Para 1992, en que las modificaciones al artículo 27
constitucional y a la Ley agraria cambian sustancialmente la
concepción del territorio y sus usos, de la reforma
agraria y de la pluriculturalidad que caracteriza a la sociedad
mexicana, queda completamente establecida la sustentación
jurídico política de la nueva modalidad, neoliberal
dependiente, de organización social y económica
para México.
La imposición universal de la propiedad privada
individual y el desconocimiento del carácter
histórico cultural del territorio (o los territorios) que
conforma(n) la nación mexicana, canceló,
implícitamente, cualquier posibilidad no subordinada a las
fuerzas y tendencias hegemónicas de acumulación, de
concepción y uso del territorio, al tiempo que
reafirmó, como era el propósito, el sentido
estrictamente mercantil de la tierra y sus recursos y, por tanto,
su exposición al juego del mercado en detrimento, incluso,
de las consideraciones de seguridad nacional. Así,
jurídicamente quedan validados el despojo de tierras, el
saqueo de riquezas naturales y la reconstitución del
latifundio.
El 1° de enero de 1994, junto con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) que se despliega
sobre las nuevas condiciones de disponibilidad del suelo mexicano
y sus recursos, emerge de las profundidades más
recónditas de la sociedad el llamado a detener este
proceso de destazamiento del territorio nacional, de
negación cultural, de pérdida de identidad y de
exclusión política de la mayor parte de la
población mexicana, que es, como resultado de este mismo
proceso, la más empobrecida.
Ana Esther Ceceña