Los partidos políticos colombianos y su compromiso de doble moral con la descentralización

Introducción

A lo largo de la historia colombiana, en la agenda de
los partidos políticos aparece de diversa manera idearios
y propuestas para profundizar la descentralización, la
democracia local y la reorganización territorial del
país. Se trata en este trabajo de hacer un estudio
comparativo sobre sus propuestas y ejecutorias, así como
de las propuestas más vigentes y pertinentes en los
actuales momentos.

Los partidos políticos cumplen una tarea de
fundamental importancia para las democracias, ya que ellos
interpretan desde diversas ideologías y énfasis
programático, los desafíos de la sociedad y
además, la representan en los órganos de poder de
origen popular. Esta tarea de "polea de amarre" entre los
diversos estamentos de la sociedad y sus diversas
interpretaciones del mundo con los entes encargados de la toma de
decisiones que afectan el destino colectivo, para el caso
colombiano hunde sus raíces en el propio origen de la
Republica y desde entonces, el tema de los gobiernos locales ha
sido un asunto permanente en sus agendas.

Sin embargo, los grupos armados ilegales se han valido
de los partidos políticos y de la descentralización
para horadar la legitimidad del sistema político. En
efecto, La descentralización política llevada a
cabo en Colombia para potenciar los gobiernos locales y
regionales, complicó el sistema de partidos
políticos en su dimensión regional y local desde el
punto de vista de la distribución territorial del poder.
Con la descentralización se produjo una mayor oferta de
opciones político partidista[1]y la
Constitución de 1991 otorgó mayor libertad para
organizar partidos políticos.

El resultado fue que a partir de 1988 se configuraron
subsistemas regionales de partido que van desde el bipartidismo
hasta el multipartidismo atenuado. Fue a partir de 1992 cuando se
produjo en el nivel regional y local un aumento de los sistemas
con tendencia al multipartidismo. Las fuerzas no bipartidistas o
tercerías obtuvieron mejor resultados desde 1992 y hasta
2000. En este intervalo los partidos tradicionales
 perdieron espacio en la mitad de los municipios a favor de
las tercerías. Aunque en este periodo post-constitucional
no existieron muchos casos de que las tercerías tuvieron
una presencia alta o muy alta su representación que se
situó entre un 5 y 23%. Las tercerías que
estuvieron presentes en el periodo 1988-2000 se repartieron de la
siguiente manera: 31.5% de los municipios consiguieron niveles de
presencia importantes y una alta permanencia, entre el 60 y 100%
de las elecciones[2]Por otra parte, un 35% de los
municipios la presencia de las tercerías fue
efímera con niveles de presencia bajos o medios. Por
último, el 27% de los municipios mostró una alta
permanencia pero con bajos niveles de presencia. Por
consiguiente, las tercerías lograron que en una tercera
parte de los municipios obtuvieran altos niveles de permanencia y
representación[3]

En resumen y como lo señala la investigadora
Miriam Álvaro[4]podemos concluir que los
resultados en el ámbito municipal  son mixtos: hay
casos de multipartidismo, pero igualmente persisten los sistemas
de dos partidos y los unipartidismos fuertes y atenuados. Por
tanto en el nivel municipal se ha producido un aumento de la
heterogeneidad de los sistemas partidistas. En este contexto, la
Constitución de 1991 no requirió la
organización de partidos políticos pues la ley
prohibió que se estableciera exigencias en relación
con la organización interna de los partidos y movimientos
políticos. Sólo en algunos estatutos se recogieron
disposiciones relativas a la participación de afiliados en
la selección de candidatos y en el nombramiento de
autoridades internas mediante consultas internas o mediante
convenciones y congresos. Pero en la práctica las
decisiones fueron adoptadas por las propias directivas de los
partidos. Es decir,  los partidos contaron con sus estatus
tal y como marca la ley pero en realidad tan sólo
constituye  una mera
formalidad[5](Hernández, 2006). Estas
medidas tomadas sobre la organización interna de los
partidos y movimientos políticos permitieron la
precipitación de los partidos tradicionales en un proceso
de desintegración interna en grupos organizados alrededor
de notables, grandes electores y caudillos regionales. Es decir,
liberales y conservadores constituyeron  partidos y
movimientos políticos nuevos con personería
jurídica. Así, accedieron a la financiación
directa del Estado, inscribieron a candidatos a las elecciones y
usufructuaron espacios gratuitos en los medios de
comunicación masiva del Estado.

Siguiendo a Eduardo Pizarro[6]la
consecuencia de este nuevo marco legal fue la atomización
interna de los partidos en micro empresas electorales. Este
proceso de atomización partidista tuvo su origen durante
el Frente Nacional  pero fue en los años noventa
cuando se disparó llegando a alcanzar en 1998 un total de
316 listas para el Senado en representación de 80
partidos, movimientos o coaliciones. Pedro
Medellín[7]subraya que para frenar esta
situación se planteó que mediante el acto
legislativo n.º 1 de 2003 o reforma política de 2003
se modificara las reglas de juego electoral para acceder a los
cargos de elección popular. Con ello esta ley buscaba la
agrupación de los políticos para el ejercicio de la
política mediante la introducción de un umbral
mínimo (2%). Igualmente se buscó acabar con las
campañas electorales individuales y establecer mecanismos
para hacer más transparentes la financiación de las
campañas políticas.

En este contexto, los grupos armados ilegales, en
particular los paramilitares, utilizaron el clientelismo como
medio para infiltrarse en el poder político local y en la
clase política local y regional. Sin embargo, en un primer
momento utilizaron la violencia como intención de
apropiación o ingerencia en distintas instituciones
estatales. Investigaciones recientes llevadas a cabo por la
analista Claudia López [8]y basada en las
estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia, planteaban que entre 1998 y 2001 se
incrementaron los asesinatos de dirigentes políticos por
parte de los paramilitares. Así, las masacres aumentaron
en un 140% y las que llevaron a cabo grupos paramilitares en un
664%. Se amplió el número de municipios afectados
por estos asesinatos, pasando de 52 municipios en 1998 a 63 en el
bienio 2002-2003. Posteriormente establecieron el control militar
y continuaron con su penetración en política y en
economía local mediante el clientelismo
armado[9]en zonas rurales y el
clientelismo mafioso en zonas urbanas. Mediante estas
dos tácticas penetraron en los municipios, desplazaron a
los grupos guerrilleros y se establecieron como actor
hegemónico. La táctica usada por los grupos
paramilitares para acceder al poder político local fue
mediante el clientelismo armado, es decir, la
apropiación privada de bienes públicos a
través de la amenaza de las armas. Mediante el uso del
clientelismo armado les permitió acceder a
representaciones de poder importante en los cuerpos legislativos
de la Nación y dominar los gobiernos locales de sus zonas
de influencia a través de sus redes o aliándose con
políticos tradicionales. Las formas que adoptó este
tipo de clientelismo eran las habituales del clientelismo
tradicional: contratación en cargos públicos de
personal recomendado por los grupos paramilitares,
retención de un porcentaje de sus sueldos,
concesión de contratos de obras públicas, pago de
coimas por los contratistas, entre
otras[10]Duncan[11]añade que
en las ciudades predominó el clientelismo
mafioso. Se diferencia del clientelismo armado en que la
intimidación se daba hacia una de las partes de la
relación del intercambio entre patronos y clientelas: los
miembros de la clase política. En las ciudades las redes
mafiosas estaban en condiciones de intimidar únicamente a
los políticos profesionales, los contratistas del Estado y
la burocracia que ocupaba los cargos públicos, pues a la
población civil que componía la clientela de otros
competidores resultaba muy complejo amenazarla. Sin embargo en
los municipios y zonas campesinas patronos y clientes eran
intimidados además de pagar comisiones y obligados a votar
por los candidatos señalados. Esta situación sigue
estando presente en vastas regiones del país con otros
ropajes, pero con las mismas prácticas lesivas para la
democracia local.

Los partidos políticos han sido determinantes
fundamentales del rumbo de la descentralización, no solo
por ser quienes desde el Congreso o el gobierno nacional la han
diseñado, sino porque también han sido sus
implementadores desde los órganos de poder regional y
local. En el balance de este proceso, tienen acciones a favor y
obviamente, grandes errores y desatinos.

Breve contexto
histórico

En la naciente República Granadina hay un periodo
conocido como la Patria Boba (1810-1815) caracterizado por la
pugna entre el Estado de Cundinamarca, partidario del CENTRALISMO
orientado por Antonio Nariño, y las Provincias Unidas de
la Nueva Granada, defensoras del FEDERALISMO y orientadas por
Camilo Torres. Entre 1812 y 1813 se enfrentaron en la primera
guerra civil entre granadinos.

Los centralistas propendían por la
soberanía única e indivisible ejercida por el poder
único y ejercido desde Bogota y planteaban que el
federalismo fomentaba rivalidades, regionalismos, egoísmos
personales, favoreciendo intereses de gamonales regionales. Como
se sabe, el federalismo exige el respeto y el reconocimiento a la
autonomía territorial soberana, y se reserva atribuciones
de carácter local y regional, dejando para el gobierno
central atribuciones generales. Argumentaban los federalistas que
no era posible un gobierno centralista en razón de las
diferencias geográficas, falta de vías de
comunicación, grandes distancias, y ponían como
ejemplo el éxito federativo de
Norteamérica.

El 12 de diciembre de 1814, Simón Bolívar
sitió y dominó a los centralistas de Santa
Fé, por lo cual Cundinamarca reconoció el Congreso
de las Provincias Unidas.

Las guerras de independencia comandadas por una
generación de militares formados en su mayoría en
el fragor de los combates, lanzó a la palestra americana a
su caudillo máximo: Simón Bolívar. Su
pasión fue la organización de los Estados
nacionales, realización de una verdadera revolución
social y económica, la búsqueda de la justicia
social, la abolición de la esclavitud, la
protección de los indígenas, y culminó su
sueño de lograr una unidad continental cuando en el
Congreso de Angostura, el 17 de diciembre de l.819, nació
la República de Colombia, conformada por la Nueva Granada,
Venezuela y Ecuador, conocida como la Gran Colombia

Sin embargo, persistieron las ideas centralistas y
federalistas al interior de la gran nación. La
Constitución Boliviana de l826, que pregonaba las ideas de
Bolívar, creó un enfrentamiento con la corriente
civilista de Francisco de Paula Santander. Allí comenzaron
las divergencias, y la Gran Colombia se dividió entre
Civilistas y Militaristas. Los civilistas, partidarios de un
Estado de Derecho, regido por la constitución y las leyes,
opositores a un gobierno autocrático y militarista,
preferían que se desintegrara la Gran Colombia antes de
caer en la tiranía. Este grupo de Santander fue denominado
"liberales o constitucionalistas".

El grupo boliviano, defensor de las ideas de
Bolívar en la Convención de Ocaña se
manifestó partidario de un gobierno autoritario y
absoluto.

Ante los desacuerdos, se disolvió la
Convención de Ocaña, y Bolívar asumió
el poder con el título de Libertador Presidente. En 1828,
y después de la conspiración septembrina, la
tensión se intensificó, y las fuerzas separatistas
venezolanas y quiteñas lograron la desintegración
definitiva de las Gran Colombia en
1830[12]

Los partidos liberal y conservador de mediados del siglo
XIX entraron en el juego del centralismo y federalismo .La
Constitución del 53 admitió la posibilidad del
federalismo, y los partidos se repartieron las provincias
erigidas en Estados. Los conservadores eran dueños del
poder general y los Estados de Antioquia, Boyacá y
Cundinamarca, los radicales en el Magdalena y Santander,
conservadores y liberales compartían Panamá, igual
acontecía en el Cauca.

Mariano Ospina Rodríguez asume el poder en 1857.
Disposiciones de su gobierno crearon gran inconformidad en
diversos Estados, y se suscitó la guerra civil de 1859 a
1861, que culmina con el triunfo de los federalistas. El poder
queda en manos de Tomás Cipriano de Mosquera.

El transcurrir de la vida republicana con todos sus
avatares y dificultades, necesitaba de una consolidación y
modernización de sus partidos que los enrumbara por el
camino de las ideas políticas y no por el de los intereses
de los gamonales de turno. El ideario político se fue
alimentando de modelos políticos y económicos de
Francia, Gran Bretaña, y Estados Unidos.

En 1848 Ezequiel Ramírez publicó el
artículo "la razón de mi voto", en el que explicaba
porqué votar por José Hilario López.
Allí expuso lo que debía ser un gobierno liberal, y
su propuesta se convirtió en el "ideario liberal", que
concentra las ideas de los más connotados pensadores
liberales: Ezequiel Rojas y Vicente Azuero.

En 1842, José Eusebio Caro escribió una
carta a José Rafael Mosquera, que terminó por
convertirse en los lineamientos centrales del partido
conservador. Rafael Núñez fue el gestor del
movimiento de la Regeneración, el cual determinó 50
años de la historia de Colombia, produjo la
Constitución de 1886 cuyos principios perduraron hasta la
Constitución de 1991.

La Regeneración desencadenó toda una serie
de pasiones y luchas por parte de comerciantes, terratenientes e
industriales. Las fuerzas políticas formaron en diversas
trincheras: el partido liberal dirigido por los radicales, el
partido nacional de Núñez y Caro, el conservatismo
dirigido por Marceliano Vélez y Carlos Martínez
Silva. La Regeneración fue también un movimiento
contra el partido liberal. Núñez y Caro lograron
amarrar al partido liberal con el régimen aprobado por la
constitución de 1886 que organiza el territorio nacional
bajo el principio de "centralización política y
descentralización administrativa". Los liberales terminan
por dividirse entre partidarios de una oposición
pacífica y los de una oposición armada contra la
Regeneración.

Núñez y Caro, y su movimiento de la
Regeneración, tenían como propósito
fundamental liquidar al partido liberal, y fortalecer el
régimen conservador acabando con las libertades
democráticas y fortaleciendo el régimen
unipartidista. En 1892, el partido liberal se encuentra sumido en
una profunda crisis, agravada por las divisiones internas. La
convención de 1897, deja al partido aun más
postrado, al ceder en su lucha de más de 40 años en
cuestiones económicas, la libertad religiosa y la
separación iglesia-Estado. El partido afronta una crisis
ideológica, política, popular, y militar. El
régimen conservador aviva las divisiones liberales, los
desafía para la guerra, y así, debilitados los
liberales son derrotados en la Guerra de los 1000 días, lo
que trae como consecuencia el fin del partido liberal del siglo
XIX. Los últimos años del siglo XIX, muestran un
partido liberal en descomposición, y un partido
conservador consolidado y dueño del poder.

El siglo XIX no es prolijo en realizaciones y progreso
del país. Luchas intestinas, políticos corruptos y
defensores de los intereses de terratenientes y poderosos, dejan
el país ad portas del siglo XX atrasado, débil,
indefenso, además de humillado por la pérdida de
Panamá.

Finalizando el siglo XIX, entra en escena en la vida
nacional, la modernización capitalista. Ello trae la
industrialización, las masas obreras,
centralización de la política, desplazamiento de
valores tradicionales, enfrentamiento entre ideas tradicionales
dominantes e ideas modernizadoras. Las fuerzas conservadoras de
orden tradicional condenan las ideas de orientación
liberal, y muchos aspectos y valores modernos. Los curas
prohíben leer El Espectador, El Tiempo, e incluso revistas
como Colombia, dirigida por un conservador pero con una tendencia
modernizante.

Durante el siglo XX el régimen territorial
imperante será el derivado de la Constitución de
1886, salvo algunas reformas de 1945, 1968 y 1986. Los
departamentos se erigen y organizan fundamentalmente como
circunscripciones electorales, sin criterios de unidades
económicas, geográficas, culturales, sociales o
históricas lo cual explica sus actuales dificultades para
ser intermediarios entre la nación y los municipios y
garantes efectivos del desarrollo humano regional.

Pese a lo anterior, es necesario señalar que los
partidos políticos en Colombia, tanto los tradicionales
como los recientes, tienen grandes semejanzas y coincidencias
frete al tema de la necesidad de que el país avance en la
consolidación de la descentralización
administrativa, política y fiscal, y en la
autonomía de las entidades territoriales. Tal vez podemos
decir, que ha tenido mas peso la situación
económica, política, cultural, geográfica,
ambiental y social de las regiones, que la ideología
partidista a la hora de la implementación de las formulas
descentralistas.

El Partido
Liberal

En los últimos 25 años el partido liberal
colombiano ha liderado de manera importante el desarrollo de la
descentralización. Desde el Congreso de la Republica, la
Presidencia y los Ministerios, así como también
desde las Alcaldías y Gobernaciones, el liberalismo ha
hecho importantes contribuciones. Vasta señalar
protagonistas de este proceso como son Jaime Castro, Cesar
Gaviria, Luís Carlos Galán, Ernesto Samper.
Más atrás en el tiempo encontramos a Rafael Uribe
Uribe, Jorge Eliécer Gaitan y Carlos Lleras Restrepo como
lideres de la descentralización y del fortalecimiento de
los gobiernos municipales y departamentales.

3.1. La plataforma ideológica liberal y la
descentralización.

En su plataforma ideológica se pueden encontrar
los siguientes aspectos relacionados con el fortalecimiento de la
descentralización y la democracia local:

• El Partido Liberal Colombiano es el partido del
  pueblo, tiene carácter pluralista y constituye una
  coalición de matices de izquierda, cuya misión
  consiste en trabajar por resolver los problemas
  estructurales, económicos, sociales, culturales y
  políticos, nacionales y regionales, mediante la
  intervención del Estado.

• El Partido Liberal Colombiano tiene su razón
  de ser en la promoción del ser humano y la defensa de
  los derechos fundamentales de las personas, entre otros, el
  derecho a la vida, a la libertad, a la salud, al trabajo, a
  la educación, al desarrollo cultural, a la equidad,
  incluyendo la de género, a la solidaridad, a la libre
  asociación y a un desarrollo social sustentado
  fundamentalmente en la educación y la salud
  públicas.

• Para el Partido Liberal Colombiano, el Estado y la
  economía están al servicio de los seres
  humanos.

• El Partido Liberal Colombiano está
  comprometido con la defensa y promoción de las
  comunidades regionales y locales, la evolución de sus
  propias culturas en un ambiente de pluralidad étnica y
  un medio ambiente sano con Servicio públicos a costos
  razonables que satisfagan sus necesidades básicas, en
  especial, vivienda digna, así como condiciones
  democráticas que garanticen su desarrollo
  autónomo en armonía con el de la nación.
  El Partido Liberal Colombiano está convencido de que
  la autonomía regional y local favorece la democracia y
  garantizan la unidad y el desarrollo equilibrado del
  país.

• El Partido Liberal Colombiano apoya y promueve las
  organizaciones sindicales de la ciudad y del campo, las
  organizaciones de empresarios, al igual que las instituciones
  de economía solidaria.

• El Partido Liberal Colombiano defiende y promueve el
  uso racional y sostenible de la biodiversidad, la
  profundización en las investigaciones del genoma
  humano y el acceso de toda la población a los bienes
  tecnológicos, científicos y
  culturales.

• El medio ambiente será parte integral de la
  concepción que el Partido tenga del desarrollo
  económico.

• El Partido Liberal Colombiano se compromete a buscar
  la solución de los conflictos existentes en el seno de
  la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de
  la deliberación, la concertación y la
  negociación política, entendiendo estos
  procesos como el desarrollo de una función de Estado
  que debe materializarse en formas económicas,
  políticas y sociales que hagan posible la
  reconciliación.

• El Partido Liberal Colombiano promoverá el
  liderazgo juvenil y la participación directa de los
  jóvenes en los procesos políticos que deciden
  los destinos del país, para contribuir al
  fortalecimiento del sistema democrático y la
  renovación política.

• El Partido Liberal Colombiano abandera la defensa
  irrestricta de los Derechos Humanos y del Derecho
  Internacional Humanitario. Ningún atropello a ellos
  podrá hacerse en Colombia a nombre del
  Partido.

• El Partido Liberal Colombiano ha reconocido y
  reconoce el papel que juega la economía de mercado en
  el proceso económico y social. Este reconocimiento
  está en un todo de acuerdo con los postulados de la
  Internacional Socialista. El Estado impulsará y
  promoverá dicha economía de mercado
  garantizando siempre la igualdad de oportunidades para todas
  las personas. El Partido se compromete, así mismo, a
  promover la competencia entre las empresas, a combatir y
  regular los monopolios y las posiciones dominantes en los
  mercados, de manera especial, en el de los medios masivos de
  comunicación social. El Partido Liberal Colombiano
  defiende el principio fundamental tanto mercado como sea
  posible, tanto Estado como sea necesario, en contraste con
  las formulaciones neoliberales que promueve el
  capitalismo.

• El Partido Liberal Colombiano profundizará el
  proceso de democratización interna. Así mismo,
  promoverá programas de capacitación para
  fortalecer sus líderes y el establecimiento de canales
  de comunicación con la comunidad y con la militancia
  del Partido.

• La afiliación del Partido Liberal Colombiano
  a la Internacional Socialista lo vincula a las corrientes del
  pensamiento contemporáneo. El ingreso a dicha
  organización debe servir a los países
  latinoamericanos como vehículo necesario para que los
  gobiernos del mundo regidos por la socialdemocracia, ayuden a
  obtener los resultados concretos en la lucha por la igualdad
  entre los países. Tales resultados deben significar
  una mayor y más justa participación en el
  comercio internacional, el acceso a la ciencia, a la
  tecnología y al capital que permita un desarrollo
  económico a bajos costos.

• El principio de la función social de la
  propiedad ha sido y continuará siendo bandera del
  Partido Liberal Colombiano.

• Para el Partido Liberal Colombiano, la
  globalización no puede significar que los
  países desarrollados impongan a los países en
  desarrollo sus intereses comerciales, financieros y
  culturales. En este sentido, el Partido se compromete a
  trabajar con intensidad por una economía global
  debidamente regulada.

• El Partido Liberal Colombiano promoverá, en
  el marco de las relaciones internacionales, la
  integración regional, el respeto por la
  autodeterminación de los pueblos, la no
  intervención y la prevalecía de la justicia
  social sobre los intereses particulares. Igualmente,
  promoverá el desarrollo integral de las zonas de
  frontera.

• El Partido Liberal Colombiano propenderá por
  una sociedad y una economía que estén en
  función del pleno empleo y por la realización
  de una seguridad social integral para todos los
  habitantes.

• El Partido Liberal Colombiano manifiesta con firmeza
  que Colombia sólo alcanzará su madurez
  democrática y la paz, cuando se recuperen los valores
  éticos en el comportamiento social de los individuos,
  empezando por los dirigentes de los partidos
  políticos, de la empresa privada y de las
  organizaciones sociales. En consecuencia, declara una lucha
  frontal contra la corrupción.

• El Partido Liberal Colombiano es el partido del
  libre examen, de la tolerancia, y en sus deliberaciones
  internas practicará la crítica y la
  autocrítica

3.2. Las posiciones liberales en el Congreso de la
Republica

En los últimos años, el partido liberal ha
sido ambiguo frente al tema de la descentralización. Nos
referiremos a algunas situaciones particulares que ratifican esta
idea:

En primer lugar, sobre el tema de regalías y su
reforma este partido expresó su aprobación al
proyecto de acto legislativo que estaba en trámite en
octubre, y que buscaba la distribución de esos recursos
para todo el país.

"En mi condición de vocero del Partido, hemos
decidido votar positivamente el acto legislativo de
regalías, porque consideramos que es un esfuerzo
importante para la distribución de esos recursos para todo
el país, buscamos bienestar y equilibrio sano para que
haya una inversión más óptima de los
recursos de la Nación", senador Álvaro
Ashton.

 "Lo que nosotros pedimos es que se haga justicia
con las regiones productoras, que no las vayan a despojar de sus
recursos. Santander, por ejemplo, está recibiendo 164 mil
millones de pesos anuales y esperamos cerca de 212 mil millones
para 2011. Hemos propuesto una fórmula para partir de ese
piso. Si se hacen esos ajustes y modificaciones votaré
positivamente, de lo contrario tendré que expresar la
inconformidad. Creo que vamos a llegar a un buen punto de
concertación, si las cosas se dan vamos a votar
positivamente", senador Honorio Galvis.

 "Vamos hacer unas modificaciones de fondo que no
están claras en el proyecto, que no pierdan las regiones
su autonomía, que tengan más control. Estamos
aburridos de que se roben la plata y vengan a defender las cosas
porque son dizque de las regiones, lo que está en el
subsuelo es de todos. Se que va haber modificaciones y sé
que vamos aprobar el acto legislativo", senador Camilo
Sánchez Ortega[13]

Entre otros aspectos, "esta reforma a los
artículos 360 y 361 de nuestra Constitución 
establece un Fondo de Ahorro y Estabilización en el
exterior con el propósito de  ahorrar en tiempos de
vacas gordas un porcentaje importante de esos recursos, para
utilizarlos en las épocas de vacas flacas. Se
destinará un 10% del total de regalías a financiar
los Fondos de Pensiones Territoriales, igual porcentaje a los
proyectos de ciencia y tecnología que presenten las
entidades territoriales y no más del 30% al Fondo de
Ahorro en el exterior que administrará el Banco de la
República, pero cuyos titulares son los entes
territoriales.

El resto de los recursos se destinará a un Fondo
de Competitividad Regional, que a su vez tendrá un Fondo
de Compensación Regional con el que se busca 
priorizar la inversión social y en infraestructura en los
departamentos más marginados y con mayores índices
de pobreza del país, entre los cuales están los
ubicados en las costas Caribe y Pacífica y los de
fronteras, por lo cual el Norte de Santander se verá
favorecido de manera clara en esta nueva distribución
regional. En pocas palabras, se trata de que los millonarios
recursos que se reciben por concepto de regalías no vayan
únicamente a los departamentos productores y marginalmente
a los no productores, sino que a través de estos fondos se
destinen a todas las regiones, preservando eso sí una
ventaja a los productores y además dejando claro que estos
ingresos en su totalidad seguirán perteneciendo a las
entidades descentralizadas y de ellos no se podrá apropiar
la nación. Es decir, no habrá raponazos a
departamentos y municipios como si se presentaron con la reforma
a las transferencias. En el texto se han tomado todas las
precauciones para evitarlo. Estos fondos que se crean y
manejarán recursos importantes serán administrados
por unos Comités en los que departamentos y municipios a
través de sus gobernadores y alcaldes serán
mayoría frente al gobierno
central"[14].  

En segundo lugar, respecto al proyecto de acto
legislativo de sostenibilidad fiscal, el partido liberal
emitió un comunicado en 24 de noviembre de 2010 en el que
señaló:

• 1. ". El Partido Liberal Colombiano comparte el
  espíritu del proyecto que busca que el país
  tenga un presupuesto equilibrado y unas finanzas
  públicas sanas, pero no coincide con la idea de
  cambiar la Constitución Nacional como mecanismo para
  lograrlo.

• 2. El Partido Liberal le ha insistido al
  Gobierno que este mismo propósito se puede alcanzar a
  través de la Ley de Regla Fiscal que se ha venido
  debatiendo y que el liberalismo apoya, sin necesidad de
  introducir un cambio estructural a la carta política
  como el que se contempla en la
  iniciativa…..

• 3. El liberalismo no puede acompañar al
  Gobierno en esta iniciativa, y así se lo ha hecho
  saber el Director de la colectividad al Presidente de la
  República, Dr. Juan Manuel Santos, porque atenta
  contra los derechos económicos y sociales de los
  colombianos, recorta los alcances de la Acción de
  Tutela, va en contravía del estado social de derecho
  consagrado por la Constitución de 1991 que el
  liberalismo defiende y debilita la rama judicial y
  legislativa del poder público.

  Es una controversia conceptual e
ideológica de fondo que nos debe permitir con ánimo
constructivo, llegar a una solución que garantice este
propósito de sostenibilidad fiscal sin vulnerar los
derechos alcanzados por nuestros ciudadanos ni modificar el
estado social de derecho previsto en la Constitución del
91"[15].

Por su significado en el proceso de
recentralización que ha vivido el país en los
últimos años, es importante tener en cuenta las
consideraciones del partido liberal en torno al proyecto de acto
legislativo 169/06 cámara, 011/06 senado "por medio del
cual se modifican los artículos 356 y 357 de la
constitución política" reformatorio del sistema
general de participaciones. El partido liberal, entonces, en
ejercicio de la oposición al gobierno, expreso en la
ponencia:

"El Congreso de la República en 1986 y la
Asamblea Nacional Constituyente en 1991 avanzaron en un marco
institucional proclive a la autonomía territorial,
permitiendo que las regiones participen equitativa y
democráticamente de la riqueza nacional a través de
un sistema de transferencias ligado a los Ingresos Corrientes de
la Nación. El gobierno esta proponiendo, ni más ni
menos que romper este principio de participación
democrática y equitativa de las regiones en la riqueza
nacional, bajo un argumento de defensa fiscal de la
Nación. En realidad esta discusión plantea una
disyuntiva de concepción de modelo de Estado, el gobierno
en defensa del centralismo político y en consecuencia
económico; y el liberalismo en defensa de la
descentralización y la equidad en la búsqueda de un
desarrollo regional equilibrado. La descentralización
territorial en Colombia, constituyó una decisión
política con la cual se pretende generar las condiciones
para la construcción de una democracia participativa en
todo el territorio nacional. Se equivocan quienes consideran que
la descentralización es un mecanismo para hacer más
eficiente el gasto.

La eficiencia del gasto territorial solo se logra,
después de consolidado un proceso democrático y no
antes; por esto no pueden ser de recibo los intentos de
recentralización del gasto con argumentos de eficiencia.
Tampoco lo son aquellos que pretenden justificar esa
centralización del gasto argumentando la corrupción
en las entidades territoriales, basados en un incremento de la
percepción de la corrupción generada precisamente
por la posibilidad de control directo de las autoridades, que
genera la descentralización. Por lo anterior, es necesario
que el Congreso de la República y la sociedad en general
tomen una serie de decisiones y medidas encaminadas a profundizar
el proceso de descentralización y que no pueden ser
tratadas aisladamente, porque hacen parte del mismo
propósito, construir una democracia participativa desde el
territorio, que es en donde la participación es real y
efectiva. Consideramos necesario desvirtuar los efectos negativos
planteados por el Gobierno Nacional, en caso de no modificar el
Acto Legislativo No. 1 de 2001, o como se propone, conservar la
formula de vínculo entre los ingresos corrientes y las
participaciones territoriales.

Inestabilidad en el monto de recursos a girar porque
depende del ciclo económico. Si bien es cierto
que con el vínculo entre SGP e ICN, la
participación dependería del ciclo
económico, ello no se debe considerar un efecto negativo
en sí mismo, sino una consecuencia lógica, cuando
los ingresos crecen la participación debe crecer y cuando
los ingresos caen, la participación debe caer. Asegurar
una fórmula diferente haría un proceso de
descentralización inequitativo, en donde solo la
Nación debía asumir los costos de las recesiones.
Por otra parte, el Gobierno Nacional refuerza el argumento de la
estabilidad afirmando lo crítico que fue el proceso en
1999, cuando la recesión llegó a su máximo
nivel. Es importante anotar que esa circunstancia solo se
presentó en un año durante un periodo de más
de 10 años de la formula Constitucional y solamente
representó, en promedio, una caída del 10% de las
participaciones, lo cual es perfectamente manejable con una
adecuada planeación financiera y presupuestal. Afirma
adicionalmente el Ministro de Hacienda, que el régimen
transitorio del Acto Legislativo No. 1 de 2001, le ha dado a las
entidades territoriales seguridad y estabilidad en los recursos,
lo cual no es cierto, dado que nunca durante la vigencia de la
Constitución de 1991, fueron sometidos a un reparto a
cuenta gotas1 de los recursos impidiendo una adecuada
programación presupuestal al no saber cuantos son los
recursos que le corresponden.

Limita el cumplimiento de las coberturas puesto que
la posible variabilidad de los ingresos no permitiría
cubrir completamente el gasto recurrente. Ni las
proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni las de los
analistas económicos hacen prever que el nivel de ingresos
del Gobierno Nacional, caerá a niveles tales que pueda
reducir las participaciones, afectando de forma considerable la
continuidad de las coberturas de los servicios públicos y
sociales esenciales que son de competencia de las entidades
territoriales. Por otra parte, si como se plantea en este
documento, se evalúan y reforman la totalidad de fuentes
de financiación territorial, se podrán prever los
mecanismos que garanticen la continuidad y la ampliación
de coberturas en búsqueda de coberturas universales,
máxime si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento
poblacional según las primeras informaciones del DANE,
censo 2005 ha estado disminuyendo. Además, si el Gobierno
Nacional plantea conseguir coberturas universales, disminuyendo
el crecimiento de las participaciones, qué impide que con
su crecimiento, se consigan los mismos objetivos, pero ejecutando
el gasto en el nivel al que le corresponde, es decir, el
territorial.

Asimetría del ingreso y el gasto que genera
desequilibrio fiscal que incide en un manejo fiscal sostenible y
por lo tanto la estabilidad macroeconómica de la
Nación. Esto afecta la dinámica de crecimiento de
los ingresos tributarios, generando menores participaciones.
No existe evidencia, de que el desequilibrio fiscal sea generado
por las participaciones territoriales, máxime cuando el
Gobierno Nacional Central proyecta gastos en funciones
territoriales en proporción igual o superior al recorte
del crecimiento de las participaciones.

Elevación de las tasas de interés,
debido a las mayores presiones fiscales, reduciendo la
inversión y la afluencia de flujos de capital externo, lo
cual se traduciría en desaceleración de la tasa de
crecimiento económico y en un mayor nivel de
endeudamiento. Podría ocurrir, pero el problema no es
éste, sino el tamaño de la deuda. Estas opciones
solo se presentarían en caso de recesión, pero de
forma más grave si se desligan las participaciones de los
ingresos, dado que el Gobierno Nacional tendría que
recurrir a un mayor endeudamiento para mantener el valor
constante de las participaciones.

Aumento en los riesgos de elevar los niveles de
pobreza y los índices de desigualdad, por efecto de los
ciclos de recesión económica. Los ciclos de
recesión económica ameritan tomar medidas
excepcionales, lo que no se justifica es tomar medidas
permanentes de carácter Constitucional para una etapa del
ciclo económico, que no es de carácter permanente.
Por último, es necesario llamar la atención del
Gobierno Nacional en relación con las declaraciones que
sobre el tema del Acto Legislativo No. 169/06 Cámara,
011/06 Senado viene presentado a los medios de
comunicación, con lo cual podría generar
algún nivel de pánico económico, cuando lo
que se está planteando es que el gasto que pretende hacer
desde el nivel nacional lo realice a través de las
entidades territoriales que son las titulares de las competencias
en materia de servicios públicos y sociales
básicos.