La sospecha dio paso al disenso y al conflicto. Se
le bautizó entonces como la "Ley Televisa",
por beneficiar al duopolio Televisa–Televisión
Azteca. Al parecer, la iniciativa tuvo un silencioso cabildeo por
parte de la primera empresa de
televisión. Su apuesta fue aprovechar el
momento de efervescencia política de las
campañas para convencer a los diputados y senadores de la
necesidad de una reforma con carácter de urgente.
¿Cuáles son los cambios que favorecen a estos
grupos?
¿Qué se habla y calla en el debate sobre
los medios en
México?
Cabilderos privados
en nombre del interés
público
Una breve radiografía de los medios de
radio y
televisión en México nos permitirá
entender los intereses que están en juego.
Actualmente, el número de estaciones concesionadas de
radio y televisión es de 1.610 estaciones operadas por 370
concesionarios (1.149 estaciones de radio y 461 de
televisión); 528 de las estaciones de radio están
concesionada a 18 empresas de
carácter nacional y, el resto, a pequeños
concesionarios locales. En televisión la
concentración es mayor: 258 estaciones de
televisión integran el consorcio Televisa.
Se la llama "Ley Televisa", no solo porque beneficia al
consorcio sino porque fue el director jurídico de la empresa,
Javier Tejado Dondé, el que llevo a cabo un cabildeo con
diputados y senadores sacando la reforma en un tiempo
récord de siete minutos. Algunos medios criticaron la
premura y el objetivo de la
reforma aprobada, pues sabían de antemano que estaban en
desventaja ante el poderío
económico de Televisa, comenzando una campaña en
contra del dictamen, campaña que incluyó
hacer públicas grabaciones en las que se escucha las
negociaciones e instrucciones del director hacia otros actores.
Es el caso del periódico
nacional El Universal, que desde el mes de diciembre hizo
públicas las grabaciones telefónicas del cabildeo
de Televisa con otros actores para sacar una reforma a su
medida.
Los medios dejaron de ser precisamente medios, para
convertirse en actores políticos en disputa por la
voluntad política a través de una artificial
opinión
pública mediática. No es gratuito que el mismo
día 30 de marzo, los dos principales conductores de
noticias en
horario estelar hayan dado a conocer la postura de sus
respectivas empresas sobre el tema, descalificando a todos
aquellos opositores como reacios al cambio y
nostálgicos del pasado.
Una de las partes medulares por la que se llama "Ley
Televisa" es porque establece que las concesiones no serán
ya designadas por el Estado,
sino que se hará una subasta pública sujeta a la
mayor puja (Art. 28 y 28-A). Los organismos encargados de vigilar
que la competencia sea
justa, como es el caso de la COFECO, solo pueden emitir opiniones
sobre las solicitudes, sin contar con recursos legales
para actuar de manera directa en caso de detectar tendencias en
la concentración de medios. Aquel famoso 35 por ciento
como tope desapareció en la nueva propuesta, lo que deja
en seria desventaja a los pequeños concesionarios del
país frente a los grupos de mayor poder
económico.
Otro aspecto de la Ley es su carácter meramente
económico. Las radios comunitarias y la
televisión pública no son tomadas en cuenta en
su carácter de interés público al
prohibir la búsqueda de esquemas alternativos
de financiamiento
para hacer frente a la digitalización. Limitados a los
subsidios estatales o a los apoyos comunitarios, los medios
públicos están sujetos a los tiempos de los medios
comerciales para cambiar al nuevo espectro radial o televisivo,
es decir, tienen como plazo tres años Sin
incentivos y
sin el reconocimiento como medios de interés
público y social, los permisionarios desaparecerán
del espectro y sus frecuencias subastadas. La situación
motivó declaraciones inusuales tanto de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
como del Alto Comisionados para los Asuntos Indígenas y
Derechos Humanos
de la ONU. Ambas
instancias señalaron que la reforma afectará la
tenencia de las radios comunitarias de los grupos minoritarios,
como son los pueblos indígenas, lo que afecta los
criterios democráticos de igualdad de
oportunidades para el acceso a las frecuencias.
Son 49 sistemas
comunitarios con 200 frecuencias que atienden a 25 millones de
personas. La Comisión Interamericana se pronunció
el miércoles 4 de abril del 2006, en tanto que el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lo hizo el 29 de
marzo del año en curso.
Convergencia
tecnológica, divergencia monopólica
El cambio tecnológico es otro aspecto del que se
habla y se calla. Sin entrar en terrenos técnicos, podemos
decir que la convergencia digital implica la transmisión
simultánea de imágenes,
datos y voz.
El televidente tendrá la oportunidad de descargar videos,
archivos
MP3, recursos de
Internet, etc. Lo
que está en juego en la convergencia tecnológica no
es tanto el número de servicios sino
el sistema de
redes que puede
construirse. Así, Televisa puede disputar el mercado
telefónico a Telmex y, al mismo tiempo, competir con los
grandes prestadores de servicios informáticos.
Los prestadores de servicios televisivos
entregarán al Estado los
canales análogos y recibirán a cambio un espectro
digital sobre el que habrán de incorporar su red de servicios. El
problema con la nueva Ley Televisa es que no se define si las
televisoras tendrán que pagar algún derecho al
Estado por las frecuencias que el nuevo espectro les
abrirá.
Raúl Trejo Delarbre, analista político de
medios, llevó a cabo un ejercicio interesante.
Según su dicho, la televisión abierta en
México difunde en una banda de 6 Mhz. Televisa cuenta
únicamente en el Valle con 4 canales -sumados cuatro
canales espejo usados en la transición de lo
analógico a lo digital- lo que le permite disponer
de 48 Mhz. Si sumamos sus filiales en el país (258) y sus
respectivos canales espejo, estamos hablando de poco menos de
3.100 Mhz. Por la utilización de ese espectro Televisa no
pagó -y con la nueva Ley tampoco lo hará- un
centavo al Estado. Según recuerda en su exposición, nueve años atrás
a las compañías telefónicas se les
cobró por utilizar un megahertz en el Valle de
México cinco millones de dólares.
Todavía más, el Estado entrega en
préstamo canales espejo a los concesionarios mientras
mudan al sistema digital, la cuestión es que no se
establece el tiempo que tendrá la televisora en su
poder dicho espectro, ni la obligación de regresar la
frecuencia al Estado.
La dúctil
institucionalidad de la reforma
La idea original de crear un Consejo Nacional de
Telecomunicaciones quedó atrás. En
principio se proponía una integralidad regulatoria, la
cual administraría tanto el espectro radiofónico
como el cambio tecnológico digital. Se sugirió
tomar el ejemplo de la Comisión Federal de Comunicaciones
de los Estados Unidos,
la cual regula todos los servicios de telecomunicaciones desde
1934, pero los intereses del mercado y de unas cuantas empresas
prevalecieron.
Con el dictamen aprobado este año, no solo se
mantienen las instituciones
actuales sino que se les recorta funciones y
atribuciones. En el caso de la COFECO, se contempla que emita
opiniones no vinculantes sobre las solicitudes presentadas para
la obtención de concesiones. En todo caso, debería
ser obligatorio que la COFECO diera una opinión favorable
para seguir adelante con el proceso.
El caso de la COFETEL es distinto. En principio se
aprobó que los consejeros del organismo tuvieran un
periodo distinto al cambio de gobierno. Un
avance sustancial si tomamos en cuenta que la política en
México tiene una marcada influencia de los tiempos
electorales. Sin embargo, las facultades del organismo quedan
limitadas a regular las empresas de telecomunicaciones y no a los
medios en sí, es decir, tiene que ver con la parte
más administrativa empresarial que con los contenidos y
orientaciones de los medios. No se le otorgan mayores recursos
legales, técnicos ni financieros, mucho menos una mayor
autonomía del gobierno federal. Las limitaciones de la
COFETEL para intervenir en las disputas entre particulares y los
medios quedan demostradas en la forma en que se propuso el
derecho de réplica para radio y televisión. Con la
nueva reforma, la petición de réplica será
evaluada si procede o no por parte de los concesionarios y
sujeta a un plazo no mayor de 48 horas para hacerla
efectiva.
En cuanto a la intervención del Instituto Federal
Electoral en el gasto publicitario de los partidos
políticos en las campañas electorales, la Ley
Televisa modificó sustancialmente el espíritu
original de la reforma. Recordemos que la primera propuesta era
hacer que todo gasto de campaña fuera sancionado por el
IFE con la finalidad de lograr una equidad entre
los partidos políticos. Con la reforma aprobada, el IFE se
convierte en una simple caja de pago para los medios. Es decir,
ahora los partidos pueden contratar sus campañas
directamente con los medios; estos últimos están
obligados a informar al IFE sobre los contratos
celebrados y a entregar la factura al
Instituto Electoral para que sea cubierto el adeudo.
Las grandes televisoras no estaban dispuestas a perder
uno de los grandes negocios
surgidos de la competencia electoral. La democracia en
México, mejor dicho la democracia electoral, se imagina
como una permanente e intensa campaña mediática. La
imaginación política no da más allá
de los spot publicitarios para ganar una elección. No es
gratuito que en el umbral del arranque de las campañas
(diciembre del 2005) los partidos políticos hayan votado
una ley con la firma de Televisa. En los trascendidos
periodísticos se señala insistentemente las
negociaciones de los candidatos presidenciales con los ejecutivos
de la televisora para sacar adelante la reforma y la posterior
resistencia para
modificarla. Al parecer, todos los partidos políticos
sustentaron su voto en el supuesto de una alianza con dicha
empresa para obtener ventajas en la publicidad o, al
menos, estar fuera del foco de la crítica
de los programas de
Televisa. Ilusión que a estas alturas ningún
partido puede sostener.
Conclusiones
La Ley Televisa es hoy una reforma impugnada por muchos
actores políticos y sociales. Están en juego
diversos intereses que definirán el rumbo de los medios en
México para las siguientes décadas. El problema de
percepción pública en el país
es que los políticos no fueron críticos con lo que
aprobaron, más bien se plegaron a los intereses de
una empresa
que legalmente defiende sus intereses, pero que
legítimamente excluyó los intereses del resto de
los participantes.
Ahora se quiere enmendar dicha ley, pero los partidos
políticos se encuentran en campaña, saben que no
moverán un acuerdo por el temor a ser exhibidos en horario
estelar. La legislatura
actual cuenta con escasos cuatro meses para emprender cualquier
cambio a las leyes, lo que
hace imposible convocar a otros foros de discusión o
interponer una controversia constitucional para detener la
operación de la reforma. Algunos senadores
propusieron esta vía pero decidieron a última hora
dejar pendiente el tema.
Bien señala Karl Jaspers,
que en un "sistema democrático los políticos
deberían actuar no solo en función de
sus intereses inmediatos sino de acuerdo con lo que consideran
correcto, es decir, a sus propias opiniones". Pero el
político simple es la negación del ideal
democrático, pues sus opiniones nunca son de él,
siempre son remisiones de otras opiniones que a su vez provienen
de otras.
En el afán de democratizar el espacio legal de
los medios, el Estado mexicano entregó al mercado sus
atribuciones en el tema de la regulación de los medios. Lo
que no se da cuenta es que el mercado no es precisamente el
espacio democrático por excelencia, antes bien es un
ámbito en el que pocos hablan y muchos callan.
Felipe Gaytán Alcalá
Juliana Fregoso Bonilla
Revista Chasqui
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina (CIESPAL)
Weblog:
Web institucional: www.ciespal.net
Quito –
ECUADOR
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