Planificación Participativa en la Gestión Pública

Enviado por Eliana Pérez Barrenechea

Introducción

"Algo se ha agotado en
América Latina, los pretextos para justificar la
pobreza".

Carlos Fuentes.

El tema de la planificación en la gestión
pública es de vital importancia para el sistema
democrático ya que de ella depende un mejor
desempeño de las instituciones estatales y por tanto una
revalorización de la democracia por parte de la
ciudadanía, que en muchos casos no visibiliza los
beneficios de la democracia. Una gestión pública
con un enfoque de planificación participativa
promoverá la orientación de políticas
públicas y planes de desarrollo hacia un beneficio
común, que llegue a los diferentes sectores de la
comunidad especialmente a históricamente
excluidos.

Por esta razón concebimos que la
planificación tienen una connotación
política, fundamentalmente política, que no debe
ser reducida a un entendimiento puramente administrativo, pero
también deber ser protegida de las ansias
demagógicas que la utilizan sólo como discurso y la
marginan en la práctica.

El presente trabajo hace un análisis de la
planificación, distinguiendo sus diferentes enfoques y
vinculándolos con los sistemas
político-económicos a los cuales está
estrechamente ligada, especialmente se analiza la postura de la
planificación estratégica y su relación con
la nueva gerencia pública y de ésta con el sistema
neoliberal. El análisis se detiene en la propuesta de
Planificación Participativa, resaltándola como un
enfoque alternativo que permite el fortalecimiento de una
vocación democrática en la gestión
pública y sobre todo la voluntad de las administraciones
públicas de compartir el poder con la ciudadanía.
Asimismo, se desarrolla una descripción de los principales
mecanismos de planificación participativa, de sus alcances
y limitaciones para contribuir a una democracia
participativa.

Este trabajo ha sido presentado en el marco
del diplomado en Gestión pública municipal
desarrollado en la Escuela Mayor de Gestión
Municipal.

DESARROLLO TEMÁTICO

CAPÍTULO 1

Concepciones y
prácticas de la Planificación

1. Evolución

Al referirnos a la planificación estamos haciendo
alusión a un proceso político vinculado al
desarrollo por tanto no puede hacerse un análisis de ella
sin considerar sus implicancias con los modelos
político-económicos predominantes. Así, al
investigar la evolución de la planificación
notaremos que los enfoques y concepciones de planificación
están estrechamente relacionados con el sistema
político predominante.

En la década de 1960 la región
latinoamericana atravesaba por una época de
convulsión social, los movimientos y partidos de izquierda
tenían presencia importante en el escenario
político y en procesos revolucionarios que alentaban la
independencia de la región. En este contexto las
propuestas teóricas latinoamericanas apostaban por un
proceso de desarrollo autónomo, cuestionando los modelos
desarrollistas que planteaban un proceso lineal y
homogéneo para alcanzar el ansiado desarrollo. Se
proponía la planificación del desarrollo en
función a una autonomía económica, la
industrialización con la consiguiente sustitución
de importaciones fue la propuesta central de este modelo de
desarrollo. Pero la institucionalización de la
planificación en América Latina según
Coraggio citado por Eduardo Reese se produce "en los sesenta,
bajo la influencia del desarrollismo cepalino y el impulso
externo de la Alianza para el Progreso". Ya para los años
setenta "este consenso sobre la previsión del futuro
motivó acciones de planeamiento que se basaban en el
crecimiento autosostenido de los complejos urbanos que
justificaba una organización de las actividades
productivas orientadas al consumo ilimitado de los recursos
naturales y materias primas y, sobre todo, con una base
energética barata. La crisis de los setenta dio por tierra
con todos estos conceptos y con los planes de desarrollo basados
en objetivos cuantificados en extensas matrices e índices
macroeconómicos, en grandes obras y en organizaciones
centralizadas de alta complejidad". Continúa
señalando que la planificación tuvo (y aún
lo tiene) una manera tecnocrática, centralista y vertical
de operar. La década de los ochenta se caracterizó
principalmente por conflictos internos y crisis económicas
en nuestros países que truncaron los procesos de
planificación aplicados por los gobiernos que en su
mayoría eran populistas, sentando las bases para la
aplicación de ajustes estructurales que incorporaron una
lógica neoliberal que tiñó los procesos de
planificación, debilitando al Estado, afianzando la crisis
del sistema político con la afectación de los
partidos políticos y sometiendo la planificación a
las reglas del mercado, el regulador absoluto de las nuevas
sociedades en la globalización capitalista.

En este nuevo panorama de ajustes estructurales
recetados desde Washington[1]se reconfiguran los
procesos de producción económica y entonces tenemos
a grandes capitales transnacionales extendiéndose hasta
nuestros territorios gracias a la apertura de fronteras.
También las condiciones sociales se modifican,
produciéndose una descapitalización humana de las
zonas rurales y una acelerada popularización de las
principales ciudades producto de la inmigración en
perspectivas de mejores condiciones de vida. En otro aspecto, la
institucionalidad política se debilita, los partidos
políticos tradicionales pierden legitimidad y la
ciudadanía se aleja de la organicidad partidaria y del
compromiso político y es ganada por los apremios
individuales y familiares que la nueva sociedad de consumo
impone. En este escenario la planificación se
adaptaría al modelo productivo y sistema social redefinido
por el neoliberalismo y, sobre todo, a sus consecuencias
negativas que repercutirían en las sociedades
subdesarrolladas a las que la bonanza del libre comercio y la
globalización no llega. Francisco Garrido (2002) aporta en
este sentido, sosteniendo que en este marco económico,
social e institucional se está pasando desde la
planificación urbana clásica a la
planificación estratégica dominante, apareciendo
siendo ésta como punto intermedio entre la
planificación tradicional (el planeamiento territorial y
la planificación sectorial) por un lado, y las iniciativas
puntuales de tipo económico privado, sean de origen local
o internacional, por otro. Según el mismo autor la
planificación estratégica vendría a resolver
dos grandes retos "el aumento de la competitividad de la ciudad y
mitigación de los efectos sociales negativos" recayendo la
responsabilidad sobre los gobiernos locales y regionales, los
cuales demandarán cinco desafíos: una nueva
articulación económica competitiva, infraestructura
urbana, "calidad de vida", integración social y
gobernabilidad, aunque en la práctica todos ellos se
supediten al objetivo dominante de competitividad en el marco de
una economía global (Garrido, 2002:3-4).

En Perú, este nuevo escenario
político-social se institucionaliza a través de la
implementación de la Constitución Política
de 1993 durante el régimen Fujimorista, tras el autogolpe
de Estado. Con la caída del fujimorismo y el proceso de
transición democrática se inicia un proceso de
reforma del Estado y de descentralización, instaurando
nueva normatividad en la gestión pública y un
"cambio del modelo de organización de tipo
burocrático hacia un modelo gerencial al estilo de la
empresa privada, característica distintiva de la nueva
gerencia pública" (Sabogal, 2012:3). En la
perspectiva de Omar Guerrero[2](2003) la nueva
gerencia pública encuentra su sustento teórico en
el neoliberalismo y que debido al agotamiento del neoliberalismo,
pero sobre todo a sus limitaciones teóricas, se ha llegado
al fin la llamada y tan socorrida nueva gerencia
pública. Cuestiona que "aunque lleva por nombre la
voz "gerencia" (management), no es la gerencia su fundamento,
sino la más general noción de empresa mercantil,
que es el modelo que propone como sustituto del esquema
"burocrático" del Estado" (Guerrero, 2003:12).

En este sentido la Planificación
Estratégica se configura como la herramienta de
gestión pública por excelencia de la nueva
gerencia, incorporando algunos cambios en el rol planificador de
la administración pública. Ahora bien, lo expuesto
responde a posturas críticas y que evidencian la
relación entre los enfoques de planificación y los
sistemas político-económicos, lo cual no quiere
decir que se dejan de reconocer aspectos positivos de la
propuesta estratégica de la planificación, por
ejemplo que otorga una mayor participación a los gobiernos
locales, además de considerar que en sí misma tiene
varios matices, algunos de los cuales tienen una vocación
más inclinada a la democracia participativa y a la
visión de ciudadanos antes que a la de clientes.
Precisamente es la planificación participativa un enfoque
de planificación que engarza dentro de esta
vocación.

2. La Planificación participativa,
una propuesta alternativa

Garrido (2002) sostiene que se han ido impulsando
diversas iniciativas de desarrollo local que advierten y tratan
de superar el carácter excluyente y economicista de la
planificación estratégica, y el fracaso de las
políticas compensatorias para la resolución de los
problemas que acarrea el modelo de desarrollo. Estas experiencias
reconocen el proceso de globalización neoliberal en
marcha, pero aspiran a modificar su orientación. Defienden
que sus consecuencias exigen acciones sociales y políticas
públicas que modifiquen la distribución de las
rentas y del poder en las ciudades, concretando formas de
participación directa y activa de la población en
los asuntos públicos.

En general, se pueden agrupar como un conjunto de ideas
y prácticas de desarrollo local, impulsadas por entidades
públicas y sociales, que coinciden con la
planificación estratégica en reconocer el papel de
los gobiernos locales como sujetos activos del desarrollo local
integral. Pero, a diferencia de aquella, la óptica de la
competitividad según la lógica de los mercados se
subordina al objetivo prioritario de conseguir que el capital sea
redistribuido, y que se establezcan estrategias que generen
proyectos y un sistema de participación que posibilite el
control de la comunidad sobre el desarrollo. Se enfatiza la
capacidad de planificar y gestionar por parte de la
ciudadanía, y se procura la organización de los
sectores excluidos como una fuerza social y económica
estratégica.

Agrega Garrido que en este tipo de planificación
se subraya el aspecto de extensión o profundización
de la democracia, en términos políticos y
económicos. Como elementos característicos se
distinguen la construcción de espacios de
participación popular en la gestión local, en el
ejercicio de una ciudadanía activa y en el control sobre
la Administración Pública, con la vista puesta en
la construcción de una nueva cultura política y
ecológica. Para ello, no se establece un modelo de
desarrollo determinado y un sistema de representación
pública concreto. Más bien se aplican
metodologías que impulsan la implicación activa de
los ciudadanos, el pacto entre actores que defienden intereses
dispares, y la construcción colectiva del conocimiento, la
planificación y la ejecución de lo
acordado.

Para caracterizar la planificación participativa
citamos a Rodríguez (2012) cuando sostiene que la
planificación del desarrollo adquiere el carácter
de participativa en la medida que es un proceso que
implica:

a) La concreción de un espacio de diálogo
y concertación para construir una visión compartida
del desarrollo local.

b) La formulación de políticas
públicas locales consensuadas y orientadas al desarrollo
integral.

c) La promoción de la participación y del
pleno ejercicio de ciudadanía, compartiéndose
responsabilidades entre el conjunto de actores locales. d) El
desarrollo de capacidades del Gobierno Local y de los diferentes
actores locales para el diagnóstico y propuestas que lo
hagan sostenible. e) La oportunidad para articularse a procesos
de desarrollo regional y nacional a partir de aprovechar y
gestionar las potencialidades locales, aportando a la
construcción de una visión común de
país.

Pero además agregamos que a partir de los
débiles niveles de ciudadanía con la que contamos
en el Perú, una administración local podrá
ser considerada de carácter democrática y
comprometida con un enfoque participativo de la
planificación siempre que invierta esfuerzos en
desarrollar una ciudadanía madura y una
organización social fortalecida, sin estas bases
difícilmente se pueden construir relaciones
democráticas sostenibles y participación ciudadana
consciente y activa.

En esta línea reflexiva recogemos la
apreciación de Perales (2004) quien ha estudiado la
democracia participativa en América Latina. Desde una
postura crítica – con la que coincidimos –
sostiene, que "la actual globalización no asegura este
equilibrio[3]ni la capacitación ciudadana
para la democracia: el ámbito territorial global tiene
dificultades para vertebrar a la comunidad, no concita identidad;
los canales participativos son débiles y aquello que hay
que elegir resulta ser algo muy distante sin contornos definidos.
En todo caso el impacto de la globalización es
asimétrico: las sociedades de tradición
democrática pueden soportar la dejación de
competencias y grados de soberanía; pero las sociedades
nacionalmente débiles, como son una buena parte de las
latinoamericanas, quedarían a merced de fuerzas
transnacionales cuya única conciencia es el mercado. Por
otra parte la tutela de instituciones democráticas
mundiales, actualmente débiles, no puede resolver este
déficit de Estado en los países periféricos.
De modo que la idealizada "aldea global" lo es tan sólo
para elites, pero no para las mayorías del
planeta".

Una planificación participativa será
efectiva siempre que se desarrolle en el marco de una
administración que apueste por la democracia
participativa, de modo que no sólo es la actuación
de la sociedad civil en la que debemos basar nuestras
investigaciones y análisis sino también en el tipo
de Estado que tenemos, en su cercanía o lejanía con
la consolidación e institucionalización de la
democracia, puesto que la reconstrucción de la
institucionalización democrática requiere no
sólo cambios en los sistemas políticos sino
también en el Estado.

Iazzetta (2007) refleja esta vinculación en el
título de su libro Democracias en busca de
Estado. Indica que en los años ochenta hubo
más una transformación del régimen
político que del Estado, debido a que cuando se inician
los procesos de transición democrática no fue
posible encararla con otro Estado que el disponible. Recordemos
que en el Perú el proceso de Reforma del Estado ha sido un
tema esquivado por los últimos gobiernos post-Fujimori. El
modelo neoliberal por el contrario, ha acentuado un
debilitamiento del Estado hasta llegar a lo que Iazzetta sostiene
como el "estado ausente" (2007:55).

Tener una visión clara de las singularidades de
nuestros sistemas estatales y de nuestras democracias permite no
caer en la tentación de asumir modelos "universales" que
no se ajustan a nuestra realidad, a nuestras posibilidades. Para
ello, recurrimos a Iazzetta (2007:61-65), quien reconstruye las
relaciones entre Estado, democracia y ciudadanía a partir
de tres ejes:

Ausencia del Estado: En América Latina la
instauración de instituciones democráticas no
estuvo precedida por la existencia de un aparato estatal con
capacidad para garantizar los derechos subjetivos que
aquellas presuponen. Nuestra región tuvo
regímenes democráticos sin contar previamente
con estados de derechos capaces de garantizar de manera
efectiva la igualdad ante la ley. La omisión de este
aspecto constituye una de las principales lagunas de la
teoría democrática predominante, pues da por
sentada la existencia del estado moderno cuando en rigor,
gran parte del mundo actual carece de algo que se parezca a
ese estado. Es necesario introducir al estado en nuestras
reflexiones sobre la democracia y la ciudadanía pues
resulta imposible explicar la escasa efectividad de esta
última sin considerar la ausencia de un estado capaz
de garantizarla. Si bien no es posible pensar a la
ciudadanía fuera de la democracia, la sola existencia
de ésta no basta para tornarla efectiva: requiere un
estado viable que asegure su ejercicio.
Ciudadanía sin ciudadanos: Aunque
existió un temprano reconocimiento de ciertos derechos
por parte del estado, ello no vino acompañado de un
proceso social de apropiación de los mismos, por parte
de los ciudadanos, tal como se dio en los países de
desarrollo originario. La ciudadanía exige
instituciones y mediaciones y se constituye en espacios
sociales de lucha que pujan permanentemente por inscribir
nuevos derechos y tornarlos efectivos. No se trata de
minimizar las luchas por la expansión de la
ciudadanía – que sin dudas protagonizaron nuestras
sociedades -, sin embargo no es posible ignorar que en ellas,
la ciudadanía no representa una adquisición de
derechos frente al estado sino por el contrario, ha sido
construido en buena medida por el estado. El hecho de que la
ciudadanía no emane de las demandas de la sociedad
civil, revela una debilidad de origen que se puso
tempranamente en evidencia en nuestra historia
política.
Las secuencias de los derechos ciudadanos: Las
secuencias que atravesó la construcción de la
ciudadanía, difieren del carácter lineal y
acumulativo que se atribuye a las "democracias fundadoras".
Por el contrario, la ciudadanía en la región no
sólo resultó parcial y trunca por la ausencia
de efectividad y universalidad en el goce de tales derechos,
sino también por estar sometidas a bruscos altibajos y
discontinuidades que nos impiden considerar su
adquisición como parte de un proceso lineal y
acumulativo.

Iazzetta cierra su reflexión de la
relación entre estado, democracia y ciudadanía,
asegurando que la debilidad de las infraestructuras estatales
– esto es, la ausencia de una penetración uniforme
de recursos y reglas a lo largo del territorio – constituye
una señal de debilidad de nuestras democracias. Tal
ausencia se evidencia mucho más en los gobiernos locales,
que generalmente no cuentan con el personal técnico
adecuado ni la voluntad política de promover
ciudadanía desde el fortalecimiento de espacios locales o
la promoción de la organización social. El Informe:
La democracia en América Latina del PNUD (2004:182),
refiere que enfrentamos un déficit de estatalidad
que impone serias restricciones para asegurar la vigencia del
estado de derecho en la región. Ello resulta grave pues
sin un estado capaz de promover universalmente la
ciudadanía no existe democracia: estados débiles y
mínimos sólo permiten conservar democracias
electorales pero que impiden avanzar hacia una democracia de
ciudadanía[4]que requiere en cambio, de una
estabilidad que garantice la universalidad de los derechos
(Iazzetta, 2007:72).

Por lo expuesto sostenemos que el trabajo para la
implementación de una planificación participativa
demanda también capacidades del Estado en sus tres niveles
(nacional, regional y local) así como voluntad
política para lograr una gestión
democrática, transparente y efectiva.

CAPÍTULO 2

Mecanismos de la
planificación participativa local

Para desarrollar una planificación participativa
local será necesario construir un sistema de
planificación local acorde a este enfoque, lo que
según Rodríguez (2012) implica:

a) Un acuerdo local entre las autoridades y la sociedad
civil.

b) Concertación y compromisos en los distintos
niveles.

c) Complementariedad y articulación de planes en
el tiempo y en los espacios participativo e
institucional.

Asimismo este sistema cuenta con los siguientes
instrumentos de planificación:

a) Según su alcance:

Institucionales (interno):

Plan de Desarrollo Institucional (PDI).
Plan Operativo Institucional (POI)
Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA).

Participativo (externo):

Plan de Desarrollo Local Concertado
(PDLC).
Presupuesto Participativo (PP).

A continuación describiremos los mecanismos de
planificación participativa externos, haciendo mayor
énfasis en el Presupuesto Participativo.

1. Plan de Desarrollo Concertado
Local

El Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL) es la
herramienta fundamental para una gestión local planificada
y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de
opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la
sociedad civil.

El PDCL marca la hoja de ruta que debe transitar el
gobierno local o regional en un largo plazo. En él se
señala la visión de la comunidad y los ejes y
objetivos estratégicos que deberán guiar la
gestión pública. En este aspecto radica
centralmente su importancia y la relevancia de que debe ser
diseñado con la mayor participación posible de los
representantes de la sociedad. Para que esto sea posible debe
existir voluntad política de las autoridades para realizar
un proceso realmente participativo, tal responsabilidad recae
sobre el Consejo de Coordinación Local en el caso de los
gobiernos locales y el Consejo de Coordinación Regional en
caso de los gobiernos regionales.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) todo PDC debe contener:

1. Diagnóstico.- Debe proporcionar la
información que permita conocer las carencias y
debilidades, y las potencialidades con las que se cuenta para que
el territorio se desarrolle.

2. Visión de desarrollo.- La visión no
debe ser sólo una idea de futuro posible a lograr, sino
una ¿fuerza en el corazón de la gente?, convincente
de modo tal que logre el respaldo general.

3. Ejes y objetivos estratégicos.- Son las
áreas prioritarias que encontramos en la visión y
en las que debemos trabajar sistemáticamente, dentro de
las cuales se organizarán las acciones teniendo en cuenta
los objetivos estratégicos identificados para cada
eje.

4. Proyectos estratégicos.- Para materializar los
objetivos de desarrollo a través de la estrategia
seleccionada, se requiere identificar y seleccionar proyectos de
desarrollo que harán realidad el PDC. Estos proyectos se
priorizarán en los procesos de Presupuesto Participativo
(PP).

El PDC es una guía indispensable para el PP ya
que los proyectos que se prioricen en un presupuesto
participativo sea distrital, provincial o regional deben
corresponderse a un plan, es decir al PDC, y a sus objetivos. De
lo contrario, la priorización de proyectos en el PP se
haría de manera desordenada y no se aprovecharía
totalmente los recursos de cada municipalidad o gobierno
regional.

Finalmente es importante mencionar que los Planes de
Desarrollo Concertado no son una camisa de fuerza, si bien se
establecen a largo plazo (más de cinco años) pueden
ser actualizados en un nuevo proceso convocado por el CCL o CCR
según el caso y redefinido con la participación de
los diferentes actores sociales.

2. Presupuesto Participativo

El Presupuesto Participativo (PP) es, junto al PDC, uno
de los mecanismos institucionales de participación
ciudadana más importantes que tenemos en el
país.

El MEF lo define como un instrumento para la toma de
decisiones compartida (Estado-Sociedad) sobre las acciones a
implementar (principalmente proyectos) para el logro de la
Visión del Desarrollo en el marco de los Planes de
Desarrollo Concertado, que trae importantes beneficios como una
mayor eficiencia en la asignación de los recursos en el
nivel subnacional y en la ejecución del gasto, equidad en
asignación y ejecución de recursos, mayor
transparencia y menor corrupción en la gestión
pública, corresponsabilidad entre Estado-Sociedad, entre
otros.

Del mismo modo señala las oportunidades a las que
conlleva:

Cambio en la tradicional manera de tomar decisiones
de gasto en el nivel subnacional. Decisiones sobre la base de
diagnósticos participativo.
Mayor involucramiento social en los asuntos
públicos: reduce incentivos a la
corrupción.
Desarrollo de mayor conciencia tributaria (se
requiere políticas complementarias de apoyo a la
generación local de ingresos).
Mayores espacios para escuchar la voz de los
más pobres y excluidos.

Pero también las limitaciones han sido
identificadas por el MEF:

Incumplimiento de acuerdos por parte de
autoridades
Aplicación inadecuada de metodología
para la toma de decisiones
Desconocimiento de autoridades sobre los fundamentos
del presupuesto participativo – Escaso compromiso con
el mismo.
Limitada representatividad de agentes
participantes.
Participación limitada a grupos de
interés tradicionales (escasa
difusión).
Población no enterada ni capacitada
(ilusión fiscal).
Presión de grupos de interés en
regresar o mantener el status quo en la manera de asignar el
gasto en el nivel subnacional.

Como ya se ha mencionado este espacio es central en el
proceso de planificación participativa y ha constituido un
avance importante para el fortalecimiento de la democracia en
tanto su aplicación está garantizada por ley en
todo el territorio nacional, en los más de mil 800
municipios distritales del Perú. Wiener (2005)
señala que el presupuesto participativo está
ayudando a poner a la vista nuevos liderazgos y a que estos se
encuentren, discutan, discrepen. "Es decir está acelerando
un proceso de calificación de líderes
alternativos". Sin embargo, el PP por sí mismo no
dará el resultado esperado, tienen que cumplirse algunas
condiciones para que sea realmente la herramienta participativa
tal como es su concepción. Navarro (2005) sostiene que "el
requisito previo más importante y decisivo que se debe
tener en cuenta para emprender un proceso participativo social,
es que las autoridades locales deben tener una fuerte voluntad
política para compartir con sus electores una
proporción considerable del poder que detentan". Asimismo
sugiere que es importante contar con un grupo coherente de
líderes que informe del proceso así como formar a
funcionarios públicos según la lógica del
presupuesto participativo, de lo contrario podría
reducirse la eficacia general de las acciones del gobierno,
además del hecho de que el presupuesto participativo pueda
introducir un nuevo grado de gobernabilidad, si los trabajadores
del Estado son conscientes del derecho de los ciudadanos a exigir
transparencia en los asuntos públicos. Otro aspecto
fundamental es la capacitación constante de algunos
sectores de la población, sobre todo si tenemos en cuenta
que el ejercicio ciudadano es una debilidad en muchos sectores de
la población.

Conclusiones

La planificación es cada vez más
valorada en las gestiones públicas, genera un mayor
interés en una capa técnica de profesionales
vinculados a la administración pública y se
produce amplia bibliografía al respecto. Sin embargo,
observamos que la orientación de planificación
tiene una fuerte orientación hacia un enfoque
administrativo, preocupado en una aplicación correcta
de normas y procedimientos y en un gasto efectivo de
recursos.
La planificación tiene una fuerte
connotación política y está
estrechamente vinculada a los sistemas
político-económicos. Orienta la
promoción del desarrollo y su enfoque repercute en los
subsistemas social, político, económico,
cultural. A pesar de esta importante relación no son
muchas las producciones académicas o reflexiones
técnicas que suelan abordar esta dimensión,
generando que la gestión local asuma una
planificación de receta metodológica, sin
concepción política y con contradicciones entre
sus supuestos enfoques de desarrollo humano y su
orientación economicista y pragmática, que
fortalece un sistema económico injusto y profundiza
las desigualdades sociales.
La planificación participativa se presenta
como una alternativa de mayor compromiso democrático y
equidad, siempre que sea asumida por una gestión con
voluntad política para desarrollarla de acuerdo a sus
principios y sobre todo dispuesta a compartir el poder con la
ciudadanía. Precisamente en este último aspecto
radica una de sus debilidades, ya que no tenemos una
sólida formación democrática ni en los
gobernantes ni en los/as ciudadanos/as, y un Estado ausente y
debilitado como el que tenemos no la puede
garantizar.
Para acercarnos a una gestión pública
democrática y participativa se requiere de un trabajo
complejo de largo plazo que no sólo ponga la
atención en la sociedad civil, a la que de hecho se
debe fortalecer y formar en ciudadanía, sino
también en la reforma de un Estado débil y
ausente por un estado fortalecido y presente para todos los
sectores, de un Estado fácilmente corruptible por un
estado transparente y honesto, de un Estado
burocrático y deficiente por un Estado eficiente y
efectivo, de un Estado vertical por un Estado participativo y
abierto. Del mismo modo es necesario trabajar en la
recuperación de la institucionalidad política,
una renovación de los partidos y movimientos
políticos, una sensibilización a las capas
jóvenes para que se incorporen en la
participación política y adecenten con
principios democráticos y equitativos el sistema
político nacional.

Bibliografía

GARRIDO, JAVIER. Planificación
participativa para el desarrollo local. Colección
CIMAS Cuadernos. 2002.
GUERRERO, OMAR. El fin de la Nueva Gerencia
Pública. Universidad Nacional Autónoma de
México.
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Estado, ensayos sobre América Latina, Santa Fe,
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:
www.mef.gob.pe
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www.munilaredo.gob.pe
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PERALES ARREXTE, IOSU. Poder local y
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SABOGAL, RENATO. Módulo: Gerencia
Pública Moderna. Escuela Mayor de Gestión
Municipal. 2012.
WIENER, RAÚL. De comuneros y ciudadanos.
Presupuestar participativamente. Centro de Desarrollo
Agropecuario CEDAP. 2005.

Autor:

Mg. Eliana Pérez
Barrenechea

Monografía sobre la
planificación participativa y las posibilidades de su
implementación en la gestión pública
local.

Escuela Mayor de Gestión
Municipal

Diplomado en Gestión Pública
Municipal

10/09/2012

[1] Léase sobre el Consenso de
Washington.

[2] Doctor en Administración
Pública, profesor titular de la Universidad
Autónoma de México y miembro de la Academia
Nacional de Ciencias de México.

[3] Referido al equilibrio entre el poder de
los gobernantes y la participación de la
ciudadanía.

[4] Encontramos las primeras referencias
acerca de la categoría democracia de ciudadanía
en el informe: La democracia en América Latina, hacia
una democracia de ciudadanos y ciudadanas presentado por el
PNUD en el 2004.