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El paramilitarismo como uno de los fenómenos de violencia en Colombia



Partes: 1, 2

  1. Objetivos
  2. Resumen
  3. Introducción
  4. Marco
    teórico
  5. Interpretación
  6. Conclusiones
  7. Bibliografía
  8. Anexos

Objetivos

GENERAL:

  • Evidenciar los distintos efectos y
    consecuencias que la violencia paramilitar y sus
    métodos de lucha han tenido en la sociedad
    Colombiana.

ESPECIFICOS:

  • Transmitir a la juventud estudiantil,
    una información más detallada sobre la
    problemática social y política que genera el
    fenómeno paramilitar en Colombia.

  • Generar un clima de reflexión y
    concientización sobre la necesidad de buscar posibles
    soluciones al fenómeno del paramilitarismo en
    Colombia.

  • Plantear un nuevo tipo de sociedad,
    pacifica e incluyente.

Resumen

El paramilitarismo es uno de los fenómenos que ha
contribuido a la grave situación de violencia
política que ha vivido Colombia durante las últimas
décadas. Aun cuando en sus orígenes, se
constituyó bajo la forma de un movimiento
contrainsurgente, cuyo único objetivo era combatir los
grupos guerrilleros que agredían la sociedad colombiana,
con el paso del tiempo, se convirtió en una verdadera
organización delictiva y criminal, al servicio de
intereses particulares, que cooptaron los espacios dejados por
las autoridades legítimas, dirigiendo sus acciones de
represión y barbarie contra la población civil, en
el camino de apoderarse de la tierra y de obtener el poder
político, social y económico.

Las organizaciones paramilitares, mediante la violencia
-las amenazas, los asesinatos, las masacres, las torturas y el
desplazamiento forzado-, y con el apoyo de ciertos sectores de la
sociedad y del Estado, no solo han logrado generar terror e
intimidación en la población civil, sino
también, imponer su autoridad en vastas zonas del
territorio nacional. Estos grupos armados al margen de la ley,
constituyen, entonces, una amenaza contra la estabilidad
institucional, en cuanto actúan en franco desconocimiento
del Estado Social de Derecho.

Colombia, consciente de las graves consecuencias que el
conflicto armado le ha dejado al País, a través de
sus autoridades, y con el apoyo de los distintos sectores
políticos, sociales y económicos, debe asumir el
compromiso histórico de garantizar a sus habitantes la paz
y la reconciliación nacional. Con ese propósito, le
corresponde adelantar una verdadera política de
desmovilización y reinserción social, que garantice
el juzgamiento y castigo de los autores generadores de violencia,
el conocimiento de la verdad sobre los hechos delictivos y la
reparación de las víctimas del conflicto armado,
asegurándole a éstas unas condiciones de vida digna
y el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

El Estado no puede seguir tolerado la existencia de
grupos armados al margen de la ley, cualquiera sea su
denominación. La disolución y desmantelamiento de
estos grupos constituye una obligación ineludible del
Estado, para que éste pueda recuperar su institucionalidad
y se ponga fin a la violencia generalizada y sistemática
que nos aqueja.

Introducción

El paramilitarismo es un fenómeno de violencia de
enorme gravedad, cuyos actos han causado mucho daño a la
sociedad colombiana y al país en las últimas
décadas. Sus acciones se han reflejado en innumerables
masacres, barbaries, desapariciones forzadas, asesinatos,
torturas, amenazas y masivos desplazamientos forzados. Se
presenta bajo la forma de una estructura u organización
armada contrainsurgente de tipo militar y paraestatal, contraria
a la ley, que surge en Colombia en los inicios de la
década de los años 80 y que se ha diseminado a lo
largo y ancho del territorio nacional, con el apoyo de algunas
células de la fuerza pública, de ciertos grupos
económicos y políticos, del narcotráfico, e
incluso de algunos sectores sociales, quienes lo han promovido
con un propósito de represión, particularmente,
respecto de movimientos alternativos tanto políticos como
sociales, y dentro del fin último de obtener el poder
político, económico y social.

Una realidad de injusticia, pobreza y marginamiento,
sumada a la incapacidad del Estado para satisfacer las
necesidades de todos los ciudadanos y para ejercer el control
sobre el territorio patrio y sobre su población, son los
fenómenos que han incidido en el surgimiento de las
organizaciones armadas al margen de la ley en Colombia, entre
ellas, los grupos paramilitares y de autodefensa, quienes
pretender legitimar políticamente su execrable y cruel
estrategia delictiva y criminal.

La disolución y erradicación de los grupos
paramilitares, y la extinción de cualquier vínculo
entre éstos y los distintos sectores de la sociedad
colombiana y del Estado, se constituye en un propósito
urgente e ineludible para que el país pueda recuperar su
institucionalidad y sus habitantes llevar una vida digna y justa.
No se puede seguir tolerando que este tipo de organizaciones
armadas, con su infinito e insaciable deseo de poder,
continúen llevando a cabo actos de terror y
crímenes de lesa humanidad en contra de la
población y con la anuencia de ciertas autoridades y
grupos sociales y económicos.

Este proyecto pretende mostrar cómo el
paramilitarismo ha incidido en los hechos de violencia
política en Colombia durante los últimos treinta
años, y cómo a través de sus acciones de
barbarie y desolación, ha logrado infiltrar distintos
sectores de la sociedad y el Estado, obteniendo un alto nivel de
poder político, económico y territorial.
Además, en este trabajo, pretendo transmitir a la juventud
estudiantil, una información más detallada sobre la
problemática social y política que genera el
fenómeno paramilitar en Colombia, procurando que alrededor
de dicha problemática, se genere un clima de
reflexión y concientización sobre la necesidad de
buscar soluciones futuras y definitivas, que le permitan a las
nuevas generaciones de Colombianos vivir en un ambiente de paz y
prosperidad, alejado del conflicto que ha marcado al pueblo
colombiano durante décadas.

Marco
teórico

El paramilitarismo, una de las causas de
la violencia en Colombia

Nuestro país, Colombia, viene enfrentando desde
hace varias décadas, un fenómeno de violencia, un
conflicto político armado, que pude calificarse como
estructural y que tiene múltiples y complejas causas y
manifestaciones.

En Colombia, el conflicto político se remonta al
siglo XIX, como consecuencia de las diferencias y rivalidades
surgidas entre los partidos tradicionales, liberal y conservador,
que para ese entonces, representaban los intereses de algunas de
las clases sociales más representativas del país.
Dicho conflicto adquirió mayor fortaleza durante la guerra
civil de los Mil Días, que tuvo lugar entre los
años de 1889 a 1902, y que concluyó con el triunfo
de los conservadores sobre los liberales, promoviéndose
así un largo periodo de violencia partidista, que se
extendería hasta 1953, y que encuentra su punto
álgido con la muerte del líder liberal Jorge
Eliecer Gaitán en 1948, cuyo asesinato provocó una
encarnizada revuelta popular conocida como "El Bogotazo". Luego
de un periodo de dictadura militar, al mando del general Rojas
Pinilla (1953 a 1957), los partidos liberal y conservador
formaron lo que se llamó "El Frente
Nacional"
[1], que no fue otra cosa que un
acuerdo político entre ellos, que les permitió a
sus líderes alternarse el poder y repartirse por igual los
cargos públicos durante cuatro periodos de gobierno, 16
años, marginado a otras fuerzas políticas que
surgían en representación de sectores minoritarios
de la población.

Posteriormente, el conflicto político se reinicia
en la década de los años 60, con el surgimiento de
grupos armados de izquierda conocidos como guerrillas comunistas,
las cuales fueron el resultado de una política de
exclusión social y partidista, de la distribución
desigual de las tierras y de la injusticia social y
económica, liderada por los gobiernos de turno. Estos
grupos de izquierda aparecen, inicialmente, en aquellas zonas de
la geografía nacional donde no hacía presencia el
Estado, concretamente en algunos sectores de los departamentos de
Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta, y ciertos territorios del
magdalena medio, ocupados por campesinos que participaron en el
conflicto político de los años 50, y que
mantenían una confrontación ideológica y
política con el Estado, en demanda de la
reivindicación de sus derechos sociales y de una Reforma
Agraria que les permitiera el acceso a la tierra. Dichos
territorios, que sirvieron de asiento a los primeros grupos de
izquierda, en los inicios de la década de los años
60, fueron objeto de un proceso de asilamiento institucional con
respecto a las demás zonas ocupadas del País, y en
ellos no hacían presencia las distintas autoridades
públicas, en desarrollo de una equivocada estrategia
militar con la que se buscaba impedir nuevos alzamientos de los
movimientos campesinos que los ocupaban, y que reclamaban la
atención del Estado para que le fueran reconocidos los
derechos que reclamaban. A tales territorios, se les
identificó entonces con el nombre de
"repúblicas independientes", precisamente, porque
eran gobernados por los propios grupos campesinos que los
ocupaban, y no por las autoridades del Estado
legítimamente constituidas, constituyéndose tal
situación, en el ambiente propicio para dar origen y
albergar a las primeras organizaciones guerrilleras de
izquierda.

En este escenario, la aparición de las guerrillas
comunistas, entre las que se destacan las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de
Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de
Liberación) y posteriormente el M-19 (Movimiento 19 de
Abril), marcó la vida política del país
desde entonces, con su objetivo ideario de tomarse el poder, so
pretexto de reivindicar los derechos de las clases menos
favorecidas y marginadas. A la aparición de los grupos
guerrilleros[2]le siguieron después el
narcotráfico[3]y los grupos de
autodefensas[4]que en las últimas
décadas se constituyeron también en un factor
importante en el panorama de violencia que aún ahora
aqueja al país. En el caso de las autodefensas o
paramilitares, estos hacen presencia en el panorama nacional, y
encuentran una presunta justificación, como grupos de
fuerza que, en representación de ciertos sectores
sociales, se forman para combatir a las organizaciones
guerrilleras de izquierda, ante la impotencia del Estado para
hacerlo a través de sus autoridades y la fuerza
pública.

En la actualidad, el fenómeno de violencia en
Colombia presenta, entre sus principales protagonistas, a las
organizaciones guerrilleras, a los narcotraficantes y a los
grupos ilegales de autodefensas (AUC), también llamados
paramilitares[5]cuya principal fuente de
financiación es ahora el tráfico ilícito de
drogas. En el caso específico de los grupos de
autodefensa, éstos con sus actos de violencia, terrorismo
y barbarie, a lo largo de estos años, no sólo han
cobrado una gran cuota de vidas humanas, incluyendo mujeres y
niños, sino que también han obligado a cientos de
miles de colombianos a abandonar sus hogares y a desplazarse a
los centros urbanos de la patria, en busca de protección,
con las consecuencias sociales y económicas que el
desplazamiento forzado implica.

Consientes del grave daño que tales
organizaciones le han causado a la patria, distintos sectores de
la sociedad, y la misma comunidad internacional, han coincidido
en señalar que en el origen del fenómeno de
violencia que nos aqueja, se encuentra una realidad de
injusticia, desigualdad, pobreza y marginamiento, la cual ha sido
utilizada, entre otros, por los grupos de autodefensa, para
alimentar la confrontación entre los colombianos y
acceder, en beneficio propio, al poder político, social y
económico en el país[6]

Una mirada al panorama de la violencia política
en Colombia, desde el punto de vista de quienes han sido
víctimas, debe apuntar necesariamente hacia el camino de
la paz y la reconciliación. Precisamente, en la
Declaración de Oslo sobre el Derecho Humano a la Paz,
aprobada por la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura, Celebrada en París en 1997, se consignó,
en su artículo segundo, que "Todos los seres humanos,
todos los estados y los otros miembros de la comunidad
internacional y todos los pueblos, tienen el deber de contribuir
al mantenimiento y a la construcción de la paz, así
como a la prevención de los conflictos armados y de
violencia bajo todas sus formas. Es de su incumbencia favorecer
el desarme y oponerse por todos los medios legítimos a los
actos de agresión y a las violaciones sistemáticas,
masivas y flagrantes de los derechos humanos que constituyen una
amenaza para la paz."
ONU. (1997). Derechos
humanos.

El fenómeno del paramilitarismo y su incidencia
en la situación de violencia que vive el país,
será objeto de estudio y análisis, utilizando como
fuentes principales las siguientes: (i) la obra
"UNA LARGA NOCHE Los caminos del conflicto en Colombia",
escrita por Nelly Castro; (ii) la obra
"Paramilitares y autodefensas", escrita por Mauricio
Romero; (iii) audio del abogado y
sociólogo Alejandro Reyes Posada, que contiene una
exposición sobre el surgimiento y expansión del
paramilitarismo; (iv) el escrito "Breve
historia del paramilitarismo",
cuyo autor es Alvaro
Vázquez del Real Wednesday; (v)
artículos del Periódico EL TIEMPO, "El
verdadero origen del paramilitarismo en Colombia
", del 15 de
mayo de 2007 y "Bandas" "ruta prohibida en Córdoba", del
16 de enero de 2011; (vi) documental realizado
por el periodista del canal RCN Guillermo Prieto LaRota, conocido
como "Pirri", que trata el tema de la historia del
paramilitarismo en Colombia, presentado el 27 de octubre de 2008;
(vii) jurisprudencia de la Corte Constitucional,
Sentencias T-025 de 2004, mediante la cual se declara el Estado
de cosas inconstitucional frente al fenómeno del
desplazamiento forzado en Colombia, T-599 de 2008 y T-630 de
2009, entre otras.

Coinciden las distintas fuentes consultadas en
señalar, que se entiende por paramilitarismo, la
estructura u organización armada contrainsurgente de tipo
militar y paraestatal, contraria a la ley, que surge en Colombia
en los inicios de la década de los años 80 en la
región de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio,
apoyada por los militares y creada con el propósito
inicial de combatir a los grupos guerrilleros que ocupaban
ciertos sectores del territorio nacional, buscando de esta forma
su extinción definitiva.

Los primeros grupos paramilitares surgieron de la
relación ejercito – ganaderos latifundistas, como se
anotó, para combatir a los grupos guerrilleros asentados
en la zona del Magdalena Medio, que extorsionaban a los grandes
propietarios de tierra, a través del cobro de la mal
llamada vacuna, y que los desplazaban cuando aquellos se negaban
al pago de la extorsión. Con el tiempo, dichas
organizaciones paramilitares o de autodefensas (AUC), se fueron
extendiendo a los distintos ámbitos del territorio del
País, en particular las zonas de Córdoba y
Urabá, siendo infiltradas por otros grupos generadores de
violencia, como los narcotraficantes, quienes la utilizaron para
consolidar su poder territorial, político y
económico, y cometer todo tipo de atrocidades y barbaries
en contra de la población civil.

Destacan los estudios, que, precisamente, durante la
década de los años ochenta, se presentó un
incremento desmesurado en las tazas de asesinatos y
desapariciones de pobladores inermes, miembros de movimientos
sociales y políticos, principalmente opositores de los
gobiernos de turno, quienes fueron señalados por los
grupos paramilitares como "guerrilleros de civil". Bajo
esa estrategia, de imputarle sumariamente a los civiles
vínculos con las guerrillas, el paramilitarismo
volcó su accionar contra la misma población, para
obtener beneficios particulares.

A este respecto, la escritora Nelly Castro define el
paramilitarismo como "una fuerza armada que actúa
paralela y coordinadamente con las fuerzas del estado para
destruir la subversión"
(Castro, 2006) En la misma
obra, la autora precisa que:

"La primera fase del paramilitarismo de
explícito carácter antisubversivo en Colombia
comenzó a principios de los ochenta y tuvo como epicentro
el Magdalena Medio, una zona históricamente golpeada por
conflictos de tierras, no solamente entre tradicionales
latifundistas y los colonos, sino también entre
éstos y la Tropical Oil Company
". Aclara
también la autora, que una segunda fase del este
fenómeno "tuvo como epicentro el área de
Córdoba y Urabá y el liderazgo pasó a manos
de los hermanos Castaño, poderosos ganaderos
antioqueños conectados con el narcotráfico.
Financiados por éste y por el capital agroindustrial y
ganadero de la zona, y entrenados por instructores
israelíes en Colombia y en el mismo Israel, se fueron
fortaleciendo y en coordinación con otros grupos
paramilitares de todo el país formaron en los noventa las
AUC".
(Castro, 2006)

Existe también acuerdo entre las distintas
fuentes, en que el fenómeno paramilitar se agudizó
en Colombia, a raíz de la política de
diálogos de paz con los grupos guerrilleros, propuesta por
el Presidente Belisario Betancurt durante su gobierno, el cual
tuvo lugar en el periodo comprendido entre 1982 y 1986. Ciertos
grupos sociales -las mal llamadas élites- y las propias
fuerzas armadas, no compartieron la política de paz del
Gobierno y se sintieron traicionados, formando grupos armados
para defender los territorios contra los ataques
guerrilleros[7]

En efecto, la lucha por el dominio y propiedad del
territorio, como medio de adquirir poder y riqueza y monopolizada
por reducidos sectores sociales, sumada a una política de
paz en medio de la violencia, sin acuerdos de cese al fuego, y
que limitaba la acción legítima de la fuerza
pública, terminó por generar grandes
fenómenos de desplazamiento, empobrecimiento y
delincuencia, que llevó a la reacción de las
élites regionales propietarias de tierras, quienes dentro
del interés de mantener su estatu cou procedieron
a conformar y patrocinar ejercicitos de civiles para su
autodefensa contrainsurgente, con la ayuda, apoyo y complacencia
de la fuerza pública, que para estos efectos actuaba por
fuera del marco de la ley y el orden preestablecido, y de forma
secreta.

No obstante, a la lucha contrainsurgente, se sumaron
también los objetivos de exterminio de los líderes
políticos de izquierda, reinsertados y surgidos de la
civilidad, que fueron asesinados con la complacencia de las
fuerzas del orden por grupos paramilitares. A estos grupos
paramilitares que iniciaron como ejércitos de autodefensa,
y cuya acción cobró la vida de muchos ciudadanos
que fueron objeto de irresponsables juicios sumarios por
supuestos vínculos con la guerrilla, con el tiempo, al
final de la década de los ochenta y comienzos de los
noventa, se le sumaron otros factores desestabilizadores,
delictivos y de violencia, como el narcotráfico, que los
utilizó y los congregó en su lucha contra el Estado
para defender sus propios intereses.

Sobre este aspecto, el autor Mauricio Romero, en su obra
"Paramilitares y autodefensas", precisa que:

"En el departamento de Córdoba y en la vecina
Urabá, las temidas ACCU, la organización
paramilitar y contrainsurgente más consolidada del
país, sentaron su cuartel general y construyeron una
sólida red de apoyo e influencia local y regional que va
más allá del dominio ejercido directamente por los
aproximadamente 6.000 combatientes organizados bajo su
dirección. Con esta fuerza, además de
protección para sus asociados, las ACCU han aterrorizado a
los que sus dirigentes llaman "los guerrilleros de civil",
población desarmada con diferentes tipos de
relación con la guerrilla…"
(Romero, 2003,
pagina 119 capitulo 3)

En la misma obra se destaca que, a pesar de que la
Constitución de 1991 amplió los espacios
democráticos y de participación, en la
década de los 90, los grupos de autodefensa degeneraron en
verdaderos sectores de poder, independientes y autónomos,
aumentando su fuerza económica y política,
procurando infiltrar todos los estamentos del Estado y creando
alianzas macabras con quienes detentaban el poder político
para fundar un nuevo Estado. En esta época, tuvo lugar el
llamado proceso 8.000, que no fue otra cosa que, precisamente,
dice el autor, "la investigación sobre la
financiación del Cartel de Cali a la campaña que
llevó a la Presidencia al candidato liberal Ernesto Samper
(1994-1998) a mediados de los años noventa (Medina,
1997
)", y que debeló la alianza
narcotráfico-paramilitarismo y política.

Bajo esos parámetros, la violencia
política en Colombia, de la cual los grupos paramilitares
han sido grandes protagonistas, se incrementó en los
últimos años, aun en los momentos en que los
gobiernos de la última década han facilitado
políticas democráticas de apertura y
participación. De igual manera, la violencia generalizada
y permanente, muestra la dificultad e impotencia del Estado para
territorializar su autoridad y controlar a la población.
Como lo señala el autor en la obra antes citada, la
soberanía del Estado, desde la perspectiva
política, "ha sido repetidamente desafiada por
sectores subalternos, y más recientemente por
élites regionales, hecho en el cual las fuerzas
constitucionales han tenido responsabilidad
". (Romero,
2002)

Ahora bien, en el propósito de imponer su autoridad y
de obtener el poder político, económico y social en
Colombia, los grupos paramilitares han acudido a formas de
violencia extrema, violatorias de la dignidad humana y contrarias
al derecho internacional humanitario, como son las masacres y el
desplazamiento forzado interno.

En el documental realizado por el periodista del canal RCN
Guillermo Prieto LaRota, conocido como "Pirri", que trata el tema
de la historia del paramilitarismo en Colombia, presentado el 27
de octubre de 2008, se hace referencia a algunos jefes
paramilitares que fueron importantes para el desarrollo y
consolidación de esas fuerzas, y bajo cuyo mando se
llevaron a cabo las acciones más espantosas de que ha dado
noticia la historia de nuestro país. Se refirieron
concretamente al jefe paramilitar Carlos Castaño, quien
inició teniendo negocios de drogas con Pablo Escobar en
Medellín y después terminó como uno de los
lideres más representativos del paramilitarismo.
También se refirió al paramilitar Heber Veloza
más conocido como HH, responsable de las masacres
más sonadas y sanguinarias, quien acumuló grandes
riquezas con la toma de tierras de manos de los campesinos y
terratenientes propietarios en la zona de Antioquia y
Urabá.

Las masacres aparecen a mediados de los ochenta como una forma
de intimidación de los paramilitares en poblaciones bajo
el control territorial de la guerrilla, principalmente en las
zonas de Urabá, el magdalena Medio y Meta. En la mitad de
la década de los noventa, reaparecieron por todo el
país como una forma de destacar la presencia y barbarie de
los paramilitares.

En Urabá, bajo el liderazgo de los hermanos Fidel y
Carlos Castaño, las masacres se convirtieron en el
sinónimo de la violencia paramilitar. En esa zona, en la
llamada finca "Las Tangas", los grupos de autodefensa de
Córdoba y Urabá llevaron a cabo una serie de
acciones violentas contra secuestrados sindicalistas, campesinos,
militantes de la izquierda, defensores de derechos humanos y
pobladores de la región, a quienes torturaron y
asesinaron, bajo la falsa sindicación de ser miembros o
colaboradores de la guerrilla. Dicha práctica se
extendió luego por otras regiones del País,
constituyéndose así en su sello personal.

El Grupo de Memoria Histórica de la
Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, estableció un registro de 2.505
masacres en Colombia ocurridas entre 1993 y 2006, con un saldo de
14.660 víctimas, la mayoría de las cuales fueron
atribuidas a grupos paramilitares, como se muestra en la
siguiente grafica realizada por el observatorio presidencial de
los derechos humanos:

Monografias.com

El desplazamiento forzado, se constituyó en otra
de las formas de violencia más perversa utilizada por los
grupos paramilitares o de autodefensa, para consolidar su poder
territorial. Sin perjuicio de los diferentes conceptos que sobre
el fenómeno del desplazamiento se han esbozado por
distintas organizaciones nacionales o internacionales que se
ocupan del tema, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, "se encuentra en condición de
desplazado toda persona que se ve obligada a abandonar
intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades
económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro
de las fronteras del territorio nacional, por causas imputables a
la existencia de un conflicto armado interno, a la violencia
generalizada, a la violación de los derechos humanos o del
derecho internacional humanitario y, en fin, a determinados
factores que pueden llegar a generar alteraciones en el orden
público-económico
interno
[8](Constitucional, Corte,
2001)

En ese contexto, para el caso de los paramilitares, la
autora Nelly Castro, destaca que el desplazamiento forzado es la
movilización de personas, familias o incluso poblaciones
enteras, que son acusadas de colaborar con los grupos
guerrilleros, y que por tal razón, son amenazados o
aterrorizados, en la mayoría de veces por las
autodefensas, para que abandonen el lugar, debiendo rodar por el
país sin destino fijo, y sin recursos para sobrevivir.
Destaca la autora que, según la Red de Solidaridad Social,
en Colombia se registran actualmente más de dos millones
setecientos (2.700.000) desplazados por la violencia.

El dato estadístico a que hace referencia la
citada autora, coincide en alguna medida con los estudios
realizados por la Red de Solidaridad Social y la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
-CODHES-, quienes, a partir de análisis independientes que
presentan variaciones de acuerdo a los años, sostienen que
en los periodos comprendidos entre 1995 al 2006, el número
de desplazados en Colombia, como consecuencia de los actos
violentos de los grupos armados en conflicto, entre los que se
cuentan los grupos paramilitares, pasó rápidamente
de cincuenta mil personas (50.000) a una cifra aproximada
superior a los dos millones de personas (2.000.000), tal como se
muestra en la siguiente gráfica:

Monografias.com

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado que
el desplazamiento forzado, derivado principalmente del conflicto
armado interno, ha tenido graves implicaciones sociales,
económicas y políticas, en la medida que afecta
desde hace décadas a grandes conglomerados de la
población colombiana, en especial a la ubicada en las
zonas rurales del País. Así mismo, ha
señalado esa Corporación que la situación de
desplazamiento trae consigo la violación
sistemática de los derechos fundamentales y sociales de
las personas que lo padecen, entre los que se cuentan sus
derechos a la vida, a la integridad personal, a la paz, al
trabajo, a la dignidad humana, a la libertad de
locomoción, a la salud, a la educación y, por
consecuencia, a la vivienda en condiciones dignas; razón
por la cual, debido a sus claras condiciones de vulnerabilidad,
tales sujetos se hacen  merecedores de un tratamiento
especial por parte del Estado[9]

Precisamente, la magnitud del fenómeno, llevó al
Estado a promover y expedir la Ley 387de 1997 "Por la cual se
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento
forzado; la atención, la protección y
consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos en la
República de Colombia
" (Corte Constitucional, 1997),
estableciendo el marco legal dentro del cual el Estado asume su
responsabilidad frente al fenómeno y establece los
mecanismos e instituciones necesarios para proveer las ayudas
requeridas por la población afectada por el
desplazamiento.

Posteriormente, la propia Corte Constitucional, en la
Sentencia T-025 de 2004, procedió a "declarar un
Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento
forzado"
(Corte Constitucional, 2004) , al advertir
la grave crisis humanitaria y la vulneración constante de
los derechos de la población desplazada, incluso derivada
(i) de la omisión de las autoridades en adoptar los
correctivos tendientes a garantizar los derechos de la
población afectada; (ii) de la falta de recursos y de
capacidad institucional para atender las contingencias y (iii) de
la connivencia de varias entidades estatales en las omisiones y
acciones generadoras de la vulneración de los derechos de
los desplazados.

De acuerdo con las fuentes a las que hemos hecho expresa
referencia, podemos señalar que los grupos paramilitares
son verdaderas organizaciones delictivas y criminales, que en su
forma de actuar, han servido a distintos intereses particulares y
en contra de la sociedad. Inicialmente actuaron como grupos de
autodefensas al servicio de las elites regionales, para
defenderlas de los ataques de los grupos guerrilleros que
pretendían despojarlos de sus tierras y sus riquezas, y
que con su accionar por fuera de la ley, causaron grandes
daños a la población civil, como las masacres y los
desplazamientos. Posteriormente se aliaron con grupos de
narcotraficantes que les inculcaron formación militar y de
combate y que los utilizaron para proteger a sus familias y el
negocio de los cultivos de coca, manteniendo el daño a la
sociedad. En un tercer periodo, los paramilitares estructuraron
su propio negocio de narcotráfico -como fuente de
financiación- y su propia organización militar,
buscando adquirir poder político y económico, sin
limitar sus acciones. En ese objetivo, lograron infiltrar las
autoridades y organizaciones del Estado y suscribir alianzas con
los políticos regionales para compartir el poder del
Estado.

Dentro del proceso evolutivo del paramilitarismo, la
fuerza pública cumplió un papel preponderante, en
la medida en que desde sus orígenes apoyo la
formación de estos grupos y acompañó muchas
de sus acciones, prestándoles su colaboración. Es
de público conocimiento, que durante los últimos 20
años, un gran número de miembros de las fuerzas
armadas y de la policía, han sido vinculados a procesos
penales por acciones delictivas de los paramilitares y han sido
condenados por delitos atroces.

Los paramilitares, no sólo han recibido el apoyo
de las fuerzas del orden. También, por omisión,
otras autoridades públicas, han contribuido a la
formación y desarrollo de estos grupos, en cuanto han
dejado de cumplir con sus deberes de garantizar y proteger a
todas las personas residentes en Colombia, su vida, honra y
bienes, como lo demandan la Constitución Política y
la ley. No puede olvidarse que la falta de presencia del Estado
en las distintas regiones del país, fue la excusa para el
surgimiento de tales grupos, quienes desbordaron su actuar y han
causado grandes perjuicios a la sociedad civil.

De acuerdo con estadísticas presentadas por el
Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos, entre los
años 1987 a 2000, los grupos paramilitares presentaron un
crecimiento en el número de combatientes, pasando de menos
de mil unidades (1.000) a más de ocho mil unidades
(8.000), tal como se muestra en el siguiente
gráfico:

Monografias.com

Ya se mencionó, igualmente, que ciertos sectores
de la sociedad han apoyado y contribuido a la formación de
los paramilitares. La mayoría de fuentes consultadas
coinciden en señalar que ciertos grupos económicos
coadyuvaron en este proceso, como es el caso de empresarios,
ganaderos, industriales y comerciantes, así como
también, distintos sectores de la política
regional. Estos sectores y grupos, han justificado su proceder en
el hecho de que el Estado ha sido impotente y negligente para
controlar la insurgencia guerrillera y para garantizarles a todos
sus ciudadanos los derechos y libertades. En esta medida,
consideran que la inseguridad, la ausencia del Estado y falta de
ejercicio de soberanía en las regiones, legitiman la
formación de grupos privados para la
autodefensa.

Sin embargo, el Estado ha rechazado públicamente,
tanto en el contexto interno como en el escenario internacional,
la formación de grupos paramilitares y las acciones que
han realizado, especialmente, contra la población civil. A
través de sus distintas autoridades, ha combatido y
sometido a la justicia las acciones delictivas de sus
integrantes, persiguiendo a sus líderes, para imponerle
las sanciones que correspondan. Durante el primero y segundo
gobierno del Presidente Álvaro Uribe (2002 – 2006,
2006 – 2010), se adelanto una política de seguridad,
desmovilización y reinserción de los grupos al
margen de la ley, incluido los paramilitares. La
desmovilización de las autodefensas, se produjo en
cumplimiento de lo que se conoció como "el acuerdo de
Santa Fe de Ralito", firmado el 15 de julio de 2003 entre los
principales líderes de los grupos de autodefensas y el
gobierno de Uribe Vélez durante su primer cuatrienio.
Fruto de ese acuerdo, se expidió por el Congreso de la
República una Ley, la Ley 975 de 2005, para someterlos y
juzgarlos por sus delitos, bajo unas condiciones especiales,
garantizando en todo caso los principios de verdad, justicia y
reparación. Dicha ley, conocida como "Ley de Justicia
y Paz
", busca entonces reincorporar a la vida civil a los ex
combatientes de los grupos armados irregulares y juzgar a sus
líderes y responsables por los delitos que han cometido en
el desarrollo de sus actividades, siendo beneficiarios de penas
menos rígidas a cambio de la confesión y
reparación de tales conductas. Si bien los términos
de la Ley han sido cuestionados por amplios sectores de la
sociedad, bajo la idea que la ley es muy flexible en las
sanciones a imponer y genera impunidad, la misma ha tenido la
aceptación de la comunidad internacional. Alternando con
esta ley, se ha impulsado la llamada "Política de
Seguridad", que ha logrado no solo un aumento en el pie de fuerza
de las autoridades militares del Estado y en su aparato de
guerra, sino también combatir con relativo éxito
los grandes grupos armados al margen de la ley.

Aun cuando la ley de sometimiento condicionaba la
entrega de los jefes paramilitares a que contaran toda la verdad
sobre sus acciones y entregaran todos los bienes que
habían adquirido, estos hechos no se han cumplido. De
acuerdo con las informaciones de prensa y de los demás
medios de comunicación, algunos de estos jefes debieron
ser extraditados a los Estados Unidos por no cumplir con las
condiciones de verdad, justicia y reparación.
Además las penas que de acuerdo con la ley se les deben
imponer, no superan los 8 años de cárcel, lo cual
es desproporcionado en relación con los delitos atroces
que han cometido contra la población civil. De igual
manera, los grandes jefes paramilitares, han sido sustituidos por
sus lugartenientes, quienes han asumido las riendas de las
distintas organizaciones, y han continuado liderando el negocio
del narcotráfico, continuando también con las
acciones de violencia en contra de la
población.

A pesar de los esfuerzos realizados, materializados en
la política de desmovilización, la acción de
los grupos paramilitares continúa hoy día vigente,
y sus acciones militares por todo el territorio nacional, en
contra de la población civil, son todavía motivo de
preocupación. Muy a pesar de la acción de las
autoridades, y de las desmovilizaciones de algunos grupos y de
sus líderes más destacados, en distintas zonas del
país, especialmente en el departamento de Córdoba,
operan actualmente alrededor de 12 bandas de paramilitares y
narcotraficantes, de más de 500 hombres cada una,
conocidas como BACRIM (bandas criminales), que trafican droga y
mueven rutas de la coca desde el nudo de paramillo hasta la
costa.[10]

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
-INDEPAZ-, en un informe sobre lo que llama
"Narcoparamilitarismo", declara que unos seis mil combatientes
(6.000) y por lo menos siete mil cuatrocientos colaboradores
(7.400) hacen parte de las citadas bandas criminales.

Interpretación

De acuerdo con el marco teórico, se ha podido
establecer que el fenómeno paramilitar ha jugado un papel
protagónico, de primer orden, en la grave situación
de violencia que ha venido aquejando al país durante las
últimas cuatro décadas. Sin desconocer que el
origen y las causas del paramilitarismo se enquistan sobre la
base de enormes desequilibrios sociales, económicos y
políticos que han existido en Colombia, es claro que las
consecuencias de éste fenómeno se han proyectado
sobre la población del País, en especial sobre los
sectores más débiles y más desprotegidos,
quienes vienen sufrido daños irreparables como resultado
de las acciones de crueldad y barbarie extrema, llevadas a cabo y
ejecutadas por estos actores del conflicto en el propósito
de obtener el poder.

Atendiendo a la problemática que ha generado,
pasamos a analizar el fenómeno del paramilitarismo desde
su dimensión política, social, económica y
jurídica.

  • El paramilitarismo desde una
    perspectiva política y social:

Dentro de la investigación teórica y
práctica que se llevó a cabo para profundizar en el
fenómeno paramilitar, y que incluyó entrevistas con
personas que han tenido experiencia en el desarrollo del tema, se
pudo constatar que, desde el punto de vista político y
social, las causas del paramilitarismo pueden reducirse a tres
aspectos básicos: (i) La ausencia de Estado en ciertas
zonas de la geografía nacional; (ii) La cooptación
de dichas zonas principalmente por grupos guerrilleros y
paramilitares; y (iii) La permisividad de las autoridades de la
República para recuperar los territorios y auspiciar su
desarrollo.

En Colombia, durante muchas décadas, algunos
territorios escaparon al control del gobierno y sobre ellos no se
ejercía soberanía. Allí no tenían
asiento las distintas autoridades, políticas,
administrativas y judiciales, lo que sin duda, influyó
notoriamente en la situación de violencia que hoy nos
aqueja, y en el surgimiento de los distintos actores armados.
Dicha práctica, con el tiempo, se extendió a otros
espacios en los cuales, si bien hacían presencia las
autoridades legítimamente constituidas, no era posible que
ellas ejercieran sus funciones y protegieran a la
población civil, en cuanto fueron infiltradas, controladas
y dominadas por los distintos grupos de poder, entre ellos los
guerrilleros y paramilitares.

Al respecto, el economista Juan Camilo Nariño, al
ser interrogado sobre los orígenes del paramilitarismo y
las circunstancias políticas que incidieron en su
agudización, hizo el siguiente comentario, que resulta
relevante para el aspecto que se trata:

"Sencillamente, la ausencia del Estado, una ausencia
del Estado por años en algunas regiones que llevo al
paramilitarismo, que genero una bola de nieve y de violencia que
nunca el país se imagino, eso fue lo más nefasto
que le pudo pasar al país, bueno como reacción a la
guerrilla, que no estamos hablando de esa otra bola gigantesca de
violencia".

"…"

"Una inhumana presencia guerrillera por todo el
territorio nacional y una ausencia del Estado para combatir esa
guerrilla y una, en parte en algunos lugares, permisividad del
Estado para que esos grupos paramilitares crecieran y cogieran
fuerza. Esos tres factores, un Estado que no hizo presencia, unos
municipios del país que no tenían fuerza
pública, que no tenían jueces, que no tenían
autoridad, que la guerrilla con todo ese espacio de autoridad,
sumado a una financiación de grupos para combatir eso sin
Estado, y después una permisividad en muchas regiones del
país de ese fenómeno paramilitar que llevo a un
crecimiento exagerado, que después le corto la cabeza otro
mundo, literal y no literalmente pero fue un fenómeno que
al vincularse con el narcotráfico perdió cualquier
sentido y perdió cualquier razón de ser, nunca
debió ser pero así se formo, al igual que la
guerrilla".
(Nariño, 2011)

La ausencia del Estado en algunas regiones del
territorio, y la permisividad para ejercer un control sobre
ellas, fueron entonces factores determinantes en el surgimiento
de los grupos guerrilleros y luego de los paramilitares, con las
graves consecuencias que la presencia de estos actores armados ha
implicado para el país en el orden político,
económico y social.

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