Las crisis familiares, proceso de ajuste y adaptación familiar con intervención interdiciplinaria

Antecedentes y
Justificación

Colombia ha sido caracterizada como uno de
los países más violentos del mundo, fenómeno
cuyas dimensiones ha hecho aparecer un importante número
de estudios y un amplio debate que se ha centrado en el
análisis de la violencia generada por el conflicto armado.
La violencia doméstica es un fenómeno de más
reciente consideración pública y académica
en el país. Los 'actores armados' en casa, han sido poco
considerados en lo que se ha denominado los estudios sobre la
violencia. La violencia doméstica, al igual que la
política, tiene importantes características desde
la dimensión conceptual de género. Una de ellas
parte del hecho que la violencia es primordialmente ejercida por
hombres, lo cual se constituye en elemento de intersección
entre las diferentes expresiones de violencia. Los hombres son
los principales perpetradores de la violencia, y, en el campo de
lo público, sus principales víctimas. Según
un estudio del Banco Mundial (2002), la probabilidad de ser
víctima de homicidio para los varones colombianos en
edades entre 15 y 35 años fue quince veces superior a la
de las mujeres de la misma cohorte. Aunque el número de
víctimas disminuye con el incremento de la edad, las
brechas de género persisten. Por su parte, la violencia
ejercida por hombres contra sus parejas en relaciones
heterosexuales sigue siendo un fenómeno amplio. En la
última década, varias encuestas a mujeres en
algún tipo de unión conyugal han establecido que
entre el 33 y 37% ha sufrido algún tipo de violencia
verbal, y entre un 19.3 y 39.5%, violencia física.Las
expresiones de violencia están relacionadas con ideas de
lo que significa ser hombre o mujer en cada contexto
específico, en nociones que confieren determinados
derechos a unos y a otras para el ejercicio del poder y en las
consecuencias violentas que dicho ejercicio implica. Los hombres
como hombres, con identidades de género, se articulan en
jerarquías de poder donde no todos son privilegiados o
contra quienes se discrimina de la misma forma, en una diversidad
de elementos culturales, raciales, de clase, etc., que articulan
las diferentes definiciones y usos de la violencia (Hearn, 1997;
Greig, 2002). Hombres y mujeres, niños y niñas,
experimentan formas de violencia basadas en género. No
obstante, este tipo de violencia es predominantemente ejercido
por hombres contra mujeres, niños y niñas, contra
otros hombres y contra sí mismos: en el abuso infantil, la
escuela, la guerra o el hogar. El carácter de
género de los conflictos violentos en Colombia ha sido
recientemente explorado en el campo de la violencia
doméstica (Rico de Alonso et al., 1999; Galvis, 2001;
Zambrano, 2001; Rubiano et al., 2003;), e igualmente, con mayor
intensidad, en el campo del conflicto armado (Rojas y Caro, 2002;
Mazo, 2001; Velásquez, 2001; Pino, 2002; Meertens,
1995/97/98 y 2000 ; Tuft, 2001; Grupo Mujer y Sociedad et al.,
2001; Estrada et al., 2003). Durante la década de 1980,
crecientes organizaciones de mujeres iniciaron un amplio
reconocimiento del fenómeno de violencia intrafamiliar en
Colombia, acompañadas por la importancia que el tema
presentó en las agendas y conferencias de los organismos
multilaterales de cooperación. Durante los años
noventa, con la nueva Constitución de 1991 y la
ratificación de convenios internacionales en la materia
por parte del Estado colombiano, se inició un conjunto de
reformas normativas y del Estado, a fin de intervenir en la
problemática, abriendo de manera clara la
negociación de concepciones de lo público y lo
privado y creando campos de acción para la
protección de derechos humanos en lo doméstico. No
obstante, dado lo reciente de las normas y de la
intervención pública, el debate sobre el alcance y
características de dicha normatividad e
intervención apenas se abre. El presente artículo
busca contribuir al entendimiento de la violencia
doméstica en Colombia. Se exploran las identidades
masculinas y femeninas presentes en los casos de violencia con el
propósito de mostrar cómo el modelo de
intervención del Estado en este campo es
limitado.

Se define en nuestro estudio como familia
funcional las que tienen un nivel de comunicación,
interactúan para conseguir un objetivo en común,
que es la realización de cada uno de sus
miembros.

Las familias disfuncionales, en cambio, se
caracterizan por una desorganización, malestar,
situaciones de enfermedades físicas y emocionales en sus
miembros.

Las familias se entienden como sistemas, es
decir, como un conjunto de individuos que con sus
características particulares y actitudes hacia los
demás, van impactando significativamente en los
demás miembros y en el ambiente familiar en general. De
tal suerte que, cada cambio que se genera en la vida de cada uno,
transforma "la faz" de toda la familia.

Dicho poder de influencia se da tanto de
los miembros adultos hacia los pequeños como al
revés."Los niños tienen su propio poder sobre los
papás". Por eso se habla de que cuando un miembro de la
familia, por ejemplo el hijo, manifiesta un síntoma grave:
fracaso escolar, drogadicción, depresión,
enfermedades graves o recurrentes, trastornos en la
alimentación, etc., lo que en realidad está pasando
es que este miembro de la familia se convierte en un "chivo
expiatorio" (una persona que se sacrifica por los demás)
para que los demás miembros de la familia se den cuenta de
que las cosas no están funcionado bien.

Familias
disfuncionales

En una familia disfuncional hay competencia
y rivalidad: se relacionan luchando por el poder y hacen
partícipes de esta lucha y rivalidad a los hijos,
haciéndolos partícipes e intermediarios de sus
problemas de pareja. Dicha rivalidad va aumentando en la pareja
sentimientos de odio, que poco a poco desencadenan en ambientes
familiares llenos de violencia y falta de comunicación.
Ello impacta a los hijos, puesto que ellos no perciben
unión, sino una rivalidad que puede llegara a aprovechar
para conseguir lo que quieren.

Cuando los padres utilizan a los hijos para
resolver aquello que no resuelven ellos como pareja se dan las
llamadas "triangulaciones". Por ejemplo: un papá se
alía con su hijo para agredir o cuestionar a mamá,
o mamá deposita en el hijo toda la necesidad de afecto que
no satisface con papá buscando ese afecto con su hijo y se
genera una relación codependiente con él; o bien,
papá se coloca en el mismo nivel del hijo y se comunican
sólo entre ellos y no con mamá. Todas estas
situaciones impactan negativamente en los niños: les
generan problemas con los límites, en su proceso de
independencia, seguridad, madurez emocional.

En una familia disfuncional los miembros no
son libres de expresar sus sentimientos: "los niños no
lloran", "las niñas no se enojan"; lo cual no es sano
porque las emociones son naturales: los seres humanos necesitamos
expresarlas para conservar un equilibrio, incluso corporal, pero
además esto influye en qué tan sanamente podamos
relacionarnos con los demás.

En una familia disfuncional los padres no
tienen control en los límites a manejar con su familia:
por ello, o todo mundo opina y nadie tiene claridad en aquello
que se debe hacer; o en el caso contrario, los padres son muy
rígidos en sus criterios y no permiten la
interacción de sus miembros con el exterior, lo cual
empobrece los criterios para conducir sanamente a su familia y
limita la riqueza de influencias que sus hijos pueden tener en el
contacto con los demás.

En una familia disfuncional se imponen
ideas: no se respeta el hecho de que alguien pueda pensar de
manera distinta, generar sus propios criterios y proyectos de
vida.

Las familias
funcionales

En contraparte de lo que hemos visto, una
familia funcional es aquella donde:

Existe un buen nivel de
comunicación, primero entre la pareja.

Los padres no hacen partícipes a los
hijos de sus problemas. Los hablan y los resuelven en
privado.

Se busca acercamiento afectivo entre sus
miembros.

Cada persona tiene derecho a expresar su
personalidad, ideas y sentimientos, con el único requisito
de no agredir a otros.

Los padres establecen reglas y
límites claros, tanto para ellos como para sus
hijos.

Los padres asumen su rol de padres
dándole a cada quien su lugar: papá y mamá
son pareja y una autoridad frente a los hijos, los hijos
están subordinados a la autoridad de los papás,
pero tienen derecho a ser respetados y tomados en
cuenta.

Se toman en cuenta los cambios evolutivos
de los hijos (los cambios naturales que se tienen que dar de una
edad a otra), así como de aquellos que se dan por
cualquier alteración en la composición de la
familia (nacimiento de un hijo, muerte de algún miembro, p
ej.) y luchan por restablecer el equilibrio, aceptando y
manejando estos cambios.

La manera actual como se educa a los hijos
e hijas está influenciado por el contexto cultural, por
los valores, por la concepción del ser humano, de la
familia, del amor, de la pareja y de los roles de la equidad de
género es una responsabilidad de los padres de familia.
Los centros educativos colaboran con la familia, pero no
reemplazan a esta.

La violencia doméstica es un
problema generalizado e países desarrollados y en
desarrollo. Se estima que el 22% de las mujeres estadounidenses
sufren violencia física marital, así como el 21% de
las suizas, el29% de las canadienses, el 34%de las egipcias, el
67%de las mujeres de Papúa-Nueva Guinea, el 16% de las
camboyanas, el 47% de las de Bangladesh, el 45% de las
etíopes o el 20% de las sudafricanas7,25. En Colombia
existen diferentes estadísticas que estiman esta misma
prevalencia entre el 2025 y el 50%22 (en mujeres desplazadas).
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (INMLCF) 16, 17, en Colombia, la violencia
física está aumentando en los últimos
años y ha llegado a afectar a 189,6 personas por
100.000habitantes en el año 2001. Del total de los casos
registrados en el país por violencia conyugal, el 91% son
mujeres. Las ciudades con mayores tasas de violencia
doméstica fueron Tunja, San Andrés,
Puertocarreño, Leticia, Villavicencio, Yopal y
Popayán. En ciudades como Cali, Barranquilla,
Ibagué, Neiva, Arauca, Bucaramanga y Bogotá se
produjo un descenso de la tasa respecto al año anterior.
En las ciudades pertenecientes a ciudades intermedias el acto de
agresión o maltrato a las mujeres con ciertas
garantías, pese a que el acceso al aparato judicial es
más fácil la denuncia de acuerdo al estrato
socioeconomico es menos frecuente entre más alto
es.

El papel del consumo de alcohol o drogas
psicoactivas por parte del varón se encuentra documentado
por diversos estudios. En México, en el 49% de los casos
el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas
Si a este hecho se suma la disfunción familiar, se
incrementa la generación de violencia, teniendo en cuenta
que ambos factores aumentan las en la comunicación, elevan
el nivel de estrés y permiten que se perpetúe el
ciclo de pobreza.

En el proyecto ACTIVA5 se describen, como
aspectos que facilitan la violencia, la embriaguez, haber sido
golpeado durante la infancia y tener armas de fuego. En nuestro
estudio se pretende analizar a las familias en cuanto a la
función familiar: en la medida en que la familia es menos
capaz de resolver sus problemas y adaptarse, la situación
de violencia se incrementa. Es muy probable que a esta
situación se sumen otras variables sociales, como el nivel
educacional, y otras actitudes de orden comunicativo que pueden
explicar este fenómeno.

En Perú, la Policía Nacional
y la Oficina de Desarrollo Estratégico del Perú
evaluaron a 6.118 mujeres maltratadas, de las que el 63%
tenía problemas de tipo conyugal, el 10%, problemas en el
ámbito familiar y el 9%, problemas de tipo
económico, entre otros. Según la ocupación,
las amas de casas presentaron el mayor porcentaje de maltrato
respecto a las diferentes opciones dé trabajo (ama de
casa, 53%; ocupación informal, 23%; profesionales, 6%, y
otras ocupaciones, 0,3%). En nuestro estudio, determinaremos que
ser ama de casa puede constituirse como un factor de riesgo para
la violencia.

En la década del 90 se
presentó la preocupación por la educación
cívica. Esto debido a que el marco legal de la nueva
Constitución de 1991 reconoció la pluralidad en
todos los aspectos (religiosa, social, racial, política,
etc.), e instituyó la democracia participativa y el modelo
del Estado Social de Derecho; promoviéndose, el respeto
por los valores como la libertad, la justicia, la igualdad y la
solidaridad, y se reivindicaron valores económicos y
sociales. Con referencia específica a la educación,
el artículo 67 de la Constitución la enuncia como
un derecho y un servicio público con función
social, que no sólo debe facilitar el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a otros bienes
de la cultura, sino también educar a los colombianos en el
respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. La
responsabilidad de la educación con este enfoque reside
tanto en la familia como en el Estado. Asimismo, el
artículo 41 enuncia el deber de todas las instituciones
educativas, tanto oficiales como privadas, de "fomentar las
prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de la participación ciudadana", y
promover el estudio de la Constitución y la conocida como
Instrucción Cívica (Constitución
Política de 1991).

La Ley General de Educación dentro
de los fines de la educación contempla en el
artículo 5 algunos puntos relacionados con la
educación cívica y ciudadana. Los primeros puntos
de este artículo aluden al deber de formar ciudadanos con
pleno desarrollo de su personalidad, en un ámbito de
formación integral (física, psíquica,
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y
cívica), en el que prima la enseñanza por el
respeto a los derechos humanos, la vida, la paz y los principios
democráticos y de convivencia. Esta formación debe
promover la participación del estudiante en la toma de
decisiones de la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación y de su comunidad,
en el respeto de la autoridad legítima, de los
símbolos patrios y del marco legal que impone la
Constitución Nacional.

Por último, el fin cívico de
la educación debe ser promover el estudio y la
comprensión de la diversidad cultural de la nación,
para la creación de una conciencia sobre la identidad y la
soberanía nacional, y su integración con la
comunidad latinoamericana y del Caribe (Ley General de
Educación).

En Colombia, el grupo de competencias
ciudadanas que por grado se debe trabajar son las
siguientes:

Convivencia y paz.

Participación y responsabilidad
democrática.

Pluralidad, identidad.

Valoración de las
diferencias.

Formar para la ciudadanía es una
prioridad importante hoy en día en cualquier país
del mundo. Entre las distintas instancias en que esta
formación puede ocurrir, la escuela es un lugar
privilegiado. Allí las competencias necesarias para el
ejercicio efectivo de la ciudadanía no solamente se pueden
aprender sino que se pueden practicar en ambientes reales. Sin
embargo, esto no ocurre de manera espontánea. La
formación para la ciudadanía debe diseñarse
con base en principios claros, implementarse con persistencia y
rigor, y evaluarse permanentemente para garantizar que se
está teniendo el impacto deseado.

Las competencias ciudadanas son el conjunto
de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas,
conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen
posible que el hombre actúe de manera constructiva en la
sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten
que los ciudadanos respeten y defiendan los derechos humanos,
contribuyan activamente a la convivencia pacífica,
participen responsable y constructivamente en los procesos
democráticos y respeten y valoren la pluralidad y las
diferencias, tanto en su entorno cercano (familia, amigos, aula,
institución escolar), como en su comunidad, país o
a nivel internacional. Las competencias ciudadanas son de
conocimientos, competencias cognitivas como la capacidad para
generar opciones creativas ante una situación de
conflicto, competencias emocionales como la
auto-regulación de la rabia y de ciertas competencias
comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente sus
intereses cuidándose de no agredir al otro.

La escuela es uno de los espacios
más privilegiados para la formación ciudadana. En
primer lugar, el propósito fundamental de la escuela es la
formación, pero no es el único, la familia, el
barrio, los medios de comunicación y muchos otros espacios
de socialización deben cumplir un papel fundamental en la
formación. La escuela es una pequeña sociedad y
como tal presenta muchas oportunidades para el aprendizaje y la
práctica de la vida ciudadana. Todas las interacciones
entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la
construcción de normas que regulan esas interacciones, las
decisiones que se toman, los conflictos y problemas que surgen,
casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela puede
ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana.
En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar
perfectamente relacionada con la formación
académica que ocurre permanentemente en la
escuela.

Muchas personas piensan que una vez que
abandonen la casa de sus padres, dejarán atrás sus
problemas familiares y de su infancia. Pero lo cierto es que
muchos pueden encontrarse de nuevo con los mismos problemas,
así como sentimientos y formas de relacionarse
similares.

Los niños que crecen en familias
psicológicamente sanas y funcionales, se crían en
un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos,
aprenden que sus sentimientos y necesidades son importantes y
pueden ser expresadas. Estos niños suelen formar, en la
edad adulta, relaciones saludables y abiertas.

Sin embargo, muchas familias no logran
satisfacer las necesidades emocionales o físicas de los
niños; además, los patrones de comunicación
de la familia pueden limitar severamente la expresión de
las necesidades y emociones de los niños. Los niños
que crecen en familiar de este tipo suelen tener una baja
autoestima y creer que sus necesidades no son importantes o que
los demás no las van a tomar en serio. Como resultado,
pueden formar relaciones insatisfactorias en la edad
adulta.

Tipos de familias
disfuncionales

Algunos de los patrones que suelen darse en
familias disfuncionales son los siguientes:

Uno o ambos padres tienen adicciones o
compulsiones (drogas, alcohol, juego, trabajar de un modo
excesivo, promiscuidad, etc.) que ejercen una fuerte influencia
en la familia.

Uno o ambos padres usan las amenazas o la
violencia física como el método principal de
control. Los niños pueden verse obligados a ser testigos o
víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia
física con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las
amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de sus
padres.

Uno o ambos padres explota al niño y
lo trata como si fuera una posesión cuya obligación
consiste en responder a las necesidades físicas y/o
emocionales de los padres (por ejemplo, niños que tienen
que proteger a sus padres, animarlos cuando están
deprimidos, etc.)

Uno o ambos padres son incapaces de
proporcionar al niño los cuidados básicos y
financieros necesarios, o amenazan con privar al niño de
tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional
adecuado.

Uno o ambos padres ejercen un control
excesivamente autoritario sobre los niños. A menudo estos
padres se adhieren de manera rígida a un sistema de
creencias particular (religioso, político, personal,
etc.). De los hijos se espera que cumplan con ese sistema de
creencias de manera inflexible y sin tener en cuenta sus puntos
de vista o preferencias.

Cuando predominan los patrones como los
descritos, conducen al abuso o la negligencia. Los niños
pueden:

Ser forzados a ponerse de parte de uno de
los padres en los conflictos.

Ser testigos de una alteración de la
realidad, en la que lo que se dice contradice a lo que de verdad
ocurrió. Por ejemplo, un padre puede negar que algo que el
niño ha visto ha sucedido. Esto lleva a los niños a
dudar de su propio juicio.

Ser ignorados, rechazados, no tenidos en
cuenta o criticados por lo que sienten o piensan.

Tener padres que se inmiscuyen de manera
excesiva en las vidas de sus hijos o son
sobreportectores.

Tener padres que son excesivamente
distantes y que apenas se implican en las vidas de los
hijos.

Ser sometidos a unas normas demasiado
rígidas respecto a su comportamiento, elección de
amistades, planificación de su tiempo, etc. o por el
contrario, no tener ninguna disciplina en absoluto.

Ser privados de una comunicación
completa y directa con otros miembros de la familia, como si no
fueran parte de ella.

Ser maltratados
físicamente.

Como resultado…

El abuso y la negligencia impiden al
niño desarrollar una confianza en el mundo, en los
demás y en ellos mismos. En la edad adulta, les puede
costar confiar en los demás, dudan de su propio juicio y
de su propio valor como personas. No es raro que también
hayan tenido problemas en los estudios, relaciones con los
demás y desarrollo de su propia identidad.

Con frecuencia, estas personas tratan de
negar lo sucedido y describir a sus familias como normales. Por
desgracia, cuanto más luchen por creer que la
situación era normal, más posibilidades tienen de
desarrollar conceptos negativos de sí mismos (es culpa
mía, soy mala persona, soy un inútil, no hago nada
bien), porque al privar de toda culpa o responsabilidad a sus
padres, solo pueden culparse a sí mismos.

Empezar a cambiar

Con frecuencia, esas personas
continúan en la misma situación porque están
esperando que sus padres les den "permiso" para cambiar. Pero ese
permiso sólo puede partir de sí mismos, no de sus
padres. En las familias disfuncionales, los padres se ven
amenazados por el cambio en sus hijos, de manera que pueden
insistir y ejercer una influencia para que vuelvan a ser como
antes. Por este motivo es muy importante que confíes en
tus propias percepciones y sentimientos. La satisfacción
de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la
posibilidad y, a la vez la responsabilidad de respetar y
enriquecer su herencia cultural, lingüística y
espiritual común, de promover la educación de los
demás, de defender la causa de la justicia social, de
proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas
sociales, políticos y religiosos que difieren de los
propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de
los derechos humanos comúnmente aceptados, así como
de trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un
mundo interdependiente.

Otro objetivo, no menos esencial, del
desarrollo de la educación es la transmisión y el
enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En
esos valores asientan el individuo y la sociedad su identidad y
su dignidad.

La educación básica es la
base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre
el cual los países pueden construir
sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de
educación y capacitación.

El proyecto pedagógico es una
actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada
ejercita al educando en la solución de problemas
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con
el entorno social, cultural, científico y
tecnológico del alumno. Cumple la función de
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el
desarrollo de diversas áreas, así como de la
experiencia acumulada.

Los proyectos pedagógicos
también podrán estar orientados al diseño y
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un
material o equipo, a la adquisición de dominio sobre una
técnica o tecnología, a la solución de un
caso de la vida académica, social, política o
económica y en general, al desarrollo de intereses de los
educandos que promuevan su espíritu investigativo y
cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos
en el proyecto educativo institucional.

Marco
político y legal

Este marco incluye una
conceptualización general sobre el lugar de la familia en
las políticas sociales, en el mundo y en Colombia, y la
conexión de tales políticas con los programas y
servicios del ICBF. El propósito de estos planteamientos
es puntualizar el marco de referencia que da origen a la
necesidad de ofrecer servicios para la familia y el
carácter de los compromisos de las instancias
políticas, de las instituciones oficiales y privadas y de
los agentes que participan en la atención de
familias.

1. La perspectiva familiar es un enfoque
específico de las políticas sociales: se requiere
una política social de familia

En general, la política social se
refiere al conjunto de instrumentos a través de los cuales
se pone en marcha y se actualiza el estado de
bienestar

En la Resolución ICBF n.° 2491
de diciembre de 2004, las políticas son definidas como un
"conjunto de estrategias, normas y parámetros que sirven
de guías para orientar la acción; criterios o
lineamientos generales que orientan la actuación de los
servicios públicos para alcanzar los objetivos y metas de
la organización. Son un marco general de
actuación"

Por otra parte, "toda política
social se basa en un modelo de sociedad"5. Corresponde a una
opción ideológica que conlleva una acción
tendiente a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y
la transformación de la estructura social para lograr la
justicia social por diversos medios, entre ellos los servicios
sociales como instrumento de cambio. Esta postura es asumida por
las agencias internacionales y la mayoría de los
países en el mundo, lo cual no implica que en el
ámbito global sean claras las políticas sobre
familia

Una política social de la familia
consiste por lo tanto en la promoción del bienestar
familiar, lo cual implica el afianzamiento de la
institución familiar, la promoción y el desarrollo
integral y equitativo de sus miembros y la satisfacción de
sus necesidades. Ante la ausencia de políticas se
diría que más bien los ideales y valores
relacionados con la familia se encuentran implícitos en la
legislación sobre familia, matrimonio e infancia, y en
programas que derivan de otras políticas sectoriales como
las fiscales, de educación, salud y
población6.

La División para Política
Social y Desarrollo de las Naciones Unidas hace énfasis en
que se debe ayudar a la familia a desempeñar su papel de
apoyo, educación y nutrición como
contribución a la integración social. Esto implica:
a) estimular políticas económicas y sociales
orientadas a la satisfacción de las familias y de sus
miembros individuales; b) garantizar las oportunidades para que
los miembros de las familias comprendan y asuman sus
responsabilidades sociales; c) promover el respeto mutuo, la
tolerancia y la cooperación dentro de la familia y la
sociedad; d) promover la equidad entre hombres y mujeres en la
familia. Además sugieren que: cuidado, apoyo y
afiliación que la familia cumple con sus miembros, como
red de relaciones.

La perspectiva familiar es actualmente un
importante factor en los procesos de desarrollo. Si le falta
claridad, dirección y recursos se debe a que en la
distribución de recursos limitados entre sectores que
compiten en el ámbito nacional, se restringe la habilidad
de los planificadores para asignar los presupuestos deseables
para atender las necesidades de las familias.

Es necesario formular políticas de
familia dentro del marco del desarrollo económico, para lo
cual son un prerrequisito los diagnósticos de
situación y de necesidades de las familias a escala
nacional.

En el pasado las familias se han visto con
el prisma de los derechos y responsabilidades de sus miembros
individuales, más que desde la dimensión de
colectivo o comunidad. Hay que reconocer el contexto familiar con
sus derechos, porque, aun cuando sus miembros no vivan juntos, la
familia ofrece un sentido de identidad, responsabilidad y
afiliación. Eso lo demuestran los efectos positivos de
abordar dentro del contexto familiar la atención de
diversos problemas individuales.

El enfoque de familia es a la vez un
proceso, una estrategia y un instrumento. Como proceso, le
corresponde identificar las implicaciones que tienen las acciones
planeadas para las familias, incluyendo legislación,
políticas y programas. Como estrategia, debe hacer de los
intereses de las familias una dimensión integral de
diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas y programas. Como
instrumento debe fortalecer las políticas y programas
centrados en la familia, dentro de una aproximación
integrada y completa para la planeación del
desarrollo.

El enfoque debe abordar los asuntos de
inclusión e integración social. La familia, como
unidad básica de la sociedad, no está marginada
sino que es de hecho central en la sociedad. Por lo tanto es
preferible aplicar el concepto de "integrar una perspectiva
familiar en la formulación de políticas"

En consecuencia hay que integrar los asuntos de familia
en el desarrollo de políticas y programas nacionales por
medio de cuatro pilares institucionales: 1) un compromiso
nacional al más alto nivel del gobierno, preferiblemente
en forma de declaración o proclamación del Jefe de
Estado; 2) un mecanismo efectivo de coordinación nacional;
y 3) legislación para el apoyo familiar apropiada y
coherente con las condiciones culturales, ambientales, sociales y
económicas del país. 4) Mantener una saludable
alianza entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad
civil (ONG, academia, sociedades de profesionales, empleadores,
cámaras de comercio e industria, etc.), especialmente a
través de su participación en el mecanismo de
coordinación nacional.

En Colombia también se asume a la
familia como núcleo fundamental de la sociedad (Art. 42 de
la Constitución) y hay acuerdo acerca de que el proceso de
construcción y puesta en marcha de la política
social debe buscar la participación activa de todos los
actores involucrados para generar mayor compromiso y hacer
efectiva la corresponsabilidad de familia, sociedad y estado para
la garantía de los derechos de los miembros de la
sociedad. Esto, porque desde 1991 el contrato social, expresado
en la Constitución Política, se basa en el
principio axiológico de dignificación del ser
humano y reconocimiento universal e indivisible de los
derechos.

A este principio corresponde un concepto de
Estado social, caracterizado por ser una república
unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista,
con prevalencia del interés general. Como mecanismo de
coordinación se creó en Colombia el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar (Ley 7. ª De
1979).

Una política de familia no es neutra
porque siempre lleva un trasfondo ideológico y privilegia
ciertas concepciones de familia, ciertas visiones de la vida
humana, las personas, las relaciones interpersonales y la
sociedad en general. Esas concepciones corresponden a
determinados valores económicos, sociales, culturales y
morales, cambiantes con las épocas, los cuales se
operacionalizan a través de los programas de apoyo social
y de la legislación sobre las intervenciones en este
campo.

En el documento que fundamenta los Ejes
Misionales del ICBF (2003) se justifica el papel de la familia en
las estrategias y programas así:

La familia le aporta a la vida social un
matiz especial como espacio de la subjetividad, sitio de una
interioridad libre y desenvuelta donde tiene lugar el cultivo de
la identidad del sujeto.

La familia sienta las bases de su
desarrollo personal y aporta la protección
afectiva.

La familia es la mediadora entre lo
público y lo privado gracias a la formación que
requiere el ejercicio de la ciudadanía.

La familia expresa una forma particular de
la vida social, pues por ella atraviesa la construcción de
lo público, el retraimiento a lo privado y el disfrute de
lo íntimo.

La familia es un actor decisorio en el
desarrollo social, una instancia deliberante y actuante de la
sociedad civil.

Parafraseando a Ribeiro (op. cit.), es
válido afirmar que:

La política familiar se refiere al
papel que desempeña el Estado en el bienestar de los
individuos y de la familia como grupo, a través de
estrategias y programas referentes a asuntos como el matrimonio,
el divorcio, la procreación, la filiación, la
socialización y el cuidado de todos los miembros de la
familia, los cuales se desarrollan en el contexto de las
relaciones conyugales, paterno – filiales, fraternales, con la
familia extensa, y entre la familia, la sociedad y el Estado.
Como las demás políticas sociales, una
política de familia abarca entonces al menos cuatro
aspectos: Ético social: ligado a la concepción de
sociedad, justicia, solidaridad.

Político: referente a la
acción del gobierno, la participación activa de la
población en su diseño y aplicación, y el
debate público para garantizar su asimilación
social e institucional.

Económico: la inversión
social requerida para garantizar el cumplimiento de la
política.

Público: las políticas
sociales, en cuanto políticas públicas, son
acciones reguladas por el Estado con impacto en la
población general. La concertación social y la
participación de la población son indispensables
para asegurar mayor equidad social.

2. La política de familia se basa en
principios de democracia y equidad, los cuales determinan que
esta sea una política de: Inclusión, en cuanto
aporta a superar la pobreza y otras formas de exclusión
sociocultural y política.

Construcción de equidad, en la
medida en que busca reconocer los derechos y posibilidades de
cada uno de sus miembros en coordinación con los sectores
de educación, salud, vivienda, atención,
recreación, etc.

Expansión de la ciudadanía,
en la medida en que pretende hacer efectivos progresivamente los
derechos sociales, económicos y culturales, cuya vigencia
es condición necesaria para el disfrute de todos los
derechos humanos. Fortalecimiento integral de los derechos
humanos.

Construcción de libertad, en la
medida en que sus acciones están orientadas hacia la
generación de oportunidades económico-sociales
(equidad), políticas (empoderamiento y
participación) y culturales (valoración de estilos
de vida diferentes, respeto y reconocimiento).

Con base en lo anterior, la política
de familia se caracteriza porque:

Debe derivarse de un proyecto colectivo de
país y de municipio, donde converjan sectores
económicos, sociales y políticos diversos, capaces
de asumir un compromiso colectivo y de ser el eje articulador de
dicho proyecto.

Parte de la identificación de
problemas críticos y formula orientaciones
estratégicas de acción para enfrentarlos y
resolverlos. Se enfoca hacia la erradicación de cualquier
forma de exclusión.

Le apuesta al fortalecimiento de las
oportunidades y de las capacidades de las personas para
participarte en los procesos de desarrollo como agentes
transformadores de su propia realidad y no como simples
receptores pasivos de programas de ayuda. Construcción de
equidad, en la medida en que busca reconocer los derechos y
posibilidades de cada uno de sus miembros en coordinación
con los sectores de educación y salud.

Expansión de la ciudadanía,
en la medida en que pretende hacer efectivos progresivamente los
derechos sociales, económicos y culturales, cuya vigencia
es condición necesaria para el disfrute de todos los
derechos humanos.

Fortalecimiento integral de los derechos
humanos.

Construcción de libertad, en la
medida en que sus acciones están orientadas hacia la
generación de oportunidades económico-sociales
(equidad), políticas (empoderamiento y
participación) y culturales (valoración de estilos
de vida diferentes, respeto y reconocimiento).

Con base en lo anterior, la política
de familia se caracteriza porque:

Debe derivarse de un proyecto colectivo de
país y de municipio, donde converjan sectores
económicos, sociales y políticos diversos, capaces
de asumir un compromiso colectivo y de ser el eje articulador de
dicho proyecto.

Parte de la identificación de
problemas críticos y formula orientaciones
estratégicas de acción para enfrentarlos y
resolverlos.

Se enfoca hacia la erradicación de
cualquier forma de exclusión.

En otras palabras, la política de
familia implica aceptar e incluir la diversidad, partir de
diagnósticos participativos, valorar el contexto, realizar
un análisis multirrelacional de los problemas, generar
espacios de participación con niños, niñas,
jóvenes y familias como actores sociales sujetos de
derechos y considerar la cultura como factor
condicionante.

3. La familia es un actor decisorio en la
formulación de las políticas sociales

Además de las consideraciones
anteriores, en su fundamentación de los Ejes Misionales
(2003) el ICBF afirma que "no podemos continuar definiendo desde
las instituciones qué es lo que necesitan las familias;
debemos ser consecuentes con el discurso del sujeto de derecho y
darle el lugar que le corresponde a la familia como protagonista
e interlocutora válida en la formulación de las
políticas que le atañen; tampoco podemos seguir
erráticamente asistiendo al niño sin buscar
transformaciones concertadas y conscientemente apropiadas por su
grupo familiar contextualizado en un entorno cultural particular.
Centrados en el individuo no vamos a lograr movilizar a la
sociedad en torno a la corresponsabilidad entre sociedad civil y
Estado frente a la garantía de los derechos".

4. La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables de la garantía de los derechos de sus
miembros y corresponde al Estado velar porque se respeten y se
cumplan

Los derechos humanos son "un conjunto de
facultades e instituciones que, en cada momento histórico,
concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad, las
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos
jurídicos a nivel nacional e internacional"
(Pérez-Luño, 1984)7.

A partir de la formulación de los
Derechos Humanos en 1948 se impone la necesidad de establecer
unos principios universales de libertad, dignidad y respeto para
todos los hombres. Se trata de interrelacionar los derechos
individuales con los sociales y los de participación.
Estos derechos tienen cuatro ejes: los derechos políticos
de participación y democracia y los que se ejercen en el
campo económico y social (derecho a la vida, a la salud, a
la educación, al trabajo).

Una de las principales
características del enfoque de los derechos humanos es que
hace énfasis en las personas y sus relaciones. Concibe a
la sociedad como una gran red conformada por una multiplicidad de
redes sociales que a su vez articulan los planes de acción
individuales y grupales y propician los lazos de pertenencia que
configuran el proceso de integración social (tejido
social). La instauración de reglas conscientemente
constituidas posibilita llegar a acuerdos y a prácticas
relacionales que permiten la inclusión activa de las
personas como sujetos.

El Art. 5 de la Constitución
señala que "El Estado reconoce sin discriminación
alguna la primacía de los derechos inalienables de la
persona y ampara a la familia como institución
básica de la sociedad". De este principio se desprenden
dos supuestos (F. Jiménez, 2003)8: