Constitución y modelo económico en colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho
Uno de los debates académicos y públicos
más interesantes de la última década en
Colombia ha girado en torno a los alcances y la aplicación
de las normas constitucionales sobre la economía.
¿Establece la Constitución de 1991 un modelo
económico preciso?¿El equipo económico del
gobierno está limitado por las normas constitucionales que
consagran derechos afectados por las políticas
económicas? ¿Qué normas constitucionales
debe respetar el Congreso al expedir leyes en materias como la
reforma tributaria, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la
reforma laboral? ¿En qué medida debe intervenir la
Corte Constitucional en la política económica para
garantizar la supremacía de la Constitución?
Estos y otros difíciles interrogantes han enfrentado a
economistas y juristas durante los últimos años. La
controversia reaparece periódicamente a propósito
de fallos importantes de la Corte Constitucional sobre derechos
económicos, desde el derecho a la vivienda, afectado por
el sistema UPAC, hasta los derechos fundamentales de los
desplazados vulnerados por las deficiencias en las
políticas sociales que buscan atender las necesidades de
esta población.
Tras casi diez años de discusión,
¿cuál es el balance de este interesante intercambio
disciplinario? Desde nuestro punto de vista, el debate ha tenido
tres etapas. La primera fue una fase de observación mutua,
en la que juristas y economistas comenzaron a acercarse al tema y
a discutirlo dentro de sus respectivos círculos
disciplinarios, pero sin establecer mayor contacto con sus pares
en la otra disciplina. Muestra de estos esfuerzos pioneros y
aislados -que tuvieron lugar desde la expedición de la
Constitución de 1991 hasta finales de la década
pasada- fue, de hecho, el Observatorio de Justicia Constitucional
de la Universidad de Los Andes (1998), que hoy es uno de los
coorganizadores del diálogo contenido en esta revista.
Tras estos primeros intentos, surgió una candente
discusión entre académicos y profesionales de ambas
disciplinas, que se extendió aproximadamente desde 1998
hasta 2004. Esta segunda fase se caracterizó por el tono
polémico y defensivo de la conversación, animada
por el deseo de unos y otros de reivindicar los supuestos
metodológicos y las tesis sustantivas de sus respectivas
disciplinas. Aunque muy fructífera en términos de
publicaciones4 y foros, esta etapa se aproximó más
a un diálogo de sordos que a un intercambio de ideas y
propuestas genuino y constructivo.
Rodrigo Uprimny Y., César Rodríguez
Garavito