4) La promoción de medidas tendientes al
reemplazo gradual de envases descartables por retornables y la
separación de los embalajes y envases para ser
recolectados por separado a cuenta y cargo de las empresas que los
utiliza
Para poner en marcha y hacer funcionar el nuevo Servicio de
Higiene
Urbana, el Gobierno de la
Ciudad ofrece a todos los ciudadanos y sectores especialmente
implicados, un nuevo conjunto de acciones
dirigidas a ampliar, readaptar y mejorar la calidad del
servicio en toda la ciudad.
·
Plan de
Sector
·
Políticas de Reciclado Urbano
·
Primera Planta de Separación de Residuos en la Ciudad
·
Auditoria y Evaluación
Social
· Ente
de Higiene Urbana
· Plan
"Nosotros Separamos"
ORIGEN DE LA
LEY BASURA CERO
En los primeros años de la convertibilidad hubo un aumento del consumo por
parte de la población y en forma coincidente un
incremento en la generación de residuos que van a los
rellenos sanitarios.
La producción de residuos se estancó
después del fenómeno Tequila (1994) y, con
más fuerza en el
´99, producto de la
recesión .En ese tiempo
además comenzó a crecer la presencia del cirujeo. A
mediados de 2001, junto con la nueva crisis que
volvía a reducir los volúmenes de residuos para la
recolección formal -debido a la caída del consumo-,
también crecía el nivel de recolección
informal, atribuyendo al cirujeo una caída del 5 al 10 por
ciento en la recolección.
Debido a esto, las empresas relacionadas al ciclo de la
basura
presionaron al gobierno porteño para que combata esa
práctica, ya que tanto las empresas recolectoras de la
Ciudad como el CEAMSE cobraban por tonelada de basura. Lo mismo
sucede con la disposición ilegal de residuos, que
disminuye los costos
relacionados con el CEAMSE, que cobraba 10 $ por tonelada de
basura. De esta forma, en el nuevo pliegue licitatorio del 2004
se incluyó el cambio de la
facturación: las empresas pasaron a cobrar por zona
limpia, en lugar de hacerlo por tonelada, lo cual permitió
a los cartoneros desempeñar su trabajo con
mayor libertad.
Con respecto al CEAMSE, éste presentaba un colapso
técnico y ecológico: los rellenos no tenían
suficientes controles y su estructura
estaba diseñada a corto plazo. Por otro lado, de acuerdo a
esta misma situación, se planteaba el aumento de los
costos para el Gobierno de la Ciudad debido a una posible mudanza
de los rellenos frente al cierre de aquellos en funcionamiento,
quedando sólo disponible el de Norte III A (Camino del
Buen Ayre). La vida útil del mismo se vio afectada por ser
el único abierto, reduciéndose la misma de cuatro a
dos años, por lo cual se planteaba que no era viable.
Según el CEAMSE, el costo del
transporte
aumenta un 28% si la distancia hasta el relleno es de 28
kilómetros, 41% si pasa a 60 kilómetros y 61% si el
destino final está a 150 kilómetros. Esto es muy
importante considerando que dentro del circuito material de los
residuos, la etapa de recolección y transporte implica
entre un 60% y 70% del costo total; por esta razón un
aspecto central es el trazado de la ruta.
Además de las modificaciones ya descriptas
planteadas por los costos de transporte, se propusieron otras,
como por ejemplo el pago de un canon diferenciado "sobreprecio"
por parte de la Ciudad por enviar su basura a tierras
provinciales, que se calcula en 10 pesos por tonelada. Un costo
que debería sumarse a las nuevas tarifas que
pretendía cobrar el CEAMSE.
Por su parte, la
organización ambientalista Greenpeace, junto con la
cooperativa de
recolectores urbanos "El Ceibo", manifestó su alarma ante
la actual política de
tratamiento de la basura, centrada en los rellenos sanitarios,
que significan importantes daños para la salud de los habitantes de
las zonas aledañas, y para el ambiente, por
la presencia de tóxicos por encima de los niveles
permitidos en aire y agua. De esta
manera reclamó la adopción
de un plan de reducción de residuos más sustentable
a mediano y largo plazo (a diferencia de las políticas
actuales) denominado "Basura Cero", que viene aplicándose
en distintos lugares del mundo.
Antes de la Ley Basura Cero, las acciones desempeñadas
por el Gobierno de la Ciudad y la legislación existente no
superaban el carácter simbólico. Con este nuevo
proyecto se
trataría de gestar un plan integral que incluya la
participación de los cartoneros en el reciclado, para que
los beneficios del mismo se sociabilicen mejor y no pase a
ser otro negocio de las empresas que hoy lucran con la
basura.
Junto con esto se plantea que se debería empezar a
separar los componentes de la basura: la parte orgánica se
puede transformar en compost, abono no contaminante; gran parte
de los demás componentes se puede reciclar, aprovechando
la experiencia de los cartoneros y generando puestos de
trabajo.
La acción
de los ambientalistas se ubica en un momento crítico para
la política de residuos de la ciudad de Buenos Aires: el
llamado a licitación para un nuevo maxirrelleno sanitario
fue prorrogado porque la mayoría de los municipios se
niega a aceptar la basura.
Todos estos factores llevaron a la promulgación de la
Ley Basura Cero, sancionada en el año 2005 y recién
reglamentada en mayo del presente. Esto significa que la evolución de este proyecto no fue lineal
sino que sufrió múltiples sobresaltos, demorando su
implementación y dificultando la acción concreta y
los resultados en el mundo real (según los conceptos del
trazado de políticas públicas expuestos por S.
Kelman).
ACTORES
·
EMPRESAS
A partir de la Ley Basura Cero, las empresas relacionadas con
la actividad deberán modificar su logística para retirar los distintos tipos
de residuos y dar lugar al reciclado de una cantidad enorme de
recursos que
hasta ahora se perdían para siempre.
Ceamse
El Ceamse (Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del
Estado) es
una empresa
integrada y dirigida por la Capital y la
provincia de Buenos Aires, que fue creada por la ley 9.111 de
1978 tras la prohibición de incinerar la basura, como se
hacía hasta entonces. Para ese fin se obligó a la
Capital y a 27 municipios a destinar sus residuos en sus cuatro
rellenos sanitarios, previo pago de una tasa.
La actividad del CEAMSE comprende:
>> El transporte, tratamiento y disposición final
de los residuos
sólidos domiciliarios.
>> El transporte, tratamiento y disposición final de
los residuos industriales asimilables a los domiciliarios, a
través del programa de
Servicio a Generadores Privados.
>> El programa de reciclaje "CEAMSE
recicla", con fuerte impulso en la instalación de Plantas de
Separación y Clasificación de Residuos en los
Complejos Ambientales de CEAMSE.
>> El servicio de inspección y control integral
del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de
Buenos Aires, en las Zonas 2, 4 y 6.
>> La ejecución de las tareas de limpieza y mantenimiento
de espejos de agua en la Ciudad de Buenos Aires: Arroyos
Maldonado, Vega, White, Medrano y Raggio.
>> Consultoría y Asesoramiento, tanto a nivel
nacional como internacional y colaboración en
erradicación y saneamiento de basurales y cuencas.
>> Una intensa política de protección,
mantenimiento y creación de Áreas Verdes.
>> El Camino Parque del Buen Ayre, una vía de
vinculación rodeada de parques y de áreas verdes,
por el que circulan más de 15.300.000 vehículos por
año.
A su vez, la implementación de este sistema de
rellenos sanitarios requiere que en el seno de la Ciudad exista
un régimen de recolección y centros de
transferencia, para el transporte de los residuos desde la Ciudad
hacia los centros de disposición final.
Empresas recolectoras
La Ciudad queda dividida en seis zonas.
Zona 1: CLIBA Ingeniería Ambiental fue la única
empresa que se
presentó en esta zona, por lo que es quien se
adjudicará esta área, delimitada por el Río
de la Plata y las avenidas Coronel Díaz, Boedo, Independencia
y Entre Ríos. Es una empresa del Grupo Roggio y
opera en la Ciudad de Buenos Aires desde 1987, así como
también presta servicios en
San Isidro, Ituzaingó y Tres de Febrero. Por el
área porteña que se adjudicaría, CLIBA
ofreció cobrar 5.527.891 pesos mensuales, además de
los 1.419.741 pesos por única vez por la infraestructura
del Centro Verde.
Zona 2: Aseo y Ecología Sociedad
Anónima (AESA) junto con Fomento de Construcciones y
Contratas se encarga de esta zona- delimitada por las calles
Bulnes, Jerónimo Salguero, el Río de la Plata, la
Avenida General Paz, la calle Vidal, las avenidas La Pampa,
Forest, Corrientes y Estado de Israel-.
Ofertaron 3.800.821 por mantener este sitio limpio y 1.519.790
por la infraestructura del Centro Verde.
Zona 3: Transportes Olivos, que también sería
del grupo Dragados, actualmente presta servicios de
recolección en Vicente López, San Fernando y Tigre,
y en esta ocasión se presentó en la Zona 3, junto a
la firma ASHIRA, que realizó en el pasado algunos trabajos
para MANLIBA. Ofertaron el precio
más bajo para esta área (3.979.789 pesos por mes
más 1.457.179 pesos por la infraestructura del Campo
Verde) y así se haría cargo de mantener limpia el
área ubicada entre las avenidas Entre Ríos,
Independencia, Boedo, Estado de Israel, Ángel Gallardo,
las calles General Martín de Gainza, la Avenida Eva
Perón, la calle Pergamino y los limites del sur de la
Ciudad de Buenos Aires.
Zona 4: Eco Habitat se unió a su propia empresa EMEPA
para disputar las zonas 2, 3, 4 y 6. Eco Habitat opera en la
Ciudad, en tanto EMEPA es una empresa que se había
adjudicado el servicio de comedores escolares por
contratación directa en 1997 -cuando su razón
social era y es la de temas ligados a los residuos-.
Esta UTE finalmente sería quien deba garantizar que la
zona 4 -ubicada entre las avenidas General Paz, Juan B. Justo,
Reservistas Argentinos, la calle Escalada, la Avenida Eva
Perón,
las calles Emilio Mitre y General Martín de Gainza y la
Avenida García- esté limpia por la suma a cobrar de
3.950.000 pesos mensuales y 1.450.000 pesos por única vez
por la infraestructura del Centro Verde.
Zona 5: esta zona -delimitada por las avenidas Juan B. Justo,
Reservistas Argentinos, General paz, 3 de Febrero, Mariano Acosta
y Eva Perón, y la calle Escalada- seguirá siendo
atendida por el Ente de Higiene Urbana.
Zona 6: esta área -delimitada por las avenidas
García, Ángel Gallardo, Corrientes, Forest y La
Pampa, la calle Vidal, la Avenida General Paz y la calle Cuenca-
sería para la unión transitoria de empresas
conformada por Martin y Martin y Industrias
Menotti Pescarmona Sociedad
Anónima (IMPSA) por la suma de 3.590.000 pesos
mensuales y un pago de 1.403.000 por la infraestructura del Campo
Verde. Martin y Martin opera la recolección en Hurlingham,
La Matanza y Lomas de Zamora y antes lo hizo en la propia Ciudad
de Buenos Aires y en Rosario; en tanto IMPSA trabaja actualmente
en la Capital Federal bajo el nombre de SOLURBAN.
A partir de los nuevos contratos, las
zonas 1, 2, 3, 4 y 6 coinciden con los límites de
los Centros de Gestión
y Participación para aplicar un nuevo criterio de control
vecinal y ampliar la participación ciudadana. Además, las
empresas serían sometidas a inspecciones para garantizar
la correcta prestación del servicio. La gente podrá
auditar a las empresas a través de los CGPs: en cada uno
debería funcionar una comisión formada por vecinos,
representantes del gobierno y de las empresas. Además, los
0-800 de las empresas estarán en red con el Sistema
Único de Reclamos de la Ciudad.
Por otra parte, la inspección debería ser
realizada por agentes del gobierno. Sin embargo se
terciarizó, delegando estas facultades, por ejemplo, en el
CEAMSE. Esto no fue aprobado por la Legislatura y
constituye un riesgo al dejar
en manos privadas esta tarea, teniendo en el caso del CEAMSE un
sesgo especial dado que éste sigue cobrando por toneladas,
con lo cual la detección de irregularidades en algunos
casos podría ir en contra de sus propios intereses.
Otra de las obligaciones
es la construcción de un Centro Verde por zona,
espacios que facilitarán la aplicación del Programa
de Recuperadores Urbanos. Estas infraestructuras tendrán
además del área de trabajo, lugares para
guarderías, sanitarios y un salón de usos
múltiples.
En total, la Ciudad pagará $ 24.648.502 por mes para
que recolecten los residuos de sus calles y las concesionarias
deberán destinar el 4% de lo que la comuna les pague en el
primer año, y el 3% a partir del segundo, a
campañas de difusión y educación para que
los ciudadanos ensucien menos, separen los residuos y saquen la
basura a horario.
El valor promedio
del costo del servicio de recolección de basura por
tonelada en las zonas que gestiona por sí la Ciudad es de
48 pesos. Mientras que en las zonas que manejan las empresas
privatizadas este costo asciende a más del doble: 113
pesos.
Estas privatizaciones altamente desventajosas para el
Gobierno de la Ciudad (ya lo hemos visto en relación a los
costos de la recolección y a la terciariación del
control) son parte del conjunto de procesos de
reforma del Estado, llevados a cabo desde los años 80.
·
RECUPERADORES URBANOS
A partir de la crisis del 2001 aparece un nuevo actor en la
escena social: el desocupado que ante la falta de empleo se
convierte en cartonero.
La ley 992, sancionada en diciembre de 2002, regula su
actividad, la hace legal, y lo convierte en un recuperador
urbano; un clasificador de material reciclable. Sin embargo son
muy pocos los que cumplen las normativas establecidas, por lo que
su actividad sigue desarrollándose informalmente y de
manera precaria.
Estas personas trabajan dentro de un circuito que funciona "en
negro". Cada noche trasladan alrededor de ocho mil kilos de papel
y cartón. Algunos viajan desde el Gran Buenos Aires hasta
la ciudad, otros se organizan en cooperativas y
participan en experiencias municipales o barriales. Pero la
experiencia indica que se agrupan de esta manera cuando entienden
que es la mejor forma de vender, solo 600 cartoneros
estarían organizados del total de 40.000.
La Ciudad cuenta con un Registro de
Recuperadores Urbanos que reciben pecheras, guantes y vacunas, y que
en la mayoría de los casos se los instruye en la
importancia de asociarse en cooperativas de trabajo. Algunas
cooperativas que trabajan desde hace años, incorporan
cartoneros o los ayudan a asociarse y capacitarse a partir de su
propia experiencia, en un esfuerzo conjunto con el gobierno que
busca formalizar esta fuente de ingreso, como punto de partida
para blanquear toda la cadena productiva que se desarrollo en
torno a la
basura. De este modo se busca formalizar todo un sistema
productivo que aporta fuentes de
trabajo, y potencia la
industria del
reciclado, con la consiguiente disminución de los
volúmenes y costos de enterramiento.
Esta actividad logró que se entierre un 11 por ciento
menos (casi 600 toneladas de papel, cartón, vidrio y muchos
otros materiales de
valor) del total de la basura, aportando a reducir el impacto
sobre el calentamiento
global, la
contaminación de los suelos, y el
gasto que significa para la ciudad la disposición de
residuos en un relleno sanitario.
Las cadenas de recuperación de materiales reciclables
garantizan diferentes umbrales de reproducción social de los actores sociales
que en ellas intervienen. Los precios de los
materiales determinan indirectamente un nivel de actividad
mínimo a partir del cual la recuperación es
productiva o rentable, según los objetivos de
cada actor de la cadena. Por reducida que sea, si la ganancia
puede garantizar el mantenimiento de los medios de
trabajo y un excedente para la comida del hogar, el material
será objeto de recolección por los cartoneros. De
esta manera, la recuperación se inicia en las necesidades
relacionadas con la supervivencia cotidiana de los recolectores,
y va asegurando la reproducción del acopiador y de los
intermediarios hasta llegar a la industria. Así, las
cadenas de recuperación contribuyen tanto a lógicas
de reproducción predominantemente vitales, de
supervivencia, como a lógicas de acumulación de
grandes grupos
empresariales. La recolección informal es un negocio que
mueve cien millones de pesos anuales.
A partir de la Ley de Basura Cero y de los nuevos contratos
para las empresas recolectoras, los cartoneros tendrían
prioridad para participar en el proceso de
recolección de los residuos secos, y en las actividades de
los Centros de Selección.
Su trabajo se convertirá en una actividad más
organizada y más digna.
·
VECINOS
Estos actores, a partir de las nuevas leyes aplicadas,
cumplirían un papel fundamental dentro del circuito de
recolección y disposición de los residuos:
tendrían nuevos roles en los controles a las empresas y en
la separación de origen para el posterior reciclado.
Se desarrollaría un programa de relaciones con la
comunidad para
que, a través del Área de Gestión de
Reclamos, los vecinos puedan canalizar sus inquietudes.
También se prevé una instancia denominada
"auditoria social", en la que los porteños podrán
proponer medidas al contratista para la mejora del servicio o
notificar irregularidades. Además se realizarían
encuestas
trimestrales de satisfacción del vecino.
Una vez por mes habrá una asamblea de vecinos en cada
CGP para plantear quejas a las empresas.
Los vecinos perciben la basura como un problema, a pesar de
esto no actúan en consecuencia (dejan sus residuos en
horarios inadecuados y sin separarlos debidamente), ya que no
tienen conocimiento
sobre la real dimensión del inconveniente. De esta manera,
se plantean quejas y demandas de soluciones,
las cuales no están sustentadas con el correspondiente
compromiso de participación. El déficit de conciencia
colectiva se agudiza con la ineficiencia, ineficacia o hasta
ausencia de campañas.
·
GOBIERNO
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el actor
más relevante y se entenderá como Autoridad de
Aplicación de la ley Basura Cero al Ministerio de Ambiente
de la Ciudad, para llevar a cabo la implementación de la
misma.
Esta legislación formó parte de la agenda de
gobierno como un conjunto de problemas,
demandas, cuestiones y asuntos que los gobernantes han
seleccionado y ordenado. Además de haber sancionado esta
ley, este actor fue el encargado de reglamentarla. Sin embargo,
aunque la política fue promulgada en 2005, la
reglamentación no se estableció sino hasta 2007.
Esto podemos entenderlo comprendiendo a la
administración estatal, no sólo como un cuerpo
de funcionarios, instituciones
y procedimientos,
sino como un campo de lucha, una "arena política", en la
cual se dirimen no sólo la ejecución de
políticas sino también cómo esas
políticas son resultado de la relación de fuerzas
resultantes. En este sentido, podríamos comprender los
vaivenes en el desarrollo de la Ley Basura Cero (el retraso en la
evaluación del proyecto por parte de la Comisión
del Presupuesto,
determinados artículos de la ley formulados de forma
imprecisa, la demora en la reglamentación, modificaciones
en otros ámbitos pendientes para la plena vigencia de la
ley y los propios incumplimientos) como la contracara de esa
relación de fuerza entre todos los actores involucrados en
la ley.
Tiene una importancia capital además, ya que cualquier
proyecto tendiente a un desarrollo integral, en este caso, para
la problemática de los residuos urbanos, requiere
decisión y compromiso políticos, justamente por que
el Gobierno es otro actor en esa lucha en torno al poder.
Según la terminología de Ozslak, sería
importante definir entonces el rol a seguir por el Gobierno en la
implementación de la ley, teniendo en cuenta todas las
relaciones que éste mantiene con el resto de los actores:
cómo se situará ante los intereses privados de las
empresas que forman parte del ciclo de la basura, qué
buscará promover en relación a los cartoneros y los
vecinos.
·
COOPERATIVAS
Las cooperativas surgieron a fines de la década del 90
y su formación estuvo directamente relacionada con la
modalidad con que son gestionados los recursos. Se originaron por
el incremento de las demandas de materiales reciclables, el
desempleo
creciente y las falencias de la gestión de residuos.
Varias se crearon entre cartoneros vecinos de un mismo barrio o
que frecuentaban los mismos depósitos de intermediarios
donde, en general, se pesa menos y se paga menos el material
recolectado. Por eso, "peso, precio y justo" es uno de los
principios
comunes de todas las cooperativas.
éstas deben registrarse en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, lo cual les
permite acceder a las líneas de crédito
y subsidio otorgadas por la Ciudad, con la finalidad de adquirir
bienes de
capital. Lograr matricularse de esta manera, generar un
ámbito de cooperación real entre sus miembros,
mejorar las condiciones en las que se realiza la
recolección y separación, encontrar un lugar
físico donde esa tarea y conectarse con las empresas
compradoras son parte de los objetivos comunes de las mismas.
Es por estas tareas desarrolladas que en la nueva ley tienen
un rol fundamental, ya que nuclearían cuestiones de vital
importancia: la separación, el reciclaje y la
formalización del trabajo de los recuperadores
urbanos.
Las cooperativas que se encuentran registradas en el
área metropolitana son:
· El
Ceibo
· El
Álamo
·
Cooperativa Ecológica de Reciclado Bajo Flores
(CERBAF)
·
Reciclando Rueños
·
Cooperativa del oeste
·
Cooperativa La Esperanza
·
Cooperativa La Gran Esperanza
·
Cooperativa Los amigos del tren
·
Asociación El Amanecer de los Cartoneros (MTE)
INCUMPLIMIENTOS
En esta sección observamos los incumplimientos de la
ley en torno a distintos ejes temáticos.
·
Reducción del volumen de
residuos a disposición final
Los artículos relacionados con este tema son 6º,
29º, 33º, 34º, 55º, 58º.
Estos plantean un cronograma de reducción progresiva de
la disposición final de residuos sólidos urbanos,
mediante el cual se implementaría la separación en
origen, disposición inicial selectiva y recolección
diferenciada. Se trataría de que los residuos
sólidos urbanos secos pasibles de ser reciclados o
reutilizados no se deriven al relleno sanitario.
Para este objetivo es
fundamental la instalación y funcionamiento de los Centros
Verdes.
éstos aparecieron ya desde el Pliego de Bases y
Condiciones para contratar el servicio público de Higiene
Urbana, dado que se incluyó su construcción,
definiéndolos como los lugares donde, construida la
infraestructura, permitiría las tareas de
selección, enfardado y acopio de materiales reciclables a
los Recuperadores Urbanos, ya sea que se trate de una organización o en forma personal.
Cada centro verde contaría con un sector de
recepción de los materiales donde se
realizaría una preclasificación entre papel,
cartón, plásticos
de alta y baja
densidad, color, vidrios,
etc. Luego pasa al sector de acondicionamiento donde son
enfardados o compactados según se requiera y se estiban
hasta su posterior venta.
El Centro Verde será cogestionado por el Estado
(construyéndose incluso en predios de su propiedad
según lo establecido en la Ley 992) y la Cooperativa
de
recuperadores urbanos del área de influencia. El Estado
tendrá a su cargo la administración, garantizando la
transparencia de los materiales allí manejados,
actuará como asistencia técnica para la
cooperativa, se encargará de la articulación con
otros actores sociales y de la difusión de las tareas
allí realizadas.Los trabajadores que no estén
dentro de la planta serán los que recojan los materiales
previamente separados por los vecinos, comerciantes etc.
Debidamente uniformados, con carros preparados para tal fin y
tendrán un recorrido estipulado.
A partir de estas tareas podemos concluir que sus objetivos
principales son la valorización de los materiales
reciclables, la optimización de las condiciones de trabajo
de los recuperadores urbanos y la mejora del medio ambiente
a través de la promoción del reciclado.
Uno de los inconvenientes que se presentó en la
instalación de los centros verdes fue, en principio, la
necesidad de reforma del Código
de Planeamiento
Urbano ya que en un primer momento tales sitios no se encontraban
incluidos dentro de las actividades previstas en el mismo. Por
este motivo en septiembre del 2005 se aprobó un proyecto
de ley para la incorporación al Código. Sin embargo
recién un año después de la sanción
de la Ley de Basura Cero (diciembre del 2006) se aprobó la
modificación.
Esto suponía la habilitación que
permitiría a las empresas recolectoras comenzar con las
obras de infraestructura, sin embargo encontramos que la
situación de los centros verdes en las distintas zonas de
la Ciudad se presenta de la siguiente manera:
Zona 1. CLIBA: desde hace más de un año
la Cooperativa "El Ceibo" tiene inscripta la
orden de servicio para la construcción del Centro
Verde. Desde entonces esperan
que la empresa presente el presupuesto para la obra completa.
Poseen un contrato
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el cual Cliba
debe entregarle los
materiales recolectados de la selección diferenciada
según lo establece la resolución
50. Según la Dirección de Políticas de Reciclado
Urbano6 son apenas 4,2 toneladas
diarias las que reciben y la porción recuperable es muy
baja.
Zona 2. AESA: actualmente la empresa transporta al
galpón de la cooperativa "El
Ceibo" menos de una tonelada diaria de residuos provenientes
de la recolección
diferenciada. Greenpeace desconoce el estado de
situación de las gestiones
realizadas para la creación del Centro Verde
correspondiente a esta zona.
Zona 3. URBASUR: recuperadores provenientes de la zona
de Villa Fiorito y
Caraza, unos 1.000 cartoneros, se vienen organizando en
cooperativas y reclaman
subsidios para el transporte que utilizan, hasta tanto se
construya el Centro Verde.
El gobierno se comprometió a entregarles dichos
subsidios para mejorar la
seguridad del transporte, y desde octubre el trámite
está paralizado.
Zona 4, NITTIDA: el Centro Verde fue adjudicado a la
Cooperativa Reciclando
Sueños. También se inscribió la orden de
ejecución de obra. En enero comenzaron
con el movimiento de
suelos en un terreno contiguo a donde la empresa tiene
una
base de operaciones. El
terreno consta de tres lotes, y aún no tiene hecha la
subdivisión. Por este motivo se suspendió la
obra.
Zona 5 Ente de Higiene Urbana: el primero de Mayo de
2006 el Gobierno de la
Ciudad inauguró la primera planta de
clasificación de materiales reciclables de la
Ciudad. Pasaron otros 4 meses hasta que el lugar, estatal,
contara con la
habilitación necesaria para operar. Con una capacidad
máxima de procesamiento de
120 toneladas diarias y 27 miembros de la cooperativa, en una
conferencia
de
prensa presidida por el Jefe de Gobierno, Jorge Telerman y su
entonces Ministro de
Medio Ambiente, Marcelo Vensentini se puso en marcha la
planta. A casi un año de
ese día, la planta no llega a procesar 2 toneladas
diarias y sus ingresos apenas
son
suficientes para cubrir los costos operativos.
Zona 6 INTEGRA: La Cooperativa "El Álamo" ha
obtenido promesas de distintos
funcionarios respecto de la entrega de un galpón para
realizar las actividades de
recuperación. Desde el mes de octubre se está
incumpliendo un acta acuerdo que
obligaba al Gobierno a la entrega de un galpón
transitorio, hasta tanto se
construyera el Centro Verde de la zona. En el barrio, los
recuperadores acopian en
un terreno lindero a la estación, mientras el
galpón, a 5 cuadras, permanece vacío y
cerrado hace años. En la actualidad se encuentran
amenazados con un desalojo, sin
que se haya resuelto su definitiva localización
Viendo que lo dispuesto en la ley no tiene una
implementación efectiva, pudimos observar que en un
artículo de la misma se plantea que los plazos previstos
podrían prorrogarse en un lapso de tiempo igual o inferior
al transcurrido desde la aprobación de la ley hasta la
aprobación de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano. Esto significa que en el seno de la propia
ley están justificadas las irregularidades y toleradas las
demoras, por lo cual resulta lógico que la puesta en
marcha de la misma sea muchas veces contradictoria o que no tenga
una direccionalidad clara y marcada, percibiéndose un
conjunto de medidas implementadas sin compromiso político
en relación al real objetivo de la ley.
·
Reglamentación
Otro de los incumplimientos presentes en esta ley está
vinculado al artículo 56º, que establece la
reglamentación de la misma dentro de los ciento ochenta
días desde su publicación. No obstante, esto
ocurrió recién luego de más de un año
de prórrogas: el 4 de Mayo de 2007, el Jefe de Gobierno
Porteño Jorge Telerman firmó el decreto de
reglamentación de la ley. Esta reglamentación fue
diseñada como un proceso participativo en el cual
estuvieron presentes organizaciones
ambientales (GAIA y Greenpeace), de cartoneros ( Cooperativas El
Álamo y CERBAF; Movimiento Nacional de Trabajadores
Cartoneros, Recicladores y Organizaciones Sociales) y empresarias
(Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo
Sustentable, Cámara Empresaria de Medio Ambiente;
Unión Industrial Argentina) . En este proceso se
logró el "consenso" para el texto
definitivo del decreto reglamentario.
Esto es sumamente importante dado que mucho de los
aspectos planteados en la ley sólo podían
concretarse una vez reglamentada la misma (ver por ejemplo los
artículos 9, 43, 16 y 26 de la ley no reglamentada).
También es importante ver en el resultado del proceso de
reglamentación cual fue finalmente la preponderancia que
se le dio a cada actor según como sus planteos fueron
incluidos.
Todo esto refuerza la concepción de las
políticas publicas como un campo de lucha entre los
distintos actores sociales
·
Concientización
Los artículos relacionados con la
concientización son los número 4º y 39º.
Estos indican que se debe promover la concientización en
la población y que la Ciudad debe garantizar la
implementación de campañas publicitarias de
esclarecimiento e información (que deberán ser
sostenidas en el tiempo, a fin de alentar los cambios de
hábitos en los habitantes de la Ciudad y los beneficios de
la separación en origen, de la recolección
diferenciada de los residuos sólidos urbanos, del
reciclado y la reutilización).
Estos artículos tienen que ver con el rol vital de los
vecinos en la nueva programación de ciclo de la basura, ya que
son el primer eslabón del mismo a partir de la
separación en origen que ellos tendrían que
desarrollar. El plan de transporte selectivo y el reciclado
posterior no pueden concebirse sin la ayuda de los vecinos a
través de la separación los residuos húmedos
de los secos, pero para esto es necesario que los vecinos tomen
conciencia de la función
que cumplen en esta cadena y también acerca de las
consecuencias ambientales que conllevaría el no
hacerlo.
Sin bien podríamos decir que se han desarrollado
campañas de concientización (como por ejemplo,
aquellas referidas a sacar la basura en determinado horario con
carteles en la vía pública ), todas estas se dieron
de forma aislada sin perspectiva a largo plazo y sin hacer
hincapié en el objetivo principal de la ley.
Sumado a esto tampoco es posible la participación
vecinal ya que no hay avances concretos en las acciones previstas
por la ley – como por ejemplo el funcionamiento de los centros
verdes-, por lo tanto convive por un lado el fomento de la
participación vecinal junto con la inexistencia de
estructuras
que permitan llevarla a cabo.
·
Salud
El tema de la salubridad está relacionado con los
artículos 4º y 23º, que establecen que las
operaciones para la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos (RSU) se deben realizar sin poner en
peligro la salud humana y que todo el personal que tenga contacto
directo con los residuos debe contar con los elementos y medidas
que protejan su seguridad y
salubridad. Esto se aplica tanto al personal de las empresas
recolectoras como a los recuperadores urbanos.
Las empresas encargadas de la recolección,
evidentemente no cumplen con las medidas de seguridad
obligatorias. Esto puede verse claramente en los reclamos de los
trabajadores que deben hacer huelgas para exigir que se provean
los elementos necesarios para el cuidado de su salud. Los
incumplimientos de estas empresas no sólo están
relacionados con los requerimientos de higiene de las personas
empleadas, sino que también los camiones se encuentran en
pésimas condiciones, no pueden salir a la calle, no
sólo por riesgos que
afectan a los choferes y acompañantes, sino para la gente
en la calle, porque en algunos casos están hasta sin
frenos y pueden provocar accidentes.
Por otro lado, el gobierno tampoco se encarga de hacer cumplir a
los cartoneros con las medidas de seguridad que les son
requeridas. La ley Nº 992 estipula la creación del
Registro de Recuperadores Urbanos, cuyo objetivo es, entre otros,
la entrega de credenciales, de pecheras y de guantes que permita
a los recuperadores trabajar con mayor seguridad y tranquilidad.
Sin embargo, en este registro sólo se encuentran
inscriptos aproximadamente 7.200 personas. Además, se han
aplicado solamente 14.235 dosis de Vacuna Antitetánica y
se han entregado 2.564 credenciales definitivas y 1.347 kits.
Estos números son significativamente inferiores ya que son
más de 40.000 los cartoneros que ingresan a la ciudad cada
día.
Todos estos factores muestran cómo la seguridad, higiene y
salud de los empleados de las recolectoras y los recuperadores
urbanos son muy poco cuidadas y tenidas en cuenta por el gobierno
y las empresas. A pesar de estar obligado por la ley, las
personas encargadas de controlar y poner en práctica estas
medidas no lo hacen ni son sancionadas por las autoridades
correspondientes cuando es debido. Esto evidentemente es otro
factor en contra de la formalización de la actividad de
los cartoneros.
·
Sanciones
Este tema está vinculado a los artículos
46º y 47º. Estos artículos fijan los tipos de
multas y sanciones aplicables a aquellos organismos o individuos
que en algún momento no cumplan las normativas de la ley,
como dejar en los residuos en la vía pública en
recipientes no reglamentarios o no cumplir con la
separación de origen.
Pero con respecto a las sanciones se plantea la siguiente
situación: al no tener la ley una vigencia plena ni un
ejercicio claro, no es lógico que tenga fuerza de
sanción ya que no existe un patrón reconocido al
que los distintos actores deban ajustarse. Pero en la misma
definición de ley, la noción de sanción
paralela a la inobservancia es central, con lo cual,
podríamos decir que la Ley de Basura Cero se encuentra
ante una limitación importante para su ejercicio.
·
Ciclo de la basura
Esta temática esta relacionada con los artículos
14º, 17º, 19º, 20º, 21º, 24º,
25º, 27º, 36º y 38º, donde se establecen
normas para
los distintos momentos del ciclo de la basura:
-Generación
En esta etapa los puntos más importantes son la
separación en origen – con al finalidad de una
disposición inicial selectiva que permita la
recolección diferenciada, la clasificación y
procesamiento posteriores- y la disminución misma de la
generación de residuos sólidos urbanos. Es en
relación a estos puntos en que deberían
desarrollarse las campañas de concientización para
los vecinos, que ya hemos visto que no se despliegan en vista a
los mismos.
-Recolección
Desde la ley se plantea que la recolección debe ser
diferenciada según el tipo de tratamiento que necesite los
residuos (principalmente distinguiendo entre secos y
húmedos). Para ello se plantea como responsabilidad del Gobierno de la Ciudad la
provisión en la vía pública de los
recipientes y contenedores autorizados apropiados para el
cumplimiento progresivo de estos objetivos. En función a
esta meta, podemos identificar el plan de
"contenerización" que se ha puesto en marcha recientemente
en la Ciudad. Sin embargo, ante esta iniciativa surgen cuestiones
similares a las que nos hemos referido anteriormente: se presenta
como un plan aislado y sin que su objetivo principal sea el del
establecimiento de contenedores para la disposición
inicial diferenciada, sino que se presenta como una estrategia
tendiente a suplir las quejas de los vecinos, haciendo que la
basura no esté tan visible.
-Transporte
En los artículos que tratan esta cuestión se
plantean la aplicación de determinadas tecnologías
y normas generales de seguridad e
higiene que deben seguir las prestadoras del servicio de
transporte y recolección. Además se establecen
diferentes modalidades según la recolección sea de
residuos secos o húmedos. Todos estos dispositivos
está de más decir que no se cumplen y que siguen
siendo asuntos pendientes que son responsabilidad de las empresas
recolectoras.
-Disposición final
Con respecto a la disposición final, ya hemos planteado
los objetivos que persigue la ley. Es este ámbito el punto
neurálgico de la misma.
; que los residuos sólidos urbanos que no puedan ser
tratados por las
tecnologías disponibles deben ser destinados a un sitio de
disposición final que determine la autoridad
competente;
·
Pequeñas y medianas empresas
Los artículos que tratan este tema son el 40º,
41º y 44º.
Al promover la ley el reciclado se plantea la cuestión
de establecer las condiciones para el desarrollo de un mercado en el que
esos productos en
cuya producción se utilizaron insumos reciclados o
reutilizados, para que el desarrollo del programa sea viable. De
esta manera se establece la prioridad en la compra para estos
productos por parte de las dependencias del Gobierno de la
Ciudad, y la institución de líneas de créditos y subsidios para las
pequeñas y medianas empresas o cooperativas dedicadas a
esta actividad (incluyendo la comercialización,
reutilización y reciclado).
Podemos asociar esta iniciativa de agrupar todas las empresas
dedicadas a una parte integral del negocio del reciclado como un
intento formalizar esa parte en negro del negocio correspondiente
los galponeros y otros intermediarios que negocian la compra de
las materias primas que los cartoneros recolectan en condiciones
altamente desventajosas para ellos. La formalidad debería
llegar con este "ordenamiento" de la actividad, sin embargo son
pocas las agrupaciones inscriptas en el registro. La importancia
de esta estrategia radica en la cantidad de dinero que
mueve el reciclaje: resulta necesario conferir transparencia y
estabilidad a la cadena de valorización de las materias
primas recuperadas de los residuos, desde su generación
hasta la fabricación de sus nuevos productos. Esto
también incluye entonces lo desarrollado en
relación al Registro de Recuperadores Urbanos. Sin
embargo, los magros logros obtenidos en ambos rubros, y no
sólo los logros sino también las escasas acciones
desarrolladas, plantea la supervivencia del trabajo informal,
indicándonos que evidentemente existen intereses
más fuertes que están a su favor.
A su vez, todos los "estímulos" fijados en los
artículos en forma de "beneficios" por estar registrados,
se desvanecen un poco incluso dentro de los mismos: se formula
que esta prioridad a estas pequeñas y medianas empresas se
dará cuando haya igualdad de
calidad, prestación y precio con respecto al resto de los
ofertantes, con lo cual se plantea cuál es realmente la
prioridad que se les estaría dando. Nuevamente encontramos
una medida imprecisamente formulada desde el artículo que
le da expresión.
CONCLUSIONES
Hemos analizado en la sección anterior los
incumplimientos que a primera vista hemos encontrado en
relación a la formulación de los artículos
de la Ley 1854 de Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos. Y en este análisis hemos encontrado ciertas
constantes: formulación imprecisa y ambigua de los
artículos que conllevan un ejercicio y aplicación
desarticulados; múltiples demoras en distintos aspectos de
lo requerido para el pleno cumplimiento de la ley (como la
aprobación por parte de la Comisión del
Presupuesto, la aprobación de la modificación del
Código de Planeamiento Urbano, la reglamentación de
la misma ley, la construcción de los ya permitidos Centros
Verdes); aparente inercia por parte de la administración
pública y del sector privado para ajustarse a las
normativas de la ley, y en conjunción con esto,
cumplimientos aislados y no integrados en una perspectiva
común hacia la disminución de los niveles de
enterramiento de los residuos sólidos urbanos, y sobre
todo al aumento del reciclado.
¿Cómo podemos entender todas estas
irregularidades que se plantean frente al ejercicio de la ley?
Para contestar esto podríamos repasar lo que hemos
desarrollado en relación con el origen de la misma.
Hemos planteado que el objetivo principal de la Ley de Basura
Cero era la disminución progresiva del nivel de residuos
dispuesto en rellenos sanitarios por el CEAMSE, y asociado a este
objetivo podemos presentar la situación crítica
de los rellenos, ante el colapso técnico y
ecológico que evidenciaban. Ante esta
situación se hacían explícitas los
daños a la salud provocados por los rellenos en las
poblaciones aledañas, que por otro lado, eran las de
más bajos recursos del conurbano. Sin embargo, más
allá de la cuestión ambiental que rondea en toda la
ley y que parece ser su principal objetivo, podemos decir que
poco se ha avanzado en el sentido de una mejora en la
gestión de residuos sólidos urbanos, que
debería plantearse de forma "integral". Al parecer, el
principal objetivo de la ley se está perdiendo de vista
ante los múltiples incumplimientos e inacciones.
Pero retomando la meta de la disminución de los
volúmenes de residuos a ser enterrados por el CEAMSE y al
colapso de éste, encontramos otra situación: el
colapso de los rellenos del CEAMSE en los cuales se depositaba la
basura de la Ciudad trajo aparejado la persistencia en
funcionamiento de uno sólo de ellos, reduciéndose
por lo mismo la proyección de su vida útil. Esto
significó la posibilidad de traslado y por tanto el
posible aumento (y de forma considerable) de los costos que
significaba para la Ciudad. Por lo tanto, el objetivo principal
de la ley, de disminuir los volúmenes de enterramiento, va
a en paralelo a una disminución creciente de los costos
para el Gobierno. De esta forma, hemos encontrado otra
dimensión del objetivo principal, y si es ésta la
que tenemos en cuenta al evaluar la ley, quizás no nos
parezca que su incumplimiento es tan radical.
Sin embargo, la Ley de Basura Cero incluye a otros actores
fundamentales que se relacionan con el Gobierno de una manera muy
notable: por una parte las empresas privadas recolectoras de
residuos, y por la otra los cartoneros/recuperadores urbanos.
Con respecto a las empresas, hemos observado un cambio
fundamental en sus contratos de licitaciones: han pasado a cobrar
por área limpia en lugar de por tonelada. Sin este cambio
radical es imposible poder concebir una gestión "integral"
de los residuos sólidos urbanos, es decir, que pueda
incluir a los agentes del reciclado, entre ellos los cartoneros,
ya que significaban una amenaza a la ganancia de estas empresas
por la disminución de las toneladas por las cuales estas
facturaban. Es decir, la afección del pesaje de residuos
por parte del reciclaje, ya que se supone que al Centro de
Transferencia hacia el CEAMSE llegaría una cantidad menor
de los mismos para evitar su enterramiento, era un punto
principal que las empresas no podían dejar pasar.
Podemos entender la relevancia de los intereses de estos
actores aplicando lo que hemos visto sobre las reformas del
Estado desde comienzos de los años 80, que como resultado
han reducido las áreas de competencia del
Estado y que han traído la asociación del Estado
con los intereses privados en función de la
garantía de privatizaciones que, aunque escandalosas para
el sector
público, resultaran beneficiosas para ellos. De esta
forma, estas empresas se convierten en uno de los actores de
más peso para la decisión y la ejecución de
ciertas políticas públicas, desempeñando la
administración pública lo que Ozslak
ha dado en llamar un rol mediador, aunque el discurso sea
el de la defensa del interés
público.
En persecución de sus intereses estas empresas han
presionado en contra de la incorporación del cartonero al
circuito de la basura como un actor legal, ya que éste
afectaba su ganancia. Podemos ilustrar esto con el fragmento
siguiente extraído de un artículo de la Nación:
" (…) se puede entender mejor aquel exabrupto del
hoy diputado Mauricio Macri, que tuvo participación en
empresas del sector cuando, en 2002, no dudó en decir algo
que hoy prefiere olvidar: "Es tan delito robar la
basura como robarle a un señor en la esquina". Entonces,
la recolección de basura se pagaba por toneladas y los
cartoneros irrumpían masivamente en las calles en busca de
tan caro desperdicio.
Hoy Macri piensa diferente: "No, yo no dije eso. Digo que es un
negocio informal en el que los cartoneros son víctimas y
no se benefician, ya que tienen que hacer un trabajo de
altísimo riesgo. Hay que garantizarles condiciones de
salubridad y sin que afecte la limpieza de la ciudad. El problema
de la basura es, junto con el de la seguridad, el que origina
más reclamos de los vecinos. "
Teniendo en cuenta esto podemos ver que la creación del
CEAMSE en la década del setenta implicó un sistema
de recolección de residuos dentro de la Capital Federal. A
su vez, la forma en que todas las empresas vinculadas a este
circuito obtenían sus ganancias, lleva consigo otra
política que de manera explícita o implícita
conllevaba la exclusión
social de vastos sectores a partir de la prohibición
de la tarea de los cartoneros, que recién logró
legalizarse a partir de la ley 992, ya descrita.
A partir de la inclusión de esta ley podemos incluir
otro aspecto de las políticas públicas, que se
refiere a que, además de su rol funcional a garantizar la
reproducción del capital, también deben tener en
cuenta las reivindicaciones de los sectores populares, a pesar de
que la atención de los mismos sean hasta cierto
punto también una forma de garantizar la
acumulación capitalista. La presencia de esta ley tiene
que ver con al dimensión que el fenómeno de los
cartoneros estaba cobrando en esos años a partir de la
crisis económico y social del país, asociada a una
serie de políticas de corte neoliberal.
Todos los actores implicados en la problemática de la
gestión de los residuos sólidos urbanos intentan
resolverla de manera funcional a sus intereses: las empresas
recolectoras demandó en su momento que la fuerza
pública estatal controlara una actividad que les
reducía las dimensiones de su negocio, y en este momento,
en relación con las normativas de la Ley de Basura Cero,
dilatan las obligaciones que les son atribuidas; los recolectores
informales reclaman una protección que en este momento ya
es legal pero todavía sigue sin ser efectiva para su tarea
y demandan políticas de promoción laboral y
económica; el Gobierno de la Ciudad sigue en
tensión entre la reducción del costo de la
recolección y disposición de los residuos y la
presión
de las empresas recolectoras y de los vecinos que protestan
contra el desorden urbano.
Es en este balance de intereses, siempre con sesgos
específicos de acuerdo a cuál es el rol
predominante del Estado, que debe comprenderse la actual
aplicación de la Ley de Basura Cero, ya sea considerando
sus cumplimientos como sus irregularidades.
Muchas de las políticas que se desarrollan tienden
particularmente a la dimensión de la percepción
por parte de los vecinos del problema de la basura. De esta
forma, podemos ver políticas aisladas o que parecen
"incompletas" ya que avanzan hasta cierto punto, como por
ejemplo, la implementación de los contenedores, más
relacionada a que la basura no se concentre en las esquinas y
haya un sitio para disponerla sin que estorbe. Un avance que
tienda hacia la progresión del reciclado debería
profundizar la capacidad de estos contenedores como sitios de
disposición inicial diferenciada, característica
que sólo se da en ciertos espacios de la Ciudad.
Además, estos contenedores permiten que la tarea realizada
por los cartoneros no produzca aquello por lo cual los vecinos
tanto se quejan: la dispersión de la basura.
En conclusión, entendiendo a la Ley de Basura cero en
un marco más amplio que incluye los intereses de todos los
actores involucrados, los incumplimientos de la misma pueden ser
comprensibles, ya que los motivos por los cuales se
formuló pueden decirse que se están atendiendo.
La cuestión ambiental reclamada por ejemplo, por
Greenpeace, no fue el eje de esta política, por lo
cual no hay direccionalidades claras a este respecto.
Así entendemos que no existan campañas de
concientización más que superficiales en
función de la separación en origen y sin embargo se
planteen como desagregadas y no mantenidas en el tiempo. Para el
Gobierno, la cuestión de los costos es atendida en el
sentido de que existe de hecho una reducción de los
gastos a partir
del reciclado que, aunque de manera aislada, se da en la Ciudad,
y por otra parte parece formalizar y prestar atención a un
sector desprotegido, como es el de los cartoneros.
Pero todo lo explicado en relación a la Ley 1854 puede
aplicarse al resto de las políticas públicas, ya
que tiene que ver con cómo se define el Estado de nuestro
país. éste es un Estado reducido a partir de las
reformas neoliberales que tuvieron lugar sistemáticamente
en las últimas décadas y que lo dejaron en una
situación de escasa capacidad de dirección de un
modelo de
desarrollo sustentable para el país con metas propias. A
diferencia de un modelo tal, aparecen con fuerza los intereses
privados que han tenido hegemonía en el planteo de las
políticas del Estado. Es vital comprender que para una
gestión integral como plantea la ley de los residuos
sólidos urbanos, se precisa hacer compatible la economía, trabajo y limpieza ya que ofrece
una solución para la crisis en la que se encuentran los
rellenos sanitarios, que se agotan y son muy resistidos por los
vecinos; genera una actividad económica que demanda una
importante mano de obra y crea un circuito de materiales y
energía eficiente y ambientalmente sustentable. Pero para
ello es necesario tanto decisión como compromiso
político.
Interrogantes planteados en el
trabajo:
Los interrogantes que han guiado nuestro trabajo y que a la
vez son pasibles de ser respondidos por medio del mismo son en
primer lugar cuál es la situación que da origen a
la ley, no sólo en lo referente al momento puntual en el
que aparece el proyecto, sino en un marco más amplio. En
función de la presentación de la situación,
cuál es la implementación que finalmente se lleva a
cabo de la ley, y en relación a esto cuáles son los
problemas que se presentan a su ejercicio. Para comprender esta
serie de irregularidades debimos intentar conceptualizar
cuáles eran los intereses de los distintos actores
involucrados en al ley, y entre ellos cuáles se
presentaban como "predominantes". Y finalmente, entendiendo que
esta ley es una política pública visualizar el rol
que toma el Estado en esta relación de fuerzas.
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Roberti, Alfredo. "El tratamiento de los residuos en al Ciudad
(Parte I). Redacción La Urdimbre.12/02/06.
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Schamber, Pablo. Suarez, Francisco. "Reciclar la
República" en Realidad Económica nº
190.
Autor:
Eliana Lijterman
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