Leyes de inversiones extranjeras (página 2)

Luego, desde lo institucional se promovió y obtuvo la
reforma de la Constitución Nacional, en 1949, redefiniendo
el derecho de propiedad y distinguiéndose entre la
explotación de los recursos en general y la
explotación de servicios públicos, mineros y de
energía, con una fuerte tendencia hacia la
planificación.

En este marco, se consideraba fundamental la afluencia
de  capitales extranjeros. Por lo que se hizo necesario
introducir modificaciones en la normativa vigente sobre
radicación de capitales. Al principio, la misma estaba
regida por la normativa  del Banco Central. En 1948, el
decreto 3347/48 estableció la fiscalización oficial
de las inversiones extranjeras. Su alcance era limitado, ya que
sólo regía para radicaciones en actividades
industriales y no regulaba el ingreso de inversiones en divisas
líquidas. En 1952, la necesidad de
contar con industria pesada y abastecimiento de combustibles
induce la aprobación del 2º Plan Quinquenal, que
intenta  llevar al sistema productivo argentino a un estadio
superior. La reactivación del proceso fabril no puede
materializarse sin la incorporación de los insumos y la
tecnología necesaria. Con este objetivo, el gobierno
peronista apuesta entonces a atraer al capital extranjero,
propiciando la radicación de empresas 
transnacionales en el país. En un contexto
económico con graves problemáticas, se inicia
así un proceso de industrialización que a finales
de la década es considerado como tardío, incompleto
y trunco, y deja abierto hasta nuestros días el 
debate sobre qué papel le cabe al sector manufacturero en
el desarrollo de la economía nacional.

En 1953, se dicta la ley 14.222, primera norma que regula de
manera completa la introducción y radicación de
capitales extranjeros y que veremos en el punto tres.

b) Evaluación de la situación
internacional:

La preocupación de la época giraba en torno a
los efectos de la crisis de 1930. Se venían observando los
desequilibrios que ella había ocasionado en el mercado de
capitales internacionales. Se sostenía que los grandes
riesgos que debieron soportar y la quiebra del patrón oro
tenían como consecuencia que el capital dejara de tener
los efectos estabilizadores que hasta entonces se le
habían adjudicado.

Entonces, era necesario reconstruir el mercado de capitales.
Para tal fin, a nivel internacional se crearon organismos
internacionales de financiación y se incrementaron los
créditos intergubernamentales. Sin embargo, la
evaluación era que ni uno ni otro alcanzaron.

Los primeros, los organismos internacionales, sólo
respondieron en casos urgentes. Los segundos, los créditos
de gobierno a gobierno, dieron lugares a arreglos
políticos que disminuían la capacidad de
acción de los países deudores.

Por lo que era opinión de la época la necesidad
de planificar la economía. El objetivo de la
planificación era evitar los impactos cíclicos y
fomentar las inversiones extranjeras con radicación
permanente, como medio de desarrollo económico.

Por otra parte, las inversiones extranjeros evitarían
que disminuya el ingreso por habitante, si es que el capital
nacional se destinaba a la inversión. Se nota aquí
la preocupación por la promoción del consumo, como
reactivador de la economía.

Entre las medidas que se tomaron fueron la regulación
de las inversiones extranjeras, quedando en el marco de la ley
14.222, que analizaremos más adelante.

II) Las inversiones extranjeras.
El Segundo Plan
Quinquenal

El inicio de la década del 50 encuentra a la Argentina
en una verdadera encrucijada de orden económico-social y
claramente quedan a la vista los problemas de fondo. Se torna
imperioso optar entre la continuidad del modo de
industrialización por sustitución de importaciones
livianas -también llamadas sencillas o bien encarar la
producción de bienes de consumo durables, bienes de
capital y productos intermedios.

En diciembre de 1952 -y como modo de responder a la
crítica situación económica por la que
atraviesa el país se aprueba el Segundo Plan Quinquenal
que se prevé aplicar desde 1953 hasta 1957. Este
instrumento exhibe importantes transformaciones respecto del
Primer Plan Quinquenal -vigente entre los años 1947 y
1951- dado que incluye declaraciones tanto a favor del arraigo de
la industria pesada como las destinadas a solucionar el problema
del abastecimiento de combustibles que registra el país.
Al respecto, conviene recordar que si bien la producción
de YPF aumenta, no logra satisfacer la demanda existente y por lo
tanto se recurre a la creciente importación de
combustibles.

Ante las dificultades económicas del país, en el
Plan se registra la preocupación por la eficiencia de las
industrias, en particular las relacionadas con el logro del
bienestar social, considerando que en la concepción
peronista la producción cara e ineficiente es apreciada
como contraria al bien común. Por ello, y tendiendo al
logro de estos objetivos, el Segundo Plan Quinquenal establece
-entre otros asuntos- el asesoramiento técnico estatal, el
análisis en la asignación de divisas, y el
estímulo para la racionalización del sector privado
con el propósito de atender al mercado interno y a la
producción exportable.

Por otra parte, y advirtiendo los denominados "nichos
vacíos" de la actividad industrial -esto es los sectores
básicos o dinámicos- se ordena dar prioridad al
desarrollo de las ramas productivas tales como siderurgia,
metalúrgica, química, y también al
área de transporte y de energía; a los mencionados
rubros se los califica como un estadio superior de la
industrialización argentina. Aquí conviene
señalar que resulta llamativo el establecimiento de 
nuevos focos de atención centrados en la producción
pesada cuando la aprobación de la denominada Ley Savio
-que prevé la instalación de una planta
siderúrgica data del año 1951- pero sin lograr
concreción.

Los enunciados del Plan, cimentados en un fuerte voluntarismo,
pueden apenas materializarse y, ante la delicada situación
por la que atraviesa la economía del país en su
conjunto, el gobierno apuesta, como salida positiva, a la
radicación de capitales externos.

III. La ley 14.222.

Inversiones extranjeras

Vimos que el  plan económico del gobierno
peronista no podía sustentarse sin el flujo de capitales
externos. Por eso se hizo necesario introducir modificaciones en
la normativa vigente sobre radicación de capitales
extranjeros. Hasta bien entrada la década del cuarenta, la
misma estaba regida por circulares del Banco Central,
principalmente referidas a los aspectos financieros de las
inversiones. En 1948, el decreto 3347/48 estableció la
fiscalización oficial de las inversiones extranjeras. Su
alcance era limitado, ya que sólo regía para
radicaciones en actividades industriales y no regulaba el ingreso
de inversiones en divisas líquidas.
   A partir de entonces, la Comisión
Nacional de Radicación de Industrias era la encargada de
dar su visto bueno a las propuestas presentadas y, si así
lo hacía, éstas pasaban a consideración del
Poder Ejecutivo. El propósito de este mecanismo era
estimular selectivamente la radicación de capitales en el
sector industrial. Para reforzar ese objetivo, se dispusieron
también nuevas normas respecto del ingreso de bienes de
capital y se simplificaron los procedimientos vigentes a fin de
facilitar los trámites. En 1953 se dictó la ley
14.222 vigente hasta 1956.

La ley 14.222:   esta ley
constituyó la primera norma completa y que intenta darle
un marco de acción del capital extranjero en la Argentina.
Con ello el gobierno intentaba promover el desarrollo de la
industria nacional, otorgar beneficios a los inversores
extranjeros de modo de facilitar su radicación y fijar un
status legal para que ciertas inversiones no produjeran
desequilibrios en la economía nacional. Entre las
principales disposiciones de la Ley 14.222 y su decreto
reglamentario 19.111/53 estaban las siguientes:

a) sus normas abarcaban a los capitales extranjeros a
radicarse en actividades industriales o mineras, en plantas
nuevas o en ampliación de las ya existentes;

b) el ingreso de los capitales podía realizarse en
divisas, equipos, patentes o bienes inmateriales necesarios para
la actividad en cuestión;

El juego de estos dos incisos del artículo primero, le
permite decir al miembro informante que "comprende a todas clases
de bienes, sin otra limitación prudente y racional que la
de que sea efectivamente necesario a la explotación a que
se lo destine. De esta suerte cerramos las puertas al contrabando
legal, a la introducción de bienes innecesarios y al
estiramiento del capital, autorizando la introducción de
elementos básicos o concurrentes ineficaces por su estado,
naturaleza o destino."

c) los capitales extranjeros recibían un tratamiento
similar al de los nacionales y quedaban sujetos a la
legislación vigente;

d) el Poder Ejecutivo debía aprobar cada propuesta de
inversión, previa consideración de un organismo
especialmente creado para tal fin, la Comisión
Interministerial de Inversiones Extranjeras;

Decía el miembro informante en el Parlamento:" Con
referencia al régimen de prioridades a establecerse entre
las diversas explotaciones que serán objeto de la
radicación de los capitales extranjeros, podemos informar
que tal ordenamiento será condicionado a los planes
preestablecidos por el gobierno con el propósito de
afianzar, acelerar o estimular el desarrollo económico del
país."

Esta aprobación se regía básicamente por
cuatro criterios: 1) que la actividad en la que se realizaba la
inversión contribuyera al desarrollo económico,
facilitara la implementación de los planes de gobierno y
permitiera resolver el problema de la balanza de pagos, 2) que
los métodos de producción a emplear fueran modernos
y eficientes, 3) que las inversiones realizadas en equipo
garantizaran la instalación total de la planta y un
volumen adecuado a su funcionamiento de insumos y repuestos, 4)
que el equipo fuera nuevo o estuviera en perfecto estado de
conservación;

e) el registro de los capitales ingresantes se realizaba en su
valor equivalente en pesos al tipo de cambio libre en el registro
Nacional de Inversiones Extranjeras, creado en el Banco Central
con ese fin. Luego de dos años contados a partir del
registro, se podían transferir las utilidades
líquidas obtenidas por la inversión, hasta un 8%
anual sobre el capital registrado;

f) se podía repatriar el capital,
transfiriéndolo luego de 10 años de
radicación en cinco o diez cuotas anuales, mediante fondos
del inversor y siempre que el funcionamiento de la empresa
quedara asegurado;

g) el Poder ejecutivo podía conceder ciertos beneficios
adicionales, tales como la exención total o parcial de
derechos aduaneros o la declaración de "interés
nacional" de la empresa según el régimen de
promoción industria;

h) en cuanto a los capitales externos ya existentes en el
país, si sus utilidades acumuladas habían sido
reinvertidas en actividades contempladas en el nuevo
régimen, eran considerados como inversiones
extranjeras.

Ahora bien, en 1955 se dispuso la existencia de un mercado
libre de cambios. Las remesas de divisas, tanto en concepto de
repatriación de capital como de utilidades, quedaron
entonces libradas exclusivamente a las decisiones de las empresas
extranjeras. De modo que las normas establecidas por la Ley
14.222 dejaron de ser aplicables. Finalmente, la ley fue derogada
en 1957 mediante el decreto-ley 16.640/57. .

IV):Efectos de la regulación de las inversiones
extranjeras.-

En cuanto a los efectos de estas disposiciones, la doctrina se
encuentra dividida. Puede decirse que los primeros años de
la administración peronista reforzaron la tendencia al
debilitamiento del rol de las inversiones extranjeras en el
proceso de acumulación de capital debido, principalmente,
a las medidas implementadas de rescate casi total de la deuda
pública externa consolidada y a la compra de los
ferrocarriles y otras empresas de servicios públicos.
   Pero, entre 1946 y 1948 se produjeron cambios
muy importantes en el monto y composición de las
inversiones extranjeras en la Argentina. El
objetivo primordial es lograr la reactivación del
alicaído proceso fabril mediante la obtención del
financiamiento requerido para nuevos emprendimientos
industriales, como así también incorporar la
tecnología e insumos necesarios a través de la
inversión externa directa, especialmente proveniente de
los Estados Unidos. Y aquí conviene agregar que en amplios
sectores de la sociedad las empresas extranjeras son apreciadas
positivamente al poseer modernas tecnologías y
métodos productivos.

Hay quienes sostienen que el capital total radicado se redujo
a menos de la mitad, pasando de 2.650 a 1.250 millones de
dólares aproximadamente, debido a la liquidación de
las tenencias de oro y divisas acumuladas durante la guerra y a
la utilización de los recursos externos provenientes del
comercio exterior. El Estado adquirió los ferrocarriles,
en manos de capitales británicos, por alrededor de 600
millones de dólares, las empresas telefónicas por
110 millones de dólares, y otras. En conjunto, estas
operaciones representaron pagos al exterior por unos 960 millones
de dólares. Esto habría exigido que se tomaran
créditos y se postergaran importaciones de bienes de
capital, con las consecuencias lógicas para el desarrollo
de   la industria  local.
   Si se observa la clasificación de las
inversiones extranjeras por país de origen, sobresale la
caída de las inversiones británicas desde los
años treinta y el aumento de las del resto de
países europeos, así como el crecimiento notable de
las provenientes de Estados Unidos. Las inversiones con origen en
países limítrofes siguieron participando en forma
muy secundaria.

Al dictarse la ley 14.222 la inversión directa
representaba una tasa anual de 58 millones de dólares, un
nivel muy similar al de principios de los años treinta. La
totalidad de las radicaciones que se efectuaron bajo este
régimen estuvieron destinadas a actividades
industriales.

Nuevamente la doctrina se divide entre quienes sostienen que
las normas mencionadas no lograron atraer una corriente
significativa de inversiones orientándose principalmente,
hacia las industrias medicinales y petroquímicas y, en
segundo término, hacia las maquinarias, derivados del
petróleo y automotores; y  quienes hacen
hincapié en los logros de esta etapa en la
sustitución de importaciones.

V.-La afluencia inicial de capitales extranjeros
(1953-1955)

Ya vimos que la industria nacional a comienzos de los
años 50  es prioritaria en los planes
económicos y muestra aristas problemáticas. Una de
ellas era la insuficiente inversión de capitales tanto de
orden público como de origen privado; los requerimientos
de recursos se veían particularmente imprescindibles para
hacer frente a la provisión de equipamiento, repuestos y
combustible que, a lo largo de esos años, son
mayoritariamente de origen importado. Frente a ese panorama y con
el propósito de revitalizar la economía, superando
los inconvenientes de la balanza de pagos, el gobierno -ya
explicamos- resuelve facilitar la llegada de capitales de origen
externo.

También dijimos que no los cambios no sólo
tenían naturaleza económica sino que a su vez,
significaron cambios en lo político e institucional. Esta
política a favor de atraer las radicaciones de procedencia
externa, exigió un replanteo sobre el discurso
político, abandonando el nacional-populismo hasta entonces
predominante. En efecto, a partir del año 1953, el
presidente Juan D. Perón, alejándose de su propio
discurso se encamina a concertar acuerdos directos con
importantes firmas de origen estadounidense e italiano que
producen vehículos, automóviles y maquinarias,
dando lugar -como vimos-a nivel legislativo a la sanción
de la ley Nº 14.222.

Se comienza a hablar de la industrialización
sustitutiva de importaciones basada en las empresas
transnacionales (ET). Ciertamente, la decisión del
gobierno argentino coincide con el propio interés que las
compañías extranjeras demuestran, dado que la
estrategia coyuntural de crecimiento que ellas elaboran se basa
en la expansión de sus filiales en los países
periféricos.

Así, se escuchaba en el Congreso de la Nación al
debatirse la ley 14.222 que "es preciso aclarar que no basta con
que los países en desarrollo brinden condiciones de
seguridad y estímulo a las inversiones privadas
extranjeras, creando un clima favorable a las mismas. Es
necesario que los países inversores también se
ocupen de ello y aprecien la conveniencia de esas inversiones,
sobre todo en casos como el actual, en los cuáles
podrían contribuir a aliviar la preocupación que
surge respecto de las consecuencias de una posible
retracción económica en los grandes centros
industriales."

No obstante, si bien esas acciones logran la radicación
en el país de catorce filiales de empresas extranjeras
entre 1953 y 1955, sólo obtienen inversiones modestas y la
dependencia energética persiste de manera notable.
Recién en los años siguientes el proceso de
acumulación de capital industrial se evidencia con gran
intensidad y se instalan en el país cerca de doscientas
firmas provenientes de otros países. Esta
intensificación del aporte de capitales y
tecnologías de origen internacional ahonda el proceso de
sustitución de importaciones; claro está que con un
matiz diferente al del proceso anterior pues ahora la
penetración extranjera en la economía nacional
adquiere mayor intensidad. Ella aborda, de manera preferencial,
los rubros dinámicos y su actividad orienta y acapara el
crecimiento del sector manufacturero pero, sin embargo,
transfiere al exterior sus utilidades. Veamos algunas de estas
radicaciones.

VI. Las radicaciones en Córdoba

A partir de 1952, en la Provincia de Córdoba, la
Fábrica Militar de Aviones (FMA) creada en el año
1927, diversifica su producción. Sobre el antiguo
Instituto Aerotécnico, la empresa estatal Industrias
Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) comienza
la fabricación de motores, automóviles, 
motocicletas "Puma", lanchas y veleros, paracaídas, 
maquinarias y herramientas diversas.  Ese establecimiento se
convierte en el centro de la industria pesada del país y
ocupa a más del 50% de la mano de obra que emplea el
conjunto de las industrias cordobesas. Por otra parte,
resultó un agente promotor  de la actividad
manufacturera pues proporcionaba a las nuevas industrias ayuda
técnica, asesoramiento, laboratorios.

Otro importante logro productivo del IAME es la
fabricación de los tractores "El Pampa". A los pocos meses
de aprobarse la ley de radicación de capitales externos,
las autoridades gubernamentales inician la licitación para
privatizar la fábrica de tractores del IAME. En este
proceso resulta seleccionada la firma italiana FIAT, que ya
actuaba como proveedora de la antigua fábrica de tractores
estatal. Desde entonces, la compañía itálica
extiende sus producciones y constituye FIAT Concord Argentina,
transformándose en la mayor planta existente fuera de su
país de origen. Esta radicación obtiene
créditos blandos por parte del Banco de Crédito
Industrial Argentino, como así también aporte de
equipos y de personal calificado por parte de FMA.

Estas ventajas son concedidas también a las empresas
automotrices que llegan a Córdoba en los años
siguientes. Evidentemente la instalación de este complejo
industrial consolida un verdadero polo de las ramas
metal-mecánica, automotriz y de tractores. A su vez,
constituyó un poderoso incentivo para la creación y
la producción de numerosísimas industrias
subsidiarias.

Otra significativa radicación ocurre en 1955, al
instalarse en la provincia la primera y más grande
fábrica de automóviles en serie del país,
que en menos de diez años produce 300 mil
vehículos. Se trata de Industrias Káiser Argentina
(IKA), empresa de origen estadounidense, que se radica a
través de un contrato efectuado con el IAME. Ese
emprendimiento, localizado cerca de la planta estatal, recibe
también los terrenos para la construcción de las
naves industriales en las proximidades de la ciudad de
Córdoba, el aporte de maquinarias, de trabajadores
entrenados, como así también créditos
beneficiosos y la posibilidad de importar automóviles
producidos en los últimos tiempos en su país de
origen.

Su llegada significó el inicio de la producción
de automóviles a gran escala; primero la Estanciero y el
Jeep Willys y, con posterioridad, los de pasajeros Káiser
Carabela y Bergantín.  Su importancia se
mantendrá en el tiempo más allá del
período analizado..

Al mismo tiempo, estas radicaciones significaron
emprendimientos para  la fabricación de repuestos o
de determinadas partes y de numerosas fábricas productoras
de pinturas, cristales, combustibles, tapicería, como
así también máquinas-herramienta, matrices y
dispositivos.

Estos cambios, afectaran notablemente la vida económica
de la provincia al aportar importantes capitales y generar
fuentes de trabajo.

La ley de radicación de capitales de origen externo
también permite la llegada a nuestro país de 
Mercedes Benz, que instala una fábrica de camiones en
González Catan, provincia de Buenos Aires.

VII. Los acuerdos petroleros

Las decisiones políticas y económicas
instrumentadas en la ley Nº 14.222 dieron lugar a la firma
de los convenios sobre producción petrolera que, sin duda,
representan uno de los puntos más discutidos de este
proceso.

Ante los descubrimientos de nuevos yacimientos y el aumento en
la demanda de combustibles aparece un mayor interés en la
producción petrolera. YPF enfrenta dificultades para
importar la tecnología necesaria para la
explotación de las reservas existentes. En el año
1955, para incrementar la producción y resolver la escasez
de combustibles, se resuelve concretar los discutidos acuerdos
petroleros con la compañía Standard Oil de
California, que conceden a la empresa estadounidense la
explotación por cuarenta años de cincuenta mil
kilómetros cuadrados en Santa Cruz. Las cláusulas
-que repiten prácticas de concesión de territorio
propias de la región de Medio Oriente- ocasionan un gran
debate en el Congreso de la Nación y entre la
ciudadanía en general, en especial lo concerniente a la
facultad de la empresa de construir y emplear con exclusividad
puertos, aeropuertos, caminos, importar libremente insumos,
repatriar utilidades sin restricciones y no acatar, dentro del
área otorgada, la legislación laboral argentina. No
obstante, debe señalarse que al caer Perón y
sobrevenir los acontecimientos político-militares del 16
de septiembre de 1955, el Congreso nada ha resuelto sobre esta
temática.

VIII. La caída de Perón. Nuevos
rumbos

·        
Anexo estadístico

Anexo:  ley 1422

…INGRESO AL PAIS DE CAPITALES EXTRANJEROS PARA
INVERTIRSE…Nro Asiento: 953-08-0350

INGRESO AL PAIS DE CAPITALES EXTRANJEROS PARA INVERTIRSE EN LA
INDUSTRIA Y MINERIA

LEY 14.222

Sancionada: agosto 21-1953

Promulgada: agosto 26-1953

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de LEY:

ARTICULO 1° – Los capitales procedentes del extranjero que
se incorporen al país para invertirse en la industria y en
la minería, instalando plantas nuevas o asociándose
con las ya existentes, para su expansión y
perfeccionamiento técnico, gozarán de los
beneficios que acuerdan la presente ley.

ARTICULO 2° – A los fines del artículo 1°, los
capitales extranjeros podrán ingresar al país:

a) Bajo forma de divisas;

b) Bajo forma de maquinarias, equipos, herramientas y otros
bienes productivos necesarios para el desarrollo integral de la
actividad a la que se dedicará el inversor.

ARTICULO 3° – Las inversiones extranjeras que se realicen
de acuerdo con la presente ley deberán ser previamente
aprobadas, en cada caso, por el Poder Ejecutivo Nacional. Para la
aprobación de las inversiones se tendrá en
cuenta:

a) Que la actividad a la que se destine la inversión
contribuya a la realización del desarrollo
económico previsto en los planes del gobierno,
traduciéndose directa o indirectamente en la
obtención de economía de divisas.

b) Que en los casos de capitales que se incorporen bajo la
forma de bienes físicos, éstos comprendan todas las
máquinas equipos, herramientas y otros elementos
concurrentes, para asegurar la instalación total de la
planta y, además un volumen adecuado de materias primas y
repuestos como para asegurar un normal funcionamiento por el
período de tiempo que, en cada caso se considere
necesario;

c) Que las máquinas mencionadas y equipos deben ser
nuevos o encontrarse en perfecto estado de conservación y
responder a sistemas modernos y eficientes de
producción;

d) El precio de los bienes físicos que integren la
inversión será el corriente en los mercados de
exportación a la fecha del ingreso al país.

ARTICULO 4° – Los capitales extranjeros que ingresen de
acuerdo con la presente ley quedarán ajustados a la
legislación argentina y equiparados a los capitales
nacionales.

Las empresas que se constituyan con esos capitales
deberán organizarse de acuerdo con la legislación
vigente y ajustar su acción a las directivas de los planes
de gobierno. Estas empresas recibirán un tratamiento
igual, al que reciben empresas argentinas similares.

ARTICULO 5° – Para tener derechos a los beneficios que
conceden los artículos 6° y 10° los inversores
extranjeros deberán solicitar la inscripción de sus
capitales en el registro nacional que se creará a ese
efecto.

ARTICULO 6° – A partir de los dos años de la fecha
en que la inversión extranjera haya sido inscripta en el
registro mencionado en el artículo 5°, el inversor
tendrá derecho a transferir al país de origen
utilidades líquidas y realizadas provenientes de la misma
inversión hasta el 8% sobre el capital registrado que
permanezca en el país, en cada ejercicio posterior
anual.

ARTICULO 7° – Los inversores extranjeros tendrán
derecho a capitalizar e inscribir como capital extranjero las
utilidades que pudieran transferir de acuerdo al artículo
anterior, que no hubiesen transferido por su voluntad
expresa.

ARTICULO 8° – Las utilidades cuya transferencia, dentro de
las condiciones indicadas en el artículo 6°, no se
hubieren solicitado, o que no se decidiera capitalizar y
registrar como capital extranjero, al igual que todo excedente de
utilidades sobre el mencionado por ciento, quedarán
definitivamente nacionalizadas y no podrán ser
transferidas al exterior bajo ningún concepto.

ARTICULO 9° – Las utilidades que se capitalicen y
registren como capital extranjero y las utilidades que a su vez
produzcan gozarán del derecho de transferencia al exterior
establecido por los artículos 10° y 6° de esta
ley, respectivamente.

ARTICULO 10. – A partir de los diez años de la fecha de
la inscripción del capital extranjero originario en el
registro indicado en el artículo 5°, el inversor
tendrá derecho a retirarlo del país en cuotas del
10 al 20% anual, según se establezca en cada caso, al
autorizar la inversión. La repatriación del capital
sólo podrá ser efectuada con fondos propios del
inversor. Las utilidades capitalizadas ganarán la
antigüedad del capital originario.

ARTICULO 11. – Los inversores extranjeros comprendidos en el
régimen de la presente ley que no hubiesen inscripto sus
capitales en el registro indicado en el artículo 5°,
perderán todo derecho a los beneficios que acuerda esta
ley, y los mencionados capitales se considerarán
definitivamente incorporados al país.

ARTICULO 12. – Al autorizar el ingreso al país de cada
inversión, el poder ejecutivo podrá:

a) Eximir total o parcialmente del pago de los derechos de
aduana a los bienes físicos que se incorporen al
país;

b) Declarar de "interés nacional" a la nueva actividad
que se incorpore al país y aplicar en su favor las medidas
de fomento y defensa previstas en la ley 13.892 (Decreto 14.630
del 5 de junio de 1944) de fomento y defensa de la industria.

ARTICULO 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a 21 de agosto de 1953.

A. TESAIRE A. J. BENITEZ

Alberto H. Reales Rafael V. González

– Registrada bajo el número 14.222 –

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1953

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,
comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección General del Registro Nacional y
archívese.

PERON. – Alfredo Gómez Morales. – Miguel Revestido. –
Natalio Carvajal Palacios. – Jerónimo Remorino

Periodo 1955-1963

Marco internacional

A fines de los años 50 comenzó a formarse lo que
luego constituiría la Comunidad Económica Europea,
que englobaba a las grandes potencias europeas. Un importante
componente de la estructura y estrategia global de la CEE estaba
constituido por la política agrícola común.
Se impuso la idea de que una política agrícola
integrada debía ser el instrumento para lograr precios
comunes que serían más altos y estarían
establecidos por la Comunidad. De esa manera, se pretendía
garantizar a los agricultores europeos una renta suficiente,
comparable a la obtenida por los sectores urbanos. Era necesario
un control sobre las importaciones de productos agrarios
provenientes de otras regiones por medio de aranceles especiales
y cuotas de importación, así como la
intervención en el interior del mercado agrícola
comunitario absorbiendo excedentes a precios mínimos
garantizados. Esto se daba en el terreno de que las potencias
europeas pretendían bajar los costos de sus importaciones
agrícolas y no tener que depender de acuerdos con
países periféricos. Un intercambio con
países del mismo continente bajo este acuerdo
disminuía los costos considerablemente. Esta
política en común perjudicaría a la
Argentina, al igual que a otros exportadores agrícolas, y
acentuaría las políticas industrialistas que se
podían visualizar desde los años 30.

Por otra parte, el desarrollo de economías a escala,
base del crecimiento económico de esa época,
requería mercados más amplios que desbordaban los
límites geográficos nacionales. Es por eso que otro
objetivo de la comunidad pasaba por generar un gran mercado
europeo que posibilitara la distribución de los productos
por todo el continente sin mayores barreras aduaneras. Esto
marcará una tendencia que luego afectará a nuestro
país, ya que esa expansión de mercados se
verá reflejada en el establecimiento de inversiones, en
busca de nuevos mercados con tipos cambiarios que los
favorezcan.

 Estados Unidos, consolidado en su rol de líder en
aspectos político-económicos, tomaba medidas en
contra del comunismo, que parecía expandirse  a
partir de la URSS o la reciente Revolución Cubana. Es por
esto que se esforzó en generar vínculos con
países subdesarrollados para evitar que el peligro
comunista se siga expandiendo. Esto se produjo a través de
nuevos organismos como Fondo Monetario Internacional (FMI) o el
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD),
o distintos tipos de tratados.

A nivel nacional luego de la primera etapa peronista los
gobiernos siguientes caracterizaron sus políticas por un
viraje a favor de los capitales extranjeros. Si bien, cada
gobierno de la "Revolución Libertadora" tuvo distintas
ideologías, esa fue la tendencia predominante.
Posteriormente, se plasmó claramente en el gobierno de
Frondizi, la presidencia del periodo que más duró,
y su plan "desarrollista". Los capitales extranjeros resultaban
esenciales para generar una industria pesada, en
contraposición con la industria liviana que se
había formado a partir de la década del 30. Este
aspecto de la política fue producto de observar los
finales del segundo gobierno de Perón. En el momento en
que tuvo que producirse el salto a una industria intensiva no
había capitales para realizarlo.

Leyes de inversiones extranjeras

Este período en la historia argentina
comienza con la presidencia del general Lonardi, encargado de
llevar a cabo el golpe de Estado que derrocaría a Juan
Domingo Perón. Este gobierno de 3 años de
duración se caracterizó por sus medidas en terreno
político y social tendientes a erradicar al peronismo de
los ámbitos políticos. Como por ejemplo, Lonardi
anuló la reforma de la Constitución realizada en
1949 por el ya mencionado presidente. Por ello se
anularían muchas leyes de inversión, las cuales han
sido tratadas en  partes anteriores del trabajo.

 En el plano económico también
hubo un intento de alejarse de las medidas peronistas, mientras
se trataba de equilibrar las cuentas y controlar la
inflación. Dentro del gabinete que componían a este
nuevo gobierno se observaban nombres relacionados con viejas
prácticas liberales, que mientras Perón estuvo en
el poder debieron mantenerse lejos de las esferas
políticas. Este resurgimiento de la oligarquía
marcó una vuelta al liberalismo económico y social.
Ya que, si bien nombraban entre sus planes a mediano y largo
plazo continuar con el crecimiento de la industria a
través de inversiones extranjeras, sus medidas estuvieron
más cerca de ayudar a los productores de materia
prima.

Las medidas que se tomaron apuntaban, en
concreto, a estimular la producción agropecuaria, con el
objeto de equilibrar las cuentas externas, tratando de apartarse
lo menos posible de la ortodoxia. Por eso, se proponía una
fuerte devaluación que recompusiera la rentabilidad del
sector agropecuario, y se daba favoritismo a las importaciones de
bienes de capital que requería la producción
agropecuaria. Implícitamente, el plan apuntaba a una
redistribución del ingreso inversa a la del peronismo,
privilegiando las transferencias de la ciudad al campo y del
trabajo al capital. Las medidas propuestas tenían un
fuerte carácter recesivo, que contraería las
importaciones. Además, transformaba en contradictorios los
objetivos de mediano y largo plazo, ya que implicaban una
reducción de la rentabilidad en el sector industrial, una
contracción de la demanda interna, un encarecimiento de
las insumos y bienes de capital importados y una mayor dificultad
de acceso al crédito. La determinación de recurrir
al capital extranjero resultaba en este contexto un mero
paliativo con pocas chances de éxito.

Sin embargo, la búsqueda de mayor
participación en los mercados capitales y la apertura
hacia el comercio internacional llevaron a firmar acuerdos con
Bretón Woods, incorporándose así a los
organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, iniciando una relación
con estos organismos que duraría muchos años e
influirían considerablemente en las políticas
económicas argentinas.

El objetivo de estabilizar las cuentas externas y
controlar la inflación no se concretó.
Además con el correr del tiempo la situación
política se fue tornando más débil y fue
necesario convocar a elecciones. Por esta razón, con el
nuevo gobierno estas medidas de tendencia liberal
quedarían en el olvido.

Luego de Lonardi, asumiría Arturo Frondizi, que a
diferencia de su antecesor poseía un plan económico
con vistas al futuro y no a solucionar inconvenientes a corto
plazo. Cuando asumió a la presidencia la situación
mostraba que la crisis del modelo agroexportador, que
cimentó el crecimiento argentino durante las primeras
décadas del siglo, había alcanzado su punto
máximo. Mientras que la estructura industrial argentina se
mostraba claramente desbalanceada, concentrada en las ramas
livianas de la producción. Es por esto que en la segunda
mitad de la década de 1950 las posibilidades de
crecimiento del país eran reducidas por el estancamiento
de la producción primaria, el saldo en la Balanza
Comercial negativo, una industria frágil, desintegrada y
sin la infraestructura de apoyo necesario, una red ferroviaria
obsoleta y deficitaria, una estructura vial vencida, un sistema
energético incapaz de atender las exigencias del sector
industrial, requiriendo importaciones de este materia, y a las
derivadas del crecimiento urbano, un parque automotor envejecido
y escaso, un sistema de comunicaciones desmantelado, todo en un
contexto inflacionario para los niveles que podían
considerarse aceptables en aquellos tiempos. Dentro este
escenario, el principal objetivo de la política
económica de Frondizi fue pasar a una economía
industrial desarrollista. Consistía en una política
que pretendía impulsar un agresivo proceso de avance para
superar la crisis en materia de energía, transporte e
infraestructura.

El Estado ocupaba un lugar destacado en la
determinación e instrumentación de la
política económica; su principal función era
brindar las condiciones adecuadas para promover la
inversión nacional y extranjera, encaminarlas hacia
determinadas ramas productivas y localizaciones
geográficas. Las prioridades fijadas por el gobierno de
Frondizi fueron el petróleo, la siderurgia, la
energía, la química pesada, el aumento de la
productividad agropecuaria, la industria automotriz y la
modernización de la infraestructura de los transportes.
Con respecto a los capitales necesarios para lograr estos
objetivos, los desarrollistas planteaban que las alternativas
eran, o bien, una drástica reducción del consumo
interno para forzar el ahorro interno, o la participación
de capitales extranjeros. A causa de la complicada
situación social que se vivía en el país,
luego del Golpe de Estado, y mundialmente, por el temor al
surgimiento del comunismo se optó por la posibilidad que
requería de inversiones extranjeras. De esta manera el
Gobierno se propuso atraer a aquellos capitales extranjeros,
tanto privados como oficiales, capaces de modificar, integrar y
fortificar la estructura de la economía,
ofreciéndoles las máximas garantías
jurídicas. Para esto se sancionaron en 1958 leyes de
radicación de capitales extranjeros (Ley Nº 14780) y
de promoción industrial (Ley Nº 14781); por ellas se
aseguraba a los inversores extranjeros libertad para remitir
ganancias y aún para repatriar el capital,
otorgándole trato preferencial en materia de derechos
aduaneros, créditos, impuestos, suministro de
energía, entre otras cosas. 

La Ley 14.780 se extendía a todas las actividades
productivas (no sólo a la industria y la minería) y
pretendía acelerar el proceso de desarrollo
económico, habida cuenta de la limitada capacidad de
ahorro interno. En sus disposiciones generales más
importantes establecía lo siguiente: a) los derechos de
los capitales extranjeros se encontraban en igualdad de
condiciones que los nacionales; b) las inversiones podían
tomar la forma de transferencias financieras de divisas o de
ingreso de equipos, maquinarias, repuestos, materias primas u
otras formas de aportes; c) los proyectos de inversión
estaban sujetos a la autorización previa del Poder
Ejecutivo, la que se basaría en el criterio de que la
inversión contribuyera a la sustitución de
importaciones, a la expansión de las exportaciones o al
crecimiento armónico de la economía nacional; d)
tendrían prioridad aquellas propuestas que utilizaran
recursos nacionales en la producción de materias primas
para la industria, que se localizaran en el interior para
producir bienes de capital o utilización intermedia,
implicaran asociación con capitales nacionales o se
comprometieran a reinvertir sus utilidades; e) la
repatriación del capital no se hallaba sometida a otras
limitaciones que las que se hubiesen establecido al aprobar la
inversión; f) las utilidades que se obtuvieran de esas
inversiones eran enteramente transferibles a través del
mercado de cambios y la repatriación de capital no quedaba
sujeta a otras limitaciones que las que se establecieran al
momento de aprobarse la inversión; g) quedaba a juicio del
Poder Ejecutivo impulsar inversiones a través de la
creación de incentivos, tales como la reducción o
liberación de derechos aduaneros y cambiarios, la
reducción o exención de impuestos, el tratamiento
crediticio preferencial, o la inclusión en el
régimen más favorable de promoción
industrial vigente para las empresas nacionales.

Acerca de la Ley 14.781 podemos decir que tuvo la
intención manifiesta de evitar posibles situaciones de
inequidad a la industria nacional, debidas al reciente
régimen de inversión de capitales extranjeros
establecido por la Ley 14780. Entre los objetivos de esta Ley se
atendía especialmente al propósito de
descentralizar industrialmente al país, buscando frenar el
proceso de concentración en el Área Metropolitana,
aunque debe señalarse que no se establecía
ningún criterio para la localización industrial ni
restricciones para la radicación en determinadas
áreas. Una mayor precisión y especificación
de la norma surgiría de los decretos reglamentarios
regionales y sectoriales. Se creó un Consejo Nacional de
Promoción Industrial que asesoraría a la autoridad
de aplicación, la Secretaría de Estado de Industria
y Minería. A pesar que la Ley establecía su
aplicación sobre la base de un plan de prioridades,
éste nunca se elaboró. Finalmente se fue optando
por hacer reglamentaciones parciales, de carácter regional
y sectorial o específicamente sectorial. La
reglamentación regional abarcó tres zonas:
Patagonia, Noroeste y Corrientes. La reglamentación
específicamente sectorial abarcó a los sectores
siderúrgico, petroquímico y celulósico.

Estas medidas sin duda lograron su objetivo de
captar el interés y el apoyo del gobierno de Estados
Unidos y del capital extranjero privado. Por tratarse de la
primera apertura real a dicho capital, el efecto inmediato fue un
cambio significativo en la tendencia que se observaba hasta ese
momento: la tasa media anual de inversión directa se elevo
considerablemente (74 millones de dólares en el
período 1958-1963, casi diez veces superiores a la tasa
del conjunto de los regímenes anteriores), al tiempo que
las inversiones directas superaron en monto, en el mismo lapso, a
las inversiones realizadas como reinversión de utilidades
(tendencia que se revierte en los dos años subsiguientes
debido a la modificación de las normas al respecto).

Además de estas leyes se sumaron un
conjunto importante de estímulos que hicieron que crezca
el ritmo de inversión. En primer lugar, la
devaluación y la elevación de los aranceles
constituían una fuerte protección frente a la
competencia externa. En segundo término, la
reducción de la participación de los trabajadores
en la distribución del ingreso fortaleció la
acumulación de capital, incrementando las tasas de
ganancia y mejorando las expectativas futuras de la
inversión productiva. En tercer lugar, independientemente
de las condiciones de mercado, las negociaciones que se
realizaron en el exterior sirvieron para comprometer a diversas
empresas a realizar inversiones en el país.

Las nuevas inversiones empezaron a materializarse en
progresivos aumentos de la producción y de la
productividad que, a su vez, permitieron descomprimir la
situación social con incrementos salariales.

Un aspecto muy importante de la política
económica de Frondizi y su ministro, Frigerio, fue el
autoabastecimiento de petróleo, que si bien no
consistió en leyes de inversiones extranjeras en si
mismas, se realizó a través de contratos que al
operar por cuenta de YPF, estaban legalmente autorizados. Los
contratos firmados con empresas norteamericanas no
conferían un derecho real de dominio, debido a que el
petróleo que se extraía pertenecía y
debía ser entregado a YPF.  Ya que los yacimientos
que fueron nacionalizados pertenecían a la empresa
nacional y las compañías no podían
poseerlos. La firma de estos contratos provocó una
reacción favorable en Estados Unidos y Europa; muchas
fueron las empresas petroleras que se radicaron en el país
(trece en total). Como contrapartida no tuvo aceptación
popular porque una de las críticas de Frondizi hacia
Perón fue que impugnaba recurrir al capital extranjero
para la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el
presidente no dio marcha atrás en la política
petrolera y pronto comenzaron a llegar las inversiones.

El ritmo impuesto a la solución del petróleo fue
tan rápido que en dos meses se habían firmado los
principales contratos con empresas privadas; a los seis meses las
compañías contratistas comenzaron a entregar su
producción a YPF; el autoabastecimiento, se logró
en dos años; la producción pasó de 5.668.900
m3 en 1958 a 15.613.500 m3 en 1962. Por su parte las
importaciones se redujeron de 504 millones de dólares en
1958 a 148 millones en 1963. En tanto que la inversión
extranjera global en el sector petrolero entre 1959 y 1963 llego
a los 200 millones de dólares (datos extraídos de
la universidad de CEMA).

Además de la del petróleo hubo otras industrias
que tuvieron una importante prioridad para la dirigencia
nacional, como ya hemos dicho,  la de la energía, la
química pesada, el aumento de la productividad
agropecuaria, la industria automotriz y la modernización
de la infraestructura de los transportes. Esto a su vez
permitió que tuvieran un crecimiento que hasta ese momento
no había sido posible que tuvieran, gracias a las
inversiones extranjeras en la mayoría. Como por ejemplo,
el caso de la industria automotriz, que sobre la base de las
Leyes Nº 14.780 y 14.781 de Inversiones y Promoción
Industrial, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó en 1959
el denominado Régimen de Promoción de la Industria
Automotriz. En él se fijaron las normas de funcionamiento
de las fábricas existentes y de aquellas en vías de
instalación, con el objeto de reglamentar la creciente
participación de elementos en la construcción de
vehículos automotores. Se establecieron numerosas
industrias transnacionales que aun en la actualidad
continúan. Tal es así que en 1961 la industria
automotriz produjo 137.000 automóviles y camiones.

Otra industria que recibió aportes de inversiones
extranjeras fue el área de la generación
eléctrica que presentaba serios problemas de atraso y
desinversiones. Por eso desde el inicio de su presidencia,
Frondizi, anunció a las empresas y sectores interesados su
propósito de realizar un gran desarrollo energético
en base a una activa participación del capital nacional y
extranjero. Las tratativas condujeron a la constitución de
una sociedad, SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos
Aires  S.A.), con mayoría de capital privado, ex
capitales de CADE (Compañía Argentina de
Electricidad) y una minoría de capital del Estado. De esta
manera, los capitales privados asumieron la obligación de
invertir los fondos necesarios para modernizar y ampliar los
servicios.

Un caso diferente fue el de los elementos técnicos del
agro. Para los desarrollistas el sector rural no era considerado
el generador del desarrollo económico, sino que
sería la industrialización integral del país
la que terminaría repercutiendo en la producción
agropecuaria. Es decir, era inevitable una capitalización
interna y una aceptación del capital externo que
permitiera erigir la industria pesada y de maquinarias,
incrementar y difundir el consumo de energía, de
fertilizantes, de plaguicidas, combustibles, infraestructura de
transportes y comunicaciones. En otras palabras volcar al agro
los insumos financieros y técnicos que sólo
podía provenir del desarrollo integral de la industria.
Este se suponía que era el punto de partida para aumentar
la capacidad exportadora y no que ésta fuera la base para
edificar la industria.

Por último, la industria petroquímica, esencial
para la fabricación de neumáticos,
plásticos, abonos, fertilizantes y plaguicidas
también recibió ayuda oficial. Entre 1959 y 1961 se
aprobaron propuestas de inversiones por un total de 140 millones
de dólares. Se logró quintuplicar el valor de la
producción de caucho sintético, imprescindible para
la elaboración de neumáticos, cuya demanda se
amplió por el desarrollo de la industria automotriz y
otros bienes petroquímicos básicos con un ahorro de
70 millones de dólares anuales.

Si bien el plan "desarrollista" no falló en sus
objetivos tuvo problemas que no podían solucionarse a
corto plazo, como lo fueron los inconvenientes en el sector
externo. La reaparición del déficit comercial y la
disminución del ingreso de capitales provocaban una fuerte
presión sobre el mercado de divisas, lo que llevó
al Banco Central a perder reservas de moneda extranjera en pos de
mantener la paridad cambiaria. Al finalizar la presidencia de
Frondizi y con la vuelta de la ortodoxia al poder, asumió
Federico Pinedo como ministro. De esta manera se provocó
un brusco golpe de timón en la conducción de la
economía argentina. La principal medida que adoptó
fue la liberación del mercado cambiario y el retiro del
Banco Central de la operatoria, tratando de proteger las
divisas.

Después de un tiempo la alta conflictividad
política afectó el ingreso de capitales de largo
plazo. Tanto las inversiones directas como los préstamos
del exterior se contrajeron marcadamente, obligando al gobierno a
reducir empréstitos de corto plazo que permitían
mantener el ritmo de crecimiento, pero a costa de enfrentar poco
después una posible turbulencia en el mercado
cambiario.

La devaluación provocó un aumento
del precio de los bienes comercializables con el exterior en
relación con los no comercializables. Esto supuso un
encarecimiento de los insumos importados y de los productos
exportables que, para el caso argentino, son los de origen
agropecuario. Por eso, representó un aumento del costo de
producción para las firmas que utilizaban dichos insumos y
una disminución del poder adquisitivo de los salarios, lo
cual debilitó la capacidad de consumo y redujo la demanda
efectiva. Así, la política monetaria y fiscal tuvo
serias consecuencias sobre el aparato productivo. La
contracción de la demanda agravaba la recesión. La
política monetaria restrictiva, por su parte, provocaba un
aumento de las tasas de interés que incrementaba los
costos y disuadía el emprendimiento de nuevas inversiones
productivas.

La posición de Pinedo en el mando de decisiones
duró poco tiempo. Dejando en su cargo a Alzogaray, quien
también abandonó su cargo iniciando una
transición que solo se detendría con la
asunción de Illia al poder. 

A modo de conclusión, podemos plantearnos por
qué era necesario el capital en esta etapa de la
economía argentina. Y la respuesta, si bien, parece simple
trae consigo algunas cuestiones.  Porque el ahorro nacional
era insuficiente. Por ello se requería para el desarrollo
de la industria de base, energía e infraestructura, la
concurrencia del capital extranjero, pero el mismo debía
ser controlado por el Estado y dirigido a las áreas
prioritarias y puesto al servicio de los intereses nacionales.
Para ello había que darle seguridad jurídica a los
capitales manteniendo la legalidad, y reglas de juego estables, y
así, no sólo evitar la fuga de capitales que se
venía produciendo, sino, además atraerlos hacia el
país. Además del marco jurídico se
debían dar una serie de estímulos económicos
que beneficiaran la radicación de capitales en general.
Esta intención recibiría un duro golpe, por
ejemplo, en el caso de los contratos petroleros firmados por el
gobierno del Dr. Arturo Frondizi, cuando los mismos sean anulados
durante el gobierno de Arturo Illia. Entonces, debe haber una
conjunción de acciones publicas y privadas conducentes a
lograr las prioridades establecidas. Por ejemplo, en el caso del
petróleo: a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), más los capitales nacionales, más los
capitales extranjeros. Si bien no podemos generalizar que el
desarrollo de todas las industrias fue completamente
fructífero, estamos en capacidad de establecer que el
avance producido en la industria argentina, gracias a las
inversiones de capital extranjero, no tuvieron precedentes en la
historia económica  de nuestro país y no
podría haberse realizado sin ellas.  Las industrias
que más ampliaron su capacidad productiva fueron: la
siderurgia, la energía, la química pesada y la
industria automotriz.

Por último, como ilustración de las
características de estas inversiones pueden mencionarse
algunas de los pedidos concretas aprobados durante los primeros
años de gestión. Por ejemplo, en setiembre de 1959
el Poder Ejecutivo autorizó cuatro pedidos de
radicación de capitales extranjeros por un monto total de
80 millones de dólares (13). Ellos incluían las
siguientes propuestas: 1) la compañía
estadounidense Texas Butadiene and Chemical Corporation
invertiría 39 millones de dólares a fin de
constituir la filial argentina de su subsidiaria Texas Butadiene
and Chemical International, la cual construiría un
complejo petroquímico para la producción de caucho
sintético y otros productos en Puerto Deseado; 2) la
General Motors Corporation, a través de la General Motors
Argentina S.A., invertiría 20 millones de dólares
en la instalación de una fábrica de camiones y la
producción de otros bienes dentro del ramo automotriz; 3)
la Extramar Panamá S.A. destinaría 400 mil
dólares a la adquisición, por parte de la empresa
Arizona Argentina S.A.C.I., de un buque mercante; 4) la N.V. de
Bataafse Internationale Maatschappij radicaría en el
país alrededor de 8 millones de libras con destino a la
firma Diadema Argentina S.A. de Petróleo, a fin a esta
ultima de maquinarias y equipos para su destilería
petrolera , (extraído de Clarín, 12/09/59, p.
1).

(Todos los datos de este apartado que no especifican su
procedencia han sido extraídos de la misma fuente. Fuente:
Secretaria de Hacienda de la Republica Argentina 1978;
Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, "El ciclo de la
ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas
económicas argentinas", Buenos Aires, 1998,
extraído del libro "Historia Económica
Argentina, política y social de la Argentina" de
Rapoport)

Periodo 1963-1973

Arturo Illia (1963-1966)

Asumió el poder en octubre de 1963, recibió una
economía que emergía de la recesión y
aplicó una política económica de corte
nacionalista y expansiva.

La situación económica que este gobierno
debió enfrentar era bastante crítica:
déficit presupuestario, importantes deudas atrasadas con
proveedores, salarios impagos  en la administración
pública, una considerable deuda externa y tasas de
desempleo e inflación creciente.

El plan económico implementado por el ministro Eugenio
Blanco a partir de 1964 pretendía aumentar el consumo, a
la vez que controlaba los efectos negativos de esta
expansión sobre la balanza de pagos mediante controles
selectivos. Al mismo tiempo se utilizó el crédito
bancario para poner al día las deudas del sector
público, dando lugar a un aumento del déficit. Se
restablecieron los controles de cambio y se devaluó el
peso un 58%. Mientras tanto se elaboro un plan de desarrollo a
aplicarse entre 1965 y 1969 tendiente a generar un proceso
genuino de industrialización.

Los resultados fueron muy satisfactorios, sobre todo si se
tiene en cuenta la brevedad de este periodo de gobierno (dos
años y ocho meses). En este lapso la inversión en
maquinarias y equipos aumento cerca del 20%.

 La modificación mas importante a la estructura
arancelaria se produjo en 1965, se derogaron los derechos
aduaneros y recargos de importación vigentes,
remplazándolos por un solo recargo de importación
fijado en el mismo decreto. Los mayores recargos
correspondían al sector automotor, al igual que los
textiles y los aparatos eléctricos.

A fines de 1963 Illia firmó los Decretos 744/63 y
745/63 que anulaban los contratos petroleros, iniciados por
Arturo Frondizi en su gobierno y basados en la concesión
de los yacimientos a empresas privadas reservando a la empresa
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) la
actividad de explotación y la compra de la
producción a las empresas concesionarias, por vicios de
ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de
la nación. Esta anulación, obligó al Estado
a compensar a las empresas con fuertes indemnizaciones y provoco
un estancamiento de la producción del combustible a la vez
que genero desconfianza en potenciales inversores extranjeros
deteriorando la posición internacional del gobierno.

En el mismo año fue sancionada la Ley 16462,
también llamada Ley Oñativia, que establecía
una política de precios y control de medicamentos,
congelando a los vigentes a fines de 1963, fijando límites
para los gastos de propaganda, imponiendo limites a la
posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de
regalías y de compra de insumos.

En materia económica, este gobierno tuvo una
política de ordenamiento del sector público, de
disminución de la deuda pública y de impulso a la
industrialización.

Se creó la Sindicatura de Empresas de Estado, para un
control más eficaz de las empresas publicas.

Se intentaron llevar a la práctica planes de desarrollo
basados en el modelo de industrialización por
sustitución de importaciones y expansión del
mercado interno. Le dieron prioridad a sectores tales como el
petroquímico, la industria automotriz y la papelera. Illia
con una impronta menos desarrollista y mas orientada hacia el
nacionalismo tradicional de cuño Yrigoyenista, intento
poner en marcha un plan quinquenal en donde el capital extranjero
cumplía un papel limitado.

El acercamiento económico con la URSS y Europa del este
se debía a que el gobierno de Moscú podía
ser un buen proveedor de maquinas y otros bienes de capital para
los empréstitos hidroeléctricos y, a la vez, un
buen mercado para los productos primarios argentinos.

En 1955 se sancionaron la Leyes 16742 y 16743 para la
aprobación de una mayor inversión acusada en la
ejecución del presupuesto de la administración
general de obras sanitarias. Proyecto del Poder Ejecutivo
aprobado por la Cámara de Diputados el 22/09/64 y por el
Senado el 20/10/65.

En 1966 se lleva a cabo la primera reunión de la
comisión mixta argentino-norteamericana sobre asuntos
económicos, que tuvo lugar en Washington del 17 al 19 de
mayo del corriente año, intentando aumentar el comercio
bilateral y fomentar las inversiones norteamericanas en la
Argentina.

Frente al inminente final de la gestión radical, la
delegación argentina encabezada por el secretario de
Industria Alfredo Concepción, solo había logrado en
la capital norteamericana la firma de un comunicado final que se
limitaba a expresar buenas intenciones: la necesidad de aumentar
la cooperación comercial y de fomentar las
alicaídas inversiones norteamericanas en el mercado
argentino.

Juan Carlos Ongania (1699-1970)

Tomó el poder con la idea de restablecer el orden,
solucionar los problemas económicos y terminar
definitivamente con los conflictos sociales. Solo un gobierno
fuerte, capaz de garantizar el orden, podía crear un
terreno propicio para las inversiones que se requerían
para completar la industrialización y promover el
desarrollo. De todos modos, la idea de un programa en tres
tiempos -el económico, el social y el político-
establecía ciertas prioridades en cuanto a las medidas
concretas a adoptar.

El plan económico surgió casi un año
más tarde de la asunción de Ongania de la mano de
Albert Krieger Vasena. Se trataba de poner en práctica un
plan innovador tendiente a favorecer a la gran industria y a las
empresas extranjeras. La idea subyacente era que el principal
problema de la economía argentina era el alto nivel de
ineficiencia que afectaba tanto al sector público como al
privado.

El ministro de economía anuncio públicamente el
13 de Marzo de 1967 lo que llamo "La Gran Transformación"
de la economía argentina. Los considerandos de su discurso
apelaban a la necesidad de cambio, de mejor aprovechamiento de
los recursos, de alcanzar mayor productividad y eficiencia. Para
ello se promovería activamente  la libre competencia
y se eliminaría la excesiva protección arancelaria
que había provocado tantas distorsiones. También se
proponía corregir viejos desequilibrios económicos,
promoviendo la expansión de las exportaciones de
manufacturas. Una vez más, se intentaría
reestructurar las empresas y actividades estatales y racionalizar
y modernizar la administración pública, de manera
de reducir el gasto y el déficit. Las medidas fiscales se
completaban con una disminución de los aranceles a la
importación, un aumento de impuesto a las ganancias y
otras formas tributarias, un incremento de las tarifas de los
servicios públicos y un incremento de las inversiones en
obras publicas. Al mismo tiempo, se procuró un ajuste del
tipo de cambio vía devaluación del 40% con el
objetivo de estabilizar la moneda y, de ese modo, terminar con la
especulación y estimular la llegada de inversiones
extranjeras.

Los capitales privados para inversiones directas y los
préstamos de largo plazo fueron escasos.

Las inversiones extranjeras fueron de corto plazo o se
prefirió comprar paquetes accionarios de empresas ya
instaladas y altamente rentables, beneficiándose con la
prima de inversión que generaba la sobre
devaluación. Entonces, en lugar del objetivo buscado de
conseguir nuevas radicaciones, se operó una transferencia
de paquetes accionarios a favor de firmas extranjeras, que dio
motivo a que a esta época se la llamara como el periodo de
desnacionalización de empresas, por cuanto alrededor de
setenta establecimientos de primera línea en el orden
nacional pasaron a manos de capitales extranjeros.

Uno de los sectores más atractivos para las
compañías del exterior fue el del tabaco y los
cigarrillos , pues se apuntaba de manera fundamental hacia todas
aquellas actividades que generaban gran liquidez y un proceso de
recuperación de la inversión relativamente
rápido, que ornaba de nuevo hacia el exterior a
través del libre envió de remesas de utilidades y
dividendos.

La batalle de la CGE en contra de lo que se tildaba de
desnacionalización de la industria y finanzas argentinas
se intensificó hacia fines de la década y llevo
más tarde (en 1974) a la sanción de una
legislación restrictiva (la contenida en la Ley 20557 que
fue promulgada y publicada en el 1963) respecto de las
inversiones extranjeras.

En el plano del llamado Plan Económico, las
políticas económicas de Krieger Vasena fueron las
siguientes:

·         Una
fuerte devaluación del 40%

·         La
suspensión de los convenios colectivos de trabajo

·         La
sanción de una ley de hidrocarburos, que permitía
la participación de las empresas privadas en el negocio
del petróleo 

·         La
sanción de la ley de alquileres que facilitaba los
desalojos

Hasta 1969 esta política trajo aparejada una prolongada
estabilidad, lo que permitió que las inversiones del
estado fueran considerables, especialmente en obras publicas:

La represa hidroeléctrica de "Chocon-Colorados", con el
fin de solucionar un fuerte déficit energético.
Puentes sobre el Rió Paraná y otras obras viales,
constituyeron junto con las obras privadas las inversiones
más importantes.

En este año también se sanciono la Ley 16909 de
intervención del consejo federal de inversiones.

ART 1º.- Declárese intervenido el consejo federal
de inversiones o fin de adecuar su acción a la
promoción de las economías regionales como
complemento de un plan de desarrollo integral del
país.

ART 2º.- El Poder Ejecutivo designara el interventor en
el mencionado organismo quien ejercerá las atribuciones
que su carta orgánica confiere a la asamblea, junta
permanente y secretario general.

Las relaciones con EEUU tuvieron mayor lugar en el terreno
económico-financiero. La idea era recobrar la confianza de
los inversores extranjeros.

La nueva política petrolera reimplantó las
condiciones favorables para las compañías
extranjeras. Se produjeron nuevas inversiones directas
norteamericanas, prestamos de la Tesorería de los EEUU y
de un consorcio de bancos del mismo origen y en el respaldo
crediticio de FMI.

Roberto Marcelo Levingston (1970-1971)

La política económica implementada durante este
gobierno intentó levantar las severas restricciones y
lograr una expansión económica acelerando el
crecimiento y mejorando la situación de los
trabajadores.

Además, se intento contrarrestar la creciente presencia
del capital extranjero a través del estimulo a la
industria y las exportaciones nacionales.

En 1970 se fijaron ciertas restricciones a las compras de
divisas y prohibición para algunas mercancías.

Respondiendo a la presión de los cuadros del
ejército, influidos por la oleada nacionalista en el
continente y, sobre todo, por el malestar de los sectores
rurales, del comercio y de las clases medias, replanteo la
política económica. Tomo una serie de medidas
moderadamente nacionalistas tendientes a limitar la
penetración extranjera  y a favorecer a las empresas
nacionales públicas y privadas, y adopto una
política laboral menos rigurosa.

Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973)

Este continúo con la orientación expansionista y
nacionalista. Se inicio entonces un periodo de creciente
deterioro de las variables económicas. Su gestión
se caracterizó por una gran inversión en
importantes obras de infraestructura nacional (rutas, puentes,
represas, etc.), equipamiento y transporte.

Se establecieron algunos controles más rígidos,
a fin de afrontar la difícil situación del sector
externo, afectado por una expansión de las importaciones.
Dada la posibilidad de liquidar una determinada proporción
de divisas en el mercado financiero, se establecieron
múltiples tipos de cambio: las importaciones se liquidaban
un 30% por el financiero, al igual que las exportaciones
tradicionales, mientras que las exportaciones promocionadas
liquidaban un 40% por el financiero. Por último, a fin de
frenar el flujo de importaciones se tomaron algunas otras
medidas: se prohibió la totalidad de ellas por casi dos
meses, se prohibió a los bancos abrir nuevos
créditos documentarios, se prohibió por un
año la importación de una lista de productos
considerados no necesarios, se crearon nuevos gravámenes,
se aumentaron algunos impuestos y se mantuvo el requisito del
deposito previo.

Durante el siguiente año algunas medidas fueron
abandonadas y otras flexibilizadas. Se encareció el tipo
de cambio y aumento la proporción de divisas liquidadas en
el mercado financiero. No obstante, se requirió que todas
las importaciones tuvieran financiamiento externo por un plazo no
menor a los 180 días. 

Periodo 1973-1976

La vuelta del Peronismo: Cámpora,
Perón e Isabel Perón

Contexto Internacional y Nacional de la
época:

En el aspecto internacional se destacaba una
fuerte crisis petrolera, originada cuando un grupo de
países productores agrupados en la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
incrementó el precio del combustible. Su consumo era
vital, por lo que su encarecimiento generó una importante
recesión en la mayoría de los países
industrializados. Dicha suba permitió a los países
productores transferir capitales a las bancas norteamericanas y
europea. El considerable incremento de la deuda externa
latinoamericana generaba la crisis financiera de los `80.

El shock petrolero de 1973 produjo un importante
impacto en la estructura mundial de pagos y originó un
aumento en la demanda internacional de dólares, tendiendo
a desaparecer la presión en su contra. A partir de
allí, los EE.UU. continuaron imponiendo las "reglas del
juego" con más facilidad, en el campo financiero
internacional. La crisis fue la responsable de un período
de gran intranquilidad para las relaciones internacionales, lo
que llevaría al cambio de paradigma tecnológico e
industrial del capitalismo.

De manera anticipada a ese cambio, en 1972, se
había constituido la "Comisión Trilateral",
promovida por el banquero D. Rockefeller e integrada por mas de
400 empresas norteamericanas, europeas y japonesas. La
Comisión Trilateral realizó una evaluación
proyectada en lo que sería la economía mundial de
los siguientes 20 años, en el cual los países se
dividirían el trabajo en productores de materias primas,
de manufacturas con bajo valor agregado, y manufacturas
sofisticadas. En este esquema, Argentina sólo podía
llegar al 2 nivel, lejos de las economías
industrializadas.

En el aspecto nacional, el regreso de Perón
después de 17 años de exilio, el 17 de noviembre de
1972, concreto 3 hechos. Primero reunió a los
representante de todas la agrupaciones políticas,
asentando las bases de una convivencia partidaria logrando la
unánime adhesión a una democratización sin
restricciones y garantizando el apoyo a políticas
nacionales y populares, luego formalizo el FREJULI constituido
por el peronismo, el desarrollismo de Frondizi, la democracia
cristiana, el conservadorismo popular, desprendimientos del
socialismo y del radicalismo y algunos partidos provinciales.

La candidatura presidencial del frente impuesta por
Perón, correspondió a Campora y a Vicente Solano
Lima.

En las elecciones de marzo del 73 el FREJULI el 49,5 % de los
votos y la fórmula de la UCR Balbín / Gammond
reunió el 21,+2 %, dada la diferencia los radicales
reconocieron la victoria, y se rehusaron a la segunda vuelta.

Políticas y leyes económicas de la
época:

El gobierno de Cámpora realizó un proyecto de
ley de Inversiones Extranjeras enviado al Congreso incluía
directivas acerca de las condiciones de la radicación de
capital extranjero. Incluía una clasificación de
las empresas de acuerdo con la relación entre capital
nacional y extranjero. De este modo, consideraba como empresas
nacionales a aquéllas que poseían más
del 80% de capital nacional y como empresas mixtas a
aquéllas que tenían entre el 51 y el 80%. Cabe
acotar en la legislación anterior, se consideraba como
empresa nacional a aquélla que tuviera sólo un 51%
de capital nacional. Por otra parte, el nuevo proyecto sobre
inversiones extranjeras establecía los sectores donde
dichas inversiones no se podían admitir: defensa,
seguridad, servicios públicos. Además, este
proyecto fue complementado con otros que procuraban nacionalizar
los bancos que habían sido privatizados durante los
gobiernos militares anteriores.[1]  

Con la ascensión de Campora se agudizaron los
conflictos internos en el Peronismo, los sectores revolucionarios
intentaron dirimir su controversia con la burocratizada
sindicalización mediante violentos enfrentamientos, por
otra parte logro que Cámpora decretara la amnistía
para todos los presos políticos incluidos los miembros de
las fuerzas armadas. El retorno definitivo de Perón en el
20 de Junio del 73, paso previo a su vuelta al manejo de los
asuntos públicos. La fiesta se volvió en la
"Masacre de Ezeiza" hubo un enfrentamiento entre los sectores
Revolucionarios del peronismo y los de extrema derecha (nucleada
por López Rega) , al día siguiente Perón
reclamo volver al orden legal y constitucional, encontró
eco el todos los sectores políticos del centro y de la
derecha. Cámpora y Solano Lima en Julio presentaron sus
renuncias y Lastiri (Titular de la cámara de Diputados)
quedo como presidente provisorio, esto dio espacio para que
Perón llevara las nuevas elecciones el 23 de Septiembre,
donde por el 62% de los votos los gano Perón, esta fue su
tercera presidencia en la cual tuvo como vicepresidenta a su
esposa Isabel Martínez de Perón, superó a la
radical encabezada por Balbín y Fernando de la Rúa
con un 24%.

Perón asumió el gobierno. El 12 de octubre de 73
y se propuso la reorganización del poder estatal, para
ello proponía un democracia integrada que encauzara los
conflictos sociales, controlara las relaciones entre trabajadores
y capitalistas y garantizara la estabilidad política del
régimen, los conflictos gremiales no disminuyeron y las
reformas salariales desbordaron el pacto social, empresarios
cuestionaron el pacto i pugnaron por la flexibilización de
precios, para ello a fines del 73 ejercieron practicas
especulativas, eludieron los controles de precios, etc.

Perón colocó al frente del Ministerio de
economía a José Ver Gelbard, que realizó una
política económica que no solo consistía en
la aplicación de una serie de instrumentos y medidas
económicas, sino que estaba cimentada en el Pacto
Social, que permitía establecer las condiciones
necesarias para el crecimiento económico, la
redistribución del ingreso a favor de los asalariados, el
fortalecimiento del mercado interno, las restricciones a la
operatoria del capital extranjero (el cual había asumido
una gran importancia en diversas ramas industriales) y la
industrialización.

Por otra parte la paralización del agro, según
los especialistas es atribuible al excesivo intervensionismo
estatal, mientas otros lo atribuyen a la baja productividad y a
escasa renovación tecnológica.

La política económica de esta época tuvo
como actores principales a la CGE y la CGT, aspiraba a alcanzar
un aumento de la participación de los asalariados en el
ingreso nacional, del 40 al 50% en un lapso de cuatro
años. Para ello, se implementaría una
política salarial tendiente a incrementar los ingresos
reales de los trabajadores.

También se buscaba estabilizar el nivel de precios
hasta reducir sustancialmente los elevados índices
inflacionarios heredados. En este sentido, la política
antiinflacionaria no podía estar desvinculada de la
salarial, en tanto aducía que buena parte de la
inflación era explicada por la satisfacción de
demandas sindicales, su traslado al precio a los precios y la
conformación de la conocida espiral inflacionaria. Por
ende, de la correcta articulación de la política de
estabilización con la salarial dependía buena parte
del éxito del plan de gobierno.

De allí surgía la importancia del Pacto Social,
firmado al 8 de junio de 1973, para concretar los objetivos
económicos, en el cual se rubrico un acuerdo formal entre
el gobierno, los sindicatos y la industria, mediante el cual se
establecía un compromiso que incluía el
congelamiento de precios y un alza de los sueldos en doscientos
pesos mensuales y se suspendían las negociaciones
colectivas salariales por un lapso de dos años. Para
luego, las partes involucradas, comprometerse en la
estabilización de la economía fortificando la
producción y el consumo interno.

El gobierno impulsó controles en los tipos de cambio de
divisas y trato de incentivar las exportaciones, esto lo
realizó mediante la ley 20.545 (ver Anexo Ley 20.545),
promulgada el 11 de noviembre de 1973. La exportación de
manufacturas fue incentivada mediante los instrumentos vigentes,
esto es, reembolsos y draw-back. En realidad, la Ley
20.545 sobre protección de la producción nacional,
sancionada en diciembre de 1973, autorizaba al Poder Ejecutivo a
modificar los derechos de exportación, suspenderlas, fijar
precios índices, reintegros, reembolsos y
draw-back  en los casos de bienes cuya
exportación se quería promocionar.

Sobre el final del período, el deterioro de la balanza
comercial -en parte atribuible al deterioro de los
términos de intercambio- llevó al gobierno a
extremar los cuidados en el manejo del comercio exterior. En
especial, se trató de controlar las importaciones no
sólo a través del tipo de cambio sino que
también se las agrupó en tres listas. La lista A
comprendía los bienes esenciales, que ingresaban por el
mercado comercial. La lista B incluía los bienes de
capital, que se canalizaban hasta el 40% de su valor por el
mercado comercial y el resto por el financiero. La lista C
abarcaba el resto de las importaciones, las cuales se liquidaban
por el mercado financiero. Además, el ingreso de productos
prescindibles y suntuarios fue prohibido y el de bienes de
capital fue restringido a aquellos no producidos localmente,
requiriéndose un financiamiento del exterior superior a
los 180 días. Asimismo, se utilizó el mecanismo de
las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación
(DJNI) para restringir aún más las
importaciones.

Como medidas complementarias, aunque no por ello de menor
importancia, el gobierno elaboro poco menos de una veintena de
proyectos de ley, entre los que se destacaban la
regulación de las inversiones extranjeras, la reforma
fiscal y la nacionalización de los depósitos
bancarios, promovió las relaciones
argentino-brasileña, para componer el prestigio y romper
con el aislamiento de la Argentina (Tratado del Río de la
Plata en 1973). A los pocos días viajo al Paraguay donde
firmo el Tratado de Yacyretá, al mismo tiempo que
impulsaba los proyectos de Hábeas y Salto Grande.

La marcha del plan económico del nuevo gobierno
peronista pasó por dos etapas en la que sus alcances y sus
resultados quedaron claramente diferenciados. La primera tuvo
como punto de partida la firma del Pacto Social y se
extendió hasta julio de 1974 con la muerte de Perón
y la segunda, que sufrió permanentes marchas y
contramarchas, concluyo en marzo de 1976, con la llegada de una
nueva dictadura militar.