Amparo Constitucional en Venezuela

Amparo: Derechos y garantías
constitucionales (Venezuela)

Introduccion

Hoy más que nunca los derechos fundamentales de
los ciudadanos en Venezuela, no solo son más conocidos,
sino mas garantizados, se puede decir que hay una efectiva tutela
de los derechos y de las garantías constitucionales, el
amparo constitucional se convierte en una figura importante, a
consecuencia de la nueva constitución aprobada en 1999. La
acción de amparo constitucional viene hacer el instrumento
que nos garantiza el derecho de solicitar el restablecimiento o
reparación de la situación jurídica
lesionada, (Art. 49 CRBV).

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho
a solicitar ante los tribunales competentes la acción de
ampara cuando crea que uno o más derechos fundamentales
estén siendo infringidos por algún hecho, acto u
omisión de algún ente del Poder Publico Nacional,
Estadal o Municipal, así como por ciudadanos, persona
jurídica, grupos u organizaciones. Para que esta
acción de amparo sea admisible se exige un número
de exigencias indispensable, estos requerimientos los
estudiaremos en el presente escrito. Los requisitos de
procedencia de la acción de amparo son: la admisibilidad,
la procedencia, el hecho lesivo y los requisitos exigidos por la
doctrina de la Sala Constitucional del TSJ.

La procedencia de la acción de amparo requiere,
de modo esencial, de la existencia de un "acto u omisión
de autoridades públicas o de particulares, que en forma
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías reconocidos
por esta Constitución, un tratado o una ley" (art 43 de la
CRBV): el derecho a la vida es inviolable.

Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni
autoridad alguna aplicarla… Tal acto u omisión no
comprende las publicaciones periodísticas, así como
las informaciones transmitidas por medios masivos de
comunicación, las que no tienen entidad suficiente para
producir perjuicios, actuales o inminentes, en la
situación jurídica de los accionantes.

La Acción de Amparo Constitucional como un
remedio para proteger los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución y Declaraciones de Derechos Humanos,
hablándose en la mayoría de las legislaciones de un
procedimiento breve, sumario, rápido y eficaz, que se da
en la medida de la inexistencia de otros medios ordinarios que
puedan restablecer la lesión sufrida, ya que el amparo es
considerado como un medio de impugnación extraordinario
contra actos u omisiones que lesionen o amenacen con lesionar los
derechos fundamentales.

La Acción de Amparo la gobiernan varios
requisitos a saber:

a) De Admisibilidad

b) De Procedencia

c) Requeridos Por La Jurisprudencia

Síntesis.

Orígenes de la acción de
amparo

Los orígenes de la acción de amparo se
remontan hasta la Carta Magna de 1.215 mediante la cual Juan sin
tierra se comprometía a no privar a sus súbditos de
su libertad ni de sus bienes, sino en virtud de una orden del
juez competente. En 1.679 se dictaría el Acta de Habeas
Corpus.

La acción de habeas data

Se trata del derecho a la autodeterminación
informativa: derecho del individuo a decidir básicamente
por sí mismo cuándo y dentro de que límites
procede revelar situaciones referentes a su propia vida.
(Tribunal Constitucional alemán).

El derecho y acción de Habeas Data ya existente
en Suecia, Noruega, Francia, Austria y Brasil constituye una
novedad constitucional. Dispone la Constitución que: "Toda
persona tiene el derecho de acceder a la información y los
datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en
registros oficiales o privados, con las excepciones que
establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga
de los mismos y su finalidad y de solicitar ante el tribunal
competente la actualización, la rectificación o la
destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o
afectasen ilegítimamente sus derechos.

Igualmente, podrá acceder a documentos de
cualquier naturaleza que contengan información cuyo
conocimiento sea de interés para las comunidades o grupos
de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de
información periodística y de otras profesiones que
determine la ley.

Ha señalado la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia que los derechos que conforman el
Habeas Data son:

1) El derecho de conocer sobre la existencia de
tales registros.

2) El derecho de acceso individual a la
información, la cual puede ser nominativa, o donde la
persona queda vinculada a comunidades o a grupos de
personas.

3) El derecho de respuesta, lo que permite al
individuo controlar la existencia y exactitud de la
información recolectada sobre él.

4) El derecho de conocer el uso y finalidad que
hace de la información quien la registra.

5) El derecho de actualización, a fin que
se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el
transcurso del tiempo.

6) El derecho a la rectificación del dato
falso o incompleto.

7) El derecho de destrucción de los datos
erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos
de las personas.

Efectos del amparo

Los derechos y garantías constitucionales no
involucran directamente nulidades, ni indemnizaciones, sino que
otorgan situaciones jurídicas esenciales al ser humano:
individual o como ente social, por lo que no resulta vinculante
para el Juez Constitucional lo que pide el quejoso en la
solicitud, sino la situación fáctica ocurrida en
contravención a los derechos y garantías
constitucionales y los efectos que ella produce, que el actor
trata de que cesen y dejen de perjudicarlo.

Consecuencia de esta situación, es que lo que se
pide como efecto de un amparo puede no ser vinculante para el
tribunal que conoce de la acción, ya que el proceso de
amparo no se rige netamente por el principio dispositivo, porque
si bien es cierto que el Juez Constitucional no puede comenzar de
oficio un proceso de amparo ni puede modificar el tema
decidendum, no es menos cierto que como protector de la
Constitución y de su aplicación en todos los
ámbitos de la vida del país, tal como se desprende
de los artículos 3 y 334 de la Constitución, existe
el interés constitucional de que quienes pidan la
intervención del poder judicial en el orden constitucional
reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin
desviaciones o minimizaciones causadas por carencias o errores en
el objeto de las peticiones, como tampoco sin extralimitaciones
provenientes del objeto de sus pretensiones, ya que de ser
así el Juez Constitucional estaría obrando contra
el Estado de Derecho y Justicia que establece el Artículo
2 de la Constitución vigente. (Sala Constitucional,
sentencia N° 7 de 01/02/2000).

"Artículo 2 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Venezuela se
constituye en un Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida,
la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político."

Procedimiento de Juicio de amparo constitucional
según sentencias vinculantes de la Sala
Constitucional

Antes de abordar el desarrollo del procedimiento en el
juicio de amparo constitucional, nos parece pertinente
transcribir los párrafos más resaltantes de la
sentencia vinculante de la Sala Constitucional del 01 de febrero
de 2000, bajo ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo
Cabrera Romero, que deslinda los parámetros bajo los
cuales debe desarrollarse el nuevo procedimiento de amparo
constitucional con la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999.

Dado el carácter vinculante de esta sentencia,
los Tribunales de la República, incluidas las Salas del
Tribunal Supremo de Justicia, están obligados a acatarla,
de conformidad con el artículo 335 constitucional. De
igual manera, se incluye el tema del procedimiento del amparo
sobrevenido y de la facultad revisora de la Sala Constitucional,
que resulta de la sentencia N° del 20/01/2000 (caso Emery
Mata Millán).

Artículo 335 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal
Supremo de Justicia garantizará la supremacía y
efectividad de las normas y principios constitucionales;
será el máximo y último intérprete de
la Constitución y velará por su uniforme
interpretación y aplicación. Las interpretaciones
que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o
alcance de las normas y principios constitucionales son
vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia
y demás tribunales de la República.

Dice así el texto de la primera de dichas
sentencias:

Caracteres generales del nuevo procedimiento de
amparo

Por mandato del artículo 27 de la
Constitución de la República, el procedimiento de
la acción de amparo Constitucional será oral,
público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades. Son
las características de oralidad y ausencia de formalidades
que rigen estos procedimientos, las que permiten que la autoridad
judicial restablezca, a la mayor brevedad, la situación
jurídica infringida o la situación que más
se asemeje a ella.

Artículo 27 ejusdem. Toda persona tiene
derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio
de los derechos y garantía constitucionales, aún de
aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en
esta Constitución o en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo
constitucional será oral, público, breve, gratuito
y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente
tendrá potestad para restablecer inmediatamente la
situación jurídica infringida o la situación
que más se asemeje a ella. Todo tiempo será
hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a
cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad
podrá ser impuesta por cualquier persona, y el detenido o
detenida será puesta bajo la custodia del tribunal de
manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en
modo alguno por la declaración del estado de
excepción o de la restricción de garantías
constitucionales.

La aplicación inmediata del artículo 27 de
la Constitución, conmina a la Sala a adaptar el
procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de
Amparo a las prescripciones del Constitucional 27.

El debido proceso en el procedimiento de
amparo

Por otra parte, todo proceso jurisdiccional contencioso
debe ceñirse al artículo 49 de la
Constitución, que impone el debido proceso, el cual; como
lo señala dicho artículo, se aplicará sin
discriminación a todas las actuaciones judiciales por lo
que los elementos que conforman dicho proceso deben estar
presentes en el procedimiento de amparo, y, por lo tanto; las
normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo
deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado
artículo 49.

Artículo 49 ejusdem. El debido proceso se
aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son
derechos inviolables en todo estado y grado de la
investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a
ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de
acceder a las pruebas y de disponer el tiempo y de los medios
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas
obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda
persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo,
con las excepciones establecidas en esta Constitución y la
ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no
se pruebe lo contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída
en cualquier caso de proceso, con las debidas garantías y
dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un
tribunal competente, independiente e imparcial establecido con
anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de
manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por
sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o
especiales, con las garantías establecidas en esta
Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser
sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni
podrá ser procesada por tribunales de excepción o
por comisiones creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a
confesarse culpable o declarar contra sí misma, su
cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

6.-La confesión solamente será
válida si fuere hecha sin coacción de ninguna
naturaleza.

7. Ninguna persona podrá ser sancionada
por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos,
faltas o infracciones en leyes preexistentes.

8. Ninguna persona podrá ser sometida a
juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido
juzgada anteriormente.

9. Toda persona podrá solicitar del Estado
el restablecimiento o reparación de la situación
jurídica lesionada por error judicial, retardo u
omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de
la particular de exigir la responsabilidad personal del
magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y actuar
contra éstos o éstas.

En consecuencia, el agraviante, tiene derecho a que se
le oiga a fin de defenderse, lo que involucra que se le notifique
efectivamente de la solicitud de amparo; de disponer del tiempo,
así sea breve; para preparar su defensa; de la
posibilidad, que tienen todas las partes, de contradecir y
controlar los medios de prueba ofrecidos por el promovente, y por
esto, el procedimiento de las acciones de amparo deberá
contener los elementos que conforman el debido
proceso.

Carácter vinculante del fallo

Ante esas realidades que emanan de la
Constitución, la Sala Constitucional, obrando dentro de la
facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem, de
establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las
normas y principios constitucionales, las cuales serán, en
materia de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo,
distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los
otros amparos, excepto el cautelar, de la siguiente
forma:

Desarrollo

Definición

El amparo constitucional es la garantía o medio a
través del cual se protegen los derechos fundamentales que
la Constitución reconoce a las personas. Esta
acción está destinada a restablecer a través
de un procedimiento breve los derechos lesionados o amenazados de
violación, siendo un instrumento para garantizar el
pacífico disfrute de los derechos y garantías
inherentes a la persona, operando la misma según su
carácter de extraordinario, sólo cuando se dan las
condiciones previamente expuestas y aceptadas como necesarias de
la institución de amparo de conformidad con la ley que
rige la materia.

Reseña Histórica

El origen del amparo en Venezuela, concebido como
instrumento de defensa de los derechos y libertades, es de
creación relativamente tardía, comparándolo
con los ordenamientos jurídicos de su ámbito
cultural latinoamericano.

Las influencias más perceptibles de Amparo en
nuestro país, son la anglosajona y la tradición
hispánica. Respecto a la primera, tiene su origen en
Inglaterra mediante el habeas Corpus, declaraciones de derechos y
culmina su desarrollo con el Estado Constitucional
norteamericano, cuya influencia penetró con gran fuerza en
las nuevas repúblicas iberoamericanas durante los primeros
años de la vida de éstas.

La influencia estadounidense se percibe claramente en su
formulación no sólo de la rígida
división de poderes, sino en el sentido de la
limitación de los mismos; así, en el proceso
constituyente norteamericano confluyen los factores necesarios
para determinar la supremacía de los jueces bajo la
reforma de la "Judicial Law", continuidad de la tradición
inglesa que contempla a los jueces como órganos
independientes creadores de derecho, y el controvertido concepto
de la soberanía parlamentaria que se complementa con la
idea de que la Constitución es una ley fundamental ante la
que han de someterse el resto de las leyes, y que es
función propia de los jueces, no de la legislatura,
interpretar y aplicar las leyes.

Respecto a la influencia hispánica, ésta
no es menor que la anglosajona, simplemente diferente, así
desde el propio término amparo, que tiene su origen en el
derecho español y que ha sido adoptado por los diversos
ordenamientos latinoamericanos. Sin embargo, la influencia
más clara en cuanto a protección de derechos se
refiere se contienen la Leyes de Indias, en cuyo corpus se
proclaman las formulaciones emanadas por el Rey de Castilla
referente al tratamiento de que debían ser objeto los
indígenas de las tierras americanas por parte de los
conquistadores primero y de la Administración colonial
posteriormente, a las que limitaba en gran medida su
actuación.

En Venezuela, la influencia más reciente es la
mexicana donde primeramente se conformó el amparo en un
texto constitucional, haciéndose en la constitución
del Yucatán de 16 de mayo de 1841, en sus artículos
8, 9, y 62, aunque su ámbito de aplicación se
refería sólo al estado en referencia. El objeto de
la introducción de esta institución era proteger a
los habitantes del Estado contra actos de la autoridad que
violara la Constitución y los derechos
fundamentales.

El ejemplo mexicano produjo algunos intentos de
establecer una figura similar en la constitución de 1.811,
aunque su proclamación no se producirá hasta el
texto de 1.961, en su artículo 49, reglamentándose
por la Ley orgánica de Amparo sobre derechos y
Garantías Constitucionales del 22 de Enero de
1.988.

Sin embargo podemos señalar que los antecedentes
del amparo constitucional en Venezuela datan en principio de
1.947. En la Constitución Nacional aprobada por la
Asamblea Nacional Constituyente el cinco de Julio de ese
año solo se desglosan de manera, diríamos
efímera, los llamados deberes y derechos individuales y
sociales , tal y como lo disponían los artículos 20
al 28 del mencionado texto.

Luego en la Constitución Nacional de 1.953, la
cual surgió en un sistema de fuerza no existe
ningún desarrollo en materia de amparo Constitucional,
más bien queda reducido el campo conceptual de la
Constitución de 1947 por motivo del sistema
imperante.

La Constitución del 23 de Enero de 1.961 consagra
el amparo constitucional en los artículos 49 y 50, dentro
de los llamados derechos o disposiciones generales que engloban
los artículos 43 al 50.

Naturaleza jurídica

Es un derecho constitucional, lo que implica que toda
persona puede ser amparada ante la violación de cualquier
derecho que este consagrado en la Carta Magna incluso cuando no
lo esté, siempre y cuando sea un derecho que se considere
inherente a la persona. Lo característico de este derecho
es que comprende un procedimiento breve, público, oral,
gratuito y sencillo lo que garantiza una verdadera y urgente
atención. Es por ello una garantía de
restablecimiento de la lesión actual o
inminente.

Entonces, la situación que busca restituir el
Amparo, es aquella cuya garantía estaba resguardada por la
Norma Fundamental, y fue lesionada con ocasión de
efectuada una situación o de dictado un acto, bien sea,
porque los agentes públicos o los particulares, debiendo
conducirse de acuerdo con un precepto de este rango, lo
desconocieron o aplicaron mal.

Aunque, también puede deducirse que, el Amparo
puede ser utilizado como mecanismo de prevención ante una
inminente violación de derechos fundamentales, ya que a
través de éste se pueden suspender los efectos del
acto considerado lesivo y así evitar daños
irreparables. Por lo tanto, su procedencia no solo se da cuando
hay una violación sino que también cuando hay
amenaza de violación, permitiendo así evitar la
materialización o permanencia del hecho lesivo y de sus
efectos.

El Amparo es considerado como una garantía
constitucional específica, para restablecer situaciones
que provengan de violaciones de derechos y garantías
fundamentales inherentes a la persona, pero de ninguna forma de
las reguladas legalmente ya que, si así fuere, el Amparo
perdería todo sentido y alcance y se convertiría en
un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

El Amparo Constitucional goza de una serie de principios
que lo particularizan de otras figuras, al respecto tenemos que
dentro del proceso no se pueden relajar las normas de
procedimiento ni las constitucionales, a excepción del
desistimiento de la acción de amparo constitucional solo
en casos en que el orden constitucional no sea tan
trágico, esto es, principio del orden publico del
proceso.

Además es importante rescatar que en materia de
amparo constitucional se encuentran habilitados todos los
días incluso los de vacaciones, por lo tanto, los jueces
así sean temporales, están en la obligación
de tramitarlo y sentenciarlo. Esto es, principio de la doble
instancia y de la habilitación permanente,
respectivamente.

En el Amparo Constitucional, se da el principio de
Inquisitividad, donde el juez, dado el tipo de derecho que se
encuentra en discusión, tiene facultades amplias hasta el
punto de poder mejorar las peticiones del accionante, evacuar
pruebas que considere necesarias para hacerse un mejor criterio
del asunto, y en fin puede realizar actos oficiosos revestidos de
carácter inquisitivo conforme a lo previsto en el
artículo 11 del Código de Procedimiento
Civil.

Dado el tipo de derecho que se encuentra en juego, el
juicio de Amparo se encuentra revestido de los principios de
celeridad y urgencia, lo que por consiguiente nos lleva al
principio de la informalidad, simplicidad procesal y gratuidad,
es por ello que a propósito el artículo 254 de la
constitución elimino el pago de aranceles judiciales para
todo proceso jurisdiccional.

Esto también se hace ver en lo dispuesto en los
artículos 26, 27 y 257 de nuestra Carta Magna, donde dice,
que no se requieren largos procesos, lentos y llenos de
formalismos, por el contrario, se busca agilizar la justicia
mediante procedimientos rápidos, breves, orales,
públicos, gratuitos, sin formalismos, imparciales,
independientes, responsables, equitativos y expeditos.

Cabe resaltar que la Constitución de 1.961
consagro en su parte dogmática todo un mosaico de
derechos, los cuales resultan obligantes para un estado que se
precie de ser garante de los derechos humanos. Antes de la
Constitución de 1961 existía el amparo como
recurso, pero no como una autentica acción, ya que siempre
eran tanto su solicitud como su trámite, aplicación
y ejecución de carácter extraordinario.

La primera ley de Amparo y Garantías
Constitucionales apareció publicada en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela nro. 33.891 de fecha 22 de
Enero de 1.988. La misma sufrió una reforma circunscrita
únicamente al texto del artículo 8 y se publico en
Gaceta Oficial nro. 34.060, del 27 de Septiembre de 1988. En esta
reforma se incluyen las acciones de amparo constitucional en
contra del Consejo Supremo Electoral y demás organismos
electorales del país.

Al dictarse la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en 1999, esta establece
nuevos principios procesales destinados a garantizar la
protección de los derechos de las partes en proceso, pero
tales disposiciones resultan incompatibles con la dictada Ley de
Amparo y Garantías Constitucionales, por ello, esta ley ha
sido objeto de innumerables interpretaciones y modificaciones por
vía jurisprudencial, situación que se
mantendrá hasta tanto sea dictada una nueva ley especial
de amparo.

Base constitucional del amparo

En el título III, capítulo I, art. 27
se encuentra ubicada la acción de amparo constitucional.
En efecto establece el artículo:

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a
ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos
inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta
Constitución o en los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo
constitucional será oral, público, breve, gratuito
y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente
tendrá potestad para restablecer inmediatamente la
situación jurídica infringida o la situación
que más se asemeje a ella. Todo tiempo será
hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a
cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad
podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido
o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del
tribunal de manera inmediata, sin dilación
alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en
modo alguno, por la declaración del estado de
excepción o de la restricción de garantías
constitucionales.

Base legal de la acción de
amparo

La encontramos en la ley orgánica de amparo sobre
derechos y garantías constitucionales publicadas en el
año 1988, y que sirvió para desarrollar el precepto
constitucional sobre amparo que traía la antigua
constitución de 1.961 en su art. 49. En razón de
que la vigente ley de amparo es de 1.988 y la actual
constitución es de 1999, muchos de sus preceptos no se
corresponden con la vigente carta magna razón por la cual
la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho
algunas modificaciones de la actual ley de amparo.

Modalidades Del
Amparo

Existen en la Ley Orgánica de Amparo sobre
derechos y garantías constitucionales 5 tipos o
modalidades del amparo:

• Amparo contra normas (art. 3)

• Amparo contra decisiones judiciales o amparo
  judicial ( art.4)

• Amparo cautelar ( primer aparte del art.
  5)

• Habeas corpus (art. 38)

• Amparo sobrevenido (art. 6 ordinal 5)

1.- Amparo Contra Normas (art. 3 Ley Orgánica
de Amparo sobre derechos y garantías
constitucionales)

Está previsto en el artículo 3 de la
mencionada ley orgánica de amparo sobre derechos y
garantías constitucionales en los términos
siguientes:

"También es procedente la acción de
amparo, cuando la violación o amenaza de violación
deriven de una norma que colida con la
Constitución.

En este caso, la providencia judicial que resuelva la
acción interpuesta deberá apreciar la
inaplicación de la norma impugnada y el Juez
informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la
respectiva decisión"

Si bien el artículo establece que la
acción procede cuando la violación derive de una
norma que colida con la constitución, el máximo
tribunal de la república ha establecido en sala
constitucional que "realmente procede contra el acto de
aplicación de la norma y no contra esta directamente,
puesto que las normas por si solas no son capaces de incidir en
la esfera jurídica de los sujetos de derecho por su
carácter abstracto, sino que requieren un acto de
aplicación que produzca el vinculo entre la norma y la
situación jurídica lesionada de un particular"
(Sala constitucional, 4/marzo/2004 sentencia nro. 282)

Asimismo la sentencia de esa sala constitucional asienta
que la incapacidad del acto normativo de lesionar directamente al
sujeto de derechos deviene que no sería, en principio una
amenaza inminente y no sería realizable por el imputado
(el legislador) puesto que este no tiene a su cargo la
ejecución de las normas que dicta. Por ello, se ha
concluido que en los casos de amparo contra actos normativos, la
norma no es objeto del amparo, sino la causa del acto de
aplicación que resulta lesivo de derechos o
garantías constitucionales.

Así pues, la jurisprudencia de este
Máximo Tribunal ha entendido que el amparo ejercido en
forma autónoma contra actos normativos no puede estar
dirigido contra el propio texto legal, sino contra los actos que
deriven o apliquen el mismo; toda vez que, las normas no son
capaces de incidir por sí solas en la esfera
jurídica concreta de un sujeto determinado y, en
consecuencia, lesionar directamente sus derechos y
garantías constitucionales, incluso como simple amenaza,
por cuanto no sería, en principio, una amenaza inminente,
en los términos del artículo 2 de la referida Ley
Orgánica, esto es, inmediata, posible y realizable. Siendo
ello así, las normas, por su carácter general,
abstracto y de aplicación indefinida, requieren de un acto
de ejecución que las relacione con la situación
jurídica concreta del accionante, pues, en definitiva,
será éste y no la propia norma, el que puede
ocasionar una lesión particular de los derechos y
garantías constitucionales de una persona determinada. Por
ello, se ha concluido que en los casos de amparo contra actos
normativos, la norma no es objeto del amparo, sino la causa o
motivo en razón de la cual los actos que la apliquen o
ejecuten resultan lesivos de derechos o garantías
constitucionales. Subrayado, Kursiva y Negrilla
Propia.

Excepción: existen situaciones en las que
se puede prescindir del acto de aplicación o
ejecución de la norma cuestionada, e igualmente es
procedente el amparo in comento, tal es el caso de la norma auto
aplicativa. Está definida como aquella que con su sola
promulgación adquiere operatividad inmediata sin que haya
necesidad de un acto posterior de reglamentación o
siquiera de aplicación 1. Verbigracia: la ley que
establece el impuesto al valor agregado (I.V.A), toda vez que su
sola promulgación implica una obligatoriedad efectiva y
actual para las personas allí previstas.

Competencia para conocer del amparo contra
norma.

La sala constitucional estableció:
"… que en esta modalidad de acción de amparo
constitucional lo que viene a determinar la competencia del
órgano jurisdiccional que ha de conocerla es el objeto de
la acción, es decir, la situación jurídica
concreta cuya violación se alega, que debe ser subsumida
objetivamente dentro de los principios de competencia que
establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales.

De manera que, deberá determinarse, en principio,
cuál es el sujeto encargado de la aplicación de la
norma cuestionada por inconstitucionalidad, para verificar la
regla de determinación de la competencia, ratione materiae
y ratione loci, a que se refiere el artículo 7 de la
referida Ley Orgánica, conforme a la cual la competencia
para conocer del amparo contra actos normativos le
correspondería a los tribunales de primera instancia de
acuerdo con la afinidad con las materias que le han sido
asignadas, en la jurisdicción correspondiente al lugar
donde ocurrió el hecho, acto u omisión que haya
motivado la acción en cuestión; será
competente, en cambio, esta Sala Constitucional de acuerdo a la
regla de determinación de la competencia, ratione
personae, prevista en el artículo 8 eiusdem, si se
verifica que el acto, hecho u omisión adoptado en
ejecución de la norma procede de una de las altas
autoridades allí mencionadas, o de las que la
jurisprudencia de esta Sala ha venido incorporando" (Sentencia
nro. 104 S.C 1 febrero 2006)

2.- Amparo contra decisiones judiciales o amparo
judicial (art.4 Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y
garantías constitucionales)

También conocido como amparo contra sentencias,
es una acción de carácter extraordinario, que
permite fortalecer el control constitucional de las decisiones de
los tribunales de la república, para mitigar la angustia y
desesperación causada por algún fallo judicial
lesivo de normas fundamentales. Está previsto en el
artículo 4 de la ley Orgánica de Amparo sobre
derechos y garantías constitucionales
establece:

Articulo 4.Igualmente procede la acción de
amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera
de su competencia, dicte una resolución o sentencia u
ordene un acto que lesione un derecho constitucional."

En estos casos, la acción de amparo debe
interponerse por ante un tribunal superior al que emitió
el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria
y efectiva.

Vale la pena acotar lo que la jurisprudencia de la sala
constitucional del TSJ, configura dentro del supuesto de la
norma:

Respecto a esta modalidad del amparo
constitucional, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que
la misma permite anular o suspender el acto judicial impugnado, y
debe intentarse ante el Tribunal Superior al que dictó la
sentencia que causa el presunto agravio. Su procedencia
está sometida a la concurrencia de dos requisitos, a
saber, que el juez haya actuado fuera de su competencia, es
decir, con abuso de autoridad o extralimitación de
funciones, y que al hacerlo haya lesionado un derecho
constitucional. Subrayado, Kursiva y Negrilla
Propia.

Amparo contra omisión o falta de
pronunciamiento. (Jurisprudencia)

En sentencia nro. 80 fechada el 9 de marzo del 2.000 y
con ponencia del doctor José Delgado Ocando se
estableció que si bien se menciona en la norma el amparo
contra una resolución, sentencia o acto del tribunal, debe
entenderse comprendida además en la misma
disposición, la posibilidad de accionar en amparo contra
un tribunal por su falta de pronunciamiento; situaciones que
constituyen una omisión que podría también
ser susceptible de conformar un caso de violación de
derechos de rango constitucional.

Amparo contra un tribunal que actué fuera de
su competencia. (Jurisprudencia)

Se ha analizado la frase que contiene el articulo 4
cuando dice "actuando fuera de su competencia" y establece la
sala que cuando la norma habla de competencia no se refiere
exclusivamente al concepto técnico procesal, esto es a la
materia, cuantía y territorio sino que involucra
también el supuesto de abuso de poder y extra
limitación de las atribuciones. (Sentencia nro. 1, 24 de
enero de 2001)

Competencia para conocer del amparo
judicial

Conforme al propio artículo 4 de la ley especial
de amparo el tribunal competente es el superior jerárquico
del juez que dicto la sentencia.

3.- Amparo cautelar (Primer aparte del art. 5 Ley
Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías
constitucionales)

Es el resultado de la interposición conjunta de
amparo constitucional con los recursos contenciosos
administrativos, en cuyo caso el amparo funge como una medida
cautelar de suspensión de efectos.

Esta modalidad se encuentra consagrada en el primer
aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre derechos y garantías constitucionales cuando nos
dice:

Articulo 5.

"…Cuando la acción de amparo se ejerza
contra actos administrativos de efectos particulares o contra
abstenciones o negativas de la Administración,
podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo
competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el
recurso contencioso administrativo de anulación de actos
administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente,
que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria,
efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si
lo considera procedente para la protección constitucional,
suspenderá los efectos del acto recurrido como
garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras
dure el juicio"

En cuanto a la procedencia del amparo cautelar en
el contencioso administrativo en general y el contencioso
funcionarial en particular, la misma es dictada cuando exista
presunción grave de la violación o amenaza de
violación de un derecho como cumplimiento del requisito
del fumus boni iuris, así como el periculum in mora. Sin
embargo, a diferencia del derecho común, el periculum in
mora no se limita a la posibilidad de ejecución del fallo
en la definitiva, sino que implica una protección
más amplia a los derechos subjetivos de la parte actora
siempre verificando y ponderando los intereses del colectivo.
Subrayado, Kursiva y Negrilla Propia.

Fumus boni iuris: "Humo de Buen
Derecho"

Constituye la presunción grave de la
existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la
ejecución del fallo, así como del derecho que se
reclama, por tal razón es imperativo examinar los
requisitos exigidos en el artículo 585 del Código
de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del
derecho que se reclama (fumus boni iuris)

El periculum in mora:

Es el peligro grave de que resulte ilusoria la
ejecución de la decisión definitiva y el fundado
temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de
difícil reparación a la otra (periculum in
damni).

La Jurisprudencia de la Sala Político
Administrativa en sentencia nro. 00159 del 5 de febrero de 2002
asentó:

"Cuando, (…) se ejerce el amparo constitucional
conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de
anulación de un acto administrativo de efectos
particulares, conforme al segundo párrafo del
artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, esta acción
tiene el carácter y la función de una medida
cautelar, mediante la cual el Juez con su pronunciamiento, debe
evitar que al accionante le sean violentados derechos o
garantías de rango constitucional, mientras dure el juicio
principal."

Competencia para conocer del amparo
cautelar

La sala constitucional con respecto a esta forma de
amparo ha dicho que es una pretensión accesoria del
recurso contencioso administrativo de anulación y por ello
sigue el destino de aquella, en relación con el tribunal
competente para conocer del amparo cautelar se determina a
través de la competencia de la pretensión
principal. (Sala constitucional, sentencia nro. 887, del 31 mayo
de 2001)

4.- Amparo de la libertad y seguridad personal o
Habeas Corpus (art. 38 Ley Orgánica de Amparo sobre
derechos y garantías constitucionales)

Está previsto en el último título
de la ley orgánica de amparo sobre derechos y
garantías constitucionales, en los artículos 38 y
39.

El penalista venezolano Fernando Fernández lo
define como un procedimiento constitucional breve, directo y
efectivo mediante el cual el juez penal competente y del lugar,
revisa si una detención es ilegal o no. Se trata de un
proceso especialísimo que protege la libertad personal
frente a los abusos de los funcionarios y del Estado mismo en
perjuicio de los ciudadanos.

En tal sentido el juez que conoce del habeas corpus no
determina culpabilidad o no del detenido. Solo verifica si fue
hecho preso según lo permiten la Constitución y las
leyes. De constatar que la detención fuere ilegal, debe
ordenar la inmediata libertad del detenido mientras se instaura
el juicio que conocerá del fondo de la causa, en caso de
que procediere. Mientras, podrá imponer medidas
cautelares.

A partir de la vigencia del COPP y la
Constitución de 1.999 el habeas corpus previsto en la
legislación de amparo es modificado parcialmente: ya no
tiene vigencia la detención policial prevista en el
artículo 44 de la ley especial de amparo, en la ley se
prevé el período de 8 días máximo
bajo control de la policía. En todo caso, menos por
flagrancia, ningún policía puede detener a alguien
sin orden judicial, de acuerdo con el artículo 44
constitucional.

el artículo 27 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, establece la
acción de amparo a la libertad o seguridad de la persona,
y la Institución del Habeas corpus constituye un sistema
lo suficientemente idóneo para resguardar la libertad y
seguridad personal frente a la eventual arbitrariedad de los
agentes del Poder Público y siendo que la consecuencia
necesaria de la expedición de un mandamiento de
Hábeas Corpus, es la inmediata libertad de un ciudadano
que se encuentre privado ilegítimamente de su libertad o
amenazado en su seguridad personal, el cual se encuentra
reconocido en tratados, pactos, convenios internacionales
suscritos por Venezuela, en donde se ha asumido el compromiso de
establecer una vía judicial expedita para proteger la
libertad personal Subrayado, Kursiva y Negrilla
Propia.

Este tipo de amparo presenta particularidades en
varios aspectos:

Con respecto a la legitimidad activa: por razones obvias
no será el agraviado quien interponga la acción,
por ello el art. 41 de la ley especial de amparo establece que
cualquier persona puede gestionar la acción a favor del
agraviado, de forma escrita, verbal o vía
telegráfica, e incluso sin necesidad de abogado que lo
asista.