Corrupción en Venezuela a partir de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta 1997

Introducción

La Corrupción en Venezuela, es uno de los temas
de actualidad que deben ser tratados con un carácter de
seriedad, ya que es un fenómeno que nos está
afectando en Venezuela, con una notable variedad de situaciones
palpables, que generan inseguridad en cuanto a la
administración pública.

Mediante este breve estudio se estará resumiendo
tres aspectos importantes que han de tomarse en cuenta para
comprensión del tema, los cuales podemos citarlos a
continuación; corrupción en Venezuela a partir de
la caída de la Dictadura de Marcos Pérez
Jiménez hasta 1997,la corrupción administrativa en
Venezuela, y Técnica de Lucha contra la
Corrupción.

Desarrollo

El general Medina Angarita fue depuesto en 1945 por un
golpe de estado del partido Acción Democrática,
respaldado por jóvenes oficiales del ejército.
Entre 1945 y 1948, Acción Democrática llevó
adelante, durante tres años, un gobierno bastante
transparente bajo las breves presidencias de Rómulo
Betancourt y del famoso novelista Rómulo Gallegos. En
1948, los jóvenes militares que habían apoyado a
Acción Democrática tres años antes
derrocaron a Gallegos.

El líder del golpe, Marcos Pérez
Jiménez, instituyó una dictadura militar que
duró diez años. Durante esa década, la
corrupción era considerable pero, en general, tal como
durante los años de Gómez, se limitaba al
círculo más cercano al dictador y se relacionaba,
más que nada, con las comisiones que se obtenían
mediante la contratación de obras públicas. La
infraestructura del país recibió un fuerte impulso
con la construcción de caminos, hospitales, universidades
y edificios públicos. El creciente descontento de los
oficiales del ejército excluidos del acceso a los fondos
públicos venezolanos promovió una revuelta popular
en 1958 que logró expulsar a Pérez Jiménez
del poder. A partir de entonces, Venezuela no sufriría
otro golpe ni intento de golpe de estado hasta 1992, cuando Hugo
Chávez trató, sin éxito, de derrocar al
presidente Carlos Andrés Pérez. Entre 1958 y 1999,
Venezuela tuvo más de diez presidentes elegidos
democráticamente.

Durante la primera mitad de este período, entre
1958 y 1975, el país experimentó una
sucesión de gobiernos democráticos y gozó de
un nivel aceptable de transparencia en la gestión de los
activos nacionales. La consolidación de la democracia
venezolana y la promoción de una sociedad caracterizada
por una sólida clase media emergente fue el resultado de
la gestión de los presidentes Rómulo Betancourt,
Raúl Leoni, Rafael Caldera y, por parte de su mandato, de
Carlos Andrés Pérez.

Durante estos años, la democracia venezolana se
convirtió en el modelo político a ser imitado en
América Latina, comparado favorablemente por los analistas
expertos en el tema con las dictaduras de izquierda y derecha
aún presentes en el hemisferio. A mediados de la
década de 1970, el manejo de los bienes nacionales
venezolanos comenzó a deteriorarse
drásticamente.

Los acontecimientos políticos en el Oriente Medio
produjeron un incremento abrupto en los precios mundiales del
petróleo y, como resultado, los ingresos petroleros se
triplicaron en Venezuela. Los hombres ordinarios al frente del
gobierno de Venezuela se vieron expuestos a tentaciones
financieras extraordinarias. Enfrentado con estas ganancias
inesperadas, el presidente Pérez estructuró un
programa que denominó "La gran Venezuela". Según
este plan, una versión tropical del "Gran Salto Adelante"
de Mao, el gobierno invertiría cerca de 2.000 millones de
dólares en proyectos industriales en el sur del
país, diseñados para triplicar la producción
de acero en cinco años y construir nuevas plantas de
aluminio.

En un momento determinado, existían más de
300 empresas estatales en Venezuela, ninguna de las cuales era
rentable. Durante la segunda mitad del mandato de Pérez,
como resultado de los caudalosos ingresos provenientes del
petróleo, la corrupción se disparó y se
"democratizó". Hasta aquel momento, la corrupción
se había restringido, esencialmente, al círculo a
cargo del poder; ahora, por el contrario, muchos venezolanos
comenzaron a participar, en forma directa e indirecta, del abuso
y uso indebido de los fondos públicos. Al final de la
presidencia de Pérez, y a pesar de los ingresos
inesperados provenientes del petróleo, Venezuela se
había endeudado con los bancos internacionales. Entre 1975
y 1998, los niveles de corrupción en Venezuela aumentaron
de manera casi constante y se mantuvieron elevados. Especialmente
grave fue el período de la presidencia de Jaime Lusinchi,
de 1984 a 1994.

En su estudio sobre corrupción, la
socióloga Ruth Capriles Méndez, de la Universidad
Católica Andrés Bello, estima que, durante su
presidencia, hubo un uso indebido y deshonesto de unos 36.000
millones de dólares, en especial a través del
programa de control del tipo de cambio denominado RECADI
(Régimen de Cambios Diferenciales). Diversos factores
contribuyeron al incremento drástico de la
corrupción:

La debilidad de las instituciones políticas y
sociales.
La falta de normas y controles administrativos
adecuados.
Los caudalosos ingresos relacionados con la
producción petrolera, una riqueza que no se ganaba, en
líneas generales, con el trabajo de la mayoría,
sino que la generaba un pequeño grupo de personal
técnico de la industria del
petróleo.
Los líderes políticos populistas,
deseosos de promover un estado de bienestar a fin de
consolidar su posición política, en lugar de
guiar al país hacia una prosperidad estable a
través del trabajo y la disciplina social.

Estos líderes persuadieron a los ciudadanos de
que el dinero proveniente del petróleo "pertenecía"
al gobierno y que parte de él podría entregarse a
la gente a cambio de su lealtad política. A causa de esta
creencia, el uso de los bienes nacionales para beneficio
personal, tanto dentro de la elite política como a lo
largo y a lo ancho de la población, perdió gran
parte de su sentido peyorativo.

La visión benevolente de la corrupción que
prevaleció en aquellas décadas puede ilustrarse
mediante el fallo judicial de un caso de corrupción
ocurrido en 1982 en el Ministerio de Agricultura de Venezuela: el
tribunal a cargo lo desestimó sosteniendo que "la suma en
cuestión [aproximadamente 20.000 dólares] era
demasiado pequeña en relación al presupuesto total
del Ministerio".

En 1997, Pro Calidad de Vida, una organización no
gubernamental (ONG) venezolana dedicada a la lucha contra la
corrupción estimó que en los últimos 25
años se habían malgastado o robado aproximadamente
100.000 millones de dólares del ingreso relacionado con el
petróleo.

Corrupción
administrativa en Venezuela

La corrupción administrativa en Venezuela, puede
estudiarse desde tres puntos de vista: como conducta, como
fenómeno social del presente y como hecho constante en el
proceso histórico. Existe y ha existido una tendencia y
una mentalidad social en permanente conflicto con el Estado y la
administración. Esa disputa se ha expresado variadamente.
Desde simples rebeliones, alzamientos y todo tipo de turbulencia
social, hasta formas soterradas e irracionales de
corrupción y delitos en contra de un adversario
todopoderoso, más interesado en sí mismo que en el
progreso y bienestar de la ciudadanía: el
Estado.

Por esta razón, la corrupción en nuestro
país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la
sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un
período o de un grupo particular en el gobierno, en
complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas. En
realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes,
queriéndolo o no, han caído todos los miembros
representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el
cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las
leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un
político o un empleado público; hasta un humilde
ciudadano que roba pequeñeces de gran utilidad social como
las demás: instrumentos y equipos, barandas de viaducto,
defensas de autopistas y carreteras, tapas de tanquillas y
vertederos, etc. Este tipo de conducta ha sido una constante en
la historia de Venezuela. De ahí su trascendencia y el
carácter estructural de sus manifestaciones. Luego, la
corrupción se ha convertido en un complicado
fenómeno que debe observarse desde planos diversos para
hallarle mecanismos de control.

Técnica de
lucha contra la corrupción

En atención a las atribuciones y competencias
asignadas en la Constitución Política y la Ley
N° 27785, la Contraloría General y el Sistema Nacional
de Control ejercen un rol fundamental frente a la lucha contra la
corrupción, desarrollando sus atribuciones de supervisar
la correcta y transparente utilización de los recursos
públicos y del ejercicio de la función encomendada
para prevenir y detectar actos irregulares y/o ilícitos
penales, así como determinando, como consecuencia de su
acción fiscalizadora, las responsabilidades emergentes de
los funcionarios y servidores públicos para ser puestas en
conocimiento de las autoridades competentes.

La vinculación específica de la
problemática de la corrupción con el accionar del
Sistema Nacional de Control se concreta tanto a nivel del control
interno como del control posterior, dentro de los conocidos
ciclos del control administrativo del Estado, tan es así
que, entre otros aspectos, a través de la Ley de Nepotismo
y su reglamento, la Ley sobre Incompatibilidades y Prohibiciones
de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento,
así como la Ley de Declaraciones Juradas de Ingresos,
Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos
y su reglamento encargan a la Contraloría General de la
República y a los Órganos del Sistema la
supervisión y control del cumplimiento de las citadas
normas.

Si bien el control interno previo es ejercido por la
propia entidad en función de los procedimientos
establecidos en sus planes de organización, reglamentos,
manuales y disposiciones emanadas del titular de la entidad,
compete al Sistema Nacional de Control, "formular oportunamente
recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las
entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus
recursos, así como los procedimientos y operaciones que
emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas
administrativos, de gestión y de control
interno".

Es dentro de este contexto de competencias que la
Contraloría General de la República ha establecido
mecanismos preventivos que orienten hacia la probidad
administrativa y constituyan parte del ambiente de control que
deben mantener y garantizar todas las autoridades
institucionales, a través de las Normas Técnicas de
Control Interno y en especial de las "Normas de Control Interno
para una Cultura de Integridad, Transparencia y Responsabilidad
en la Función Pública". Pero cabe indicar que las
posibilidades de acción del Sistema Nacional de Control,
sobre este particular ambiente de control, dentro de una actitud
clara a favor de la probidad, no se agotan en la
consagración normativa, sino pueden trascender hacia otros
aspectos sin llegar a la co-gestión.

En cuanto al control posterior externo, al Sistema
Nacional de Control, en particular a su ente rector, la
Contraloría General de la República le ha sido
atribuida el cometido de supervisar, entre otros aspectos, la
Transparencia:

En la utilización de los bienes y recursos
públicos
En el ejercicio de las funciones de los servidores y
funcionarios públicos, con relación a los
resultados obtenidos y al cumplimiento de su
normativa
La observancia de los conflictos de intereses
establecidos para el probo desempeño de la
función pública.
El nivel de responsabilidad con que se conduce los
agentes públicos.
La transparencia informativa respecto de los
Sistemas de Administración Financiera y a la
ciudadanía, así como la transparencia personal
de las autoridades para, por ejemplo, presentar su
declaración jurada de bienes y rentas.

Conclusión

El general Medina Angarita fue depuesto en 1945 por un
golpe de estado del partido Acción Democrática, el
líder del golpe, Marcos Pérez Jiménez,
instituyó una dictadura militar que duró diez
años. Durante esa década, la corrupción era
considerable pero, en general, tal como durante los años
de Gómez, se limitaba al círculo más cercano
al dictador y se relacionaba, más que nada, con las
comisiones que se obtenían mediante la contratación
de obras públicas.

Durante la primera mitad de este período, entre
1958 y 1975, el país experimentó una
sucesión de gobiernos democráticos y gozó de
un nivel aceptable de transparencia en la gestión de los
activos nacionales. A mediados de la década de 1970, el
manejo de los bienes nacionales venezolanos comenzó a
deteriorarse drásticamente.

Los acontecimientos políticos en el Oriente Medio
produjeron un incremento abrupto en los precios mundiales del
petróleo y, como resultado, los ingresos petroleros se
triplicaron en Venezuela. Los hombres ordinarios al frente del
gobierno de Venezuela se vieron expuestos a tentaciones
financieras extraordinarias. Durante la segunda mitad del mandato
de Pérez, como resultado de los caudalosos ingresos
provenientes del petróleo, la corrupción se
disparó y se "democratizó". Entre 1975 y 1998, los
niveles de corrupción en Venezuela aumentaron de manera
casi constante y se mantuvieron elevados. Especialmente grave fue
el período de la presidencia de Jaime Lusinchi, de 1984 a
1994.

Bibliografía

http://apps.contraloria.gob.pe/dv/lucha.htm

http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/8453504.asp

http://www.elcato.org/corrupcion-administracion-deficiente-y-abuso-de-poder-en-la-venezuela-de-hugo-chavez

Autor:

Maria de los A. Pérez