Costa Rica. El Partido Comunista y la Colonización Campesina: 1939-1949

Introducción

El desarrollo del capitalismo en Costa Rica ha suscitado
reflexiones sobre sus particularidades. La conquista y colonia
fueron condicionadas por la baja población, escasez de
oro, destrucción de la agricultura y de los modos de vida
en cacicazgos, y el desarraigo forzoso de los nativos para
conquistar Centroamérica, extraer oro y plata en el
Perú, y el comercio.

Las rebeliones indígenas en las tierras altas del
Atlántico y el Pacífico retardaron la
colonización. Las invasiones de piratas ingleses, zambos y
mosquitos desactivaron la explotación de indios, negros y
mestizos en los cacaotales de Matina. En el siglo XVIII las
migraciones del este al oeste consolidaron aldeas en la meseta
central. Surgió una agricultura de subsistencia y
comercial basada en chacras campesinas y haciendas de ganado,
tabaco y azúcar que sirvieron de sustento a las futuras
provincias. En Guanacaste y Puntarenas se impuso el latifundio
ganadero.

Temprano el siglo XIX, la expectativa de lucrar con el
café generó expropiación de los pueblos de
indios y cofradías, y la entrega gratuita de tierras. La
hacienda cafetalera se afianzó a partir de la
inversión inglesa, las ganancias de las exportaciones, la
explotación solapada del agricultor y las transacciones de
tierras. Surgió la concentración de la propiedad.
Pero la entrega de las leguas de tierras municipales, el reparto
de baldíos fuera del valle central y la mediación
estatal en las querellas por derechos de uso de la tierra
aminoraron el conflicto agrario y facilitaron el control
político. (Castro, S. 1990: 207-212).

La ley de baldíos de 1884 y el Código
Fiscal de 1885 remozaron la avidez por la tierra. El Estado
liberal dio cuantiosas regalías para la
construcción del ferrocarril a Limón,
producción de banano, caucho y maderas, extracción
de oro y generación eléctrica. Campeó la
inversión imperialista, inseparable del latifundio y de la
expectación e intereses de la burguesía
exportadora. Otras leyes acogieron con renovado énfasis
colonialista la inmigración de los expulsados por las
sociedades industriales. Se legisló con nuevo
énfasis colonialista para obsequiar tierras libres, sin
límite de extensión y al margen de derechos de
posesión de los campesinos. En 1888 se creó el
Registro de la Propiedad y los terratenientes inscribieron las
demasías adquiridas con las leyes de
baldíos.

Entre 1895 y 1930 afloró la violencia agraria en
Guanacaste, la región minera Tilarán, Abangares,
Montes del Aguacate; el sur de San José, Puriscal,
Turrialba y el Atlántico. (Gudmundson, L. 1983: 177-192;
De la Cruz, V. 1986: 319-328; Edelman, M. 1998: 138-175). El
Estado toleró el uso privado de la represión,
ejerció control institucional e impuso coacción
policial. Pero entre 1904 y 1934 promulgó cuatro leyes de
cabezas de familia que habilitaron la colonización
interior del país, amortiguaron la presión sobre el
latifundio, expandieron las relaciones capitalistas y afianzaron
las funciones del Estado. En 1923 se instaló en Guanacaste
una guarnición policial.

En ese desarrollo histórico y estructural
¿Cuál fue el efecto de las propuestas agrarias del
Partido Comunista? La pregunta persigue los siguientes
objetivos:

• 1) Relacionar las propuestas de
  transformación agraria del Partido Comunista con la
  reproducción del capitalismo en Costa Rica.

• 2) Caracterizar la inserción del Partido
  Comunista en el movimiento de lucha por la tierra que
  surgió en el contexto de la crisis de la Segunda
  Guerra Mundial.

• 3) Comprender las limitaciones del Partido
  Comunista para articular acciones de interés
  político común, entre la clase obrera y el
  campesinado pobre.

La
percepción del problema agrario

La agricultura de subsistencia, los estímulos a
la apropiación individual y familiar de la tierra, la
extensión de la escolaridad por grados y programas
desiguales en el campo o la ciudad, la función parroquial,
y la literatura costumbrista conformistas y apaciguadores,
idealizaron el modo de vida campesino, ocultaron la
explotación y adormecieron las sensibilidades ante la
situación social de los indígenas y los campesinos
pobres.

En 1910 el dirigente obrero Juan Rafael Pérez
reaccionó contra el acaparamiento de tierras "sin importar
que el propietario sea extranjero o nacional… En este
estado de cosas vendrán las subversiones agrarias con sus
secuelas de asesinatos." Once años más tarde, la
Confederación General de Trabajadores se solidarizó
con los campesinos que eran hostigados por terratenientes en
Colorado de Abangares. "La CGT se opondrá a todo intento
de despojo contra los pequeños trabajadores que ya han
creado un derecho de propiedad desde el momento en que entrando a
la montaña, creyéndola libre, han luchado contra la
adversidad y la han vencido formando sus fincas… Es
más legítimo propietario quien cultiva la tierra
que quien la posee por especulación o por lujo". (Citado
por De la Cruz, V. 1986: 328 y 330).

Esas percepciones denuncian los abusos de los
terratenientes, anuncian la violencia ocasionada por el despojo y
la resistencia, legitiman la posesión de propiedad por el
uso de la tierra, insinúan la indefensión,
común a los trabajadores del campo, artesanos y
asalariados de la ciudad. "Al iniciar el siglo XX el grado de
ocupación de tierras privadas por campesinos se indica en
un censo hecho en 1907 a once grandes propiedades, en el cual se
hallaron 10.262 personas en asentamientos y pueblos aislados
dentro de las fronteras del latifundio" (Edelman, M. 1988: 144).
Entre 1920 y 1930 bajó la densidad y beligerancia de los
conflictos agrarios (De la Cruz, V. 1986:331); pero el problema
agrario suscitó el interés de los partidos
políticos, contrapuesto a la libre apropiación de
baldíos que fomentada el Estado.

Desde 1920 el Partido Agrícola representó
a la mediana burguesía ligada al mercado interno. Una de
sus propuestas fue crear la Escuela Nacional de Agricultura,
aprobada por ley, en diciembre de 1926.
www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/ensagra-na.htm. Más
acorde con la proletarización del campesino, en 1923 el
programa del Partido Reformista propuso la reforma agraria,
formar colonias agrícolas y cooperativas, y devolver
baldíos al Estado. (Salazar M., 1981:47). El gobierno, por
su parte, creó en 1924 la Colonia Palmareña, en Los
Ángeles de San Ramón.

La crisis de 1929 contrajo la agricultura para consumo
interno y la exportación. El desempleo y la
emigración interna presionaron las tierras libres
abandonadas y el latifundio. La UFCo inició la
apropiación del litoral Pacífico Sur y hubo despojo
contra indígenas y colonos en la cuenca del río
Térraba. En las elecciones de 1929 el Partido Socialista
propuso entregar tierras a los desocupados, crear granjas
agrícolas, abrir la Oficina de Catastro Público.
Medianos propietarios se agruparon en la Cámara de
Agricultores, la Sociedad Agrícola de Ahorro, la
Asociación de Productores de Café y en cooperativas
de café y banano. (De la Cruz, V. 1981:
225-226).

En esa campaña participó además el
Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales;
síntesis de un movimiento social e ideológico
disidente y diverso que se configuró desde 1926. La
Alianza propuso a Joaquín García Monge, candidato a
diputado, y en el programa apenas se menciona "el problema de la
tierra". No obstante, fue el primer intento por constituir en el
país un bloque político con inquietudes sociales
revolucionarias. (De la Cruz, V. 1981:232).

El historiador Daniel Kersffeld ha constatado que entre
1927 y 1931 hubo influencia importante de la III Internacional
Comunista en algunos círculos marxistas del país,
por intermedio de la filial mexicana de la Liga Antiimperialista
de las Américas (LADLA), fundada en 1925. El repudio a la
política exterior de Estados Unidos, la crítica a
los monopolios y la divulgación de un ideario nacionalista
y socialista por parte de la sección local de la Liga,
animó la represión del Secretario de
Gobernación Raúl Gurdián Rojas, en el
gobierno de Cleto González Víquez
(1928-1932).

Hacia 1929 surgen escisiones en LADLA y la sede
aprobó una norma tendiente a proletarizar los cuadros
dirigentes, "bajo el esquema del así llamado Tercer
Período y de los lineamientos de clase contra
clase…con base en preceptos obreristas". La tesis fue
acogida en Costa Rica en 1931 cuando se fundó la
Sección de la Escuela de Derecho de LADLA, liderada por
Manuel Mora Valverde. "En ese contexto, un grupo de militantes
enrolados en ARCO contribuyeron el 6 de junio de 1931 a fundar el
Partido Comunista de Costa Rica bajo influencia directa del
Buró del Caribe, creado un año antes con sede en
Nueva York… y con la primacía de cuadros
provenientes de clases medias, sobre aquellos otros de
extracción proletaria".
http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/ind22.html

La fundación del PCCR culmina el avance de una
opción ideológica y política latente en
sectores medios urbanos, artesanos y obreros de la manufactura
como reacción al carácter oligárquico del
régimen liberal y al desgaste paulatino de su
hegemonía. La tarea inicial del Partido consistió
en inscribirse para las elecciones de 1932 y en ese ajetreo
abrió secciones en Limón, Alajuela, Heredia y
Cartago. Entre julio y octubre fue rechazada la
inscripción electoral. Aunque las autoridades aceparon que
participara en los comicios municipales, con el nombre de Bloque
de Obreros y Campesinos. La denominación, empleada hasta
1942, recogió la experiencia electoral de 1929 y
respondió a una táctica de los partidos comunistas,
recomendada por la Internacional. (Gómez A.,
1994:49).

El programa mínimo del PC se publicó en el
periódico Trabajo, en marzo de 1932. El capítulo de
política económica, artículo 13, propone
legislar para eliminar el latifundio, expropiar las tierras no
cultivadas y favorecer a los campesinos pobres con las tierras
del Estado para trabajarlas en forma socializada. La propuesta
está en relación con este enunciado: "todo el poder
político para la clase trabajadora. Creación de
Consejos de obreros y campesinos". (Trabajo
13-3-1932:3).

Sin embargo, no se especificaron las condiciones de la
alianza obrera y campesina; mientras que en varios textos
perciben al campesinado como agente incapaz de realizar la
revolución. (Gómez, A. 1994: 143 y 181). Con ello
se anuló el concepto de lucha de clases como movimiento
objetivo de las organizaciones populares, el cambio
político y el desarrollo; omisión que contrasta con
el estado de insurgencia de Augusto César Sandino y las
revueltas campesinas en El Salvador. Si bien el PC no fue
indiferente a aquellas luchas, tampoco mantuvo una actitud
solidaria coherente y consecuente con los ideales
revolucionarios.

Por otra parte, en Costa Rica la crisis del 29
activó diversas modalidades de lucha por la tierra y el
salario agrícola; pequeños propietarios de
café confrontaron entre 1932 y 1936 con industriales y
exportadores en defensa de precios justos (Acuña, V. 1991:
161-176); otros agricultores creaban cooperativas, sociedades de
ahorro, denunciaban y resistían la inversión
imperialista en el agro y el uso del agua y los pequeños
agricultores vieron comprometidas sus tierras hipotecadas. No
obstante, el PC quedó a la zaga de esos conflictos y
organizaciones.

"El Partido Comunista dividía las clases sociales
del campo en tres grupos: grandes propietarios o latifundistas,
pequeños productores en tierra propia, arriendo o
esquilme, y jornaleros". (De la Cruz, 1986:352). El Secretario
General, Manuel Mora Valverde distinguía en 1934 "la
pequeña propiedad producto del trabajo personal y la
propiedad capitalista producto del trabajo ajeno y la
usurpación de la pequeña propiedad por los
tagarotes… El comunismo va contra la propiedad capitalista
y eso es lo que decimos en nuestros discursos de
agitación". (Gómez A. 1994:62) Ambas
tipologías abstraen la apropiación de la tierra del
carácter de las relaciones capitalistas y sus
articulaciones con la inversión privada e imperialista, la
competencia mercantil y la función del Estado con respecto
a la soberanía y el avance de las fuerzas
productivas.

Entre 1934 y 1943 el Partido priorizó la
sindicalización de los obreros y los asalariados del
sector agrícola. En el periódico Trabajo se
constata la creación de cuatro federaciones de
trabajadores agrícolas y 29 sindicatos: 5 de las
plantaciones de banano y abacá en el Atlántico y el
Pacífico, 3 en Turrialba, 7 en Alajuela, 7 en San
José, 2 en Cartago, 2 en Heredia, 2 en Guanacaste y 1 en
Esparza. Por años: 4 en 1942, 16 en 1943, 18 en 1944, 1 en
1946 y 2 en 1947. Entre 1933 y 1943 el Partido tuvo presencia en
al menos 12 huelgas en el sector agrícola: 6 en Turrialba,
1 en Limón, 2 en San José y 3 en la zona bananera
del Pacífico. (Trabajo. Años
mencionados).

Esas cifras corroboran que en la óptica de la
dirigencia comunista, la clase obrera de la ciudad y el campo era
estimaba el sujeto y agente de la lucha social en
proyección revolucionaria. Los sindicatos agrícolas
se formaron con los jornaleros. Se organizaban por finca,
plantación y por región y un Comité Central
para todo el país. Las reivindicaciones planteaban alzas
de salarios, apertura de fincas y hospitales en las fincas, pago
de inhabilidad, abolición del pago con fichas y cupones,
ajustes de precios en los comisariatos y creación de una
Federación Costarricense de Trabajadores Agrícolas.
(De la Cruz, V.1986:353).

El Partido se abocó a organizar a los obreros
agrícolas, luego de la huelga bananera de 1934 y
más tarde apoyó las luchas por la tierra. Desde
1933 su periódico divulgó problemas de los
trabajadores del campo y las crónicas despertaron
sensibilidad por la situación de los peones y campesinos
pobres. "En 1935 encargó la organización campesina
a Guillermo Fernández y Jaime Cerdas Mora, en apoyo a los
colonos". Crearon ligas campesinas o agrupamientos de
propietarios de pocas hectáreas, con objetivos como
rebajas de impuestos, crédito bancario y ayuda
técnica; incluso para financiar la instalación de
beneficios de café. En 1937 funcionaban ligas en Purral e
Ipís de Guadalupe. También impulsó una ley
para que los finqueros dieran herramientas a los peones, pues
debían comprarlas o soportar las rebajas de sus salarios,
si eran del patrono. El proyecto no prosperó, a pesar de
la firma de 827 personas. (De la Cruz, V.
1986:349-357).

Al parecer, el trabajo de apoyo a los colonos
mostró al Partido que el campesinado no era una clase
particular. Con frecuencia se dividían y aislaban de sus
familias, en busca de trabajo. Los pequeños propietarios
sufrían inestabilidad, se arruinaban y perdían
parcelas, herramientas y animales. Los más pobres
emigraban a la ciudad". (De la Cruz, V. 1986: 354). Pero la
crisis de la Segunda Guerra gestó otro movimiento
espontáneo de migraciones campesinas y demandas de tierras
baldías. El Partido sí se involucró en este
movimiento por la colonización agrícola.

En el campo de las ideas, la situación no le
favorecía. La iglesia católica cultivó el
anticomunismo desde la Revolución Rusa. Durante la guerra
civil española contra el gobierno del Frente Popular
(1936-1939), la prensa del clero divulgó noticias y fotos
alusivas "al exterminio" de curas por el ejército de
liberales republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas. El
19 de marzo de 1937 Pío XI publicó la
Encíclica "Divini Redemptoris" que condenó la
filosofía y doctrina del marxismo. También lo
combatían el liberalismo político, los seguidores
del reformismo "socialcristiano" y círculos sociales
expresamente anticomunistas.

Es comprensible, por ello, la fuerza de los prejuicios
al comunismo. El 23 de abril de 1937 un campesino de Carrillo,
Guanacaste, enfatizó su aversión a esa doctrina
política, en una carta que envió al Presidente
Cortés instándolo a ejecutar una ley de 1900 para
expropiar una parte de la Hacienda El Viejo: "Considero del caso
agregar que quien esto escribe detesta de las ideas de exterminio
comunistas, pero no por ello puede comulgar con la desigualdad
social que implica el problema de los latifundios incultos de la
Provincia". (Edelman, M. 1998:202).

La unión
campesina de lucha por tierras y
créditos

En agosto y setiembre de 1940 un grupo de 500 campesinos
de Barba de Heredia envió un memorial al Poder Ejecutivo.
Solicitaron la acción del gobierno para enfrentar el
desempleo y la carestía "considerando que hay miles de
hectáreas de tierra sin cultivar". El Dr. Rafael
Ángel Calderón G., recién electo Presidente,
respondió que enviaría a la Asamblea un proyecto de
ley para repartir tierras. (Trabajo 21-9-1940: 1-4).

La gestión de los campesinos inició un
movimiento de organización. En los pliegos de peticiones
indican que son afectados por la crisis del café. Los
finqueros rebajan los salarios y despiden a los jornaleros a
consecuencia del cierre del mercado europeo. Los peones y
campesinos más pobres emigran a la zona bananera del
Pacífico Sur, ocupan tierras baldías o predios sin
cultivar por los grandes propietarios.

Al mes siguiente, campesinos de San Rafael de Heredia
apoyaron las peticiones y a ellos se sumaron agricultores de
Santo Domingo. En Santa Bárbara, en una reunión de
300 trabajadores se discutió la disponibilidad de tierras
al norte de la provincia y enviaron otra petición al
gobierno. El Presidente ofreció incluir la zona de
Sarapiquí en el proyecto de ley agraria. Un requerimiento
similar le mandó otro grupo de campesinos de San Juan de
Tibás, en San José. (Trabajo 12-10-1940: 2;
11-1940:2).

Estas acciones culminaron en una Asamblea Provincial de
Campesinos que se celebró el 3 de octubre con presencia de
5 delegaciones de Heredia, 5 de Cartago, 5 de San José y 1
de Alajuela. Se acordó crear la Unión Campesina de
Lucha por Tierras y Créditos y manifestarse ante "la aguda
miseria que comparten los campesinos a consecuencia de la
pérdida de parte de los mercados cafetaleros provocada por
la guerra". (2-11-1940:1-4).

Otra reunión que fue convocada por el Partido
Comunista discutió las bases de la organización y
las tareas implícitas en los pliegos de demandas.
Asistieron 41 delegados: 12 de Cartago, 3 de Tres Ríos, 6
de San José, 6 de Alajuela y 14 de Heredia. Se
decidió enviar al Presidente unas objeciones al proyecto
de colonización. Organizar comités provinciales.
Crear la Conferencia Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Promover manifiestos de campesinos. (2-11-1940:1-4)

En esa asamblea se estableció una línea de
acción conjunta "tal como lo han hecho los cafetaleros a
quienes el gobierno ya ha oído". Tomaron en cuenta los
memoriales firmados por un millar de campesinos y enviaron las
críticas al proyecto del Ejecutivo: 1) Se asigna un
presupuesto escaso y no se señala las fuentes de
crédito a bajo interés. Proponen aumentarlo de 5 a
10 millones y financiarlo en los bancos. 2) Sugieren nacionalizar
las tierras incultas cuando los dueños posean más
de 500 hectáreas. 3) Proponen que el gobierno asuma los
pagos de honorarios de los denuncios. 4) Hacer un plan nacional
de colonización. (Trabajo 9-11-1940:5).

Ocho días después se nombró el
Consejo Nacional de la UCLTC. Se acordó financiarse con
cuotas no obligatorias y constituir Comités Regionales.
(Trabajo 16-11-1940: 1-2). Entre noviembre y diciembre se crearon
comités en Turrialba -integrado por 500 campesinos-
Orotina, Poró de Grecia, Sarchí y Liberia (Trabajo
30-11-1940:1; 7-12-1940: 2 y 21-12-1940: 1). A principios de 1941
se organizaron 121 campesinos de Goicoechea; otros en la Legua de
Río Cuarto de Grecia, Tucurrique, Turrialba y
Limón. En San Gabriel de Aserrí, Salitral y Bajos
del Jorco, los campesinos acordaron, pedir que San Isidro de El
General se incluyera como zona de reparto de tierras.

En febrero de 1941, en la reunión constitutiva de
la Unión Campesina de Grecia, aprobaron las siguientes
consideraciones. "Existen las condiciones objetivas y subjetivas
para formar un gran movimiento de masas en el campo que sea capaz
de lograr una reforma agraria. Entre ellas: a) el absurdo de la
reducida producción agrícola…b) el tener que
importar artículos de primera necesidad…c) la
deformación de la agricultura por el monocultivo…d)
la guerra como causa de la creciente pauperización…
f) el hecho de que el 90% de las tierras cultivables son terrenos
ociosos… g) la total parálisis de la United Fruit
Co. en el Atlántico y el Pacífico, provocando el
éxodo campesino… i) Incorporar a los campesinos a
la lucha por la tierra y ganar aliados en las ciudades, en el
movimiento obrero y la pequeña burguesía". (Trabajo
15-2-1941: 1-2).

Al mes siguiente el Concejo acordó "organizar una
expedición a la región norte de Heredia para
localizar tierras denunciables" con el objetivo de formar una
colonia agrícola. Los acompañó el Ing.
Enrique Góngora. En el informe al Poder Ejecutivo indican
que La Unión es una de las primeras organizaciones
campesinas del país. Estiman que la Guerra apenas comienza
y las consecuencias se agravarán cuando Estados Unidos
entre al conflicto. Proponen que el gobierno aumente la
producción dotando tierras, construyendo caminos, abriendo
créditos a bajo interés y por medio de la reforma
agraria. Transcriben las propuestas que aprobó la
Conferencia Nacional del 3 de octubre de 1940:

"1) Promulgar una ley que asegure derechos de propiedad
a los llamados parásitos, dándoles escrituras e
indemnizando a los dueños previa investigación del
origen de la propiedad.

2) Establecer un plan de créditos a bajo tipo de
interés para la pequeña agricultura y modificar la
Ley del Banco Nacional de modo que garantice las cosechas,
más que la propiedad.

3) Modificar el Art. 29 de la Ley de Baldíos que
obliga a los denunciantes a pagar honorarios para medir y
levantar planos; razón por la cual los campesinos no
completan el trámite de denuncios. Tales gastos los debe
pagar el Estado o contratar esos servicios.

4) Enviar a la Asamblea un proyecto de ley de
Colonización Agrícola para reformar la propuesta
que existe, incluyendo: a) financiamiento por medio de las
reservas bancarias y los depósitos del BNCR; b)
regionalización de la colonización en tres
áreas: Sarapiquí-Santa Clara-Heredia; San Carlos-
Río Cuarto en Alajuela; Valle de El General y Cartago.
Comenzar el reparto de tierras en cualquiera de las
zonas.

5) Destinar 3.000 Has para formar colonias en cada zona,
con parcelas de 40 has por familias y trabajar en cooperativas
dotándolas de vivienda y asistencia médica
mínima.

6) Crear una Junta de Colonización con
técnicos agrarios, como organismo autónomo del
Estado y con presupuesto propio para independizarla de los
partidos políticos.

7) Usar las reservas de tierras del BNCR, de los
baldíos, de las leguas municipales y las áreas no
cultivadas por latifundistas o acaparadas por títulos de
propiedad dudosos o falsos, los cuales deben expropiarse con
indemnización. (Trabajo 8-2-1941:1-2).

Concluyen brindando apoyo a los colonos de San
Joaquín para que adquieran derechos sobre parcelas
denunciadas. Solicitan que se cree una colonia en las tierras
aún libres de la Legua de Santo Domingo, o las que sean
baldías o mal habidas. Solicitan que se construya un
camino público en San Joaquín, tal como lo
ofreció el Presidente Cortés Castro. (Trabajo
2-3-1941:1-4 y 19-4-1941:1-4).

Poco después, el regidor comunista Arnoldo
Ferreto presentó mocionó en el Consejo Municipal de
Heredia para ofrecer al Poder Ejecutivo las tierras de la legua,
formar una colonia agrícola, e instar a la Municipalidad
de Alajuela a pronunciarse en el mismo sentido sobre las tierras
de la legua de San Carlos. (Trabajo 10-5-1941: 1).

El 19 de mayo el Presidente Calderón
recibió al Consejo Nacional y el plan de peticiones del 12
de mayo de 1941. Informó el envió de un proyecto de
ley que daría derecho de propiedad a los poseedores en
precario. Consideró viable disponer de las reservas de
tierras del BNCR para aplicarlas a la agricultura y se
comprometió a enviar el proyecto de ley respectivo.
(Trabajo 17-5-1941: 1).

La Unión Nacional Campesina organizó
mítines y divulgó el pliego de demandas, convertido
en plataforma de lucha. Hubo reuniones en Turrialba, Santa
Bárbara de Heredia, San Juan de Tibás, Rosario de
Desamparados, Río Segundo de Alajuela y San Ramón.
En este cantón, uno 400 campesinos, integraron el Consejo
local.

En Heredia, el Consejo Campesino pidió al
Presidente que enviara al Congreso un proyecto presentado el
año anterior por el diputado Mora Valverde a solicitud de
la Unión de Grecia, para ampliar la cobertura de la Ley de
Accidentes de Trabajo y proteger a los trabajadores del campo
(Trabajo 5-7-41:3). En 1941 presentaron a la Asamblea otro
proyecto para que el gobierno asumiera los costos de levantado
topográfico. (Trabajo 26-7-41:4). En Limón, la
Unión Campesina envió carta al mandatario
solicitando financiamiento y un proyecto de ley para repartir las
tierras de la legua municipal de Matina, en lugar de subastarlas.
(Trabajo 10-1-1942:2).

Las expediciones para localizar baldíos
continuaron en 1942, esta vez a las montañas de Dota, al
sur de San José. En Turrialba, recorrieron la finca
Pavones, propiedad de la firma Niehaus y Co. y pidieron al
Ejecutivo que expropiara el área no cultivada y la
otorgara en parcelas. (Trabajo 21-3-42:2). En mayo, el Consejo
Nacional preparó otros dos proyectos: uno para traspasar
al Estado las tierras incultas mayores de 100 hectáreas.
El segundo para adjudicar el derecho de propiedad a los
poseedores de parcelas adquiridas de hecho. (Trabajo 16-5- 1942:
2).

En Santa Teresita de Peralta, Cartago, 30 peones de la
finca del BNCR solicitaron que les eliminaran el esquilme y
convertir la hacienda en una colonia agrícola. (Trabajo
1-8- 1942: 2). La Unión Campesina de Alajuela
retomó la idea. Pidió al Ejecutivo una ley "para
que no sea facultad del dueño de la tierra el cobro del
esquilme y se fije en 1/5 de la cosecha y no el 50%". (Trabajo
17-10- 1942: 1).

En concierto con esas movilizaciones y gestiones, el
Comité Central del PC abrió una oficina para
tramitar denuncios y encargó la asesoría legal a
Manuel Mora y Jaime Cerdas. Se consideró que "La
Unión Nacional Campesina tiene un programa agrario que
recoge la tesis del partido respecto a que en Costa Rica cabe en
este momento la creación de la pequeña propiedad e
impulsar su explotación en cooperativas". La oficina se
abrió el 19 de marzo y hasta el 4 de noviembre
tramitó 46 inscripciones de denuncios. (Trabajo
21-11-42:2).

La Ley de
ocupantes en precario

En el gobierno de León Cortés (1936-40) se
emitió la Ley de Terrenos Baldíos, No.13 del 10 de
enero de 1939. La norma definió los terrenos
baldíos, exigió posesión legal,
permitió adjudicar denuncios de hasta 30 hectáreas
con la condición de trazar carriles, cultivar el 30% y se
prohibió enajenarlas durante diez años.
www.pgr.go.cr/scij//nrm_texto_completo.asp?param2

El 14 de julio de 1941, la Ley de Informaciones
Posesorias reguló el procedimiento para inscribir los
terrenos no registrados en posesión de hecho durante 10
años. La ley evidenció que muy pocos colonizadores
procedían a titular las tierras conforme al Código
Fiscal de 1885, las leyes de Cabezas de Familia y de
Baldíos. Además, que las prohibiciones de vender
los derechos de posesión eran inaplicadas, había
especulación y concentración de tierra.
www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/170

El principal logro de las luchas de las Uniones
Campesinas, fue la promulgación de la Ley No. 88 del 14 de
julio de 1942, conocida como "Ley de Ocupantes en Precario". El
Dr. Calderón Guardia expresó: "….Otro de los
proyectos de mi gobierno se dirige a una liberación
económica de aquellos campesinos que, por su laboriosidad,
merezcan el estímulo del Estado mediante donaciones de
tierras que les permitan convertirse en pequeños
productores y propietarios… Me ha preocupado la
situación de los mal llamados "parásitos" que
cultivan la tierra sin preguntar de quién es, porque ellos
viven la ley de la montaña, la ley de la naturaleza que
sólo se rinde al que lucha contra ella y la vence…"
(Calderón G., R. 1942: 276).

Esa Ley reconoce y legitima la posesión de tierra
en precario en terrenos privados y del Estado. Establece un
procedimiento de indemnización para legalizar la propiedad
que consiste en que "se podrá promover arreglo con el
dueño a fin de que las tierras ocupadas le sean cambiadas
por baldíos nacionales". La cantidad de terreno que le
corresponde la establece un Juzgado con aval técnico y la
aprobación de la Secretaría de Fomento.

El juzgado protocoliza las tierras de los
ocupantes, previa inscripción en el Registro. Los
campesinos que ocuparan tierras con anterioridad, tendrán
derecho a que se les adjudiquen. Contra ellos no proceden
acciones de desahucio, restitución, ni
reivindicación. Será rechazada toda denuncia por
usurpación o daños en terrenos sin deslindar. Si la
denuncia fuere admitida, no habrá detención, ni
prisión preventiva, mientras no se demuestre que el
ocupante invadió la propiedad ajena…Si esa
intención no apareciere manifiesta por ignorancia del
ocupante, se sobreseerá en la causa.
http://www.pgr.go.cr/scij//TextoCompleto.Norma=37473&n

Al año siguiente la Oficina de
Colonización de Tierras de la Secretaría de Fomento
informó haber tramitado 1.466 solicitudes distribuidas
así: 276 en San José, 450 en Limón, 334 en
Cartago, 66 en Alajuela, 60 en Guanacaste, 10 en Puntarenas y 270
en Turrialba. En Limón y Cartago muchas fincas eran
abandonadas y los precaristas las trabajaron,
convirtiéndose en "parásitos"… El Estado ha
comprado 1.939 Has y necesita unas 20.000 para atender
solicitudes, a un promedio de 10 Has por persona.

Mandaron solicitudes de tierras o de
derechos de posesión, campesinos de las fincas Germania,
Guácimo, Cairo, Parismina, Herediana en Linea Vieja;
Beverley, Penshurts, Westfalia en Limón; Bajos de Humo,
Peralta y Pascua, en Cartago; Puerto Cortés, Parrita y San
Juan de León en Puntarenas; Pital, Florencia, Villa
Quesada y Venecia en San Carlos, y otros lugares de Heredia y San
José. Todas ocupadas por "parásitos".

En el Pacífico y el Valle Central
había 1.590 precaristas en 3.796 Has. En la Finca
Pabellones de Escazú un solo "parásito" tiene 30
hectáreas. En fincas del Estado de esas zonas había
2.232 has y 55 colonos que cultivan el 64% en promedio de 47
hectáreas. En Higuito de San Mateo, una finca no
reunía condiciones para colonia, igual que otra en
Pavones.

Dos fincas particulares, en San Carlos, tenía 324
"parásitos" en un 600 Has. En la región se
formó la Colonia Agrícola Toro Amarillo, al norte
del Volcán Poás, dividida en 97 lotes. En San
Miguel de Sarapiquí funcionaba la Colonia Carvajal,
dividida en 140 lotes. De las 1.580 Has de extensión de
las 79 parcelas, solo se trabajaban 139,25 y el 5,26 %
tenían cultivos. Ahí entregaron 80 escrituras sin
cumplir con los requisitos de la ley que creó la
Colonia.

En síntesis, en 1943 el gobierno registró
1.970 precaristas y 144 colonos. Los primeros ocupaban 4.426
hectáreas en fincas de particulares y 3.812 del Estatal,
sin incluir la colonia Toro Amarillo.
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_43-colonizacion-tierras.pdf

Después de la Guerra Civil, la Junta de Gobierno
recibió el siguiente informe. "Hoy tenemos gran cantidad
de leyes sobre distribución de tierras: la Ley sobre
Terrenos Baldíos, la Ley de Informaciones Posesorias, la
Ley de Ocupantes en Precario, la Ley de Esquilme y leyes sobre
compra de fincas por el Estado. Según la oficina de
colonización, más o menos desde 1909 el Estado
adquirió 199 fincas con 190.000 Has para resolver
problemas de tierras, en propiedad de de unos 4.000 ocupantes.
Con la Ley de Ocupantes en Precario, el Estado recibió
47.800 Has. y hay 9 fincas más, tomadas por precaristas.
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_49-III-agrario.pd

Veinte años después se promulgó la
Ley de Tierras y Colonización No. 2825 del 14 de octubre
de 1961 y al año siguiente se creó el Instituto de
Tierras y Colonización (ITCO). Eran los tiempos de la
Revolución Cubana.

Conclusiones

En Costa Rica, la estructura de tenencia de la tierra
con base en el latifundio y la mediana propiedad se gestó
como herencia colonial, la formación de la hacienda
cafetalera, la inversión imperialista y la
apropiación de baldíos. Esa estructura la
dinamizaron los ciclos de producción para la
exportación y el mercado local, expuestos a los cambios en
el capitalismo mundial, la competencia y las protecciones del
Estado liberal. Prevaleció una distribución
desigual de la tierra que, ligada a la mayor población y
su asentamiento en el Valle Central, generó migraciones al
interior del país y distintas modalidades de
colonización. El fenómeno reforzó la
propiedad privada individual y reprodujo las relaciones
capitalistas de producción.

Las luchas sociales gestaron desde fines del XIX ideas,
organizaciones y disensos políticos. A partir de 1931 el
Partido Comunista avizoró y luchó por transformar
el modo de producción capitalista, influido por la
revolución rusa, sus afanes de internacionalismo
proletario y sus controversiales zigzagueos ideológicos y
alianzas políticas. Los vaivenes de la coyuntura
económica y política mundial entre 1920 y 1948
forjaron los dilemas políticos que, en el campo agrario,
los comunistas costarricenses resolvieron en perspectiva del
capitalismo y, por ello, sin posibilidades de forjar alianzas
revolucionarias con el movimiento obrero y la burguesía
ligada al mercado interno.

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Trabajo 1939-1945

www.pgr.go.cr/scij/…/nrm_texto_completo.asp?param2

www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/170

Autor:

Carlos A. Abarca
Vásquez