Los procesos de integración de Colombia

América Latina: En medio de las
profundas turbulencias y transformaciones económicas
mundiales, ¿Qué se espera de los TLCs, paralelos a
los proyectos
de integración económica regional?

Como bien se sabe, el período que abarca el
último cuarto del siglo pasado es la época de una
nueva economía mundial de carácter incontrolable.
Es el fin del capitalismo fordista pero, así mismo, el fin
de este modo de producción, es la consecuencia misna de
una evidente revolución en los modos de producción
y de la redistribución del ingreso que caracteriza el fin
de los años 70.

Algunos de los hechos que caracterizan este
período, tales como el desmoronamiento del sistema de
Bretton Woods, los cambios en la escena energética
ocasionada por el fortalecido cartel de la Organización de
los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el
surgimiento y desarrollo vertiginoso del mercado de los
eurodólares y la competencia industrial creciente de las
naciones periféricas, dejan ver un panorama caracterizado
por el debilitamiento del poder hegemónico de la potencia
norteamericana.

Todos estos fenómenos, como otros más que
escapan por el momento a este análisis, son parte de un
incuestionable proceso global de mundialización de la
economía que goza de una dinámica propia que, por
un lado, parece escapar al control de los Estados pero, por otro,
manifiesta una dinámica de los propios Estados en cuanto
se refiere a orientar el proceso económico hacia unas
nuevas formas de actividades que alientan, así mismo, el
proceso global y los nuevos aires que se observan en la
dinámica integracionista y de las relaciones
económicas entre los países. Tal parece ser este el
marco general integracionista del caso latinoamericano y del
Caribe.

No resulta difícil identificar de cómo, a
escala nacional, los compromisos institucionales heredados de la
era keynesiana son notoriamente afectados por la creciente
interdependencia de las economías y la movilidad de los
capitales, incrementado por la revolución
científico-tecnológica de las telecomunicaciones y
de otras ramas. En esta limitada descripción del inmenso
panorama mundial vemos surgir, de la mano de un liberalismo
revigorizado por las diversas crisis, una bien orquestada
ofensiva política y teórica contra el pensamiento
keynesiano y socialista, un continuo intento por socavar los
fundamentos mismos del Estado-providencia. Lo que se ha dado por
llamar en muchos círculos intelectuales como la
regulación competitiva, es indudable que se viene
imponiendo a toda costa en muchos lugares.

Los elementos ideológicos centrales de la
dinámica de la globalización que se está
desarrollando hoy día con todo su vigor son fundamentales
y estratégicos en la vía de legitimar a los actores
trasnacionales en la lógica de conquista y la
ampliación de nuevos mercados para paliar la crisis de
reproducción y acumulación del capital. Ha de
recordarse que el denominado pensamiento único
que se advierte en la globalización neoliberal y en todo
el neo-liberalismo, en su totalidad se basa, de manera esencial,
en la sistemática coordinación de las diferentes
formas de poder: el político, el administrativo, el
patronal, el de los intelectuales y el de los medios de
comunicación– que se movilizan todos en torno a la
dinámica del mercado global y a la lógica del
rígido control social. El nuevo credo de la competitividad
ensalza sin cuestionamiento alguno, y entre otras cosas, la
disminución significativa del costo del trabajo; en
particular, se viene en contra de las cargas sociales, el alza de
los salarios y pone en cuestión el llamado salario
mínimo. De igual modo, alienta la movilidad territorial de
los trabajadores y una reevaluación sistemática de
las legislaciones sociales en términos de
costos-beneficios; Todo ello en favor de la competitividad
abierta en los mercados.

Es evidente que la globalización en marcha no
exige solamente un grado lo suficientemente amplio de apertura de
las economías sino que también va de la mano de un
grado amplio de regulaciones de todo tipo por cuenta del
Estado-nación. En este escenario, lo internacional
predomina sobre lo nacional, sin llegar a suprimirlo, y, aun
cuando parezca, en muchos casos, que así lo sea, es claro
de todos modos que las normas y las exigencias de funcionamiento
de las empresas terminan por imponerse por encima de los Estados
y el sector privado impone sus prioridades y su lógica al
sector público. Lo que se observa es un fenómeno
que se reclama "total" con evidentes repercusiones
económicas, políticas, estratégicas,
sociales y culturales, como bien lo señala varios autores,
entre ellos, Carlos R.S. Milani en "Mondialisation".

En medio de este contexto general se ha visto
desarrollar la política integracionista y la de las
relaciones económicas de América Latina y de
Colombia en particular. Resulta evidente que los procesos de
integración subregional de los años 90, incluido el
de Colombia, se vieron marcados por el paradigma del "Consenso de
Washington", que estimularon, entre otros hechos, la
liberación comercial, la inversión de capitales
extranjeros en la región, el cumplimiento estricto de los
pagos de los servicios de la deuda externa, la
desregulación estatal, la privatización de las
empresas públicas, etc. Aunque nada de esto ha cambiado y
estos procesos continúan vigentes y regidos por el mismo
esquema y los mismos postulados, es también evidente que
la influencia que han tomado los actores más beneficiados
de este proceso, parecen alentar nuevas aristas en las relaciones
del proyecto integracionista no tan evidente a estas alturas. En
este amplio marco se contemplan las nuevas líneas de las
relaciones comerciales en los que sobresale la
proliferación y firma de los Tratados de Libre Comercio
(TLC)

Como se recordará los actores del poder en la
nueva economía mundial se pueden fácilmente
identificar en la nueva orientación de los Estados afines
al proceso de globalización, a las organizaciones
internacionales, las empresas transnacionales, la primacía
del sector financiero, los poseedores de las nuevas
tecnologías y a una renovada y vigorosa ola de comercio
ilícito y de criminalidad que parecen escapar al control
de las autoridades.

La puesta en marcha del proceso de integración
latinoamericana en los años 90, además de lo ya
anotado anteriormente, se encuentra inmersa en lo que algunos
autores denominan "regionalismo abierto", profundo o de nuevo
tipo" y coincide en momentos en que el déficit fiscal y
comercial de Estados Unidos alcanza cifras record en esa
economía que altera profundamente las relaciones
financieras y comerciales de los principales economías del
mundo. Coincide también, de igual modo, con el
reforzamiento de la política exterior norteamericana en
América Latina y el Caribe, en un momento en que surge el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la
Iniciativa de las Américas materializada en al ALCA y el
denominado Consenso de Washington, en 1989, como ya se
anotó.

En medio de este complejo marco se llega a un nuevo
consenso de estrategia de desarrollo y de acumulación de
capital, fundamentada en el mercado, no como un elemento
sustantivo e inherente del Estado.

Los problemas de desarrollo y del crecimiento han sido
siempre para el común de los países
latinoamericanos un asunto de singular complejidad y de
resolución difícil. Muchas han sido las estrategias
que se han intentado para lograr avances que permitan superar el
atraso social, político y económico de la
región.

Los años de las décadas de los ochenta y
de los noventa fueron bastante densos en cuanto a iniciativas
creadoras y de renovación integracionista en
América Latina se refiere. Colombia no fue ajena a este
proceso. Según la ALADI, fueron más de 15 los
acuerdos de integración que se firmaron en el solo decenio
de los años 90, mientras otros tantos proyectos se
encontraban en alguna de las fases de
negociación.

A título de recordar algunos de estos procesos,
especialmente se pusieron se marcha la ALADI (1081), CAN (1989),
MERCOSUR (1991), CARICOM (1991), el G-3 (1994) y el MCCA ( ) y
múltiples acuerdos bilaterales se firmaron paralelamente a
los procesos integracionistas.

Una somera caracterización de estos procesos de
los años 90 nos lleva a identificar muchos y
caracterizados elementos ligados a la globalización
neoliberal y a las mayores exigencias de competitividad
internacional y una mayor productividad nacional. Estas
iniciativas se desarrollan con una mayor profundidad y en una
nueva forma denominada "regionalismo abierto", caracterizado por
una mayor interdependencia fundamentada en un libre mercado y
estimulado por acuerdos de carácter
preferencial.

Se reitera que estos proceso se dan en un cuadro de
relaciones internacionales en el que predomina la libre movilidad
de los capitales a escala mundial, una nueva división
internacional del trabajo (DIT) y profundas transformaciones en
los Estados para cumplir el nuevo papel que le corresponde en
esta fase del capitalismo global y libre de las ataduras del
Estado-nacional. Este tipo de integración responde a los
criterios de una profunda apertura a la economía mundial,
acompañada de la armonización de un conjunto de
normas ligadas a adecuar las condiciones particulares de cada
país y del conjunto de países comprometidos a las
exigencias de la globalización

La visión actual de la economía mundial
muestra una serie de hechos que dan cuenta de las profundas
transformaciones que se viven. Estas transformaciones mundiales
ocurridas después de la segunda guerra mundial y del
derrumbe de los Acuerdos de Bretton Woods, y, más
recientemente, después de las dos crisis petroleras de los
años 70 y comienzos de los 80 y de los cambios ocurridos
en el sistema financiero mundial, pasan por un gran número
de situaciones políticas, económicas, sociales y
culturales de todo orden pero, especialmente, pasan, por las
sucesivas crisis financieras, energéticas y alimentarias
de orden mundial que, correlativamente, desembocan en visibles
estrategias remozadas de acuerdos entre los países, aunque
no de los pueblos.

Ante el evidente fracaso en América Latina de las
diferentes concepciones sobre el desarrollo económico y
social, la industrialización y de las aperturas
librecambistas en función de la globalización, se
han visto proliferar los Tratados de Libre Comercio como una
estrategia redentora de lo no alcanzado en la larga marcha
económica de la región. (1).

En la misma perspectiva, las diferentes crisis del
sistema económico vigente han golpeado con fuerza sus
economías que ha ocasionado un cúmulo de problemas
de todo tipo para los cuales los diferentes gobiernos se han
mostrado impotentes tanto en el uso de viejas recetas como de las
nuevas promulgadas al calor de la globalización y de la
liberación total de la economía. Se observa, no
obstante, que las consecuencias de la última crisis han
sido de una extensión y un impacto tan fuerte que dan
cuenta apropiada de un marco a la medida de los tratados de libre
comercio.

Básicamente, un TLC es un acuerdo comercial
regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y
servicios entre los países que participan del proceso.
Conlleva eliminar o rebajar sustancialmente los aranceles para
los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios.
Este tipo de acuerdos se rige por las reglas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuos
acuerdos entre los países.

La puesta en vigencia de un TLC no lleva necesariamente
a un proceso de integración económica,
política regional, como puede observarse un poco,
quizás, en los casos de la Unión Europea, la CAN,
MERCOSUR y la Comunidad Suramericana de Naciones. Si bien es
cierto que estos proyectos se alentaron para fomentar el
intercambio comercial, también lo es que incluyeron en los
acuerdos cláusulas de políticas económicas y
un conjunto de decisiones y acciones relativas al movimiento de
personas y organismos políticos comunes y a la
elección de medios y a la articulación de los
recursos con miras a lograr los objetivos propuestos. Por lo
general, una serie de características y de planes
estratégicos identificaron o acompañaron estos
procesos, elementos estos que se encuentran ausentes en un
TLC.

Entre los objetivos centrales que se encuentran en los
TLCs están, entre otros, el de eliminar barreras que
afecten o mermen el comercio, promover las condiciones de una
competencia justa, incrementar las oportunidades de
inversión, proporcionar una protección adecuada a
los derechos de propiedad intelectual, fomentar la
cooperación entre países amigos y ofrecer
solución a las controversias presentadas. Otros objetivos,
ya vistos en los procesos de integración parecen
integrarse a estos TLCs. Entre ellos: aumentar y diversificar la
oferta exportable e incentivar e incrementar la inversión
extranjera, etc. Sin embargo, tras la aparente bondad de estos
objetivos, numerosos estudios provenientes de diversas fuentes,
dan cuenta que estos TLCs promovidos a ultranza por los Estados
Unidos no son ni justos, ni equitativos.

La mayor parte de los críticos de los TLCs
enfocan sus análisis, entre otros aspectos, para sostener
que estos sólo benefician a grandes inversionistas y
grandes consorcios industriales, comerciales y al sector
financiero. Para el caso concreto de los Estados Unidos, este
país se garantiza mercados para automóviles,
tractores, aviones, productos agroindustriales subsidiados y toda
la línea de productos electrónicos y
farmacéuticos. Lejos están de estas negociaciones y
de sus propósitos los asuntos relacionados con la
distribución del ingreso nacional y la pobreza y miseria
de los pueblos, la salud y la educación.

Sostiene Joseph Stiglitz que los TLCs que están
firmando los países de América Latina con Estados
Unidos, no son ni libre ni justo, ya que este país no ha
eliminado los subsidios a los agricultores que sobrepasa la cifra
de US$25 mil millones, lo que significa un subsidio de un poco
más de US$50.000 a cada campesino en promedio. El mismo
Stiglitz afirma que los TLCs con Estados Unidos carecen de
reciprocidad, ya que imponen a las medianas y pequeñas
empresas e industrias latinoamericanas el compromiso de abrirse a
la competencia con las grandes multinacionales de ese
país, lo que significa una desventaja real.

José Saramago, Premio Nobel de Literatura en
1998, afirma, por su parte, que los tratados de libre comercio
son el instrumento máximo de los Estados Unidos para
gobernar a los pueblos desde México hasta la Patagonia.
"No tienen solo aspectos comerciales sino, también, temas
políticos y sociales…No son libres, sino que tienen
que ver con deseos de dominación estratégica,
militar y política…La autonomía, la
independencia y la soberanía de los países de
América queda en entredicho, en el momento que los
tratados entren en vigor. Estos tratados, dice Saramago, son una
especie de campanada de advertencia. Si los pueblos no imponen a
sus gobiernos la defensa de sus derechos, esto acabará
mal", finaliza diciendo Saramago.

En el mismo sentido se han pronunciado otros autores,
entre ellos, Jefrey Sachs y R. Glenn Hubbard, decano de
Economía de la Universidad de Columbia, quien
declaró que la posición de Estados Unidos en las
negociaciones ha sido la de resistirse a reducir el
proteccionismo que le exige a sus contrapartes.

Helena Villamizar García-Herreros, Economista de
la Universidad de los Andes, en Razón
pública-Economía y Sociedad, (Domingo, 13 de
noviembre, 2010) ha señalado que en el TLC firmado con
Estados Unidos, Colombia no solo ha entregado su mercado interno
a los productores y a los trabajadores de ese país, sino
que la firma del Tratado restringe la soberanía de
Colombia en muchos campos, especialmente en el manejo y
dirección de la economía, como se refiere a la
cláusula de la balanza de pagos y la autonomía para
regular la cuenta de capitales de la misma. Los colombianos,
afirma esta autora, se obligan a indemnizar a la contraparte si
alguna medida "interfiere en las expectativas inequívocas
y razonables de la inversión".

Diferente a lo que establecían anteriores
tratados, dice esta autora, que tan solo cobijaba a la
inversión concreta establecida en Colombia, el TLC firmado
con Estados Unidos obliga indemnizar incluso "…a un
nacional o empresa que intenta realizar, a través de una
acción concreta…", lo que constituye una
limitación inadmisible al pleno ejericio de las
políticas económicas y sociales. En estos casos,
por ejemplo, Colombia podría verse inmersa en millonarias
demandas al rechazar, por justificadas razones ambientalistas, la
feria de licencias mineras entregadas en la administración
del gobierno de Uribe Vélez. De igual manera, el TLC
firmado no solo limita las políticas económicas y
públicas, sino que desconoce la justicia nacional
sustituyéndola por tribunales de arbitramento privados
para el caso de las controversias
Estado-Inversionista.

Con todo y en medio de estas agudas controversias
relacionadas con los verdaderos objetivos de los tratados de
libre comercio, en lo últimos años del siglo XX y
durante el primer decenio de este siglo, se ha visto la firma y
entrada en vigencia de numerosos de acuerdos de libre comercio en
los que los países de América Latina se han visto
comprometidos. Entre estos acuerdos se pueden destacar los
relacionados en el siguiente cuadro:

Fuente: SICE. ( Sistema de Información sobre
Comercio Exterior). OEA

En el cuadro anterior, vemos como tres países
(Chile, Estados Unidos y México) han tenido un activismo
notable alrededor de la firma de acuerdos comerciales, seguido de
Canadá, Colombia. No obstante, este activismo
concordatario, con excepción de Estados Unidos y
Canadá, en los indicadores sociales de los países
restantes no se refleja alguna situación de logros
sociales que sea reflejo de esta situación. Al igual que
Chile, Colombia presenta indicadores desalentadores en materia de
igualdad social.

Aunado a lo anterior, a los viejos problemas de
desigualdad social, pobreza y de inclusión social, han de
sumarse los nuevos derivados de las nuevas tecnologías y
de su aplicación en muchos campos especialmente en el de
la agricultura. Cada proceso parece atravesar su propio
viacrucis, tal como sucede en MERCOSUR, en el que Uruguay amenaza
con un tratado bilateral con Estados Unidos, lo cual
afectaría notablemente el proceso, pero especialmente a
Brasil y Argentina. En este país, se extiende el cultivo
de la soja transgénica, deteriorando la tierra para otros
cultivos y pasturas para muchos años pero satisfaciendo
los intereses de los exportadores de soja.

Los últimos cambios en materia de
integración es el Tratado de Comercio de los Pueblos
firmado entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Este tratado es
afín con el proyecto del ALBA ( Alternativa Bolivariana
para las Américas). Propone mecanismos para compensar las
pérdidas que pudieren ocasionar los TLCs. Suscritos por
estados Unidos con los países de la región. Otorga
a las empresas públicas un alto protagonismo en los
convenios y privilegia a los pequeños
productores.

En este amplio horizonte, los problemas que socavan la
confianza en los TLCs siguen siendo el poder de las empresas
transnacionales, el problema de los servicios públicos, el
peligro evidente de la seguridad social y los Fondos de Pensiones
y Cesantías, las amplias garantías otorgadas a la
inversión extranjera y la lesión enorme que se
viene causando a la autonomía de los países para
regular los aspectos cambiarios, monetarios, crediticio y la
autonomía económica. Todo esto, sin dejar de lado,
lo relativo al recorte de la soberanía nacional y la
situación maniatada en que quedan los Estados para
emprender regulaciones en torno al manejo de la deuda externa y
en la vida económica y social en el pleno ejercicio de la
autonomía.

• 1. Para este momento, en América Latina
  se encuentran vigentes los siguientes TLCs: Tratado de Libre
  Comercio de América del Norte, el TLC entre Estados
  Unidos, Centro América y República Dominicana,
  TLC entre Perú y Estados Unidos, TLC entre Colombia y
  Estados Unidos, TLC entre Chile y Estados Unidos y TLC entre
  México y Japón. Sin embargo, se encuentran en
  estudio, próximas a entrar en vigencia o en
  algún grado de desarrollo de las respectivas rondas de
  negociación varios, entre los cuales se citan los TLCs
  entre Panamá y Canadá. Por otra parte, siguen
  los avances del Acuerdo de Asociación
  Transpacífico (TPP) entre Australia, Brunei
  Darussalam, Chile, Estados Unidos, Malasia,, Nueva Zelanda,
  Perú, Singapur y Viet Nam. México ha expresado
  su interés en participar en el TPP, igual que
  Canadá y Japón.

Autor:

Leonardo Gutiérrez
Berdejo