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Una agenda para los medios


Partes: 1, 2

    1. Después de la Ley
      Televisa
    2. Legislación
      estancada
    3. TV digital:
      más para unos cuantos
    4. Las redes de
      Televisa
    5. Conectados y
      desconectados
    6. Concentración y
      espacio público

    Convergencia,
    concentración
    , disparidades y
    desconexiones (Mexico)

    Ensayo publicado en la revista
    Configuraciones. No. 18, 2006.

       A los medios de
    comunicación ya no se les identifica como recurso, ni
    como industria,
    sino como problema nacional. Ese es el saldo de la ausencia de
    contrapesos ante la centralidad política y social que
    las empresas
    mediáticas más influyentes han adquirido en la vida
    pública mexicana. En parte debido a las pobrezas  y
    limitaciones de otros espacios –partidos, Congreso,
    universidades, etcétera— pero fundamentalmente a
    causa de la voracidad no sólo financiera sino ahora
    también cultural que han manifestado, los consorcios
    comunicacionales hace tiempo dejaron
    de ser medios para convertirse en los protagonistas
    más exigentes de la sociedad y la
    política en este país. A la formidable capacidad de
    propagación de mensajes que han alcanzado, se añade
    el silencio o el sometimiento de otros actores sociales y
    políticos. Los medios, como
    tanto se ha dicho desde hace años, se han erigido en
    jueces de la vida pública nacional pero no toleran
    cuestionamientos –salvo cuando son tan marginales que pasan
    desapercibidos por la mayoría de los
    ciudadanos–.

       Ningún personaje, institución
    ni fuerza
    política significativos está al margen del tribunal
    mediático. En todas las democracias los medios cumplen con
    un saludable papel de escrutinio, cotejo e incluso denuncia de
    los asuntos y personajes públicos. Pero cuando alcanzan un
    poder superior
    al de otros actores sociales –aunque sea debido a las
    omisiones y sumisiones de quienes podrían contrastar
    posiciones y ambiciones de las empresas de comunicación— y cuando rechazan ser
    sujetos de un escrutinio similar, los medios son, antes que nada,
    un problema para la democracia y
    la convivencia sociales.

    Después de la Ley
    Televisa

       La Ley Televisa,
    discutida y aprobada durante los primeros meses de 2006,
    ratificó la prepotencia del consorcio comunicacional
    más importante y la subordinación de los poderes
    institucionales a ese poder mediático. La sola
    decisión de promover una reforma que no tenía
    más propósito que el beneficio de una empresa
    privada, permite apreciar la concepción que Televisa tiene
    acerca del proceso
    jurídico y de la legalidad en
    el país. Cuando decidió que la legislación
    que imperó durante casi cinco décadas no le
    ofrecía condiciones de expansión suficientes para
    sus negocios, ese
    consorcio encargó la elaboración de un proyecto de
    acuerdo a sus intereses.

       El hecho de que una empresa busque
    modificar la legalidad para ajustarla a sus proyectos de
    negocios no resulta inusitado. Lo verdaderamente escandaloso fue
    la docilidad de los legisladores –los diputados por
    unanimidad y después los senadores en una
    proporción de 2 a 1— para respaldar, sin modificar
    un ápice, la iniciativa que enviaron los personeros de
    Televisa.

       El debate que se
    desarrolló entre la aprobación en una y otra
    cámaras así como el diferendo legal que se mantuvo
    por varios meses –cuando varias docenas de senadores
    exigieron a la Suprema Corte la revocación de aquellas
    reformas a las leyes federales
    de Radio y Televisión
    y de Telecomunicaciones– indicó, sin
    embargo, que el consenso social y político de Televisa se
    encuentra cada vez más maltratado. Junto al incremento en
    el desprestigio de esa empresa pudo advertirse una
    deliberación más puntual acerca de aspectos
    específicos de la operación y la presencia
    pública de los medios [1].

     

    Partes: 1, 2

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