajos que aunque se destinaran íntegramente a la compra de
alimentos, no permitirían satisfacer adecuadamente las necesidades
nutricionales de todos los miembros del hogar.

7 En efecto, en 1999 habían 7.6
millones de personas pobres y 0.6 millones de indigentes más con respecto a
1997. Eso no es todo, la pobreza e indigencia actual (300.8 millones de
personas o 62.3% del total) también es superior a la de 1980: 2.001 millones de
personas o 59,1% del total.

8 Cabe agregar que, aún cuando la
relación parezca muy lejana o inexistente, los problemas de empleo, salarios y
distribución del ingreso también están relacionados con la globalización y con
la muy rápida e incondicional apertura unilateral de las economías de la
Región, así como con los procesos de reprimarización y desindustrialización que
caracterizan a dichas economías.

9 Este punto es tratado con detención
por Enrique Dussel (1999): Ética y mercado en la perspectiva ética de la
liberación; en Ética y Economía; José Luis Estrada y otros (Coordinadores);
Ediciones Plaza y Valdés, México. Para Hayek, el mercado regido por la
"mano invisible" en Smith es ahora una condición de posibilidad
ontológica del conocimiento suficiente de todo lo necesario para poder operar
(para "ofrecer" lo ofertado o "preferir" lo demandado).
Ello es posibilitado por los "precios" que nos entrega el mercado de
competencia perfecta (sin monopolio o coacción alguna).

10 Los planteamientos de Hayek y
Friedman sirvieron de fundamento doctrinario para el
"desmantelamiento" del aparato social del Estado Benefactor que se
conformó apoyándose en las concepciones keynesianas y neokeynesianas y, en
América Latina, también al amparo de ciertas corrientes
"desarrollistas" derivadas de escuelas de pensamiento como la CEPAL.

11 Así, por ejemplo, una política
estatal orientada a reducir los niveles de pobreza mediante la fijación de un
salario mínimo, consigue sólo distorsionar las fuerzas del mercado, ya que
presiona artificialmente hacia un aumento salarial, lo que incrementa el
desempleo y, con ello, la pobreza.

12 "Hay que sacrificar vidas
individuales hoy, para que mañana puedan vivir muchos más. Pero mañana eso
valdrá igual: habrá que sacrificar vidas, para que pasado mañana vivan más y
así sucesivamente".

13 Es importante notar que esta
reducción media, pues esconde el hecho de que sólo el 32% de los 99 países
analizados registró un descenso de la cifra de personas subnutridas entre
1990-92 y 1997-99 (de 116 millones de personas), mientras que el número no bajó
e incluso aumentó en 77 millones de personas en los otros países en desarrollo.

14 A nadie se le escapa que el derecho
a tener una alimentación básica para llevar una vida plena, es un derecho
esencial. Sin embargo, la aprobación de esta resolución no contó con el voto
favorable de la primera potencia mundial, los Estados Unidos.

15 Debe tenerse presente que el
neoliberalismo también ha asimilado los principios fundamentales de
bienestarismo utilitarista: el bien hedonista guía el comportamiento
individual. Desde esta perspectiva no es relevante la dotación inicial de las
personas que participan en el mercado. Y, por consiguiente, no importa que la
capacidad de compra de quienes llegan al mercado sea muy desigual. Por lo
demás, el utilitarismo al no considerar las capacidades de los individuos, termina
concentrándose únicamente en los resultados. Desconoce que la maximización de
las utilidades individuales puede darse dentro del marco de profundas y
fundamentales desigualdades. Dicho de otra manera, la agudización de las
carencias (alimenticias) de un grupo importante de la población es compatible
"moralmente" con la maximización de la suma de utilidades del
conjunto de la sociedad.

Referencias

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Rawls, Robert Nozick y James Buchanan. España: Alianza Editorial; 1985.

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espectro de la malnutrición. Roma: Centro de Prensa FAO; 2001.

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México 1983; 33(12): 11-20.

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York: Routledge; 2000.

Claudio Lara Cortés
Economista Chileno.
Docente de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez y Director de la
Revista Economía Crítica y Desarrollo.
Chile