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Cooperación e integración eléctrica regional en Las Américas



    Resumen
    Ejecutivo1

    La cooperación e integración
    eléctrica es un proceso complejo y de largo plazo que
    abarca no solo aspectos técnicos relacionados a las fases
    de generación y transmisión eléctrica sino
    también la definición de políticas
    orientadas a la harmonización de los marcos regulatorios
    propios del mercado eléctrico. Además de
    incrementar el acceso a modernos servicios de electricidad, la
    cooperación e integración eléctrica puede
    dotar de mayor seguridad y confiabilidad al sector
    eléctrico y facilitar el mejoramiento de sus operaciones
    técnicas.

    En las Américas, los procesos de
    cooperación e integración eléctrica se han
    venido desarrollando a niveles regionales y a pasos
    diferenciados. Los países de Norte América poseen
    la experiencia más dinámica de integración
    eléctrica del Hemisferio, seguida de las iniciativas de
    cooperación e integración desarrolladas en los
    países integrantes del Mercado Común del Sur
    (MERCOSUR) y por el Sistema de Interconexión
    Eléctrica para América Central (SIEPAC). A pesar de
    los avances logrados, la infraestructura energética
    hemisférica demanda mayores inversiones para constituirse
    en un sistema energético sustentable. En este sentido, la
    inversión en infraestructura energética en
    América Latina y el Caribe requiere entre 3% y 6% del PIB
    para responder a las demandas de dicho sector, pero solo un 2% es
    invertido en la mejora del mismo.

    Actualmente, existen varias iniciativas que
    promueven reformas políticas y económicas de cara a
    facilitar la cooperación e integración
    energética en las Américas. Dichas iniciativas
    incluyen no solo las necesarias discusiones políticas en
    materia energética sino también la
    implementación de proyectos de interconexión de
    redes entre países, así como la colaboración
    en aspectos tecnológicos y financieros. Estas iniciativas
    de integración y cooperación energética
    (sector eléctrico) pueden representar importantes
    beneficios medioambientales, sociales y económicos,
    teniendo en cuenta que dichos beneficios no se producen de forma
    automática.

    En las Américas, particularmente en
    América Latina, la interconexión eléctrica
    demanda mayores procesos de planificación de cara a la
    eficiencia energética. Dichos procesos deben responder a
    objetivos de seguridad energética a largo plazo que
    podrían ser alcanzados mediante el desarrollo y
    perfeccionamiento de las operaciones eléctricas. Todo esto
    requiere el establecimiento o reforzamiento institucional, la
    harmonización de marcos legales, comerciales y
    técnicos, así como las regulaciones
    medioambientales.

    Para América Latina y el Caribe, la
    integración energética puede servir de gran apoyo y
    complemento a la definición de políticas
    ambientales, incluyendo una mayor promoción y uso de
    fuentes de energías renovables, así como una mayor
    eficiencia en la generación y consumo. Adicionalmente, la
    integración y cooperación regional puede acelerar
    la transferencia de tecnologías más limpias y
    eficaces entre los países del Hemisferio, lo cual puede
    tener positivas repercusiones para la mitigación del
    cambio climático. Asimismo, una mayor integración
    regional puede incrementar el acceso a servicios
    modernos de electricidad en zonas rurales, lo que a su vez
    puede significar mejores respuestas a las necesidades locales,
    incluyendo servicios sanitarios, escolarización y
    oportunidades de empleo. En este sentido, la expansión del
    servicio eléctrico constituye una importante iniciativa
    para la mitigación de la pobreza. Finalmente, la
    cooperación multilateral en el sector eléctrico
    puede estimular el crecimiento económico tanto a nivel
    nacional como regional, promoviendo un clima seguro para
    potenciales inversiones y facilitando la reducción de
    costos de generación y precios finales de
    electricidad.

    Resumen

    La cooperación e integración
    eléctrica regional está acelerando en el
    Hemisferio Occidental. Este proceso de
    integración eléctrica difiere tanto dentro de los
    países como entre ellos y se encuentra en curso a
    diferentes etapas, y con diferentes objetivos, ya sea en
    Norteamérica, América Central, los países
    del MERCOSUR u otros. En general, la integración
    eléctrica comprende un proceso a largo plazo que involucra
    la operación combinada de los sistemas de energía
    –generación y redes transmisión-, así
    como el apoyo a políticas orientadas a la
    armonización de las regulaciones del sector
    eléctrico y la integración acelerada para el uso
    compartido de tecnología.

    La integración también exige una
    estrategia común para atraer financiamiento, con retornos
    en inversiones cambiantes y en incremento debido a los avances
    relacionados con la integración. Por ejemplo, la
    experiencia demuestra que diversificando la fuente de
    generación de energía eléctrica a una
    producción de menor coste para las opciones de
    energía pico y no pico, tiene el potencial de disminuir
    los costos totales, promover una utilización más
    eficiente de los recursos, incrementar la confiabilidad de las
    fuentes de energía y, a través de beneficios
    relacionados con la eficiencia, mejorar las oportunidades de
    negocio para atraer inversions extranjeras al sector.

    A su vez, la expansión de capitales e inversiones
    operacionales puede derivar en efectos positivos para la salud
    humana y en el rendimiento ambiental, incluyendo la
    adquisición de equipos para disminuir la polución
    en las terminales de las tuberías, un diseno y
    mantenimiento mejorado en la generacion de energía
    hidráulica y otros beneficios.

    Sin embargo, los posibles beneficios socials y
    ambientales asociados con la integración eléctrica
    no son simples ni automáticos. Los mismos requieren
    atención política adicional para asegurar un
    enfoque político complementario en el cual la seguridad
    energética sea definida en conjunto con la agenda de
    protección ambiental y de cambio
    climático.

    Un ejemplo de la atención que los países
    de la region están prestando a las políticas
    complementarias es precisado en el comunicado de los
    líderes de Canadá, México y los Estados
    Unidos durante su reciente cumbre en agosto de 2007. En el mismo,
    estos acordaron incrementar la cooperación en seguridad
    energética y protección ambiental, incluyendo la
    adopción de un marco de colaboración formal para
    tratar temas como cooperación bilateral y trilateral en
    investigación para beneficio mutuo, desarrollo y
    despliegue de una amplia gama de tecnologías
    energéticas para usos pacíficos, incluyendo
    energía renovable, eficiencia energética,
    energía nuclear, combustibles fósiles y
    electricidad. Los tres países también han acordado
    incrementar la cooperación en el desarrollo
    de producción de energía de baja y cero
    emisión, tecnologías de uso final, combustibles de
    bajo carbono, captura y almacenamiento de dióxido de
    carbono, así como tecnologías para células
    de combustible, hidrógeno y tecnologías para elevar
    la seguridad de la infraestructura
    energética.3

    1.
    Introducción

    La cooperación e integración
    eléctrica regional es un proceso a largo plazo que
    involucra la operación combinada de sistemas de
    energía, la interconexión y la
    administración armonizada de los servicios de
    infraestructura, incluyendo criterios de diseño y
    operacionales. Además, exige una estrategia común
    en torno a la armonización de las políticas,
    así como enfoques comparables en lo relativo al
    financiamiento. En conjunto, los países de las
    Américas poseen la suficiente capacidad energética
    para satisfacer la demanda de energía. Sin embargo,
    existen capacidades desiguales dentro de los países,
    considerados estos de manera individual (Weintraub, 2007). La
    cooperación e integración eléctrica no
    sólo incrementan el acceso de operadores y consumidores a
    modernos productos y servicios de electricidad, sino que
    también proven gran seguridad y confiabilidad al sector
    energético, así como una mejora en su manejo
    técnico.

    La integración energética tiene el
    potencial de apoyar y complementar las políticas
    ambientales, incluso incrementando el potencial de los
    países para expandir su capacidad de generación de
    energía renovable, así como contribuir a la
    mitigación del cambio climático, esto a
    través de las mejoras en la eficiencia asociadas con la
    integración y las economías de escala del lado de
    la producción, así como al aumento de la
    conservación debido a la formación de los precios
    de los servicios de electricidad. Además, la
    integración regional tiene el potencial de acelerar la
    transferencia de tecnologías modernas de generación
    de electricidad entre los países, conduciendo a una
    ascendente armonización en las capacidades de
    generación basadas en el rendimiento.

    Al mismo tiempo, los beneficios ambientales potenciales
    de la integración eléctrica no son ni
    automáticos ni fáciles de lograr. De hecho, la
    experiencia de la integración eléctrica dentro de
    los Estados Unidos, a través de la liberalización
    de las capacidades de generación, sugiere que la
    integración puede exacerbar las presiones ambientales al
    dar preferencia al productor de electricidad de menor costo (que
    en el caso de los Estados Unidos son plantas de carbon en el
    oeste medio). Por otra parte, las lecciones políticas
    de liberalización e integración de
    mercado en Norteamérica (particularmente en
    relación a la integración de los
    mercados electricos de los Estados Unidos y Canadá)
    sugieren que la liberalización está acompanada por
    más, no menos, descuidos en las regulaciones por parte de
    las autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo, mientras que
    los servicios eléctricos se liberalizan, los riesgos de
    manipulación de precios aumentan.

    Este documento provee una introducción a ciertas
    cuestiones relacionadas con la integración
    del mercado de electricidad. La sección 2 presenta una
    breve cobertura de lastendencias para la
    integración y cooperación eléctricas
    –energéticas- en de los países de las
    Américas. La sección 3 muestra las principales
    barreras para una amplia cooperación e integración
    eléctrica en el Hemisferio Occidental, en lo atinente a
    los principales temas ambientales, socials, económicos y
    políticos. Especialmente, dicha sección está
    enfocada en la realidad latinoamericana y del Caribe. La
    sección 4 explora los beneficios potenciales que pueden
    ser obtenidos por medio de una mayor cooperación e
    integración eléctrica. La conclusión es
    ofrecida en la sección 5.

    2. La realidad
    hemisférica en una mirada

    La infraestructura de energía, entendida como
    consistente en plantas de energía para la
    generación de electricidad y sistemas de
    transmisión que utilizan ambos tipos de fuentes de
    energía, renovables y no renovables, tuberías,
    redes, refinerías y estaciones de almacenamiento; son
    esenciales para el desarrollo debido al rol que juegan en el
    sector energético así como por su valor
    estratégico para facilitar e incrementar beneficios
    económicos y sociales. El desarrollo de dichas
    infraestructuras en el Hemisferio Occidental ha sido claramente
    diferenciado. Norteamérica tiene la experiencia más
    integrada y dinámica, seguida del Mercado Común del
    Sur (MERCOSUR) donde el mercado de la electricidad está
    grandemente integrado, y del emergente Sistema de
    Interconexión Eléctrica para América Central
    (SIEPAC).

    En general, las infraestructuras energéticas en
    el hemisferio eran propiedad del Estado y estaban administradas
    como un monopolio dentro del sector público. En el caso de
    Latinoamérica y el Caribe (LAC), fue a mediados de los 80
    y a principios de los 90 cuando las utilidades propiedad de los
    Estados en la mayoría de los países de la
    región comenzaron a pasar por un proceso de reforma
    –capitalización y/o privatización– motivado
    por la mala situación financiera y operacional enfrentada
    por el sector energético. Específicamente, la
    industria energética fue afectada, entre otros factores,
    por problemas inflacionarios, devaluación monetaria, altas
    tasas de interés y la crisis del petróleo de los
    años 70 (Bacon and Besant-Jones, 2001; Dussan, 1996;
    Fisher and Serra, 2000; Matos,1996) y ésto
    sólo como parte de la situación global. (Dubash,
    2002). En consecuencia, el sector energético en LAC
    demandó mayores intervenciones de financiamiento
    público que terminaron por deteriorar el desarrollo de la
    mayor parte de las economías nacionales de los
    países debido a la falta de buen diseño y
    planeamiento operativo, bajo desarrollo tecnológico,
    políticas sectoriales inadecuadas y la falta de
    transparencia en la administración de las actividades del
    sector energético.4 En LAC, la
    acumulación de éstas y otras situaciones
    relacionadas resultaron en la caída de la tasa anual de
    crecimiento de la demanda eléctrica, la cual, de acuerdo a
    Dussan (1996), retrocedió de 9.8% en el período de
    1975-1980 a 4.6% durante 1985-1990. En síntesis, estas
    necesidades y problemas representaron una presión para
    mayores reformas estratégicas en el sector
    energético, incluyendo el desarrollo y las
    actualizaciones necesarias en las instalaciones de
    la industria electéctrica y fomentando el diálogo
    sobre la energía, la cooperación e interconexiones
    entre los países de las
    Américas.5

    Durante la década de los 90, el
    sector eléctrico en el Hemisferio Occidental
    experimentó grandes mejoras a favor de las interconexiones
    nacionales y regionales que aumentaron el comercio de
    electricidad a un 99.3% durante los anos 1988 y 1996. Asimismo,
    el consumo de electricidad residencial incrementó un 50%
    entre 1988 y 1999 y la cobertura de energía
    eléctrica se expandió de un 75.1% en 1988 a un
    87.9% en 1998 (Apéndice A presenta la generación
    neta de energía, por tipo de fuentes, en las
    Américas para el año 2004). Conforme
    al Banco Mundial, éste desarrollo del sector
    eléctrico en el hemisferio demandó un incremento en
    la inversion de US$2 billones a US$46 billones durante la primera
    mitad de la década de los 90; de esta cifra 23 billones
    fueron destinados a países de LAC (Coordinating
    Secretariat of the Hemispheric Energy Initiative (HEI), 20016;
    Ruiz-Caro,2006).

    La motivación política detrás de
    dicho progreso puede ser representada por la adopción de
    la HEI en la Primera Cumbre de las Américas en 1994, en la
    cual los líderes de los Estados de las Américas
    definieron un plan que promovía la integración y el
    desarrollo sostenible en la región mientras fomentaba la
    definición y adopción de marcos regulatorios
    transparentes para asegurar que los mercados de energía
    satisficieran las necesidades de inversiones y del desarrollo. La
    Declaración detrás del HEI fuertemente
    indicó que el desarrollo económico sostenible de la
    región requería mayor cooperación en temas
    de energía y la voluntad política de incrementar la
    inversion en el sector energético. Además, su Plan
    de Acción (Apéndice B) esbozó varias
    estrategias para promover la eficiencia energética, el
    desarrollo de tecnología ambientalmente sana y el fomento
    de la energía renovable.7

    Sin embargo, a pesar del avance mencionado, se argumenta
    que la infraestructura energética en las Américas
    está rozando la capacidad y es inadecuada para cumplir los
    requisitos de un sistema de energía sostenible (Pineau et
    al., 2004; Weintraub, 2007).

    De hecho, LAC sólo ha utilizado el
    26% de su potencial energético a pesar de que se ha
    estimado que su consumo total de energía en
    relación con el crecimiento del PIB ha aumentado alrededor
    de un 2% desde 1970 (Weintraub, 2007). Adicionalmente, el
    promedio de inversiones en infraestructura no alcanza el 2% del
    PIB cuando se necesita entre un 3 y 6% para cumplir con las
    necesidades de desarrollo de LAC (Fay and Morrison,
    2007).

    Actualmente, existen varias iniciativas involucrando
    reformas políticas y económicas con miras a la
    cooperación energética hemisférica. Estas
    incluyen no sólo el imprescindible diálogo sobre
    política energética entre los países, sino
    también la implementación de actividades como
    proyectos de eléctricos trasfronterizos, interconexiones
    de redes subregionales, así como la colaboración en
    el desarrollo de oportunidades para el financiamiento y
    habilidades técnicas. Al día de hoy, el panorama en
    las tendencias de cooperación/integración de la
    infraestructura eléctrica en el hemisferio, están
    determinadas por movimientos regionales los cuales han seguido
    una trayectoria económica y geopolítica que puede
    ser descrita como sigue.

    2.1. América del Norte

    Como se estableció con anterioridad,
    América del Norte posee el mercado de electricidad
    más activo e integrado del hemisferio, con unas 51
    líneas multinacionales de transmisión
    eléctrica conectando a los tres países (Weintraub,
    2007) sin embargo, el comercio de electricidad entre los mismos
    está claramente diferenciado por el número de
    transacciones entre Canadá y Estados Unidos y el comercio
    entre México y los Estados Unidos. De hecho, en el
    año 2005 las importaciones de los Estados Unidos
    alcanzaron los 44.5 billones de Kilowats por hora
    (kWh), de ese monto, 42.9 billones de kWh fueron adquiridos desde
    Canadá (EIA, 2006). Las pequeñas transacciones
    entre México y los Estados Unidos son limitadas debido a
    la poca interconexión de la redes trasfronterizas, la
    armonización del mercado y a problemas de incompatibilidad
    de redes. Conforme al Grupo de Trabajo en Energía de
    Norteamérica -North American Energy Working Group (NAEWG)-
    entidad creada bajo el Acuerdo de Libre Comercio de
    Norteamérica (NAFTA), hay una necesidad real de una red
    más extensa, lo cual requiere el desarrollo y
    actualización de la infraestructura actual para asegurar
    la confianza en el suministro.

    Otra diferencia significativa entre los países
    norteamericanos tiene que ver con la utilización de las
    fuentes de energía para la generación de
    electricidad. La generación eléctrica en los
    Estados Unidos depende principalmente del carbón, el cual
    representó el 52% de la generación
    total durante el año 2004. Por su parte, el escenario
    canadiense fue dominado por la hidroelectricidad con un 60% de la
    generación total del país durante el mencionado
    año: en México, la generación de
    electricidad estuvo basada en el uso de productos derivados del
    petróleo y de gas natural, representando el 66% de la
    generación de total de electricidad (EIA, 2007). En
    general, se afirma que la cooperación e integración
    eléctrica trilateral en los países de
    Norteamérica está en una fase temprana y requiere
    de grandes mejoras para hacer la red más integral y para
    coordinar acciones con miras al financiamiento de la
    infraestructura energética (Pineau et al.,
    2004).

    2.2. América Central

    Diversos proyectos están teniendo lugar en
    América Central con el objetivo de responder a sus
    necesidades de electricidad. Estas actividades van desde un marco
    político como el Tratado Marco del Mercado
    Centroamericano, hasta la implementación de proyectos de
    interconexión física como aquellos bajo el Plan
    Puebla-Panama (PPP). Este plan fue creado en el ano 2001 y desde
    aquel momento la alianza entre las siete naciones ha llevado a
    cabo acciones tendientes a la integración de sus
    instalaciones y redes eléctricas.

    De estos, dos son los grandes proyectos que reflejan el
    compromiso de los países: SIEPAC y el proyecto de
    interconexión México-Guatemala.

    SIEPAC, concebido inicialmente en 1987 por la
    cooperación entre los gobiernos de
    América Central y España, tendrá
    líneas de transmisión con una extension mayor a
    los1,800 kilómetros y se espera que comience
    a operar en el año 2009 y que mejore el acceso regional a
    la electricidad a la vez que facilite la confianza en los
    servicios de electricidad, la seguridad y la eficiencia
    energéticas. Según el Banco Interamericano de
    Desarrollo (BID), el costo total de éste proyecto ronda
    los US$337 millones.

    Por su parte, el proyecto de interconexión
    México-Guatemala apunta a facilitar la conexión del
    Mercado de Electricidad Centroamericano con el Sistema de
    Electricidad Mejicano. Los recursos financieros para este
    proyecto alcanzan los US55 millones, y tendrá una
    extensión de red de 103km.

    Otros dos proyectos de integración que
    están siendo estudiados para mejorar el mercado regional
    de electricidad en América Central son las interconexiones
    entre Guatemala y Belize, que tendrá una longitud de 195km
    y el proyecto de electricidad de trasfronterizo entre
    Panamá y Colombia con 614km de líneas de red. El
    costo estimado para estos proyectos es de 24 y 207 millones de
    dólares, respectivamente. En el año 2005, los seis
    países Centroamericanos más Belize,
    República Dominicana, México y Colombia, adoptaron
    el Programa de Integración Energética Mesoamericano
    para apoyar la integración del mercado energético
    de la región y para aumentar la generación de
    electricidad (Ruiz-Caro, 2006).

    2.3. América del Sur

    En general, los sistemas de electricidad de los
    países de América del Sur son desarrollados como
    respuesta a las estrategias nacionales que contemplan la
    participación del sector privado y la ejecución de
    proyectos binacionales como las plantas hidroeléctricas de
    Salto Grande, Itaipú y Yacyretá, así como
    las interconexiones entre Vnezuela, Colombia y Brazil. En el
    año 2003, existían un total de 15 proyectos de
    conexiones eléctricas entre los países de esta
    región, lo cual constituye un paso significativo en la
    Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
    Regional en América del Sur. (IIRSA). La tabla 1 muestra
    los proyectos hidroeléctricos binacionales en esta
    región.

    Tabla 1: Projectos Hidroeléctricos
    Binacionales en América del Sur

    Projecto

    Yacyretá

    Itaipú

    Salto Grande

    Países

    Argentina-Paraguay Brazil-Paraguay
    Argentina-Uruguay

    Capacidad

    Instalada(MW)

    3,200

    14,000

    1,890

    Generación
    (Año)

    12,275 GWh (2002)i

    92,689,963 MWh (2006)ii

    4,326,399 MWh (2006)iii

    Fuente: i- www.eby.gov.ar
    ………………………………. ii- www.itaipu.gov.br iii-
    http://www.saltogrande.org/

    El MERCOSUR fue establecido en el año 1991 con el
    objetivo de integrar las economías de Argentina, Brasil,
    Paraguay y Uruguay. Desde sus comienzos, el MERCOSUR abogó
    por políticas energéticas communes dentro de sus
    Estados miembros bajo la premisa de que la
    cooperación energética constituye un paso esencial
    para el desarrollo económico y para el proceso de
    integración. En esa dirección, Della estructura de
    mercado definida por el MERCOSUR para la integración y la
    cooperación de su sector eléctrico incluye no solo
    estipulaciones financieras sino también eficiencia
    energética, protección ambiental y
    armonización legal.8 En 1998,
    el grupo decidió fortalecer sus esfuerzos de
    integración eléctrica9, y hace dos años,
    abogó por una coordinación más eficiente de
    las normas regulativas y las actividades técnicas en apoyo
    al comercio de energía. Se proyecta que para el año
    2025 este grupo de naciones tendrá una red
    eléctrica completa e integrada (Weintraub, 2007). Sin
    embargo, las diferencias en regulatociones y el rol estatal en
    cada sistema aún figuran como los mayores
    obstáculos para la integración en el MERCOSUR
    (Pineau et al., 2004).

    La Decisión número 536, de Diciembre de
    2002, de la Comunidad Andina (CAN) definió un marco
    general para las interconexiones de los sistemas regionales de
    electricidad. Esta iniciativa política apoyó las
    redes eléctricas trasfronterizas entre Ecuador y Colombia,
    Colombia y Venezuela, y la ya considerada entre Ecuador y
    Perú. Recientemente, durante el XVI Consejo Permanente
    Andino, los cinco Estados miembros de la CAN acordaron facilitar
    la interconexión de redes y sistemas haciendo un fondo
    común de energía y recursos financieros. A este
    respecto, la CAN vislumbra la integración
    energética como una fuerza significativa que conduce a su
    interdependencia y desarrollo económico
    regional.10

    2.4 El Caribe

    El Caribe experimenta una condición diferente al
    considerar la integración eléctrica. Esto es porque
    la región está compuesta por una gran cantidad de
    pequeños Estados-islas aislados y ampliamente dispersos,
    con baja demanda de energía, creando grandes barreras
    físicas y desafíos para diseñar e instalar
    infraestructuras de interconexión eléctrica. No
    obstante, se pueden considerar iniciativas recientes como el
    Tratado PetroCaribe (2005) como un intento de crear una
    interconexión / integración virtual de
    abastecimiento de energía. En este acuerdo, Venezuela toma
    el rol de proveer productos del petróleo subsidiados a las
    varias islas del Caribe a un precio reducido para ayudarlas a
    reducer sus costos de producción energética.
    También Trinidad y Tobago, en cooperación con
    Venezuela, está contemplando el desarrollo de una
    tubería de gas que interconecte diferentes islas al Este
    del Caribe (Apéndice C). En Dominica, las actividades han
    comenzado desarrollando una planta geotérmica que
    estará interconectada con las islasfrancesas
    Martinique y Guadeloupe. Además, la República
    Dominicana es signataria del Programa de
    Integración Energética Mesoamericano.

    En resumen, en muchos de los países de LAC las
    reformas del sector energético fueron motivadas por la
    falta de fondos para mejorar y expander la infraestructura
    eléctrica, así como los servicios y productos de
    electricidad. Estas reformas crearon un clima singular para la
    participación privada en actividades energéticas
    –generación, transporte y distribución-,
    caracterizando las tendencias para el desarrollo de la
    electricidad y la integración como un proceso de
    liberalización de mercado que involucró gran
    competencia y entrada de capitales privados (Dussan, 1996). De
    hecho, en LAC durante el período entre 1990 y 1997 un
    total de U$S45 billones fue invertido en 169 proyectos privados
    de inversión en electricidad (Izaguirre, 1998), que en el
    ano 2003 representó el 60% del total de las
    conexiones eléctricas (Fay y Morrison, 2007). Sin embargo,
    en algunos casos como México y Venezuela, el rol estatal
    en las actividades de energía / electricidad continuan
    siendo comprendidas y fuertemente apoyadas como un componente
    clave para la cooperación regional y el proceso de
    integración. Hoy en día las tendencias actuales
    para la cooperación y la integración en las
    Américas están enfocadas en el desarrollo de
    interconexiones de redes regionales que son apoyadas por acuerdos
    bilaterales y regionales (ECLA, 2006) (Ver Apéndice D).
    Estas iniciativas presentan una combinación de
    participación pública y privada, incluyendo
    inversiones conjuntas y el compartir de recursos técnicos,
    en actividades que comprenden el desarrollo de infraestructura,
    administración y operación de proyectos, y
    servicios de electricidad. Sin embargo, a pesar de los avances
    sustanciales que se han dado en las últimas tres
    décadas, la integración
    energética/eléctrica está todavía
    lejos de ser óptima. Existe una necesidad real de nuevas
    instalaciones y mejoramiento de las ya existentes para satisfacer
    la demanda de electricidad. Las barreras para promover y
    desarrollar una cooperación e integración
    eléctrica regional de manera eficiente en el hemisferio
    incluyen limitaciones económicas consistentes en mercados
    de electricidad que son incompatibles. Además este proceso
    se ve afectado por la ausencia de compromisos políticos
    para adoptar una mayor combinación de energía, para
    desarrolloar y utilizar fuentes de energía removable
    así como para apoyar la articulación de
    regímenes regulatorios armonizados. Así como
    barreras financieras que están alineadas con la ausencia o
    debilidad de metas comunes y planificación. La siguiente
    sección aborda estas barreras y su complejidad.

    3. Desatando los
    obstáculos

    3.1. Temas ambientales y Sociales

    La cooperación energética en las
    Américas ha sido tomada como una oportunidad clave para el
    tratamiento de temas relativos al Cambio Climático,
    incluyendo los tópicos ambientales y sociales que estos
    suponen. En este sentido, el HEI firmado por los
    Jefes de Estados de las Américas en 1994 constituye un
    concreto reconocimiento de vínculo especial entre
    energía/electricidad y desarrollo sostenible.
    Además, en el contexto de la Iniciativa Latinoamericana y
    el Caribeña para el Desarrollo Sostenible, los
    países de esta región acordaron aumentar el uso de
    energía renovable por lo menos en un 10% de
    su oferta total de energía primaria para el ano 2010, lo
    cual demanda un cambio sustancial en la
    infraestructura energética regional y, en particular, una
    definición más acentuada de las regulaciones
    ambientales (Perkins, 2003). Todo esto requiere una mayor accion
    de quienes diseñan las políticas, entendiendo que
    en los años venideros la integración
    energética será un tema clave para el comercio
    internacional (Rosenberg, 2000) y la
    integración eléctrica constituirá un paso
    necesario para asegurar el desarrollo sostenible y para mitigar
    los impactos ambientales negativos. De hecho, desde una
    perspective política, en el mundo actual es inapropiado
    concebir al crecimiento económico sin medidas de calidad
    ambiental (Seymour et al., 2005).

    Los sistemas regionales integrados entre los
    países de las Américas tienen el potencial de
    alcanzar multiples beneficios ambientales a través de la
    optimización del uso de las fuesntes de energía. El
    intercambio de la experiencia técnica (know-how), el
    desarrollo de un mercado de electricidad coordinado y el
    fortalecimiento de regulaciones ambientales, son esenciales para
    fomentar fuentes de energía sostenible y ambientalmente
    favorables para la generación de electricidad.

    En relación con las emisiones de gas de efecto
    invernadero (GHG) que contribuyen con el cambio
    climático, hay una gran diferencia entre los países
    del Hemisferio Occidental la cual puede ser ilustrada en la Tabla
    No. 2. Por ejemplo, mientras las emisiones de CO2 en
    Norteamérica sumaron 6.9 billones de toneladas
    métricas en el 2004, las naciones de Centro y Sur
    América sólo emitieron 1 billón de toneladas
    métricas durante el mismo período (EIA, 2007). A
    pesar de estas discrepancias, durante el período de
    1990-2004, las emisiones de CO2 han aumentado un
    3.1% anualmente en Centro y Sur América en
    comparación con el promedio anual del 1.3% en
    América del Norte (EIA, 2007). Estas estadísticas
    demuestran la importancia de alcanzar la integración
    eléctrica regional por medio del uso de medios
    sostenibles, regulando el uso de combustibles fósiles y
    alentando la expansión de los usos de energía
    renovable, especialmente en consideración de la
    incrementada demanda de energía. La puesta en común
    de recursos puede ofrecer opciones de desarrollo eléctrico
    que permitan a los países mitigar el uso de las fuentes de
    energía altamente contaminantes y estructurar la
    producción de electricidad de una manera que priorize las
    preocupaciones ambientales.

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