En 1985, cuando se desarrolló el Juicio a las
Juntas, el mismo se televisó sin sonido. Hoy en
día podemos acceder a él mediante un documental tan
profundo y escalofriante como sincero y
necesario.
Para realizar este trabajo
práctico, sin embargo, la información necesaria fue tan
específica que no alcanzó con la información
contenida en los libros y en el
video. Tuve
que ir más allá de lo escrito por autores un
tiempo
después, y viajar a la época misma, a la
década del 80. De esta forma, con un grupo de
compañeros asistí a la Hemeroteca del Congreso de
la Nación,
donde pude acceder a numerosos artículos de los diarios La
Razón, Clarín, y Crónica, del momento del
Juicio a las Juntas. Además, basé muchas de mis
respuestas en el libro Nunca
Más, publicado por la Conadep, libro por demás
importante e influyente en este tema.
Una vez que conseguí toda la información
me vi preparada para realizar el trabajo, ya
tenía cada pieza del rompecabezas, solo faltaba armarlo. Y
armar este rompecabezas es armar, en mi opinión, parte de
nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Y lo
importante es no perder ninguna pieza, ningún testimonio,
ninguna confesión, ningún secreto, porque cada uno
de ellos lleva consigo todo el dolor y todo el sufrimiento de los
que muchos fueron víctimas, porque cada uno es una
persona y una
vida.
Que los hechos que tuvieron lugar durante la
época de la dictadura no
se repitan nunca más. Ni se olviden. Ni se
perdonen.
Es imposible comprender el Juicio a las Juntas sin
asomarse a aquel contexto histórico de 1983, momento en
que Argentina tenía una incipiente democracia,
pero aún existían dictaduras a su alrededor. El
país venía de medio siglo de alternar gobiernos
militares y civiles. Los militares no estaban dispuestos a
recibir ninguna clase de
revisión sobre los actos cometidos. Frente a ellos estaban
las víctimas, la valentía de las Madres, de algunos
grupos de
derechos humanos,
que reclamaban la aparición con vida de los detenidos y
desaparecidos. Frente a ellos estaba la esperanza y el deseo de
justicia.
El 30 de octubre de 1983, luego de más de siete
años de gobierno militar,
los argentinos volvieron a elegir a sus representantes por medio
del voto. El 10 de Diciembre de 1983 Raúl Alfonsín,
de la Unión Cívica Radical, asumió como
presidente constitucional de la Argentina. Había ganado
las elecciones con el 52 % de los votos. En los primero
años de la década del ochenta, la incapacidad para
resolver los graves problemas
económicos, el desprestigio internacional y los conflictos
entre los propios militares de las distintas Fuerzas hicieron
entrar en crisis a la
dictadura militar
que se había instalado en el gobierno con el Golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976. En ese contexto, la derrota de la
Guerra de
Malvinas en junio de 1982, por un lado, y las movilizaciones
de los organismos de derechos humanos
y el pedido de los partidos
políticos organizados en la Multipartidaria, por otro,
contribuyeron a acelerar una transición hacia la
democracia en la cual los militares no pudieron imponer
condiciones para abandonar el gobierno.
La vuelta a la democracia trajo consigo la vigencia de
la Constitución Nacional. Recuperaron, de esta
forma, los argentinos, su derecho a la vida y a la integridad, el
derecho a elegir a sus propios gobernantes y el derecho a opinar
libremente, derechos estos que habían sido violados
sistemáticamente por el régimen militar.
El 22 de abril de 1985,
cumpliendo con el plan de gobierno
anunciado del presidente Raúl Alfonsín,
comenzó el juicio público a los integrantes de las
tres primeras Juntas Militares, acusados de violaciones a los
Derechos Humanos; según los Decretos 158/83 y 159/83. Este
hecho ahondó aún más el distanciamiento
histórico de los militares con los gobiernos
democráticos. La gravedad de los crímenes cometidos
durante el "Proceso de
Reorganización Nacional" y el reclamo popular de justicia,
dejaban un estrecho margen al gobierno radical. El reclamo
popular recorrió las calles encabezado por los Organismos
de Derechos Humanos, principalmente por Las Madres de Plaza de
Mayo con su ronda semanal desde los tiempos de la dictadura. Las
Fuerzas Armadas, especialmente el ejército, respondieron
corporativamente expresándose en levantamientos militares
y amenazas al orden constitucional.
Poco antes de abandonar el Poder
Ejecutivo, el gobierno militar sancionó la ley 22.924 que
tenía como objetivo
evitar que se juzgara y castigara su accionar durante los
años que estuvo en el poder. Esta
norma, la "Ley de Pacificación Nacional" o "Ley de
Autoamnistía", otorgaba inmunidad a todos los miembros de
las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos entre el 25 de
mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Al mismo tiempo, el
decreto N° 2726/83 establecía la destrucción de
los documentos
referidos a la represión militar.
Sin embargo, con la llegada de la democracia, muchas
cosas cambiaron. El gobierno de Alfonsín derogó en
diciembre de 1983 la "Ley de Autoamnistía" y se dictaron
dos decretos ordenando el arresto y la
investigación judicial de los miembros de las tres
primeras Juntas Militares que gobernaron el país
entre 1976 y 1983 (entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio
Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato
Galtieri), y de los líderes de los grupos armados que
actuaron en la década del 70.
Página siguiente  |