Afectación humanitaria, proceso de desterritorialización en el departamento de Nariño

Las comunidades y sus formas de desplazamiento forzado
están mediadas principalmente por actores gubernamentales
y las diferentes instituciones estatales que han actuado
históricamente en función de una producción
capitalista elitista y no social. Estas elites lograron
consolidar procesos productivos permitiéndoles ganar su
respectivo sitio en la historia del país, para así
recibir un reconocimiento especial a través del ejercicio
de la dimensión política a nivel nacional hasta la
actualidad.

privilegios que se ponen en marcha a través del
gobierno con proyectos legislativos[1]para
favorecer intereses políticos y económicos
elitistas en cada región, si bien los discursos que hablan
sobre las diferentes transformaciones del Estado y de sus
instituciones burocráticas en los diferentes periodos
gubernamentales con el propósito de hacer posible un
proyecto de construcción de nación incluyente; en
la realidad solamente han significado la diversidad con
exclusión, acentuando la discriminación regional
(centro-periferia), de clase y étnica, principalmente en
la consolidación de un Estado
jurídico-político centralista y homogenizante, y
con ello la emergencia de múltiples conflictos, como en la
concentración de tierra en pocas manos, los monocultivos,
cultivos ilícitos, el monopolio comercial y productivo,
etc.

En Colombia este proceso político que
históricamente se ha manifestado principalmente por las
vías del conflicto, puede concebirse según Foucault
como el enfrentamiento de fuerzas entre fuertes y débiles,
o mejor aún, como "biopolítica", la forma
política que determina la vida de los individuos, bajo el
control disciplinar y jurídico mediante relaciones
poder-saber (Foucault 2010). Cuyo objetivo material ha sido la
disputa por la apropiación de los recursos territoriales
en las diferentes regiones del país (geopolítica);
en cuya gobernabilidad centralista para el caso nariñense,
fue y es excluyente invisibilizando el conflicto armado que data
desde 1960, desconociendo la realidad diversa de las poblaciones
que la habitan.

Sobre esta reflexión se presenta una perspectiva
introductoria que "justifica" el problema de la afectación
humanitaria con la desterritorialización de la
población civil en el departamento de Nariño,
consecuencia última de la presencia de cultivos
ilícitos en la región y su disputa por el poder
"por ausencia del Estado".

Debido a que para Nariño y Colombia en general su
desarrollo histórico tuvo muchos acontecimientos
políticos y militares que fluctuaron sobre el conflicto en
varios periodos entre elites sociales influenciando
construcciones e instauraciones de gobiernos hegemónicos
legitimados, como el frente nacional, mediados a través de
un "modelo jurídico de poder" (William González
2011), formando la racionalidad política del Estado
colombiano; configuración que surgió a partir de
1840 en adelante, donde las alternaciones del cargo presidencial
se dieron mediante golpes militares como el del militar
José M Melo en 1853 y a éste por militares y
partículas de partidos políticos tras una guerra
civil, que permite la reforma Liberal de 1857 dividiendo el
país en Estados con autonomía legislativa,
permitiendo el empoderamiento regional de las elites como la del
Cauca con el general Cipriano de Mosquera, que da origen a la
guerra de 1858 para que en 1863 con la Constituyente de Rio Negro
Antioquia se configuren los Estados Unidos de
Colombia.

En esta época se negó con violencia todo
derecho "democrático", consagrados en la
constitución a través del ejercicio político
de los liberales a los individuos de otros grupos; esto explica
según Gonzales la sustentación de la
política a través de la guerra, en donde el
régimen liberal surgido de la guerra civil de 1861 logra
mantener el control suficiente sobre los conservadores y la
iglesia en donde el poder político "es el resultado de la
guerra sangrienta y no el producto del acuerdo entre gobernados y
gobernantes". (William C González 2010).

Así vemos como se fundamentan los derechos con
orientación y fines económicos haciendo que las
elites regionales se consoliden, según (Jorge Melo 1995)
el país se hizo de una constitución política
federalista y ultra liberal. "el sistema mismo del derecho es una
manera de ejercer la violencia, de anexarlo en provecho de
algunos, y de hacer funcionar bajo la apariencia de la ley
general, las asimetrías e injusticias de una
dominación." (Foucault. 2000).

Fueron décadas de inseguridad política en
las cuales hubo dos guerras civiles más en 1876 y 1885 y
numerosos levantamientos armados; después Rafael
Núñez desconoce la reforma de 1863, y emite
reformas como la centralización del poder ejecutivo,
creación de un banco nacional, e industrias,
políticas de orden económico que solo vinculaban
intereses de clase, comerciantes, terratenientes, financieros
primando derechos sectarios, de comercio, de propiedad y
contractuales sin límites.

Constitución centralista de 1886 que se redacto
como pacto nuevo "Rousseau", de esta forma el ejecutivo se
revistió de una autoridad administrativa totalitaria con
el poder de expedir decretos legislativos facultados de control
social, según lo anterior (Foucault 2010) analiza: la
dominación política "no empieza cuando termina la
guerra, por el contrario las estructuras jurídicas de la
organización del poder y de las leyes son formas de
continuación de la guerra, permanente y perpetua en la
cual se fundamenta el mando y la obediencia", del
subalterno.

Esto evidencia en el Estado la relación entre el
concepto del derecho y el concepto de lo político mediados
a través de normas y leyes que ordenan y contralan la
población; disciplinan y someten; y que además
legitiman la violencia en Colombia[2]

Con esto vemos que la Constitución, y con ella,
decretos y leyes no se construye a partir de la "Democracia
racional", sino que proviene de quienes detentan el poder mediado
por la acción conflictiva; de tal forma el poder es el que
se caracteriza como un tipo de relación social constituido
por una dominación Jurídico-político, que
permite la explotación capitalista con el trabajo
asalariado, el monopolio comercial, productivo, disputas
territoriales, violencia, y desplazamiento. Como lo sucedido en
Nariño, con una de las familias más prominentes del
entonces, los Escruceria con influencia en la costa
pacífica desde mediados de 1900 (Ricardo Oviedo
2009).

Familia tradicional que manejaba gran parte del
monopolio comercial de combustibles, alimentos, y de textiles
principalmente entre Cali. Pasto, Popayán y Tumaco, fueron
representantes de compañías extranjeras como los
Dodge Brothers, Navíos Green Line, con otras familias que
conformaban estos grupos incluyentes como Luis Avelino
Pérez, padre de Luis Eladio Pérez exsenador, la
familia Rosero, familiares del ex gobernador de Nariño
Jesús Rosero Ruano. (Ricardo Oviedo 2009).

Estas familias estructuran una organización
económica y política del poder en la región,
lo cual implico el empoderamiento de cargos públicos y
políticos como diputados, concejales, gobernadores,
alcaldes, y senadores. Logrado según Bourdieu, por la
acumulación de un capital cultural, (de distinción,
prestigio, tierras, educación, titulaciones), fijando su
feudo regional en Nariño. (Ricardo Oviedo
2009).

Son elites que dominan la política regional,
nacional y la participación comunitaria sometida a ser
víctimas del reclutamiento forzado por el bipartidismo en
las guerras civiles (Melo, 1995) y hoy por grupos armados legales
e ilegales. Y con la constitución de 1991 como masa
electoral.

El desplazamiento rural en Nariño deja en su
mayor parte la existencia de un reducido número de grandes
terratenientes como Eduardo Benavides en el municipio de
Tuquerres; que explotan sus extensas propiedades con la
utilización de trabajadores en calidad de jornaleros; y
con la existencia de una reducida población de
pequeños propietarios campesinos, que se dedican a una
agricultura "de colcha de retazos" destinada al auto consumo y
mercado local.

Como bien lo afirma (Melo 1995) la liberalidad
política de tierras baldías, y la
comercialización de tierras indígenas, permite el
fortalecimiento del latifundio; en manos de comerciantes,
capitalistas y grupos ilegales, que invierten en el
campo.

El gobierno en la colonia recompensó con oro a
los conquistadores por colonizar territorios y reducir la
población indígena de la Costa Pacífica,
luego a oficiales del ejército como el coronel Roberto
Payan y el General De Cross con la isla de Gorgona y el municipio
de El Charco por sus servicios en las guerras civiles del siglo
XIX, territorios colectivos que habitaban comunidades
étnicas sin título de propiedad, estimadas por el
Estado como terrenos baldíos. Luego con concesiones el
bosque del Pacifico a las 35 madereras como Chapas de
Nariño. (Ricardo O Arévalo 2009).

Hasta hoy el gobierno reconoce derechos de elites y no
grupos de base; Como lo expone (Melo, 1995) "la
constitución, el gobierno, el derecho y el sistema
electoral, se limitan y controlan para conservar el poder en una
restringida clase dirigente"

Desde el periodo de 1914 hasta hoy, es la
expansión de la frontera agrícola principalmente
con la ganadería, la palma de aceite, cultivos
ilícitos, que amenazan la estabilidad agraria
étnica y del campesino, la significación de su
identidad, su folclor, e imaginarios como en la Ex Provincia de
Obando, la Costa Pacífica; en resguardos como Cumbal,
Males, Malllama, Mayasquer, en Samaniego y Barbacoas por recursos
energéticos como azufre, oro, madera, etc.

En Tumaco la palma africana se perfila como monocultivo
a comienzos de1960, este tipo de producción agraria junto
con la silvicultura en Bocas de Satinga; y la "droga" en
1980[3]ocuparon territorios étnicos y sus
principales vías fluviales, los ríos Satinga y San
Quianga, no solo afectando el medio ambiente, sino que
también a la población que la habita, cambia su
paisaje, en este sentido estos cultivos absorben su mano de obra
y sustituyen los cultivos de cacao, arroz, cambiando el consumo
alimentario de la población, sus costumbres e imaginarios,
en general sus "formas culturales especificas" (Fals Borda,
1979); monopolizando la tenencia de tierra.

En Tumaco, por ser la mayoría tierras de
propiedad colectiva sin titulación unas se compraron y
otras se expropiaron, esto creó flujos de personas sin
tierra a los cascos urbanos y hacia las mismas plantaciones en
calidad de jornaleros para el corte de palma y madera; en 1980
empresarios y terratenientes del Valle, Bogotá y
Antioquia, arribaron a las costas expropiando tierras en
complicidad con el alcalde de entonces Gerardo Gonzales Pelarza
quien vendió 2114 hectáreas de manglar a un cartel
de la droga Eduardo Rocha Calderón. (Ricardo Oviedo
2009.)

En su análisis Álvaro Mejía expone
"(…) las reformas propuestas por los liberales…
respondían a intereses económicos
específicos así: la abolición de los
resguardos estaba dentro del interés de los comerciantes
en la medida en que agrandaba el mercado de la fuerza de trabajo
y el de la tierra (….)".

Con la constitución del 91 según Espinoza,
las redefiniciones referentes a los nuevos límites
territoriales entre afrocolombianos e indígenas con los
artículos (at55) y la reglamentación de la ley 70
de 1993 referido a negritudes, el INCORA causó violentos
enfrentamientos territoriales entre etnias del municipio de Olaya
Herrera en Bocas de Satinga perjudicando sus relaciones
comerciales y de compadrazgo creando una problemática
social (Espinoza, 2011).

Las reformas constitucionales sirven para el
reacomodamiento entre fuerzas hegemónicas a través
del Estado debido a que éste, primer sujeto de derecho
internacional, puede regular, controlar por medio de leyes a las
comunidades y personas particularmente bajo la premisa de la
protección del derecho y del derecho internacional
enmarcado en el ejercicio del ser ciudadano dentro de un
territorio.

Protección orientada principalmente hacia la
propiedad privada como la ley 5 de 1905 en donde el ocupante de
una tierra debía sustentar su derecho de propiedad con un
titulo o contrato escrito; del cual carecían la
mayoría de las comunidades étnicas por ser
propiedades colectivas, o contratos hechos de forma verbal para
los campesinos. De ésta forma las autoridades
tenían el derecho de desalojarlos.

Como lo expone Mario Arrubla, "se funda una
jerarquía económica con el control
jurídico-político de la tierra (propiedad privada),
bajo relaciones de terraje, arrendatario y expansión
continua de la frontera agrícola, dado que la
institución estatal funciona como una herramienta
fundamental de los terratenientes para percibir rentas y
controlar las palancas del Estado del que dependen la legalidad
de sus títulos y la fuerza para imponer su respeto sobre
los campesinos".

Así, la modernidad en Colombia permite a los
grupos hegemónicos encontrar en la teoría
política de Hobbes, Rousseau, Locke, las bases
políticas sobre las que se apoyan para construir una
sociedad a su conveniencia; exigiendo al Estado, seguridad,
protección de su propiedad y el libre desarrollo
económico (Hannah Arendt), así el Estado
incorporó progresivamente a través de un proceso
histórico una serie de derechos como parte del conjunto
jurídico y constitucional del país; por lo tanto el
poder es el que se caracteriza como un tipo de relación
social constituido por la relación de dominación
Jurídico-político y violenta.

Esto "justifica" que las elites en Colombia y
Nariño puedan hasta hoy vulnerar la ley, producir
violencia y ejercer a conveniencia los derechos constitucionales,
porque son "dueños" de regiones, y gobernantes con todas
sus implicaciones institucionales.[4]

Hechos significativos de desplazamiento que fueron
mediados por el conflicto y la violencia en Nariño, son
los acontecimientos de resistencias civiles en la costa
Pacífica con las revueltas de 1988 "el Tumacazo"; en las
cuales según relatos de sus actores contados en el libro
"Relatos, Revueltas y Desventuras de la Gente Entintada del
Pacifico Sur", se evidencia el desplazamiento forzado del
líder cívico del entonces Lico Biojó, por
amenazas de agentes estatales, o como Miguel Orozco en
2007[5]Con el propósito de infundir terror
para desarticular la acción sociopolítica de base,
de las redes comunitarias y vecinales.

De esta forma tanto el Estado, grupos ilegales, para
mantener control territorial y dominio poblacional a
través de la guerra lo hacen con hechos de violencia como
amenazas, extorciones, asesinatos selectivos, falsos positivos y
enfrentamientos militares entre guerrilla y ejército, que
se incrementan para Nariño en el año 2000 producto
de las políticas militares del plan de gobierno "Seguridad
Democrática", sin importar la presencia de
población dentro del territorio en conflicto.
[6]

Por otro lado las condiciones de retorno a la tierra que
el gobierno da a las victimas desplazadas por violencia se hacen
en medio de la misma, revictimizándolas, fenómeno
que complejiza su situación y la estructura
jurídica en cuanto a la tenencia de tierra, por un lado
las victimas que desean regresar a sus propiedades no las pueden
reclamar legalmente por carecer de escrituras, debido a que
grupos ilegales los persuaden con cuantiosas sumas de dinero por
sus tierras, les dan un anticipo para el traspaso de escrituras y
una vez adquiridas legalmente son asesinados y otros desplazados;
y por otro lado las victimas que ingresan a los programas de
gobierno como Agro Ingreso Seguro, ley de Reparación de
Victimas, Restitución de Tierras, acceden a estas en
mínimas cantidades lo cual como punto central del problema
es la atomización de la tierra que comprende tan solo un
lugar de habitación y un espacio mínimo de cultivos
"pan coger".

Como conclusión, la afectación humanitaria
por desplazamiento forzado y de desterritorialización en
Nariño de comunidades afrodescendientes, indígenas
y campesinos pobres ubicadas en zonas de difícil acceso y
alejadas de los cascos urbanos, es una constante
independientemente de cualquier gobierno y periodo
histórico en Colombia, son periodos de cruentas guerras
para esta población envueltas en luchas de poder ligados
al dominio directo o indirectos de la tierra, que se sostienen
con reclutamientos forzados, expropiaciones de bienes, tierras, y
numerosas víctimas de violencia; teniendo en Nariño
como consecuencias:

La pérdida del valor de la vida, de territorios,
cultura e identidad, ruptura del tejido comunitario, aumento del
desempleo, alto índice de pobreza urbana y
sobrepoblación, aumento de población no capacitada
para ingresar al mercado laboral urbano, incremento en
índices de mendicidad, descomposición familiar,
aumento de mujeres madres cabeza de hogar por muertes del
compañero, baja producción agrícola,
incremento en índices de desnutrición infantil,
escaza participación comunitaria, incremento en la
informalidad laboral, proliferación de barrios de
invasión, alto índice de menores de edad trabajando
en zonas urbanas.

La realidad concreta del Estado colombiano a diferencia
del planteamiento teórico de la racionalidad formal de un
estado manejado bajo una organización
jurídico-administrativa y burocrática, a cargo de
funcionarios especializados, planteada por Weber, ésta,
está contenida por factores como la conformación
del sistema político y jurídico que tienen como
base un carácter tradicional, patrimonial,
carismático, y sostenido bajo una administración
formada por individuos ligados a quienes ostentan el poder
(familias, políticos, empresarios, etc.) por relaciones
personales de clientelismo, soborno, amistad, de parentesco,
entre otras, mas no por relaciones profesionales y especializadas
como las mencionadas por la división social del trabajo;
careciendo del ordenamiento objetivo de lo administrativo y lo
jurídico.

Por lo tanto el Estado nación formado en Colombia
se dio y se mantiene en medio de múltiples conflictos
violentos en donde los derechos constitucionales, leyes y normas
se instauran a través de la fuerza y unilateralmente; para
Colombia la guerra no es la extensión de la
política por otros medios, por el contrario la guerra en
cualquiera de sus matices, partidista, de grupos armados, etc. Es
el elemento material para ejercer como Rousseau afirma "pactos
sociales", pero de control y de sumisión a la
población, en donde derechos y leyes no se distinguen de
las normas (pautas culturales) ni mucho menos el sistema
jurídico puede distar entre lo legal y lo ilegal. Con lo
cual la población civil se ve obligada a actuar entre los
bordes de la legalidad y de la ilegalidad, con una moralidad
laxa, amorfa y con miedo.

Bibliografía

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  Filosofía Política De Michel Foucault. Una Obra
  Para Repensar La Política. Medellín Ediciones,
  Unaula, 2010.

• Espinoza, Pérez. Milton, Jairo. Relaciones
  Interetnicas Entre Afrodecendientes e Indígenas
  Eperara Siapaadara. En La Costa Pacífica
  Nariñense. Memorias Preliminares Decimo Congreso
  Nacional De Sociología U. Del Valle, U ICESI, U Del
  Pacifico 2011.

• Fals, Borda. Orlando. Mompox y Loba, Historia Doble
  de la Costa – 1 Carlos Valencia Editores. Bogotá,
  1979.

• Foucault. Michel. Historia De La Sexualidad. 1ª
  La Voluntad Del Saber Siglo XXI Editores, SA.
  2000.

• Garzón, Almeida. Oscar, Fernando.
  Migración Forzada en la Zona Sur-Occidente: El Caso
  Del Pueblo Indígena De "Los Pastos" Memorias
  Preliminares Decimo Congreso Nacional de Sociología U.
  Del Valle, U ICESI, U Del Pacifico 2011.

• Melo. Orlando, Jorge. Colombia Hoy –
  Perspectivas Hacia El Siglo XXI TM Editores. 1995.

• Oviedo, Arévalo. Ricardo. Relatos, Revueltas
  y Desventuras De La Gente Entintada Del Pacifico Sur. Ed.
  Graficolor Pasto Nariño 2009.

• Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga y El
  Delito. Monitoreo De Cultivos Ilícitos 2009.
  Bogotá, pp. 13-14.

• Revista Historia y Sociedad No 5. Los Procesos de
  Formación Del Estado y De Construcción De
  Nación.

• www.cholonautas.edu.pe/. Biblioteca Virtual de
  Ciencias Sociales. Citado 10 de noviembre 2011.

• www.dane.gov.co. citado 10 de noviembre
  2011.

• www.codhes.org. citado 10 de noviembre
  2011.

Autor:

Johnny A. Figueroa

[1] Entre tanto la canasta familiar se graba
con el IVA en su totalidad, la reforma tributaria de 2002, LEY
788/2002 – art 31: excluyo del IVA al alcohol carburante,
monopolio del grupo ingenio del cauca S:A. Y el artículo
88: lo exoneró del impuesto global y de la
sobretasa.

[2] www.codhes.Org. “por causa del
conflicto armado y otras manifestaciones de violencia
política y social, en 2010 hubo alrededor de280.041
desplazados, y 56.000 hogares; en donde paradójicamente,
el 32.7% se da en zonas en donde se desarrolla el (plan
nacional de consolidación territorial) programa del
gobierno desde 2007 eje de la política de (seguridad
democrática de A Uribe) ”

[3] Según datos de la oficina de las
Naciones Unidas contra la droga y el delito en su informe hasta
el 2009, Nariño se presenta como el primer productor y
exportador de drogas alucinógenas con un 24 % de este
cultivo a nivel de país.

[4] En sus 20 años, la
Constitución “democrática” de 1991.
se ha reformado 35 veces. Como la reelección
presidencial.

[5] www.codhes.Org. Boletín
Informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento No 77, Bogotá 15.02.2011.

[6] Según el observatorio para la paz,
en 2005 Nariño registró, 9000 desplazados con
incremento en 2007 de 24.695 casos