México: Controversia entre los medios de comunicación y el Gobierno
- La historia de los tiempos
oficiales - La pareja
presidencial a cuadro - Los beneficios
de parte y parte
Una de las características del sistema
político mexicano es su difícil relación
con los medios,
caracterizada por ser a la vez tan lejana como cercana. Por un
lado, cada gobierno de turno
busca limitar la crítica
a sus acciones,
pero, a la vez, busca influir en la opinión
pública, con el objetivo de
utilizar a los medios como un instrumento efectivo para, en el
mejor de los casos, "trascender", o en su defecto asegurar la
siguiente elección a su favor.
En esta relación de uso-beneficio, también
los medios de
comunicación se erigen como grupos de
presión que si bien aceptan ciertas limitaciones a la
crítica, ejercen su derecho de cobrar por los favores
hechos al sistema.
El año 2000 no sólo significó para
México el
cambio del
partido político en el poder. Con la
llegada del conservador Vicente Fox (Partido Acción
Nacional) inició también un gobierno
mediático, en el que los logros de las políticas
sociales se aprecian más en la propaganda que
en los hechos.
A dos años de asumir el poder, y tras romper con
más de 70 años de dominio del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fox ha dado
continuidad a la tirante relación medios-gobierno, que ha
derivado en enfrentamientos con los reporteros, a quienes acusa
de orquestar campañas de desprestigio, como venganza por
la desaparición de una serie de prebendas, de las que,
según el Presidente, gozaban con los anteriores
gobiernos.
Sin embargo, ante la incapacidad de su administración para cumplir con las
promesas de campaña y satisfacer las expectativas
depositadas por los electores, Fox se ha visto en la necesidad de
establecer un pacto con la radio y
la
televisión en México.
El 10 de octubre del 2002, bajo el auspicio del llamado
"Gobierno del Cambio", se tejió uno más de los
hilos en la relación Medios-Gobierno en el
país.
Para disgusto de muchos y sorpresa de pocos, el
Presidente Fox emitió un decreto en el que la
administración federal eliminó el 12.5 por
ciento de tiempo oficial
de transmisión al que tenía derecho el Estado,
tanto en radio como en
televisión (equivalente a tres horas
diarias de programación).
A cambio, recibirá de los medios
electrónicos 18 minutos diarios de programación
en televisión
y 35 minutos en radio.
Las modificaciones implican que la transmisión de
los programas
oficiales ya no será de madrugada, cuando la
mayoría de la población duerme, sino en horarios
considerados como los de más alta audiencia (entre las
6:00 y las 24:00 horas), lo cual permitirá al gobierno
federal hacer llegar sus mensajes de manera más efectiva,
pues competirá con patrocinadores de telenovelas y
programas cómicos.
"La nueva segmentación ofrece mayor versatilidad,
pero no es obligatoria. Esto permite la emisión de
mensajes breves que tienen mayor impacto y penetración,
sin demérito de la profundidad que ofrecen los programas
de 5 minutos o más", justificó la Secretaría
de Gobernación en un desplegado publicado en la prensa escrita el
18 de octubre.
El acuerdo trae como resultado hacer más
eficiente el uso de los medios en aras de difundir los programas
oficiales, con miras a los cambiantes tiempos políticos
mexicanos que arrancan en el 2003 con las elecciones
legislativas, en las que el Presidente necesitará ganar la
mayoría en el Congreso, para garantizar la
aprobación de sus programas y presupuestos
que, hasta ahora, han sido bloqueados por la
oposición.
También lleva implícito el inicio temprano
de la elección presidencial del 2006.
La historia de los
tiempos oficiales
La radio y televisión en México operan
bajo un sistema de concesiones en el que las empresas son
dueñas de los activos, pero el
gobierno es propietario de las frecuencias, que las revalida o
suspende a discreción del Presidente de turno.
Como ejemplo, en 1968 el gobierno hizo uso de su derecho
como propietario de las frecuencias e intentó supervisar
el contenido, sobre todo, de programas noticiosos.
La difusión de las protestas de los estudiantes,
previo a la represión del 2 de octubre del 68 en la Plaza
de las Tres Culturas de Tlatelolco, molestó al entonces
Presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ejerció un
control
cuasi-absoluto de los medios electrónicos y
escritos.
En particular la radio y televisión fueron objeto
de turbias negociaciones a las que, para conservar sus
concesiones, se les pretendió cargar un impuesto del 25
por ciento mensual sobre sus ingresos por
publicidad, lo
que elevaba los precios a los
anunciantes y disminuía las ganancias para los
medios.
Ante la molestia de los empresarios del ramo, la
Presidencia ofreció una segunda opción: que las
empresas colocaran el 49 por ciento de sus acciones a la venta, lo cual
daba al Gobierno la posibilidad de comprar las
acciones.
Ninguna de las posibilidades agradó a los
empresarios, por lo que se buscó un nuevo acuerdo: que las
estaciones de radio y televisión cedieran más
tiempo gratuito al Estado, que
los concesionarios garantizaran mejoras en su programación
dando al Gobierno el derecho de revisar, cada cinco años,
si se cumplía con esta obligación y que, si el
Poder
Ejecutivo consideraba que algún tema perturbaba la paz
pública, podría llamar la atención al licenciatario (el dueño
del permiso o concesión de
transmisión).
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