Lineamientos para el programa de gobierno de unidad nacional en Venezuela (2013-2019)

Introducción

1. La Unidad Nacional tiene un programa para los
venezolanos. Su elaboración ha sido un compromiso central
de esta alianza.

2. El 26 de septiembre de 2011, con motivo de la firma
del Compromiso por la Unidad Nacional, le ofrecimos a los
venezolanos los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad
Nacional que, basados en las 100 Soluciones para la Gente,
contienen las políticas que impulsará nuestro
gobierno a partir de enero de 2013.

3. Este documento contiene los Lineamientos en toda su
extensión. La elaboración del documento ha sido
precedida de un gran esfuerzo de encuentro político y
técnico.

4. El actual gobierno ha traicionado el
acuerdo social que rige a los venezolanos desde
1999. Ha violado constantemente la Constitución,
irrespetando la separación de poderes, pisoteando la
participación, inclusión y pluralidad.

5. Como consecuencia, nuestra administración
pública ha experimentado un gran deterioro y atraso. Hoy
en día hemos vuelto al modelo centralista,
burocrático y corrupto que tanto se había
criticado.

6. La discrecionalidad en el manejo de los recursos y la
arbitrariedad en las relaciones con los factores de
producción han convertido nuestra economía en una
de las más vulnerables e improductivas de América
Latina.

7. Las alarmantes cifras sobre homicidios, la alta tasa
de desnutrición en niños y jóvenes, el
resurgimiento de enfermedades controladas, los bajos niveles de
rendimiento educativo, la inexistencia del sistema de pensiones
de acuerdo con lo establecido en la Constitución y leyes
aprobadas, la carencia de vivienda, la ineficacia de servicios
fundamentales como agua, electricidad, vialidad, transporte,
entre otros, evidencian el grave deterioro que experimentan los
venezolanos en su calidad de vida.

8. En el ámbito internacional, las acciones que
ha realizado el gobierno no han podido ser más nefastas.
El manejo excluyente e irrespetuoso de la legalidad
internacional, ha contribuido al desprestigio del país, y
al debilitamiento de la soberanía nacional. Sólo la
importancia de la producción petrolera de Venezuela ha
impedido su aislamiento en la escena internacional.

9. Para enfrentar estos desmanes, y rescatar la
institucionalidad democrática se presentan los siguientes
Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional, en
procura de un buen gobierno, una sociedad productiva, con calidad
de vida y con amplias relaciones internacionales.

10. Estos Lineamientos son producto de un
trabajo sistemático que se viene realizando desde
2009, cuando se conforma la Comisión de
Políticas Públicas de la Unidad Democrática,
integrada por representantes de los diferentes partidos
políticos, quienes se plantearon como objetivo "Elaborar
propuestas programáticas consistentes con los objetivos
políticos y estratégicos de la Mesa de Unidad
Democrática"

11. En marzo de 2010, luego de un proceso en el que se
recogieron, discutieron, consultaron y aprobaron las propuestas
presentadas por los diferentes partidos, surgen las 100
Soluciones para la Gente, documento base de los
Lineamientos que a continuación se presentan,
y en el que se recogen los valores y principios que
guiarán el Gobierno de Unidad
Nacional.

12. Las Bases Programáticas contenidas en las 100
Soluciones para la Gente, aprobadas por la Unidad
Democrática, se concentraron en las siguientes
áreas.

13. Reconciliar al país y fortalecer la
institucionalidad democrática. Para ello el Gobierno
de Unidad Nacional reivindicará la Constitución de
1999, así como el compromiso de defender irrestrictamente
los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Aspira fortalecer y promover los espacios de concertación,
participación y diálogo social, así como
garantizar a todos el acceso a la justicia. Se compromete a
promover una amnistía de detenidos y exiliados por razones
políticas y la ampliación de la democracia en los
partidos y asociaciones políticas.

14. Vigorizar y remozar el Poder Público.
La Unidad Democrática asumirá la promoción
de la independencia y autonomía de las ramas del Poder
Público en sus diferentes ámbitos Nacional, Estadal
y Municipal. Se propone reformar leyes, reglamentos y
disposiciones que hayan menoscabado las competencias de los
estados y municipios. Impulsará la
profesionalización y modernización de la
Administración y Función Pública para
adecuarla a las exigencias de un Estado moderno.

15. Construir una sociedad productiva y de
progreso. Como Gobierno de Unidad Nacional nos comprometemos
a orientar el esfuerzo productivo hacia la diversificación
de la economía basada en la creación y
utilización del conocimiento. Impulsaremos una gran
alianza de los sectores públicos y privados que facilite
la creación de millones de empleos de calidad en las
próximas décadas. Trabajaremos para asegurar los
derechos a la propiedad privada y a la libertad económica,
y para desarrollar la libre iniciativa privada y el acceso de los
ciudadanos a bienes y servicios de calidad.

16. Mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos. Nos comprometemos a diseñar y poner en
práctica políticas que mejoren la vida de los
venezolanos. Para ello, reconoceremos los beneficios otorgados, y
trabajaremos para ampliarlos en cobertura y calidad.
Estimularemos la participación de la sociedad en la
prestación y seguimiento de programas y servicios
sociales. Implementaremos reformas que contribuyan a reducir la
inseguridad ciudadana, mejorar la calidad de nuestra
educación, garantizar el derecho a la cobertura universal
de la salud, ampliar la formación permanente para el
empleo, extender los beneficios para los adultos mayores,
satisfacer las necesidades de alojamiento de la población,
y cubrir adecuadamente los servicios públicos.

17. Proyectar y promover confianza, respeto y
prosperidad en el mundo. Nos proponemos diseñar y
ejecutar una política exterior amplia y soberana, que
promueva la convivencia amistosa con todos los países
sobre la base de la confianza y beneficios mutuos, y proyecte los
valores de nuestra democracia. Queremos recuperar el
carácter profesional de la función
diplomática para promover los intereses
estratégicos de la República.

18. Con fundamento en estas Bases Programáticas
se inicia la segunda etapa de formulación, consulta y
discusión de los Lineamientos de Políticas
Públicas que guiarán el gobierno de Unidad
Democrática.

19. Se conformaron comisiones técnico –
políticas en diferentes áreas de la vida nacional y
luego de casi un año de trabajo surgió el presente
documento en el que se recogen los Lineamientos del Programa de
Gobierno de Unidad Nacional.

20. El documento está estructurado en cinco
áreas y cada una de ellas en subáreas en las que se
presentan la situación actual y los lineamientos de
acción para mejorarla.

21. El área de Institucionalidad
Democrática, en la que luego de presentar el grave
deterioro que ha experimentado, se presenta el espíritu
general del nuevo gobierno, sus bases normativas y las
fórmulas para apalancar las reformas normativas –
institucionales y político –
institucionales.

22. En el área de Buen Gobierno, se plantea el
contexto de la actual administración pública y su
ataque al Estado Federal Descentralizado y se propone una
Administración Pública centrada en la
gente.

23. El área de Sociedad Productiva en la que se
analizan las políticas económicas, petrolera,
energética, sistema agroalimentario, economía
social y cooperativas, turismo, aduanas, desarrollo rural
territorial, ciencia, tecnología e innovación,
entre otras, y se plantean lineamientos de
acción.

24. En el área de Calidad de Vida son tratados
aspectos relacionados con la seguridad ciudadana,
protección social, salud, educación, pensiones,
cultura, deporte, desarrollo urbano y vivienda, ambiente,
energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte,
vialidad, telecomunicaciones, gestión de riesgos,
diversidad sexual y equidad de género.

25. Finalmente, en el área de Política
Exterior se analiza nuestro contexto internacional, y se exponen
los valores y agenda de interés nacional.

26. Todos estos temas fueron analizados y discutidos
ampliamente por diferentes actores de la vida nacional,
incluyendo los actores políticos.

27. Estos Lineamientos se presentan como base para un
gobierno de unidad, amplitud, diálogo y respeto que
promueva el progreso de todos los venezolanos.

Institucionalidad
Democrática

Introducción

28. El actual gobierno ha traicionado el
acuerdo social que representa la Constitución de
1999. En su empeño por imponerse a todos los
venezolanos, el actual gobierno viola constantemente la
Constitución fracturando la institucionalidad
democrática y al país en general. Ataca el Estado
de Derecho, irrespetando la separación de poderes,
aprobando decretos-leyes inconsultos e inconstitucionales,
ordenando arbitrariamente la adopción de decisiones
judiciales y propiciando la total inacción de los
organismos encargados de velar por el respeto de los Derechos
Humanos.

29. El discurso y las políticas implementadas,
lejos de propiciar la inclusión y pluralidad que
caracterizan la democracia, han promovido una división
entre los venezolanos que está impidiendo alcanzar el
bienestar y desarrollo individual y colectivo, y han establecido
un modelo político-económico alejado del Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia.

El
espíritu general del nuevo gobierno

30. El próximo gobierno deberá ser de
Unidad Nacional nacional para la construcción
democrática y la inclusión social.

Un gobierno de Unidad Nacional

31. El proceso de escisión de la sociedad
venezolana, impulsado desde el gobierno y el Estado en los
últimos años, ha alcanzado tales proporciones que
un objetivo prioritario del futuro gobierno de la Unidad Nacional
será recomponer las bases de una convivencia
democrática.

32. Si algo ha caracterizado al actual gobierno, es su
voluntad de erigirse sobre las cenizas de los factores que
adversa, lo cual se ha traducido bien en políticas
deliberadas de supresión, bien en políticas de
marginación, deslegitimación o arrinconamiento. El
manejo de los símbolos patrios, la interpretación
de la historia, el lenguaje político y la acción
gubernamental han concurrido consistentemente en la
dirección de fracturar al país y levantar una
barrera infranqueable entre su ideología y el resto del
mundo social y político.

33. La gran tarea de la nueva dirigencia gubernamental
debe ser enaltecer la idea de pertenencia de todos los
venezolanos, sin distingos de partido, a una misma nación,
a una misma comunidad política. El desafío de la
inclusión es por lo tanto ineludible.

34. Lo que está planteado en la Venezuela de hoy
es una visión integradora del universo político del
país en toda su diversidad, incluyendo a quienes con todo
derecho adversarán al futuro gobierno y, sobre todo, a
quienes han creído en la oferta del actual.

35. La Unidad a la que debemos aspirar y con la cual
debemos procurar adhesión no es la unidad entre los
afines, entre quienes comparten un ideario
político-ideológico o de partido, sino la de la
convivencia entre posiciones políticas diferentes e
incluso contrapuestas, que encuentran garantías para su
promoción en un espacio constitucional común
dominado por el principio del pluralismo.

Para la construcción
democrática

36. Porque es imprescindible construir instituciones
democráticas, el futuro gobierno deberá ser ante
todo institucionalista, constitucional.

37. La devastación institucional padecida en esta
larga década, estimulada por la lava corrosiva del
personalismo político y del autoritarismo, tiene que ser
enfrentada con una dosis intensa de sentido de la
institucionalidad. La reinstitucionalización del
país pasa por su reconstitucionalización, con la
Constitución de 1999 como pilar fundamental de esta
lucha.

38. El levantamiento de la institucionalidad
democrática implica rescatar los principios de la
democracia electoral, pero también reivindicar otros
valores esenciales de la democracia hoy seriamente en entredicho,
como el pluralismo político y el respeto al Estado de
Derecho y a los Derechos Humanos.

39. El mensaje político debe estar
nítidamente orientado hacia una ambición de futuro
y de creación conjunta del marco institucional para la
convivencia político-social. La construcción
democrática no ignora el pasado ni pretenderá
comenzar de cero, pero el énfasis se coloca en lo que debe
ser construido.

Y la inclusión social

40. La oferta social del programa y del gobierno de la
Unidad pertenece al corazón de su ideario. La
inclusión social será uno de los grandes
desafíos del nuevo gobierno, porque los abismos
estructurales para el acceso al disfrute de los derechos sociales
básicos son numerosos.

41. A lo anterior se suma la definición
constitucional del Estado como un Estado social (Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia), lo que
implica un compromiso de las instituciones con la lucha a favor
de la igualdad de oportunidades y el goce de condiciones para una
existencia digna. La política social debe estar en el
centro de la agenda pública.

42. Lo anterior, sumado al espíritu integrador
antes referido, hace aconsejable preservar los niveles de
protección social que el actual gobierno haya alcanzado,
aunque reorientándolos o reconduciéndolos a la
lógica institucional y de respeto a los derechos humanos
de todos que ha de guiar las políticas y la
actuación oficiales. Debe producirse un corte
categórico y visible con el uso clientelar o
demagógico de la política social, como
también con las exclusiones ideológicas hoy
imperantes en ámbitos relacionados con el ejercicio de
derechos de participación en la vida sociopolítica
y con el goce de derechos sociales.

43. Es importante tener una oferta social propia, que lo
sea tanto por la ganancia cualitativa o cuantitativa para el
ciudadano implícita en ella, sobre todo para los sectores
más vulnerables, como por la concepción global en
la cual se inserte, la cual, sin aspirar a ser
ideológicamente pura o cerrada, de acuerdo con los
postulados de un determinado modelo económico, ha de
inspirarse claramente en las premisas, constitucionalmente
sustentadas, de preservación y garantía del derecho
a la propiedad privada, de la libertad económica, y de la
iniciativa privada, así como de acceso a empleos dignos y
bien remunerados, a una educación de calidad en un mundo
competitivo, y a un sistema público de salud y de
seguridad social altamente eficiente, entre otras. Las
políticas sociales con sentido de
inclusión han de estar orientadas a la consecución
de una mayor calidad de nuestra democracia.

Bases normativas
para el nuevo gobierno

La Constitución de 1999

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno
es la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la cual calificamos como una Constitución
democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los
derechos humanos.

45. Ella representa no sólo el punto de partida
ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal
de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino
también una plataforma jurídica aceptable para el
despliegue de las políticas de un gobierno
democrático. Permite el funcionamiento de instituciones
democráticas y garantiza los derechos humanos.

Modo de encarar la legislación
inconstitucional

46. Las leyes o decretos-leyes inconstitucionales deben
ser impugnados judicialmente, si aún no lo han sido.
Adicionalmente, debe ejercerse la iniciativa legislativa del
Presidente de la República para presentar proyectos de ley
que desmonten las regulaciones contrarias a la
Constitución dictadas en los últimos
años.

47. Mientras no se modifique el marco legal en los
puntos que la contravienen, será necesario acometer
reformas reglamentarias y administrativas que permitan reconducir
a la Constitución, tanto como sea posible, las pautas de
actuación de las autoridades y funcionarios en los
respectivos ámbitos de acción pública. Son
muchas las modificaciones que pueden alcanzarse mediante la
reforma de reglamentos o de prácticas administrativas,
así como mediante una aplicación de la legalidad
orientada por los principios constitucionales. Paralelamente, han
de precisarse los asuntos que reclaman, de manera casi
ineludible, una modificación normativa.

48. Tampoco hay que descartar la posibilidad de acuerdos
o simples entendimientos con sectores o individualidades, hoy
partidarios del actual gobierno, que se avengan a modificaciones
en torno a las cuales pudiera haber coincidencias enmarcadas en
la circunstancial conveniencia común, aunque responda a
ópticas diferentes.

Lineamientos de
acción

Fórmulas para apalancar las reformas
normativo-institucionales

49. En algunas materias será necesario impulsar
cambios de rumbo muy significativos, que en ocasiones
deberán ir acompañados de la adopción de
decisiones por la Asamblea Nacional u otros órganos del
Poder Nacional.

50. Para favorecer estos cambios se proponen iniciativas
en el campo sustantivo o programático y otras de
índole orgánico-instrumental o de
legitimación política y social.

Elaborar de manera participativa y
plural el Plan de Desarrollo Económico y
Social

51. Una forma de impulsar las reformas
político-sociales necesarias estriba en promover, desde el
inicio del gobierno de construcción democrática y
con base en un trabajo previamente elaborado, una
amplia discusión en el país sobre el nuevo Plan de
Desarrollo Económico y Social de la
Nación.

52. Esta discusión debería involucrar a
actores sociales diversos y a los factores políticos
regionales y nacionales. Dos instancias públicas
fundamentales para robustecer el debate sobre dicho Plan
serían el Consejo Federal de Gobierno y el Consejo de
Estado, cuya relevancia general para el funcionamiento del
gobierno será comentada posteriormente.

Rescatar el federalismo previsto en la
Constitución

53. El nuevo gobierno ha de ser profundamente federal y
descentralizado. No solamente porque ha de promover la
descentralización y ha de respetar las competencias de los
Estados y Municipios, sino también en el sentido de que la
concepción y gestión del gobierno deberá
sustentarse de manera permanente en la discusión y
articulación de políticas con los Gobernadores y
Alcaldes. Ello en relación no sólo con los temas
directamente vinculados con la descentralización, sino
también respecto de los grandes asuntos del desarrollo
nacional y de la inclusión e integración
político-social. La descentralización implica
distribución de poder y de responsabilidades.

54. Es preciso adoptar las medidas necesarias para
restituir a los Estados el ejercicio de las competencias
exclusivas de las que inconstitucionalmente fueron despojados.
Igualmente, el Distrito Metropolitano de Caracas debe recuperar
competencias y recursos que son inherentes a la función
constitucional de este nivel de gobierno.

55. Es igualmente perentorio impulsar la
aprobación de la Ley de Hacienda Pública Estadal,
para dar respaldo financiero a la autonomía de los Estados
y Municipios.

56. El Consejo Federal de Gobierno debe ser reivindicado
como instancia fundamental para la gobernabilidad.

Instalar el Consejo de
Estado

57. Otra institución constitucional que debe ser
rescatada es el Consejo de Estado, el cual no ha entrado en
funcionamiento, al no haber sido designados sus miembros. Tampoco
ha sido dictada la ley correspondiente, prevista en el
artículo 251 de la Constitución, pero su ausencia
no impide su integración y actuación, pues la
regulación constitucional es lo suficientemente precisa
como para hacerla posible.

58. Esta instancia, presidida por el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, estaría dotada de
pluralidad institucional u orgánica, al reunir en su seno
a sendos representantes de la Asamblea Nacional y del Tribunal
Supremo de Justicia, así como a las personas designadas
por el Presidente de la República, quienes deberían
tener una autoridad moral que les proporcione representatividad
social. Su tarea consistiría en pronunciarse, a
requerimiento del Presidente de la República, sobre
políticas de interés nacional que a juicio de
aquél posean especial trascendencia (art. 251 de la
Constitución).

59. Para consolidar la base
político-institucional del nuevo gobierno, debería
conformarse el Consejo de Estado, el cual debería ser
consultado sobre las líneas maestras de las reformas
político-administrativas que se quiere
introducir.

Reformas
político-institucionales

Reivindicar el estatus constitucional y
las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva

60. La Constitución de 1999 quiso otorgar a la
Vicepresidencia Ejecutiva un estatus y unas funciones de especial
relevancia. A tenor de su Exposición de Motivos, esta
figura estaba llamada a ser una pieza clave en el diseño
de un "nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible". Esta
expectativa del constituyente, o de los autores de la citada
declaración de propósitos, dista mucho de
corresponder con la regulación constitucional, que sigue
atendiendo al modelo del presidencialismo, pero es al menos
expresión del significativo papel que se pretendió
conferir a la Vicepresidencia Ejecutiva y que en parte
quedó plasmado en el texto aprobado.

61. El Vicepresidente Ejecutivo no puede ser un Ministro
más, ni un simple vocero o portavoz gubernamental, como ha
ocurrido durante el actual gobierno Debe ser una figura con
estatura político-institucional, que ocupe una
posición capital en el manejo de las relaciones del Poder
Ejecutivo con la Asamblea Nacional, así como en la
coordinación de la Administración Pública
Nacional. Ello aunado a su colaboración con el Presidente
en la dirección de la acción del gobierno (art. 239
de la Constitución). Adicionalmente, debería
perfilarse como una instancia fundamental en la
articulación del Poder Nacional con el de los Estados y
Municipios, y particularmente en la promoción de la
descentralización, más aún en el contexto de
la nueva función política que los Gobernadores
habrían de asumir en virtud de los principios
básicos de gobernabilidad antes enunciados.

62. Se considera recomendable rescatar esta relevancia
constitucional de la figura en el marco del nuevo gobierno de
construcción democrática. Ello debe visualizarse
desde la campaña electoral a la presidencia, con la
finalidad de transmitir un mensaje no personalista y de dotar de
legitimidad y sustento político a quien luego sería
designado para tal cargo. Esto brindaría soporte al papel
que el Vicepresidente o Vicepresidenta debería
desempeñar en el Consejo Federal de Gobierno y en el
Consejo de Estado.

Respetar la función legislativa
y de control de la Asamblea Nacional

63. El nuevo Presidente debería distinguirse por
el respeto a las funciones de la Asamblea Nacional como
institución fundamental de la democracia, siendo
éste uno de los campos en que habría que demostrar
sabiduría, elevación política y coherencia
con los principios proclamados.

64. Debe asumirse el compromiso de no proponer leyes
habilitantes con la extensión material y temporal de las
que han sido solicitadas por el Presidente de la República
durante la vigencia de la Constitución de 1999.

65. El Presidente debería presentar ante la
Asamblea Nacional proyectos de ley en relación con las
principales materias que írritamente han sido reguladas
por decreto ley en los últimos años, promoviendo un
debate nacional sobre las mismas, que estimule una
revisión por la Asamblea Nacional.

66. También debe respetarse el ejercicio de las
funciones de control político de la Asamblea Nacional,
puesto que es indispensable la transparencia en el ejercicio del
poder, muy especialmente en los asuntos relacionados con el
manejo de fondos públicos.

Limitar las posibilidades de
reelección de titulares de cargos
ejecutivos

67. Una de las enmiendas o reformas constitucionales que
deberá ser propugnada al recuperar o alcanzar un contexto
democrático es la de fijar límites a las
posibilidades de reelección de los titulares de cargos
ejecutivos. La actual regulación, fruto de la enmienda
constitucional del 2009, que permite la reelección
indefinida o continuada del Presidente de la República, y
de los Alcaldes y Gobernadores, atenta gravemente contra la
alternabilidad y el pluralismo democráticos.

68. La introducción de modificaciones en la
Constitución no ha de ser asumida como el reto primero y
principal del nuevo gobierno. Pero la limitación de la
reelección debe ser un objetivo de mediano plazo presente
desde el comienzo entre los lineamientos programáticos de
la Unidad.

Suprimir las barreras ilegítimas
a la participación política y
social

69. En los últimos años se han impuesto
leyes, actos y prácticas inconstitucionales que
obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos de los
venezolanos. Pese a que su revisión escapa del campo de
atribuciones del Presidente de la República, desde esta
alta magistratura pueden promoverse iniciativas dirigidas a
corregir tales vicios.

70. El nuevo Presidente de la República
debería requerir a los órganos del poder
público que consideren carentes de efectos las sanciones
de inhabilitación política dictadas por la
Contraloría General de la República, así
como actuar en consonancia en su propia esfera
orgánico-funcionarial, si es que antes ello no ha ocurrido
en virtud del obligado acatamiento a la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto.

71. Deberá reformarse toda normativa
reglamentaria que sujete el ejercicio de la participación
política o social a la adhesión a una determinada
ideología o doctrina de partido. Esto es particularmente
importante respecto de los consejos comunales y su
registro.

72. Por vía de reforma reglamentaria debe no
sólo suprimirse todo requisito asociado a la
identificación con una ideología determinada sino
también optarse por una reinterpretación de las
correspondientes disposiciones legales que las haga compatibles
con la Constitución, reemplazando la alusión a tal
ideología por conceptos constitucionales como el Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, y la
promoción y defensa de los derechos humanos.

73. Deberá presentarse ante la Asamblea Nacional
el Proyecto de Ley de Referendos, que deliberadamente ha sido
eludido por la mayoría oficialista en esta instancia, lo
cual se ha traducido en un impedimento para la activación
popular de este mecanismo.

74. Deberán presentarse proyectos de ley que
supriman la facultad del Contralor de imponer inhabilitaciones
políticas, si con anterioridad no se ha promulgado la
reforma correspondiente, y que despojen a las leyes vigentes de
la sujeción ideológica que se ha desplegado
normativamente en los últimos años. Estas y otras
tareas de reforma legislativa no necesariamente tendrían
que originarse en una iniciativa presidencial formal, sino que
serían expresión de un trabajo coordinado con los
Diputados de la Unidad ante la Asamblea Nacional.

Preservar los consejos comunales como
instancias de participación comunitaria

75. Los consejos comunales deben estar claramente
perfilados como instancias de participación, en los
términos del artículo 70 de la Constitución.
Ellos deben ser deslastrados de todo sesgo
ideológico-partidista así como de toda
confusión que los configure como instancias
híbridas que terminen asumiendo funciones públicas
que le son ajenas.

76. Los consejos comunales deben estar en
relación preferente con los Estados y Municipios, conforme
a lo establecido en el artículo 184 de la
Constitución y a través de las múltiples
vías allí previstas.

77. La preservación de su identidad de
organizaciones sociales implica el más escrupuloso respeto
a su autonomía, al igual que su participación en la
formulación y gestión de políticas
públicas, incluyendo en la prestación de servicios,
de acuerdo con lo establecido en la
Constitución.

78. Mediante reformas reglamentarias puede avanzarse
mucho en esta dirección, suprimiendo, por ejemplo, la
dependencia de estas organizaciones del Presidente de la
República u otras instancias públicas. De manera
general debe promoverse la genuina participación ciudadana
y comunitaria, que tenga reflejo en cauces como los consejos
estadales y locales de planificación pública, entre
otros.

Garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos

79. Efectuar, en los primeros días de gobierno,
una declaración pública contentiva del compromiso
de estricto acatamiento de las decisiones o sentencias de los
organismos internacionales encargados de la protección de
los derechos humanos.

80. Este compromiso se referiría no sólo a
casos futuros, sino implicaría también obligarse a
tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a decisiones
que el actual gobierno no ha observado, cuando entren dentro de
su esfera de competencias, o a instar a los órganos
competentes del poder público a hacerlo.

81. Como muestra de la importancia que el gobierno de
construcción democrática otorgará a los
derechos humanos y a los mecanismos nacionales e internacionales
previstos para su defensa, el gobierno haría
pública su intención de invitar a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una
visita oficial a Venezuela, en la cual ella examine la
situación general de derechos humanos en el país.
Ello iría acompañado de la remisión formal
de tal invitación.

82. Se propondrá la pronta sanción de la
ley sobre la reparación de las violaciones a los derechos
humanos prevista en el artículo 30 de la
Constitución.

83. Se adoptarán medidas dirigidas a salvaguardar
la libertad de expresión e información,
restituyendo derechos vulnerados, y evitando el uso desmesurado
de facultades gubernamentales así como la
partidización de los medios públicos.

84. Se examinará, por medio de una
comisión plural en la que participen diversos sectores de
la sociedad, especialmente las ONGs, toda la red de servicios de
policía política, inteligencia o para-inteligencia
que se ha robustecido en los últimos años,
evaluando especialmente sus consecuencias sobre el ejercicio de
los derechos humanos.

85. Se adelantará una evaluación de las
ocupaciones o expropiaciones de tierras o industrias efectuadas
por el actual gobierno, con miras a resolver estas situaciones
con apego a la Constitución.

86. Se revisará el otorgamiento de títulos
precarios de pseudo-propiedad a agricultores o a los habitantes
de zonas populares, para reconocer a los beneficiarios la
propiedad plena (pura y simple).

87. Se formularán las bases de un sistema de
seguridad social y de un sistema de salud para todos.

88. Se revisará, en consulta con los sectores
representados en las comunidades educativas, los planes
curriculares, instructivos o prácticas que pretenden
utilizar la enseñanza primaria y media como espacios para
la ideologización, cerrados a la universalidad del
pensamiento.

89. Se adoptarán medidas que se traduzcan en el
respeto y garantía de los derechos humanos, tanto civiles
y políticos como económicos, sociales y culturales,
colaborando con la Defensoría del Pueblo en el
cumplimiento de su misión constitucional.

90. Robustecer los mecanismos que garanticen la
investigación y el proceso de las violaciones a los
derechos humanos, la reparación del daño causado y
la adopción de medidas que eviten la repetición de
tales abusos.

Respetar al Poder Judicial como garante
de la Democracia .

91. Promover un diálogo nacional sobre la
situación del sistema de justicia, el cual podría
desembocar en un compromiso institucional que involucre a todos
los poderes públicos y a los sectores sociales.

92. Propiciar, en diálogo con la sociedad y en el
seno de la Asamblea Nacional, un debate dirigido a consolidar la
profesionalización de la Defensa Pública y del
Ministerio Público

93. Proponer la regulación de las
responsabilidades por el anormal funcionamiento del Poder
Judicial.

94. Favorecer, en diálogo con la sociedad y en el
seno de la Asamblea Nacional, una discusión sobre la
necesidad de fortalecer la carrera judicial.

95. Proponer la discusión de la Ley de la Carrera
de Penitenciaristas y de la Ley de creación del ente
autónomo y técnico del Sistema
Penitenciario.

La Fuerza Armada
Nacional

96. Restablecer la plena vigencia del artículo
328 de la Constitución que define las funciones de la
Fuerza Armada y subordina su actuación al poder
civil.

97. Restablecer los conceptos de Obediencia
y Lealtad Institucional.

98. Reinstitucionalización basada en el rescate
del mérito, el escalafón y la jerarquía, que
parta de la modificación de la metodología actual
de aprobación de los ascensos para que se realicen de
acuerdo con lo previsto en el artículo 331 de la
Constitución.

99. Reorganizar y reformular la institución
castrense para que responda a amenazas multidimensionales, con
componentes profesionales, altamente entrenados, dinámicos
y con capacidades operativas para responder
eficazmente.

100. Proponer la revisión de la Ley
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y
la Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación.

101. Eliminar la Milicia Bolivariana, como componente
militar dependiente del Presidente de la
República.

102. Reconducir a los integrantes que manifiesten su
voluntad de seguir en servicio a los componentes de la
Reserva.

103. Profesionalizar la tropa. Eliminar
gradualmente al soldado no profesional.

104. Adecuar los planes de defensa,
planificación, entrenamiento, doctrina y empleo a las
amenazas multidimensionales a la seguridad y defensa definidas
por el ejecutivo en concordancia con el Consejo de Defensa de la
Nación previsto en el artículo 323 de la
Constitución, así como los planes de empleo de los
sistemas de armas y equipos.

105. Propiciar la elaboración de un Libro Blanco
de Defensa, conforme a los estándares establecidos por el
Consejo Sudamericano de Defensa que recoja el concepto
estratégico de la nación, y los planes de
adquisición mediante criterios de transparencia
internacional.

106. Reforzar los Teatros de
Operaciones.

107. Revisar integralmente el sistema de
previsión social de la Fuerza Armada Nacional con el
objeto de fortalecerlo y adecuarlo a las necesidades de los
efectivos militares. Debe promoverse una Ley de Protección
Social de la Familia Militar.

Democratización de las
comunicaciones

Situación actual

108. La actual administración ha sido incapaz de
garantizar el ordenamiento del espacio público de las
comunicaciones para promover y garantizar amplitud y variedad de
las coberturas informativas y, en particular, el pluralismo de la
opinión pública nacional.

109. Los venezolanos, por el contrario, hemos estado
sometidos a una peculiar represión mediática que se
expresa en dos vertientes fundamentales: por un lado, la
confiscación progresiva de todos los medios
radioeléctricos del Estado para uso exclusivo y beneficio
de la parcialidad política en el gobierno; por otro, el
cerco incesante a la libertad de expresión.

110. La oferta política de este gobierno se
desnaturalizó de sus propósitos y orientaciones
primigenias en función de la implantación de un
modelo de pensamiento único, autocrático y de culto
a la personalidad del Presidente de la
República.

111. Se ha ido articulando la hegemonía
comunicacional. La presencia de toda una estructura de medios en
manos del Estado evidencia una política bien orquestado de
un "Estado- comunicador" que ha visto en la información y
la comunicación el espacio privilegiado para la
educación e ideologización en pos de una "sociedad
socialista" que es el objetivo prioritario hacia donde se orienta
este proceso gubernamental.

Lineamientos de acción

112. El gobierno de Unidad Nacional
promoverá la democratización de las
comunicaciones.

Ello implica asegurar efectiva libertad de comunicar a
todos, en un ámbito de pluralismo democrático,
modernidad tecnológica, empleo universalizado de las
tecnologías de información y comunicación, y
armoniosa convivencia, entre vigorosos servicios públicos,
no gubernamentalizados, privados, comerciales y
comunitarios.

113. El gobierno de Unidad Nacional asume el respeto
integral por los derechos de la comunicación; la seguridad
jurídica de los actores de la comunicación
(ciudadanos, empresas-medios, gremios); la diferenciación
entre la política de comunicación del Estado
venezolano y los programas de gestión comunicacional de
los distintos órganos del Poder Público, la
promoción de un ambiente comunicacional determinado por el
ejercicio pleno de las libertades, la responsabilidad social y la
justicia independiente; el estímulo a la
participación y el emprendimiento de individuos y
colectivos en la construcción de un sistema nacional de
comunicación mixto, plural, diverso y
democrático.

114. Serán fundamentos de su acción la
profundización de los servicios públicos de
telecomunicaciones; la convergencia digital en el sector
comunicaciones; la apropiación social de los servicios
universales de la comunicación y la información y
el desarrollo de la sociedad de la información como modelo
de acceso a las fuentes del conocimiento y el desarrollo
cultural.

115. Proponemos establecer un marco regulatorio
democrático y congruente con el principio de
fortalecimiento de los derechos humanos y las corrientes
universales de la legislación y reglamentación de
las actividades comunicacionales.

116. Ordenaremos la estructura oficial del sector
comunicaciones para emprender la edificación de un genuino
servicio público nacional de comunicación e
información.

117. Actuaremos apegados de manera
irrestricta a las convenciones de derechos humanos.

118. Promoveremos un ambiente comunicacional determinado
por el ejercicio pleno de las libertades, la responsabilidad
social y la justicia independiente.

119. Estimularemos la participación y el
emprendimiento de individuos y colectivos en la
construcción de un sistema nacional de comunicación
mixto, plural, diverso y democrático.

120. Restableceremos la confianza pública y la
seguridad jurídica necesarias para el ejercicio de las
libertades de la comunicación.

121. Superaremos las brechas culturales y
tecnológicas para el tránsito a la sociedad del
conocimiento.

122. Convertiremos los soportes de la
comunicación y la información en mecanismos
estables para facilitar el desarrollo integral de los ciudadanos
y de la nación.

123. Se revisará el marco jurídico y
reglamentario referido a las comunicaciones bajo el criterio de
un debate amplio que incluya a diversos sectores (organismos
públicos del ámbito, MCS privados, ONG, medios
comunitarios, cámaras, gremios, universidades, entre
otros).

124. Entre la legislación que debe revisarse
está la Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos; la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones; el Código Penal; la
Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios. Debe procederse a la reestructuración del
Directorio de Responsabilidad Social en Radio, Televisión
y Medios Electrónicos.

125. Habrá que revisar también las cinco
leyes que soportan jurídicamente el llamado Estado
Comunal. Someter a profunda revisión todos aquellos
decretos, providencias administrativas y creación de
organismos que coliden con el precepto constitucional de una
comunicación libre y plural.