El 28 de diciembre de 2006 el presidente venezolano
Hugo
Chávez copó los titulares informativos cuando,
al interior de un recinto militar y vistiendo uniforme castrense,
anunció la decisión de su gobierno de no
renovarle la concesión a Radio Caracas
Televisión
(RCTV), el canal más antiguo del país con
más de 50 años de existencia y con el más
alto nivel de audiencia en la
televisión abierta. No es un secreto que RCTV
mantenía una línea editorial crítica
al gobierno, en sus emisiones informativas y de opinión,
aunque en líneas generales se trataba de un canal de
entretenimiento, con importantes índices de audiencia en
los sectores populares.
La noticia, lógicamente, levantó
inmediatas reacciones y pronunciamientos. A las 23h59 del domingo
27 de mayo de 2007, el canal pionero de la televisión venezolana cesó en sus
trasmisiones. Sin embargo, el tema del permiso de
transmisión para RCTV no puede verse aislado, y es
necesario ubicarlo en un contexto mediático mayor: la
constitución de una hegemonía
comunicacional por parte del gobierno del presidente Hugo
Chávez, especialmente en materia de
medios
radioeléctricos.
El gobierno utilizó como argumento un decreto
presidencial de 1987, del presidente Jaime Lusinchi, el cual le
da validez a la totalidad de concesiones de radio y
televisión del país por un lapso de 20 años,
hasta el 27 de mayo de 2007. Sin embargo, en medio del debate, el
gobierno soslayó que ese decreto también
establecía el derecho de preferencia para la
renovación de los permisos y la causa de no
renovación era que se hubiesen cometido actos
ilícitos. No hubo ninguna decisión del poder judicial
por el cometimiento de delitos por
parte de RCTV, ni tampoco anuncio del gobierno de revisar o no
renovar la concesión de otra planta de radio y
televisión, por lo que la decisión se enfiló
solo contra RCTV, evidenciándose como
discriminatoria.
Esto no ha sido casual. Una de las debilidades que
detectó el gobierno, en el contexto del golpe de Estado y
regreso de Chávez al poder, en un
lapso de 48 horas, durante los sucesos de abril de 2002, fue
precisamente la ausencia de una red comunicacional
articulada. El pasado 8 de enero, en una extensa entrevista con
el diario El Nacional, Andrés Izarra, hoy presidente de
Telesur, corroboró la intención oficial de
establecer una hegemonía.
La constitución de esta hegemonía
mediática tampoco sucede en el vacío, pues tiene
como telón de fondo decisiones políticas
que apuntan en la dirección de un mayor control por parte
del presidente Chávez. Entre estas decisiones destacan la
creación de un partido único en las filas del hasta
ahora variopinto movimiento
chavista, la concesión de poderes especiales por parte del
parlamento para que el jefe de Estado legisle
por decreto durante año y medio, y la inclusión de
un mecanismo de reelección indefinida en la reforma que se
debate para la Constitución Bolivariana de
1999.
RCTV y la pluralidad
informativa
La decisión presidencial de no renovar la
concesión de RCTV tiene al menos dos aspectos, entre
muchos tantos, que resultan preocupantes. En primer
término, esta determinación, que desde sus inicios
se planteó como irrevocable, significa un peligroso
retroceso en la pluralidad informativa nacional. En la actual
coyuntura de Venezuela, una
bandera democrática pasa por defender la existencia de
diferentes puntos de vista en materia informativa y de
entretenimiento, y ello cobra especial relevancia cuando se
apuntala la noción de hegemonía mediática
estatal.
En los tres últimos años, especialmente,
ha cobrado cuerpo esta noción. El gobierno creó
nuevos canales (Vive, Asamblea Nacional TV, Ávila TV,
Telesur), inyectó enormes sumas de dinero para
repotenciar a los tradicionales medios estatales como Venezolana
de Televisión y Radio Nacional de Venezuela, mientras que
a la par se hizo evidente el reacomodo editorial en canales
privados como Televen y Venevisión, siendo en este
último más indiscutible la sincronía con los
intereses gubernamentales, pues en muchas transmisiones
informativas su papel es encadenarse con la señal estatal
de VTV.
Por otro lado, en diciembre se anunció la compra por parte
del gobierno de la estación televisiva CMT, para
convertirla en la señal local de Telesur. En materia
televisiva, es evidente la consolidación de la
hegemonía a la que se refiere Izarra. Las excepciones eran
RCTV y Globovisión, y de algunas iniciativas de alcance
regional, del resto, la pantalla nacional está "roja,
rojita". (En el contexto de la campaña electoral de
diciembre de 2006 en la que resultó reelecto,
Chávez llamó a que las entidades públicas
fueses "rojas, rojitas", en referencia al color de su
movimiento político. Pese a la desproporción de su
llamado, pues implica el alineamiento político total de
las instituciones,
no recibió sanción alguna por parte de las
autoridades electorales).
Cabe acotar que Globovisión es un canal de
noticias e
información -claramente crítico-
pero con cobertura limitada. Por otra parte, en esa lógica
de consolidar un aparato gubernamental, el ejecutivo de Venezuela
asignó a dedo a una fundación de carácter estatal, TEVES, la
administración de la señal que manejó
RCTV por 53 años, con una directiva nombrada por el
gobierno, sin indicios de pluralidad.
La decisión sobre RCTV, teniendo el anterior telón
de fondo, terminará de ajustar el anillo mediático
estatal, en el cual no se vislumbra que pueda presentarse una
programación medianamente independiente.
Para las voces regionales que aún mantienen una
posición crítica en Venezuela, la decisión
sobre RCTV significará una dosis amedrentadora evidente.
Si debido a su línea editorial crítica el gobierno
no le renovó el permiso a la empresa
nacional más antigua del sector, con inversiones
mil millonarias y haciendo caso omiso de las condenas
internacionales, qué podrán esperar las
pequeñas estaciones en ciudades como San Cristóbal,
Barquisimeto o Puerto Ordaz.
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