México: Controversia entre los medios de comunicación y el Gobierno (página 2)

El arreglo final se publicó el primer día
de julio de 1969 y contemplaba que el impuesto se
cubriría si se ponía a disposición del
Estado el 12.5
por ciento de tiempo diario,
pero ante la incapacidad del Gobierno para
realizar producciones de calidad o capaces
de atraer al público, con el paso de los años el
uso del tiempo oficial se haría en horarios de
madrugada.

33 años
después

El tiempo pasó y los tiempos oficiales quedaron
temporalmente fuera de la polémica entre los medios y el
gobierno.

Nuevos sucesos políticos y sociales
plantearían a la Presidencia la necesidad de ejercer un
nuevo control sobre lo
que se difundía en la radio y
la
televisión.

La urgencia de informar, en tiempo real, sobre el
alzamiento del insurgente Ejército Zapatista de
Liberación Nacional el 1 de enero de 1994; el asesinato
del candidato oficialista a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio
el 23 de marzo de ese año; la devaluación económica de 1995 y el
entonces fenómeno Fox durante la lucha presidencial del
2000, parecía que terminarían con el control del
gobierno sobre los medios.

A más de tres décadas de las negociaciones
del tiempo oficial, todo sigue igual en lo que a concesiones se
refiere, sólo que ahora el control lleva implícito
un acuerdo mutuo. 

Esa nueva relación del gobierno con los medios no
es bien vista por distintos sectores en México.
Uno de esos sectores es el encabezado por una comisión
multipartidista de legisladores que busca promover una
controversia constitucional para anular este decreto presidencial
y restituir al Ejecutivo los tiempos oficiales fijados hace
más de 30 años.

Los cambios en los tiempos oficiales dan a la
Presidencia de la
República la oportunidad de llegar a un auditorio
más amplio, pero quitan a otras entidades oficiales como
el Poder
Legislativo y las Secretarías de Estado, la
posibilidad de acceder a un espacio en radio y televisión, aunque sea de
madrugada.

Fox obtuvo lo que buscaba: una mayor promoción para dar continuidad a un
gobierno mediático, en el que los programas
sociales y de infraestructura fueron sustituidos por el culto a
la imagen.

Mientras, para los industriales de la Cámara
Nacional de la Industria de
la Radio y la Televisión, la negociación es un símbolo de los
nuevos tiempos y un lastre menos para la libertad de
expresión, para el foxismo significa un factor de
presión, en un contexto en el que
está pendiente la reforma del estado, en cuyas
negociaciones, los grupos de
oposición pensarán que si el Presidente
cedió ante los medios de
comunicación, también deberá ceder ante
ellos en asuntos que sí implican un cambio
más de fondo en la conducción de las políticas
públicas. 

Al darse el anuncio del cambio en los tiempos oficiales,
la radio se limitó a explicar en qué
consistía el acuerdo, pero las dos televisoras más
importantes del país, Televisa y TV
Azteca, a través de sus noticieros estelares, hicieron un
inusual alarde de lo que para ellos era una nueva etapa en las
relaciones entre el gobierno y los medios de
comunicación, en la que se dejan atrás medidas
de "represión" para controlar la opinión
pública.

Para todos quedó claro que, de momento, la radio
y la televisión no serán un espacio crítico,
pues desde el anuncio de la reducción en los tiempos
oficiales nació una nueva alianza Fox-medios.

El conductor estelar de Televisa, Joaquín
López Dóriga, en su edición
del Noticiero, el mismo 10 de octubre, saludó la medida como
una "decisión de los nuevos tiempos".

En el mismo tono, Javier Alatorre, conductor del
noticiero Hechos de TV Azteca, agradecía entre
líneas al foxismo por las nuevas reglas.

"Hoy, el Presidente Vicente Fox corrigió esta
barbaridad histórica (los tiempos oficiales obligatorios),
y en un reconocimiento a la responsabilidad de los medios, decidió
eliminar este absurdo impuesto", editorializó
Alatorre.

Para los grupos radiofónicos el beneficio fue
casi inmediato, pues el 4 de noviembre, ocho de las once
principales cadenas de radio en la capital del
país firmaron un acuerdo para reducir en 50 por ciento sus
tarifas publicitarias, lo cual les abre campo para atraer a un
mayor número de clientes,
después de 7 años en los que la baja en las
ventas, el
recorte de personal y la
operación en número rojos han sido una constante en
las empresas de
comunicación.

La pareja
presidencial a cuadro

La discusión sobre la negociación entre el
gobierno de México y los medios electrónicos tiene
otra arista en la que se involucra, como lo ha estado haciendo
últimamente en los asuntos de Estado, a la primera dama
Martha Sahagún de Fox, quien durante el primer año
de gobierno fungiera como vocera presidencial y fuera la
responsable de construir un muro entre los medios y Vicente
Fox.

Este acuerdo permite, en primer término, borrar
las antipatías que generó en los medios
Sahagún, durante su etapa como vocera presidencial y, en
segundo término, fue una respuesta de los esposos Fox a
los favores recibidos de los medios
electrónicos, en cuanto a la difusión de sus
atributos personales, principalmente en lo concerniente a la
fundación filantrópica "Vamos
México". 

Para su proyecto
filantrópico, la señora Fox ha recibido importantes
apoyos de Televisa (la principal televisora del país),
entre ellos, el pago de los gastos de
organización de un concierto del cantante
inglés
Elton John para recaudar fondos a favor de "Vamos
México". 

Dentro de esta cadena de promociones personales
gratuitas también se añade al actual secretario de
la gobernación, Santiago Creel, quien en aras de una
candidatura presidencial hacia las elecciones del 2006,
favorecería la negociación entre la
administración Fox y los industriales de la radio y la
televisión. No hay que descartar que en el 2003
habrá en México elecciones para renovar el Congreso
y en las que se prevé que el partido de Fox, el PAN, no
podrá alcanzar la mayoría para dominar el
Legislativo y facilitar la aprobación de las iniciativas
del Estado.

Los beneficios de
parte y parte

La reducción en el tiempo oficial da a cada una
de las partes lo que más necesita: 

Al gobierno, la posibilidad de trascender mediante obras
mediáticas.

A la radio y la televisión un beneficio
económico. Para muestra basta un
botón: según los últimos informes
trimestrales de la Secretaría de Hacienda, el tiempo
fiscal que
utilizó la Presidencia de enero a septiembre equivale a
306.8 millones de pesos, a un costo de 425.4
pesos el minuto en televisión y 13.1 pesos el minuto en
radio.

Para una televisora que transmite hasta 24 horas al
día, el tiempo fiscal significada otorgar 180 minutos al
Estado, lo que implicaba un valor estimado
de 76.576 pesos diarios.

Ahora, con los 18 minutos, el costo actual sería
de 7.658 pesos, una reducción del 90 por
ciento.

En el caso de una radiodifusora que transmite todo el
día, el anterior tiempo fiscal acarreaba un costo de 2.530
pesos al día. Ahora, con la obligación de dar a
Estado sólo 35 minutos, el costo será de 457 pesos,
81 por ciento menos. 

Mientras tanto el debate
continúa, ante todo por la nueva etapa que marcan estos
cambios en la relación entre el gobierno y los medios, no
en lo concerniente a la libertad de
expresión, sino en el manejo discrecional entre
ambos. 

CUADRO 1
Los más y los menos

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de
México, de enero a septiembre del 2002, el gobierno
utilizó 4 millones 70 mil 511 minutos del llamado tiempo
fiscal en televisión. La Presidencia, utilizó la
mayor parte del tiempo.

• El resto del tiempo se reparte en menores cantidades
  entre distintas dependencias de Gobierno.

FUENTE: Informes trimestrales de la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público.