Una mirada sobre la evolución socioeconómica argentina en la segunda mitad del siglo XX (página 2)

           
Según lo publicado, hubo varios intentos por parte del
gobierno municipal de mejorar la calidad de vida en este lugar,
tales como provisión de elementos para construir cloacas y
desagües, así como la puesta en marcha de un plan de
reurbanización y otorgamiento de viviendas.

  La deuda externa argentina es uno de los grandes
problemas económicos que afectan a nuestro país. Se
debate si hay que pagarla o no, pero para ello es necesario
conocer el origen de la deuda y los acreedores de la misma.

Como es sabido, Raúl Alfonsín asumió el cargo
de presidente electo de la Nación el 10 de Diciembre de 1983
y se encontró con un país endeudado con los organismos
financieros internacionales y con una industria desarticulada. El
rumbo económico del gobierno radical estuvo marcado por la
presencia del Estado en la economía y la sociedad del
país, creando un Plan Alimentario Nacional, aumentando las
retenciones a las exportaciones y devaluando el peso, por
ejemplo.

Con la llegada del ministro de Economía Sorrouille, se
implementó el Plan Austral: el austral nueva moneda,
reemplazaría al peso estableciéndose un tipo de cambio
de 1 austral = 1000 pesos. Además, se congelarían los
precios, las tarifas y los salarios y el Estado se
comprometía a no sanear el déficit fiscal con
emisión de moneda. Los aparentes éxitos del plan, como
la reducción de la inflación dejaron entrever que el
país esquivaría la crisis económica dejada por los
militares. Sin embargo, el trasfondo de este plan era crear un
clima de tranquilidad en la sociedad para luego aplicar medidas
de ajuste. El Estado no emitía moneda para frenar la
inflación pero el sostenimiento del Plan Austral exigía
mucho dinero por lo tanto el gobierno se endeudaba más y
más: entre 1985 y 1988 la deuda aumentó 9400 millones
de dólares.

El fracaso del Plan Austral provocaría que el gobierno de
turno implementara un recorte salarial y, la hiperinflación,
sumada a la pérdida de valor del austral, generaron deudas
en el Estado que buscaba sanear de cualquier modo la
economía. El esfuerzo no dio sus frutos y el gobierno de
Alfonsín dejó en manos del poder financiero el control
político del país. Con el arribo de Menem al poder, la
convertibilidad impuesta por el ministro Cavallo requería
que el Estado gastara divisas para mantener la paridad puramente
nominal de 1 peso = 1 dólar. Como no se fomentaron las
actividades productivas el Estado no generaba ingresos por lo
tanto las reservas gastadas en la política monetaria no se
recomponían. Eso, sumado a la privatización de las
empresas estatales, cuyos compradores aprovecharon el 1 a 1 para
obtener más divisas y depositarlas en el exterior,
generó una mayor dependencia con el capital extranjero. La
deuda externa, durante el período 1990-1999, aumentó su
cifra sideralmente: de 61.000 millones a 146.000 millones de
dólares.

Para solventar la convertibilidad, que a su vez destruía
la industria nacional y promovía el endeudamiento del Estado
con acreedores extranjeros, era necesario pedir créditos a
los organismos multilaterales, el FMI, el BID, el Banco Mundial,
quienes accedieron a la petición de los créditos a
cambio de tasas de interés altísimas y la
aplicación cada vez más profunda de medidas de ajuste
social. El país contrajo deudas con los organismos de
crédito internacionales ya mencionados y con acreedores
privados, tenedores de bonos de la deuda.

El gobierno de la Alianza asumió con la promesa, nefasta,
por cierto, de no tocar la convertibilidad. El Estado se hallaba
endeudado pero aún quedaban reservas que podrían haber
solventado una devaluación tranquila. Sin embargo, el
consenso del gobierno con los sectores financieros provocó
el endeudamiento a través del mantenimiento de la
convertibilidad, con dinero obtenido de créditos del FMI. El
blindaje y el megacanje de bonos no hicieron más que
aumentar la deuda externa del país y su consiguiente
dependencia con el poder financiero y especulativo
internacional.

Más allá de la dependencia del país, la deuda
externa sumergió al Estado en un proceso de profunda quiebra
económica que hace difícil la reconstrucción del
país. Tal vez una de las más graves consecuencias fue
que el Estado no sólo le debía al Fondo, al BID y al
Banco Mundial. También le debía a 700.000 acreedores
privados, con quien era más difícil negociar, 76.700
millones de dólares.

           
En materia social, el desempleo se hallaba por encima del 20%.
Luego de la renuncia de José Luis Machinea, fue nombrado
como ministro de economía a Ricardo López Murphy, quien
por presentar proyectos que representaban un giro a la derecha
incluso más extremo que los presentados por el gobierno de
la alianza, duró apenas dos semanas en su cargo. Dentro de
ellas, realizar un importante ajuste del gasto público
disminuyendo los fondos a áreas de gran importancia social
tales como salud o educación.

           
A continuación, el ex funcionario menemista Domingo Caballo
fue nombrado en reemplazo. Sus medidas conllevaban la
cesación de pagos a la deuda externa, lo que generó
gran desconfianza en el sector financiero nacional y resultó
en un importante retiro de fondos bancarios. Para evitar la
continuación de estas acciones que provocarían la
quiebra de numerosos bancos, el estado intervino a favor de
aquellos congelando los depósitos, lo que más tarde
sería conocido como el corralito.

Esta situación de crisis que afectaba a la grandes
mayorías del país generó una importante
reacción popular, incluyendo marchas pacíficas,
cacerolazos, huelgas y saqueos, que presionó
contundentemente al gobierno de turno y determinó la
renuncia del presidente y el final de su partido.

Autor:

Berta Sanchez