Resumen
Ejecutivo1
La cooperación e integración
eléctrica es un proceso complejo y de largo plazo que
abarca no solo aspectos técnicos relacionados a las fases
de generación y transmisión eléctrica sino
también la definición de políticas
orientadas a la harmonización de los marcos regulatorios
propios del mercado eléctrico. Además de
incrementar el acceso a modernos servicios de electricidad, la
cooperación e integración eléctrica puede
dotar de mayor seguridad y confiabilidad al sector
eléctrico y facilitar el mejoramiento de sus operaciones
técnicas.
En las Américas, los procesos de
cooperación e integración eléctrica se han
venido desarrollando a niveles regionales y a pasos
diferenciados. Los países de Norte América poseen
la experiencia más dinámica de integración
eléctrica del Hemisferio, seguida de las iniciativas de
cooperación e integración desarrolladas en los
países integrantes del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y por el Sistema de Interconexión
Eléctrica para América Central (SIEPAC). A pesar de
los avances logrados, la infraestructura energética
hemisférica demanda mayores inversiones para constituirse
en un sistema energético sustentable. En este sentido, la
inversión en infraestructura energética en
América Latina y el Caribe requiere entre 3% y 6% del PIB
para responder a las demandas de dicho sector, pero solo un 2% es
invertido en la mejora del mismo.
Actualmente, existen varias iniciativas que
promueven reformas políticas y económicas de cara a
facilitar la cooperación e integración
energética en las Américas. Dichas iniciativas
incluyen no solo las necesarias discusiones políticas en
materia energética sino también la
implementación de proyectos de interconexión de
redes entre países, así como la colaboración
en aspectos tecnológicos y financieros. Estas iniciativas
de integración y cooperación energética
(sector eléctrico) pueden representar importantes
beneficios medioambientales, sociales y económicos,
teniendo en cuenta que dichos beneficios no se producen de forma
automática.
En las Américas, particularmente en
América Latina, la interconexión eléctrica
demanda mayores procesos de planificación de cara a la
eficiencia energética. Dichos procesos deben responder a
objetivos de seguridad energética a largo plazo que
podrían ser alcanzados mediante el desarrollo y
perfeccionamiento de las operaciones eléctricas. Todo esto
requiere el establecimiento o reforzamiento institucional, la
harmonización de marcos legales, comerciales y
técnicos, así como las regulaciones
medioambientales.
Para América Latina y el Caribe, la
integración energética puede servir de gran apoyo y
complemento a la definición de políticas
ambientales, incluyendo una mayor promoción y uso de
fuentes de energías renovables, así como una mayor
eficiencia en la generación y consumo. Adicionalmente, la
integración y cooperación regional puede acelerar
la transferencia de tecnologías más limpias y
eficaces entre los países del Hemisferio, lo cual puede
tener positivas repercusiones para la mitigación del
cambio climático. Asimismo, una mayor integración
regional puede incrementar el acceso a servicios
modernos de electricidad en zonas rurales, lo que a su vez
puede significar mejores respuestas a las necesidades locales,
incluyendo servicios sanitarios, escolarización y
oportunidades de empleo. En este sentido, la expansión del
servicio eléctrico constituye una importante iniciativa
para la mitigación de la pobreza. Finalmente, la
cooperación multilateral en el sector eléctrico
puede estimular el crecimiento económico tanto a nivel
nacional como regional, promoviendo un clima seguro para
potenciales inversiones y facilitando la reducción de
costos de generación y precios finales de
electricidad.
Resumen
La cooperación e integración
eléctrica regional está acelerando en el
Hemisferio Occidental. Este proceso de
integración eléctrica difiere tanto dentro de los
países como entre ellos y se encuentra en curso a
diferentes etapas, y con diferentes objetivos, ya sea en
Norteamérica, América Central, los países
del MERCOSUR u otros. En general, la integración
eléctrica comprende un proceso a largo plazo que involucra
la operación combinada de los sistemas de energía
–generación y redes transmisión-, así
como el apoyo a políticas orientadas a la
armonización de las regulaciones del sector
eléctrico y la integración acelerada para el uso
compartido de tecnología.
La integración también exige una
estrategia común para atraer financiamiento, con retornos
en inversiones cambiantes y en incremento debido a los avances
relacionados con la integración. Por ejemplo, la
experiencia demuestra que diversificando la fuente de
generación de energía eléctrica a una
producción de menor coste para las opciones de
energía pico y no pico, tiene el potencial de disminuir
los costos totales, promover una utilización más
eficiente de los recursos, incrementar la confiabilidad de las
fuentes de energía y, a través de beneficios
relacionados con la eficiencia, mejorar las oportunidades de
negocio para atraer inversions extranjeras al sector.
A su vez, la expansión de capitales e inversiones
operacionales puede derivar en efectos positivos para la salud
humana y en el rendimiento ambiental, incluyendo la
adquisición de equipos para disminuir la polución
en las terminales de las tuberías, un diseno y
mantenimiento mejorado en la generacion de energía
hidráulica y otros beneficios.
Sin embargo, los posibles beneficios socials y
ambientales asociados con la integración eléctrica
no son simples ni automáticos. Los mismos requieren
atención política adicional para asegurar un
enfoque político complementario en el cual la seguridad
energética sea definida en conjunto con la agenda de
protección ambiental y de cambio
climático.
Un ejemplo de la atención que los países
de la region están prestando a las políticas
complementarias es precisado en el comunicado de los
líderes de Canadá, México y los Estados
Unidos durante su reciente cumbre en agosto de 2007. En el mismo,
estos acordaron incrementar la cooperación en seguridad
energética y protección ambiental, incluyendo la
adopción de un marco de colaboración formal para
tratar temas como cooperación bilateral y trilateral en
investigación para beneficio mutuo, desarrollo y
despliegue de una amplia gama de tecnologías
energéticas para usos pacíficos, incluyendo
energía renovable, eficiencia energética,
energía nuclear, combustibles fósiles y
electricidad. Los tres países también han acordado
incrementar la cooperación en el desarrollo
de producción de energía de baja y cero
emisión, tecnologías de uso final, combustibles de
bajo carbono, captura y almacenamiento de dióxido de
carbono, así como tecnologías para células
de combustible, hidrógeno y tecnologías para elevar
la seguridad de la infraestructura
energética.3
1.
Introducción
La cooperación e integración
eléctrica regional es un proceso a largo plazo que
involucra la operación combinada de sistemas de
energía, la interconexión y la
administración armonizada de los servicios de
infraestructura, incluyendo criterios de diseño y
operacionales. Además, exige una estrategia común
en torno a la armonización de las políticas,
así como enfoques comparables en lo relativo al
financiamiento. En conjunto, los países de las
Américas poseen la suficiente capacidad energética
para satisfacer la demanda de energía. Sin embargo,
existen capacidades desiguales dentro de los países,
considerados estos de manera individual (Weintraub, 2007). La
cooperación e integración eléctrica no
sólo incrementan el acceso de operadores y consumidores a
modernos productos y servicios de electricidad, sino que
también proven gran seguridad y confiabilidad al sector
energético, así como una mejora en su manejo
técnico.
La integración energética tiene el
potencial de apoyar y complementar las políticas
ambientales, incluso incrementando el potencial de los
países para expandir su capacidad de generación de
energía renovable, así como contribuir a la
mitigación del cambio climático, esto a
través de las mejoras en la eficiencia asociadas con la
integración y las economías de escala del lado de
la producción, así como al aumento de la
conservación debido a la formación de los precios
de los servicios de electricidad. Además, la
integración regional tiene el potencial de acelerar la
transferencia de tecnologías modernas de generación
de electricidad entre los países, conduciendo a una
ascendente armonización en las capacidades de
generación basadas en el rendimiento.
Al mismo tiempo, los beneficios ambientales potenciales
de la integración eléctrica no son ni
automáticos ni fáciles de lograr. De hecho, la
experiencia de la integración eléctrica dentro de
los Estados Unidos, a través de la liberalización
de las capacidades de generación, sugiere que la
integración puede exacerbar las presiones ambientales al
dar preferencia al productor de electricidad de menor costo (que
en el caso de los Estados Unidos son plantas de carbon en el
oeste medio). Por otra parte, las lecciones políticas
de liberalización e integración de
mercado en Norteamérica (particularmente en
relación a la integración de los
mercados electricos de los Estados Unidos y Canadá)
sugieren que la liberalización está acompanada por
más, no menos, descuidos en las regulaciones por parte de
las autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo, mientras que
los servicios eléctricos se liberalizan, los riesgos de
manipulación de precios aumentan.
Este documento provee una introducción a ciertas
cuestiones relacionadas con la integración
del mercado de electricidad. La sección 2 presenta una
breve cobertura de lastendencias para la
integración y cooperación eléctricas
–energéticas- en de los países de las
Américas. La sección 3 muestra las principales
barreras para una amplia cooperación e integración
eléctrica en el Hemisferio Occidental, en lo atinente a
los principales temas ambientales, socials, económicos y
políticos. Especialmente, dicha sección está
enfocada en la realidad latinoamericana y del Caribe. La
sección 4 explora los beneficios potenciales que pueden
ser obtenidos por medio de una mayor cooperación e
integración eléctrica. La conclusión es
ofrecida en la sección 5.
2. La realidad
hemisférica en una mirada
La infraestructura de energía, entendida como
consistente en plantas de energía para la
generación de electricidad y sistemas de
transmisión que utilizan ambos tipos de fuentes de
energía, renovables y no renovables, tuberías,
redes, refinerías y estaciones de almacenamiento; son
esenciales para el desarrollo debido al rol que juegan en el
sector energético así como por su valor
estratégico para facilitar e incrementar beneficios
económicos y sociales. El desarrollo de dichas
infraestructuras en el Hemisferio Occidental ha sido claramente
diferenciado. Norteamérica tiene la experiencia más
integrada y dinámica, seguida del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) donde el mercado de la electricidad está
grandemente integrado, y del emergente Sistema de
Interconexión Eléctrica para América Central
(SIEPAC).
En general, las infraestructuras energéticas en
el hemisferio eran propiedad del Estado y estaban administradas
como un monopolio dentro del sector público. En el caso de
Latinoamérica y el Caribe (LAC), fue a mediados de los 80
y a principios de los 90 cuando las utilidades propiedad de los
Estados en la mayoría de los países de la
región comenzaron a pasar por un proceso de reforma
–capitalización y/o privatización– motivado
por la mala situación financiera y operacional enfrentada
por el sector energético. Específicamente, la
industria energética fue afectada, entre otros factores,
por problemas inflacionarios, devaluación monetaria, altas
tasas de interés y la crisis del petróleo de los
años 70 (Bacon and Besant-Jones, 2001; Dussan, 1996;
Fisher and Serra, 2000; Matos,1996) y ésto
sólo como parte de la situación global. (Dubash,
2002). En consecuencia, el sector energético en LAC
demandó mayores intervenciones de financiamiento
público que terminaron por deteriorar el desarrollo de la
mayor parte de las economías nacionales de los
países debido a la falta de buen diseño y
planeamiento operativo, bajo desarrollo tecnológico,
políticas sectoriales inadecuadas y la falta de
transparencia en la administración de las actividades del
sector energético.4 En LAC, la
acumulación de éstas y otras situaciones
relacionadas resultaron en la caída de la tasa anual de
crecimiento de la demanda eléctrica, la cual, de acuerdo a
Dussan (1996), retrocedió de 9.8% en el período de
1975-1980 a 4.6% durante 1985-1990. En síntesis, estas
necesidades y problemas representaron una presión para
mayores reformas estratégicas en el sector
energético, incluyendo el desarrollo y las
actualizaciones necesarias en las instalaciones de
la industria electéctrica y fomentando el diálogo
sobre la energía, la cooperación e interconexiones
entre los países de las
Américas.5
Durante la década de los 90, el
sector eléctrico en el Hemisferio Occidental
experimentó grandes mejoras a favor de las interconexiones
nacionales y regionales que aumentaron el comercio de
electricidad a un 99.3% durante los anos 1988 y 1996. Asimismo,
el consumo de electricidad residencial incrementó un 50%
entre 1988 y 1999 y la cobertura de energía
eléctrica se expandió de un 75.1% en 1988 a un
87.9% en 1998 (Apéndice A presenta la generación
neta de energía, por tipo de fuentes, en las
Américas para el año 2004). Conforme
al Banco Mundial, éste desarrollo del sector
eléctrico en el hemisferio demandó un incremento en
la inversion de US$2 billones a US$46 billones durante la primera
mitad de la década de los 90; de esta cifra 23 billones
fueron destinados a países de LAC (Coordinating
Secretariat of the Hemispheric Energy Initiative (HEI), 20016;
Ruiz-Caro,2006).
La motivación política detrás de
dicho progreso puede ser representada por la adopción de
la HEI en la Primera Cumbre de las Américas en 1994, en la
cual los líderes de los Estados de las Américas
definieron un plan que promovía la integración y el
desarrollo sostenible en la región mientras fomentaba la
definición y adopción de marcos regulatorios
transparentes para asegurar que los mercados de energía
satisficieran las necesidades de inversiones y del desarrollo. La
Declaración detrás del HEI fuertemente
indicó que el desarrollo económico sostenible de la
región requería mayor cooperación en temas
de energía y la voluntad política de incrementar la
inversion en el sector energético. Además, su Plan
de Acción (Apéndice B) esbozó varias
estrategias para promover la eficiencia energética, el
desarrollo de tecnología ambientalmente sana y el fomento
de la energía renovable.7
Sin embargo, a pesar del avance mencionado, se argumenta
que la infraestructura energética en las Américas
está rozando la capacidad y es inadecuada para cumplir los
requisitos de un sistema de energía sostenible (Pineau et
al., 2004; Weintraub, 2007).
De hecho, LAC sólo ha utilizado el
26% de su potencial energético a pesar de que se ha
estimado que su consumo total de energía en
relación con el crecimiento del PIB ha aumentado alrededor
de un 2% desde 1970 (Weintraub, 2007). Adicionalmente, el
promedio de inversiones en infraestructura no alcanza el 2% del
PIB cuando se necesita entre un 3 y 6% para cumplir con las
necesidades de desarrollo de LAC (Fay and Morrison,
2007).
Actualmente, existen varias iniciativas involucrando
reformas políticas y económicas con miras a la
cooperación energética hemisférica. Estas
incluyen no sólo el imprescindible diálogo sobre
política energética entre los países, sino
también la implementación de actividades como
proyectos de eléctricos trasfronterizos, interconexiones
de redes subregionales, así como la colaboración en
el desarrollo de oportunidades para el financiamiento y
habilidades técnicas. Al día de hoy, el panorama en
las tendencias de cooperación/integración de la
infraestructura eléctrica en el hemisferio, están
determinadas por movimientos regionales los cuales han seguido
una trayectoria económica y geopolítica que puede
ser descrita como sigue.
2.1. América del Norte
Como se estableció con anterioridad,
América del Norte posee el mercado de electricidad
más activo e integrado del hemisferio, con unas 51
líneas multinacionales de transmisión
eléctrica conectando a los tres países (Weintraub,
2007) sin embargo, el comercio de electricidad entre los mismos
está claramente diferenciado por el número de
transacciones entre Canadá y Estados Unidos y el comercio
entre México y los Estados Unidos. De hecho, en el
año 2005 las importaciones de los Estados Unidos
alcanzaron los 44.5 billones de Kilowats por hora
(kWh), de ese monto, 42.9 billones de kWh fueron adquiridos desde
Canadá (EIA, 2006). Las pequeñas transacciones
entre México y los Estados Unidos son limitadas debido a
la poca interconexión de la redes trasfronterizas, la
armonización del mercado y a problemas de incompatibilidad
de redes. Conforme al Grupo de Trabajo en Energía de
Norteamérica -North American Energy Working Group (NAEWG)-
entidad creada bajo el Acuerdo de Libre Comercio de
Norteamérica (NAFTA), hay una necesidad real de una red
más extensa, lo cual requiere el desarrollo y
actualización de la infraestructura actual para asegurar
la confianza en el suministro.
Otra diferencia significativa entre los países
norteamericanos tiene que ver con la utilización de las
fuentes de energía para la generación de
electricidad. La generación eléctrica en los
Estados Unidos depende principalmente del carbón, el cual
representó el 52% de la generación
total durante el año 2004. Por su parte, el escenario
canadiense fue dominado por la hidroelectricidad con un 60% de la
generación total del país durante el mencionado
año: en México, la generación de
electricidad estuvo basada en el uso de productos derivados del
petróleo y de gas natural, representando el 66% de la
generación de total de electricidad (EIA, 2007). En
general, se afirma que la cooperación e integración
eléctrica trilateral en los países de
Norteamérica está en una fase temprana y requiere
de grandes mejoras para hacer la red más integral y para
coordinar acciones con miras al financiamiento de la
infraestructura energética (Pineau et al.,
2004).
2.2. América Central
Diversos proyectos están teniendo lugar en
América Central con el objetivo de responder a sus
necesidades de electricidad. Estas actividades van desde un marco
político como el Tratado Marco del Mercado
Centroamericano, hasta la implementación de proyectos de
interconexión física como aquellos bajo el Plan
Puebla-Panama (PPP). Este plan fue creado en el ano 2001 y desde
aquel momento la alianza entre las siete naciones ha llevado a
cabo acciones tendientes a la integración de sus
instalaciones y redes eléctricas.
De estos, dos son los grandes proyectos que reflejan el
compromiso de los países: SIEPAC y el proyecto de
interconexión México-Guatemala.
SIEPAC, concebido inicialmente en 1987 por la
cooperación entre los gobiernos de
América Central y España, tendrá
líneas de transmisión con una extension mayor a
los1,800 kilómetros y se espera que comience
a operar en el año 2009 y que mejore el acceso regional a
la electricidad a la vez que facilite la confianza en los
servicios de electricidad, la seguridad y la eficiencia
energéticas. Según el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el costo total de éste proyecto ronda
los US$337 millones.
Por su parte, el proyecto de interconexión
México-Guatemala apunta a facilitar la conexión del
Mercado de Electricidad Centroamericano con el Sistema de
Electricidad Mejicano. Los recursos financieros para este
proyecto alcanzan los US55 millones, y tendrá una
extensión de red de 103km.
Otros dos proyectos de integración que
están siendo estudiados para mejorar el mercado regional
de electricidad en América Central son las interconexiones
entre Guatemala y Belize, que tendrá una longitud de 195km
y el proyecto de electricidad de trasfronterizo entre
Panamá y Colombia con 614km de líneas de red. El
costo estimado para estos proyectos es de 24 y 207 millones de
dólares, respectivamente. En el año 2005, los seis
países Centroamericanos más Belize,
República Dominicana, México y Colombia, adoptaron
el Programa de Integración Energética Mesoamericano
para apoyar la integración del mercado energético
de la región y para aumentar la generación de
electricidad (Ruiz-Caro, 2006).
2.3. América del Sur
En general, los sistemas de electricidad de los
países de América del Sur son desarrollados como
respuesta a las estrategias nacionales que contemplan la
participación del sector privado y la ejecución de
proyectos binacionales como las plantas hidroeléctricas de
Salto Grande, Itaipú y Yacyretá, así como
las interconexiones entre Vnezuela, Colombia y Brazil. En el
año 2003, existían un total de 15 proyectos de
conexiones eléctricas entre los países de esta
región, lo cual constituye un paso significativo en la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional en América del Sur. (IIRSA). La tabla 1 muestra
los proyectos hidroeléctricos binacionales en esta
región.
Tabla 1: Projectos Hidroeléctricos
Binacionales en América del Sur
Projecto Yacyretá Itaipú Salto Grande | Países Argentina-Paraguay Brazil-Paraguay | Capacidad Instalada(MW) 3,200 14,000 1,890 | Generación 12,275 GWh (2002)i 92,689,963 MWh (2006)ii 4,326,399 MWh (2006)iii |
Fuente: i- www.eby.gov.ar
………………………………. ii- www.itaipu.gov.br iii-
http://www.saltogrande.org/
El MERCOSUR fue establecido en el año 1991 con el
objetivo de integrar las economías de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Desde sus comienzos, el MERCOSUR abogó
por políticas energéticas communes dentro de sus
Estados miembros bajo la premisa de que la
cooperación energética constituye un paso esencial
para el desarrollo económico y para el proceso de
integración. En esa dirección, Della estructura de
mercado definida por el MERCOSUR para la integración y la
cooperación de su sector eléctrico incluye no solo
estipulaciones financieras sino también eficiencia
energética, protección ambiental y
armonización legal.8 En 1998,
el grupo decidió fortalecer sus esfuerzos de
integración eléctrica9, y hace dos años,
abogó por una coordinación más eficiente de
las normas regulativas y las actividades técnicas en apoyo
al comercio de energía. Se proyecta que para el año
2025 este grupo de naciones tendrá una red
eléctrica completa e integrada (Weintraub, 2007). Sin
embargo, las diferencias en regulatociones y el rol estatal en
cada sistema aún figuran como los mayores
obstáculos para la integración en el MERCOSUR
(Pineau et al., 2004).
La Decisión número 536, de Diciembre de
2002, de la Comunidad Andina (CAN) definió un marco
general para las interconexiones de los sistemas regionales de
electricidad. Esta iniciativa política apoyó las
redes eléctricas trasfronterizas entre Ecuador y Colombia,
Colombia y Venezuela, y la ya considerada entre Ecuador y
Perú. Recientemente, durante el XVI Consejo Permanente
Andino, los cinco Estados miembros de la CAN acordaron facilitar
la interconexión de redes y sistemas haciendo un fondo
común de energía y recursos financieros. A este
respecto, la CAN vislumbra la integración
energética como una fuerza significativa que conduce a su
interdependencia y desarrollo económico
regional.10
2.4 El Caribe
El Caribe experimenta una condición diferente al
considerar la integración eléctrica. Esto es porque
la región está compuesta por una gran cantidad de
pequeños Estados-islas aislados y ampliamente dispersos,
con baja demanda de energía, creando grandes barreras
físicas y desafíos para diseñar e instalar
infraestructuras de interconexión eléctrica. No
obstante, se pueden considerar iniciativas recientes como el
Tratado PetroCaribe (2005) como un intento de crear una
interconexión / integración virtual de
abastecimiento de energía. En este acuerdo, Venezuela toma
el rol de proveer productos del petróleo subsidiados a las
varias islas del Caribe a un precio reducido para ayudarlas a
reducer sus costos de producción energética.
También Trinidad y Tobago, en cooperación con
Venezuela, está contemplando el desarrollo de una
tubería de gas que interconecte diferentes islas al Este
del Caribe (Apéndice C). En Dominica, las actividades han
comenzado desarrollando una planta geotérmica que
estará interconectada con las islasfrancesas
Martinique y Guadeloupe. Además, la República
Dominicana es signataria del Programa de
Integración Energética Mesoamericano.
En resumen, en muchos de los países de LAC las
reformas del sector energético fueron motivadas por la
falta de fondos para mejorar y expander la infraestructura
eléctrica, así como los servicios y productos de
electricidad. Estas reformas crearon un clima singular para la
participación privada en actividades energéticas
–generación, transporte y distribución-,
caracterizando las tendencias para el desarrollo de la
electricidad y la integración como un proceso de
liberalización de mercado que involucró gran
competencia y entrada de capitales privados (Dussan, 1996). De
hecho, en LAC durante el período entre 1990 y 1997 un
total de U$S45 billones fue invertido en 169 proyectos privados
de inversión en electricidad (Izaguirre, 1998), que en el
ano 2003 representó el 60% del total de las
conexiones eléctricas (Fay y Morrison, 2007). Sin embargo,
en algunos casos como México y Venezuela, el rol estatal
en las actividades de energía / electricidad continuan
siendo comprendidas y fuertemente apoyadas como un componente
clave para la cooperación regional y el proceso de
integración. Hoy en día las tendencias actuales
para la cooperación y la integración en las
Américas están enfocadas en el desarrollo de
interconexiones de redes regionales que son apoyadas por acuerdos
bilaterales y regionales (ECLA, 2006) (Ver Apéndice D).
Estas iniciativas presentan una combinación de
participación pública y privada, incluyendo
inversiones conjuntas y el compartir de recursos técnicos,
en actividades que comprenden el desarrollo de infraestructura,
administración y operación de proyectos, y
servicios de electricidad. Sin embargo, a pesar de los avances
sustanciales que se han dado en las últimas tres
décadas, la integración
energética/eléctrica está todavía
lejos de ser óptima. Existe una necesidad real de nuevas
instalaciones y mejoramiento de las ya existentes para satisfacer
la demanda de electricidad. Las barreras para promover y
desarrollar una cooperación e integración
eléctrica regional de manera eficiente en el hemisferio
incluyen limitaciones económicas consistentes en mercados
de electricidad que son incompatibles. Además este proceso
se ve afectado por la ausencia de compromisos políticos
para adoptar una mayor combinación de energía, para
desarrolloar y utilizar fuentes de energía removable
así como para apoyar la articulación de
regímenes regulatorios armonizados. Así como
barreras financieras que están alineadas con la ausencia o
debilidad de metas comunes y planificación. La siguiente
sección aborda estas barreras y su complejidad.
3. Desatando los
obstáculos
3.1. Temas ambientales y Sociales
La cooperación energética en las
Américas ha sido tomada como una oportunidad clave para el
tratamiento de temas relativos al Cambio Climático,
incluyendo los tópicos ambientales y sociales que estos
suponen. En este sentido, el HEI firmado por los
Jefes de Estados de las Américas en 1994 constituye un
concreto reconocimiento de vínculo especial entre
energía/electricidad y desarrollo sostenible.
Además, en el contexto de la Iniciativa Latinoamericana y
el Caribeña para el Desarrollo Sostenible, los
países de esta región acordaron aumentar el uso de
energía renovable por lo menos en un 10% de
su oferta total de energía primaria para el ano 2010, lo
cual demanda un cambio sustancial en la
infraestructura energética regional y, en particular, una
definición más acentuada de las regulaciones
ambientales (Perkins, 2003). Todo esto requiere una mayor accion
de quienes diseñan las políticas, entendiendo que
en los años venideros la integración
energética será un tema clave para el comercio
internacional (Rosenberg, 2000) y la
integración eléctrica constituirá un paso
necesario para asegurar el desarrollo sostenible y para mitigar
los impactos ambientales negativos. De hecho, desde una
perspective política, en el mundo actual es inapropiado
concebir al crecimiento económico sin medidas de calidad
ambiental (Seymour et al., 2005).
Los sistemas regionales integrados entre los
países de las Américas tienen el potencial de
alcanzar multiples beneficios ambientales a través de la
optimización del uso de las fuesntes de energía. El
intercambio de la experiencia técnica (know-how), el
desarrollo de un mercado de electricidad coordinado y el
fortalecimiento de regulaciones ambientales, son esenciales para
fomentar fuentes de energía sostenible y ambientalmente
favorables para la generación de electricidad.
En relación con las emisiones de gas de efecto
invernadero (GHG) que contribuyen con el cambio
climático, hay una gran diferencia entre los países
del Hemisferio Occidental la cual puede ser ilustrada en la Tabla
No. 2. Por ejemplo, mientras las emisiones de CO2 en
Norteamérica sumaron 6.9 billones de toneladas
métricas en el 2004, las naciones de Centro y Sur
América sólo emitieron 1 billón de toneladas
métricas durante el mismo período (EIA, 2007). A
pesar de estas discrepancias, durante el período de
1990-2004, las emisiones de CO2 han aumentado un
3.1% anualmente en Centro y Sur América en
comparación con el promedio anual del 1.3% en
América del Norte (EIA, 2007). Estas estadísticas
demuestran la importancia de alcanzar la integración
eléctrica regional por medio del uso de medios
sostenibles, regulando el uso de combustibles fósiles y
alentando la expansión de los usos de energía
renovable, especialmente en consideración de la
incrementada demanda de energía. La puesta en común
de recursos puede ofrecer opciones de desarrollo eléctrico
que permitan a los países mitigar el uso de las fuentes de
energía altamente contaminantes y estructurar la
producción de electricidad de una manera que priorize las
preocupaciones ambientales.
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