El éxito económico de China no debe
hacernos olvidar que la cuestión del Estado de Derecho
sigue vigente en ese país. China sigue siendo un
país sometido a la "dictadura del proletariado" en el cual
la realidad del poder político sigue estando en manos del
Partido Comunista Chino. Sin embargo, desde la apertura
económica iniciada por el Presidente Deng Xiaoping en los
años 80, el Derecho vuelve a ocupar un lugar destacado en
la organización de la sociedad china.
Es un hecho importante sabiendo que las dos grandes
escuelas chinas que han influido el desarrollo del Derecho a lo
largo de su larga historia -es decir: el confucianismo por una
parte y el legalismo por otra-, no le prestan una función
principal en la organización social. Más bien, la
educación y el poder absoluto de un emperador son las dos
figuras sobre las cuales se organiza la sociedad.
Sólo a partir del final de los años 70, se
reconsideró el Derecho como un instrumento al servicio del
despegue económico. Más en particular, el
reconocimiento en la Constitución del principio de "Estado
de derecho socialista" como pilar fundamental de la
República Popular de China fomentó la
racionalización del sistema jurídico chino, gracias
no sólo al resurgimiento de unas instituciones casi
desaparecidas sino también a todo un nuevo bloque
legislativo. Más recientemente, la entrada de China en la
Organización Mundial del Comercio (2001) empujó a
la adopción de todo un arsenal legislativo con el fin de
cumplir con sus nuevas obligaciones. Quizás ahora mismo,
se pueda definir a China como un "Estado regido por el
Derecho"
Es evidente que la reciente revisión de la Ley
Orgánica de las Cortes Populares participa de la
racionalización del poder judicial. Y también lo
es, de la misma manera, respecto a las lagunas que ponen en
peligro su independencia y, por ende, su eficacia.
Según la Ley Orgánica de las Cortes
Populares de la República Popular de China6, las cortes
populares locales, las cortes militares y las otras cortes
especializadas así como la Corte Suprema ejercen el poder
judicial, el artículo 3 de la Ley Orgánica precisa
que la tarea de las cortes populares es la de decidir casos
civiles y penales con el fin de garantizar la dictadura del
proletariado, mantener el sistema legal socialista y el orden
público, proteger la propiedad socialista que pertenece al
pueblo entero, la propiedad colectiva que pertenece al pueblo
trabajador y la propiedad privada legítima de los
ciudadanos, los derechos de la persona y democráticos de
los ciudadanos, y de asegurar el progreso suave de la
revolución socialista y de la construcción
socialista en el país. Las cortes populares, en todas sus
actividades, educan a los ciudadanos en la lealtad a su patria
socialista y en la observancia voluntaria de la
Constitución y de las leyes.
De acuerdo con la Constitución de la
República Popular China, la estructura estatal central de
China está compuesta por seis órganos principales:
la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente, el
Presidente de Estado, el Consejo de Estado, la Comisión
Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía
Popular Suprema.
El Presidente de Estado, el Consejo de Estado, la
Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la
Fiscalía Popular Suprema son decididos por la Asamblea
Popular Nacional y responden ante ella y su Comité
Permanente.
Los tribunales populares son los órganos de
juicio del Estado. El Estado instituye el Tribunal Popular
Supremo, y las provincias, las regiones autónomas y los
municipios bajo jurisdicción central instituyen los
tribunales populares superiores, bajo los cuales existen los
tribunales populares intermedios y los tribunales populares de
base.
El Tribunal Popular Supremo es el órgano de
juicio supremo del Estado, que responde e informa de su labor
ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente.
De acuerdo con la ley, el Tribunal Popular Supremo ejerce el
poder de juicio supremo de manera independiente, sin tolerar la
intervención de ningún organismo ejecutivo,
organización social o individuo.
Según lo prescrito en la Constitución y la
ley, el Tribunal Popular Supremo tiene tres funciones
principales: 1) Dar vista a los casos de importancia nacional,
los casos de apelación en los que las partes están
disconformes con los veredictos o fallos de los tribunales
superiores, y los casos que el Tribunal Popular Supremo considere
deben ser vistos por él. 2) Supervisar el trabajo de
juicio de los tribunales populares locales de los diversos
niveles, los tribunales militares y otros tribunales especiales y
revocar sus veredictos si los considera erróneos, decidir
interrogatorios u ordenar la reapertura de procesos. 3) Hacer
interpretaciones judiciales sobre la aplicación concreta
de la ley en el desarrollo del juicio, interpretaciones estas que
deben ser aplicadas en todo el país.
El 11 de marzo de 2003, Xiao Yang, Presidente del
Tribunal Popular Supremo, presentó el informe de labor
ante la I Sesión de la X Asamblea Popular Nacional.
Durante el mandato de cinco años de la IX Asamblea Popular
Nacional, bajo la supervisión de la Asamblea Popular
Nacional y su Comité Permanente, el Tribunal Popular
Supremo se esforzó por llevar a la práctica "la
imparcialidad y la eficiencia" como tema de trabajo de los
tribunales e hizo nuevos progresos en todos sus
trabajos.
En los pasados cinco años, el Tribunal Popular
Supremo dio cierre a un total de 20.293 casos de toda
índole, para un aumento del 46% en comparación con
el quinquenio anterior; y los tribunales populares locales de los
diversos niveles y los tribunales populares especiales
concluyeron un total de 29,6 millones de casos de toda
índole, para un aumento del 22%.
En los pasados cinco años, los tribunales
populares dieron por terminados más de 2,83 millones de
casos penales de primera instancia, para un aumento del 16% en
comparación con el lustro anterior, y sentenciaron a 3,22
millones de delincuentes, para un aumento del 18%; concluyeron
23,62 millones de casos civiles, para un aumento del 20%; y
cerraron 26.399 casos relacionados con el exterior, para un
aumento anual progresivo del 4%.
A tenor del principio "un país, dos sistemas" y
de las Leyes Fundamentales de Hong Kong y Macao, el Tribunal
Popular Supremo acordó arreglos para la encomienda mutua
de documentos judiciales civiles y comerciales y para la
ejecución recíproca de laudos de arbitraje entre el
interior del país y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong y acordó arreglos para la encomienda
mutua de documentos judiciales civiles y comerciales y para la
entrega recíproca de evidencias entre el interior del
país y la Región Administrativa Especial de Macao,
impulsando de este modo la asistencia judicial entre el interior
del país y las dos regiones. Aparte de ello, el Tribunal
Popular Supremo elaboró las "Estipulaciones sobre el
reconocimiento por los tribunales populares de los veredictos
civiles de los tribunales pertinentes de la región de
Taiwán", promoviendo así el intercambio de visitas
del personal y el desarrollo de las relaciones económicas
y comerciales entre la isla y la parte continental de la
patria.
En los pasados cinco años, los tribunales de todo
el país concluyeron 66.757 casos de protesta presentados
por los organismos fiscalizadores según el procedimiento
de supervisión sobre el juicio. De entre estos casos,
14.956 tuvieron cambios de veredicto a fuerza de la razón
de protesta sostenible, 5.011 fueron devueltos para procesos
nuevos debido la disponibilidad de pruebas nuevas o a los hechos
no claros expuestos en los veredictos originales, 24.797 fueron
concluidos con los acuerdos entre las partes interesadas a
través de la mediación y por su propia
voluntariedad o mediante reconciliación, 20.107 fueron
mantenidos según la ley debido a sus veredictos originales
correctos, y 1.886 fueron cancelados porque los organismos
fiscalizadores retiraron sus protestas.
El Tribunal Popular Supremo fortaleció el trabajo
de interpretación judicial, asesoró y
supervisó a los tribunales populares de los diversos
niveles en el uso de las leyes aplicables, y mantuvo la
unificación del sistema legal. En los pasados cinco
años, el Tribunal Popular Supremo elaboró 170
interpretaciones judiciales, aumentando en casi dos veces el
número registrado en el quinquenio anterior. Revisó
y enmendó oportunamente más de 2.000
interpretaciones judiciales y otros documentos reglamentarios no
concordes con las reglas de la Organización Mundial del
Comercio y los compromisos asumidos por el país, y
publicó ante la sociedad 177 interpretaciones judiciales
abrogadas.
El Presidente del Tribunal Popular Supremo es elegido
por la Asamblea Popular Nacional, dura cinco años en su
cargo por cada periodo de mandato, y no puede tener más de
dos mandatos seguidos. La I Sesión de la X Asamblea
Popular Nacional, celebrada el 16 de marzo de 2003, eligió
a Xiao Yang Presidente del Tribunal Popular Supremo de la
República Popular China.
Las fiscalías populares son los órganos
estatales de supervisión de la aplicación de la
ley. El Estado instituye la Fiscalía Popular Suprema, y
las provincias, las regiones autónomas y los municipios
bajo jurisdicción central instituyen las fiscalías
populares superiores, bajo las cuales existen las
fiscalías populares intermedias y las fiscalías
populares de base.
La Fiscalía Popular Suprema es el órgano
fiscalizador supremo del Estado. Responde e informa de su labor
ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente.
Según la ley ejerce de manera independiente el poder de
fiscalía supremo, libre de la injerencia de cualquier
organismo ejecutivo, organización social o
individuo.
De acuerdo con lo estipulado en la Constitución y
la ley, la atribución principal de la Fiscalía
Popular Suprema consiste en dirigir el trabajo de las
fiscalías populares locales de los diversos niveles y de
las fiscalías especiales; dar por ley vista directa a los
casos penales de desfalco, soborno, infracción de los
derechos democráticos de los ciudadanos y prevaricato,
formalizar estos casos para la investigación y decidir si
es necesario presentar acusaciones; ejercer según la ley
la supervisión jurídica sobre los juicios y las
investigaciones de los tribunales en relación con los
casos penales; examinar y aprobar según la ley los
arrestos y las acusaciones relacionados con los delitos penales
importantes; practicar la supervisión jurídica del
desarrollo del juicio de los casos penales; interponer,
según la ley, ante el Tribunal Popular Supremo protestas
contra los veredictos y fallos erróneos de los tribunales
populares de las diversas instancias que hayan entrado en efecto;
practicar por ley la supervisión de las actividades
desarrolladas en las prisiones y reformatorios; hacer
interpretaciones judiciales de los problemas relativos a las
leyes de aplicación concreta surgidos en la labor fiscal;
y organizar las gestiones de los organismos fiscalizadores con el
exterior y desarrollar la asistencia judicial
pertinente.
El 11 de marzo de 2003, el Presidente de la
Fiscalía Popular Suprema Han Zhubin presentó el
informe de labor en nombre de la FPS ante la I Sesión de
la X APN. En los cinco años del mandato de la IX APN, bajo
la supervisión de la APN y su Comité Permanente, la
FPS persistió en el principio de "aplicar la ley con
imparcialidad, fortalecer la supervisión, tratar los casos
según la ley, administrar el trabajo de fiscalía
con rigurosidad y servir a la situación en su conjunto", y
cumplió concienzudamente la atribución conferida
por la Constitución y la ley, haciendo aportes positivos a
la modernización socialista.
En los pasados cinco años, los órganos
fiscalizadores aprobaron arrestos de 3.601.357 sospechosos de
delitos penales y presentaron acusaciones contra 3.666.142
personas, para un aumento del 24,5% y otro del 30,6%,
respectivamente, en comparación con el quinquenio
anterior; instruyeron e investigaron 207.103 casos de delitos en
los cargos tales como el desfalco, la malversación, el
soborno y el prevaricato, incluyendo 5.541 casos importantes que
implicaban cada uno más de un millón de yuanes, en
los que estaban involucrados 12.830 funcionarios de nivel
distrital (o de división) y superior. Desde el año
2000, en colaboración con los departamentos de seguridad
pública, desplegaron la campaña de
persecución y apresaron a 5.115 sospechosos fugitivos que
habían cometido delitos en sus cargos. A través del
tratamiento de tales casos, recuperaron las pérdidas
económicas directas del Estado en más de 22.000
millones de yuanes.
Se reforzó la supervisión sobre los
pleitos y se esforzó por salvaguardar la imparcialidad de
la justicia y la dignidad del sistema legal. Con respecto a los
casos que debían ser instruidos por los organismos de
investigación pero que no lo estaban, los organismos
fiscalizadores hicieron instruir según la ley 36.955 bajo
su supervisión; con respecto a las personas que
debían ser arrestadas y transferidas para la
acusación pero que no estaban, decidieron según la
ley arrestar a 50.863 más y procesar a 25.297 más;
decidieron según la ley no aprobar 466.357 arrestos y
106.715 procesos que no reunían los requisitos de arresto
y proceso legales; y presentaron por escrito 61.162 opiniones
para la corrección de la violación de la ley en las
investigaciones y los juicios, salvaguardando de este modo los
derechos e intereses legales de las personas involucradas en el
proceso.
En los pasados cinco años, la FPS firmó
convenios de cooperación con los órganos judiciales
de 55 países, mejoró el mecanismo de trabajo para
la colaboración en la investigación de casos con
los departamentos pertinentes de las regiones de Hong Kong y
Macao, auspició la Conferencia de Procuradores Generales
de los Países de Asia y Europa y la Conferencia de
Procuradores Generales de los Países de la
Organización de Cooperación de Shanghai,
promoviendo así la cooperación judicial
internacional en la lucha contra el crimen de terror y el crimen
organizado transnacional. Por otro lado, la FPS elaboró
132 interpretaciones judiciales y revisó cabalmente las
interpretaciones judiciales y documentos reglamentarios
promulgados desde la proclamación de la Nueva
China.
A los tribunales en china les falta la independencia
suficiente para llegar a ser un sistema judicial maduro,
sustentando lo dicho por las relaciones ambiguas que los
tribunales mantienen con el Partido Comunista, dentro y fuera de
las cortes. El Partido se ocupa de forma general de asuntos de
política y de "educación ideológica". En
todos los tribunales existen así comités del
Partido que controlan sus actividades desde adentro: Grupo del
Partido, Órgano institucional del Partido y célula
del Partido. Estos dos últimos comités se dedican a
la gestión de los miembros del Partido dentro del propio
tribunal, bajo las instrucciones del Grupo de Partido. Es
responsable del trabajo ideológico, de la difusión
y de la aplicación de las políticas del Partido
así como de tareas represivas en contra de los rebeldes
del Partido. No interviene en principio en las sanciones
impuestas a los jueces que no cumplen con sus obligaciones
profesionales. Sólo intervendrá en los propios
casos, si el comité judicial no alcanza una
decisión en un caso complicado. En este caso, su
decisión será la definitiva y el comité
judicial tendrá que seguir su opinión. En realidad,
las interferencias con el Partido provienen más de fuera,
en particular del Comité Político-Legal. Este
Comité tiene un papel relevante en los asuntos
ideológicos, es decir, en implementar las directrices
políticas que debe seguir el tribunal
correspondiente.
Finalmente, la falta de independencia se manifiesta
también en las relaciones entre tribunales y, en
particular, entre tribunales superiores y tribunales inferiores.
De forma general, la Ley de las Cortes Populares en su
artículo 16 establece que "el trabajo judicial de las
cortes populares de nivel inferior está sujeto a
supervisión por parte de las cortes populares de nivel
superior". Esto se traduce de distintas maneras y en distintos
momentos de la carrera judicial. Primero, con ocasión del
nombramiento de un juez, el artículo 14 de la Ley de
Jueces permite que una corte superior pida a una corte inferior
que revoque el nombramiento de un juez si resulta que no cumple
con los requisitos legales para serlo. Luego, en el transcurso
del trabajo judicial, los presidentes de las cortes superiores
pueden pedir formalmente a las cortes inferiores que reexaminen
un caso en el cual se encuentran "errores en la
determinación de los hechos y en la aplicación del
derecho". Además, existe también una costumbre
extendida entre las cortes inferiores de pedir opinión a
la corte superior para dar solución a casos complicados,
con el fin de evitar que un juez de primera instancia sea
castigado por "mal juzgar" un caso.
A pesar de las buenas intenciones demostradas por la
Corte Suprema o el Partido Comunista por racionalizar el poder
judicial chino, el camino por recorrer parece todavía muy
largo. Por eso, se explica que, siguiendo la tradición
confucionista, la resolución no jurisdiccional de
conflictos se presente como una vía muy utilizada en
China.
Autor:
Jorge Argoud