- Del monopolio a la
supremacía informativa - Graves
irregularidades - Silenciadas
las discrepancias - Interpretaciones
tendenciosas - Oposición
impedida a rebatir - Insinuaciones
y comentarios - El asesinato
del cámara - Crisis de
credibilidad, pero no de audiencia - Fuentes en
Internet
Un análisis de la cobertura informativa de un
conflicto tan
polarizado como la reciente guerra contra
Irak resulta
difícil de realizar desde una perspectiva de
imparcialidad. La postura de los Gobiernos defensores del ataque
–encabezados por los de los Estados Unidos,
Reino Unido y España– ha
sido tan radical que no ha permitido más alternativa que
el apoyo incondicional a la invasión militar o su rechazo.
En este sentido, es complejo abordar un estudio de estas
características sin estar influido, al menos en parte, por
el sentir general de la opinión
pública –no sólo española, sino
también mundial-, que en reiteradas manifestaciones
multitudinarias clamó en contra de esta guerra, y por el
consiguiente malestar de la ciudadanía al ver que nuestros gobernantes
han hecho caso omiso de estas movilizaciones.
No obstante, cesado ya el eco de las armas, podemos
intentar exponer una serie de datos objetivos que
nos permitan vislumbrar cuál ha sido la actitud y el
papel de Televisión
Española (TVE) en este conflicto, tanto en su
condición de empresa
pública de comunicación, como de televisión gestionada por un Gobierno que
brindó su colaboración a los Estados Unidos para
iniciar los ataques. Estos datos evidencian que la información se ha utilizado para ofrecer
una visión parcial de los hechos, una visión
comprometida con la posición gubernamental y no con los
principios de
veracidad, objetividad e imparcialidad de las informaciones que
se postulan para el Ente Público en el artículo
4º de la Ley 4/1980,
reguladora del Estatuto de la Radio y
la
Televisión Pública Española. La
situación que exponemos reviste especial gravedad por
cuanto, desde una perspectiva interpretativa, la
información intencionalmente parcial y subjetiva de los
hechos provee a la sociedad de
significados que aumentan la conflictividad de la construcción social de la
realidad.
Un análisis de la cobertura informativa de un
conflicto tan polarizado como la reciente guerra contra Irak
resulta difícil de realizar desde una perspectiva de
imparcialidad. La postura de los Gobiernos defensores del ataque
–encabezados por los de los Estados Unidos, Reino Unido y
España- ha sido tan radical que no ha permitido más
alternativa que el apoyo incondicional a la invasión
militar o su rechazo.
En este sentido, es complejo abordar un estudio de estas
características sin estar influido, al menos en parte, por
el sentir general de la opinión pública –no
sólo española, sino también mundial-, que en
reiteradas manifestaciones multitudinarias clamó en contra
de esta guerra, y por el consiguiente malestar de la
ciudadanía al ver que nuestros gobernantes han hecho caso
omiso de estas movilizaciones.
No obstante, cesado ya el eco de las armas, podemos
intentar exponer una serie de datos objetivos que nos permitan
vislumbrar cuál ha sido la actitud y el papel de
Televisión Española (TVE) en este conflicto, tanto
en su condición de empresa pública de
comunicación, como de televisión gestionada por un
Gobierno que brindó su colaboración a los Estados
Unidos para iniciar los ataques. Estos datos evidencian que la
información se ha utilizado para ofrecer una visión
parcial de los hechos, una visión comprometida con la
posición gubernamental y no con los principios de
veracidad, objetividad e imparcialidad de las informaciones que
se postulan para el Ente Público en el artículo
4º de la Ley 4/1980, reguladora del Estatuto de la Radio y la
Televisión Pública Española. La
situación que exponemos reviste especial gravedad por
cuanto, desde una perspectiva interpretativa, la
información intencionalmente parcial y subjetiva de los
hechos provee a la sociedad de significados que aumentan la
conflictividad de la construcción social de la
realidad.
Del
monopolio a la
supremacía informativa
La historia de la
televisión en España arranca en 1953, con la
fundación de TVE, vinculada entonces al Ministerio de
Información y Turismo, que comenzó
sus emisiones regulares en 1956. Diez años después
se crea el segundo canal público. Desde su
creación, y hasta 1983, con los canales públicos
autonómicos –dependientes de los respectivos
gobiernos regionales–, TVE mantuvo el monopolio
informativo, una situación que cambió
definitivamente en 1989, con la Ley de Televisión Privada,
que dio lugar a los canales Antena 3, Tele5 y Canal +,
éste último en la modalidad de pago con franjas en
abierto.
Durante estos años de convivencia del sistema
público y privado de televisión, el Grupo Radio
Televisión Española ha mantenido su liderazgo en
el sector audiovisual, conservando, con pequeñas
excepciones temporales, los primeros lugares de audiencia. Esta
situación ni siquiera se ha alterado con el auge, en la
última década, de los canales locales, ni con el
incremento experimentado de actores en el sector televisivo
español
con la irrupción de las plataformas digitales por
satélite y otros operadores por cable. Esta
supremacía en las cuotas de audiencia, que sitúa al
primer canal de TVE con un share medio en los cuatro primeros
meses del año, superior en dos puntos al de su principal
competidor, Tele5, es todavía más significativa si
integramos los índices a nivel de grupo, ya que entre el
primer canal y La 2, TVE ha concentrado durante ese
período el 30,82% de la audiencia. En el sector de los
informativos la hegemonía es mayor aún, ya que de
los cinco espacios informativos con mayor seguimiento, en el
primer cuatrimestre del año, cuatro corresponden a
TVE.
La posición de liderazgo que ha sabido conservar
TVE no ha evitado su clara asociación con el Gobierno de
turno. El hecho de que el Estatuto de la Radio y la
Televisión incluyera por primera vez un Consejo de
Administración elegido por mayoría
cualificada del Congreso y del Senado no ha sido suficiente para
desligar la gestión
del Ente Público de la del Ejecutivo. No en vano, es este
último órgano el encargado de nombrar al director
general, un cargo que siempre ha recaído en personas de su
absoluta confianza, como es el caso del actual director general,
José Antonio Sánchez.
Página siguiente  |