El presidente José Luis Rodríguez Zapatero
sabía qué significaba hacer política contra una
televisión pública partidista y
manejada como una potente maquinaria de propaganda.
Los excesos de ese modelo de los
medios
públicos tuvieron gran parte de la culpa del vuelco
electoral en España,
tras los sangrientos atentados del 11 de marzo de 2004, cuando
los terroristas islamistas acabaron con la vida de 191
personas.
Nada más ganar las elecciones, el nuevo presidente
fijó como uno de sus grandes retos la reforma de la
radiotelevisión pública, de la estatal, porque en
España existen además radiodifusoras y televisoras
de los gobiernos autonómicos, que funcionan con el mismo
modelo grandioso y funcionarial de Radio Televisión
Española (RTVE), pero a escala
regional.
Para conseguir su objetivo,
Zapatero formó una comisión de notables, luego
llamada de sabios, para redactar un informe sobre el
nuevo modelo de comunicación estatal. El recién
elegido presidente aseguró que respetaría los
designios de los sabios y fijó sus objetivos:
"garantizar la independencia,
respetar el pluralismo político y social, el mejor
cumplimiento de su función de
servicio
público y la extensión de los valores
cívicos y democráticos".
Informe de los
sabios
Nueve meses después, los sabios acabaron su tarea y a
finales de febrero de 2004 presentaron el Informe para la Reforma
de los Medios de
Comunicación de Titularidad del Estado.
Nació sin consenso, con el voto en contra de Fernando G.
Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid y de la
Federación de Asociaciones de la Prensa de España,
y con la discrepancia del experto financiero que nombró la
Sociedad
Española de Participaciones Industriales (la
corporación industrial pública), Miguel
Ángel Arnedo.
El informe de los sabios es reglamentista y apuesta por la
independencia en la composición de los órganos de
dirección de la radiotelevisión
pública, pero los profesionaliza -con cierta
confusión entre ejecutivos y consejeros- y otorga a los
sindicatos y
partidos
políticos (y organizaciones
afines) un peso importante.
Descarta la privatización de la radiotelevisión
pública y también la financiación a
través de un canon (al menos por el momento, aunque deja
abierto el futuro). Todos los ciudadanos pagarán con sus
impuestos, con
el consiguiente peligro para los objetivos de déficit del
gobierno y la
amenaza de objeciones de las autoridades europeas.
Solución
simplista
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya ha puesto
el grito en el cielo: calificó la solución de los
sabios como excesivamente simplista y afirmó que si
el Estado se
hace cargo de la pantagruélica deuda de 7.200 millones de
euros, los objetivos de déficit público marcados
por el propio gobierno y la Unión Europea no se
podrán cumplir.
Los sabios quieren menos publicidad y
más financiación pública y han evitado el
análisis y las propuestas para atajar la
ineficiencia burocrática y económica del ente
RTVE.
Al Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), en el gobierno, tampoco le gusta que el director general
de RTVE sea elegido por un consejo de administración con miembros del nuevo
Consejo Audiovisual y los sindicatos de RTVE. Quieren que
Zapatero respete su promesa electoral de que el Congreso nombre
al responsable de la radiotelevisión pública.
El partido no quiere perder el control
político sobre la dirección general de la
radiotelevisión y sus subordinados directores de cadenas e
informativos.
El gobierno condecoró a los sabios y metió el
informe en un cajón, en espera a que se enfríen
algunas ideas. Mientras, aborda a través de una llamada
Ley de
Televisión
Digital Terrestre algunas medidas que cambian el mercado de la
radiotelevisión: ampliación de uno o dos canales
más de televisión nacional analógica
(la
televisión de pago de Prisa, primer grupo de
comunicación del país, emitiría en abierto);
consolidación de cuotas de mercado en la radio
convencional y adelanto del apagón analógico.
Faltaría todavía una regulación de las
televisoras locales y lograr criterios compartidos para la
dimensión y funcionamiento de las televisoras
públicas dependientes de los poderes regionales.
Los sabios presentaron al gobierno un largo documento plagado
de buenas intenciones y que supone un tímido avance sobre
el modelo anterior, pero no promete mucho futuro. El resultado se
esperaba, la composición del comité de sabios era
demasiado homogénea y faltaba orientación
práctica: tres filósofos, Emilio Lledó, Victoria
Camps (vinculada a los comités deontológico
audiovisuales) y Fernando Savater; un catedrático de
audiovisual, Enrique Bustamante, y el citado Fernando G.
Urbaneja, el único periodista en activo.
Ningún representante de la industria
audiovisual, ni de la propia radiotelevisión
pública. Se pretendía así garantizar la
independencia, y los sabios reconocen haber gozado de ella, pero
se perdió concreción.
Los
objetivos
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