La rendición de cuentas, control permanente y evaluación de resultados
CAPÍTULO UNO
Antecedentes
La rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a su cargo la responsabilidad de manejar recursos económicos para destinarlos a los programas sociales, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y no sólo de los servidores públicos, y porque éstos no cumplen con una obligación legal de proporcionar la información correspondiente que se les solicita.
Es sabido por todos que en el caso particular de Oaxaca, los gobiernos anteriores impunemente han saqueado las arcas públicas sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto, ya que la impunidad es descarada y simplemente no hay responsables a quienes se les aplique la ley, sean procesados y decomisados sus bienes para que el estado recupere los fondos desviados que tanto reclaman nuestras poblaciones rurales y semi-urbanas que son los que más lo necesitan.
La impunidad es recurrente y esta percepción está fundamentada, por ejemplo, entre la propia clase política, unos a otros se acusan de corruptos, pero ninguno es, ni se siente culpable, es decir, se curan en salud mental y moral. Así pues, falta mucho por hacer, pues siempre se justifica a un porcentaje alto de servidores públicos de niveles cumbres en la pirámide estructural, sin que se les procese y se les aplique la ley, por la falta de controles veraces, eficientes y oportunos.
El intento de presentar estas propuestas tiene por finalidad impugnar porque se mejoraren los procesos de control, vigilancia y cuentas claras en los ordenamientos públicos, que permitan lograr metas satisfactorias, que cumplan en alto porcentaje su objetivo y que se logre la confiabilidad que debemos tener los ciudadanos y que se fortalezca así el procedimiento de rendición de cuentas, para que se logre mejorar y eficientar la calidad del gasto público.
Pretendemos que se implementen reglas claras que ordenen, agreguen y comuniquen de forma ágil y sencilla los resultados de las evaluaciones de desempeño que sean permanentes en el sector oficial, para fortalecer su uso e implementación por parte de los servidores públicos que toman decisiones con respecto al destino de los programas sociales, que como veremos más adelante satisfacen menos del 70% como máximo.
CAPÍTULO DOS
Diagnóstico
Existen un conjunto de programas sociales que si bien cuentan con una adecuada calidad en su diseño y reportan buenos avances en su cumplimiento de metas, presentan bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria (en rangos que van desde 0.58% a 43.17%).
Estos programas son una muestra clara de la dispersión de esfuerzos por parte del gobierno federal para dar una respuesta integral a problemas sociales relevantes, tan es así que en el año 2102 operaron 1,548 programas sociales en total.
Debido a su bajo nivel de cobertura, existen programas que no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen. Por tanto, recomendamos hacer una revisión integral de la política social del gobierno federal, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas sociales recibirán un incremento presupuestal sustantivo para incrementar significativamente su cobertura para el ejercicio 2013 y sucesivos, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes o desaparecerlos por inoperantes.
La evidencia del INDEP 2012 indica que son 16 programas (17.97%) los que reflejan la "Dispersión de la Política Social" del gobierno federal. Entre ellos se encuentran programas dirigidos a combatir la pobreza rural, indígena y/o de género, tales como el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras (57.54%), el Programa Albergues Escolares Indígenas (48.14%), Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) (42.41%), Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (42.17%), o el Programa Fondos Regionales Indígenas (41.93%), entre otros. Muchos de estos programas presentan coberturas de su población potencialmente beneficiaria menores al 10%.
El presupuesto para el año fiscal 2012 fue de 8 mil 997 millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos nueve pesos ($8,997´449,909.00). Esto significa que 2.26% del total del presupuesto de todos los programas sociales sujetos a reglas de operación y otros de subsidio están asignados actualmente a programas con una alta dispersión que no tienen posibilidad alguna de resolver significativamente el problema público que atienden en sus actuales condiciones.
CAPÍTULO TRES
Propuesta
Al aprobar el presupuesto de cualquier programa público los diputados se convierten en corresponsables de su desempeño y de su correcta aplicación. En el presupuesto de egresos 2012, la Cámara de Diputados aprobó (cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cinco millones de pesos 38.42% del total del presupuesto de los programas de subsidio) a programas que, de acuerdo con los resultados del INDEP, presentan graves problemas de opacidad. Para evitar que se siga asignando el presupuesto a ciegas, La Cámara de Diputados Federales está obligada a introducir candados de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2013 a los 74 programas presupuestarios mencionados que actualmente presentan esta misma condición.
En términos presupuestarios, estos programas se caracterizan por haber alcanzado un Nivel Óptimo de Desempeño bajo sus actuales condiciones de implementación y presupuestales. Por lo tanto, se recomienda preservarlas y, en algunos casos, incrementarlas hasta alcanzar una cobertura del 100% de su población potencialmente beneficiaria.
Para los casos en los cuales las coberturas son ya del 100%, los incrementos presupuestales sólo deben darse en proporción al crecimiento de su población potencialmente beneficiaria. Cualquier incremento superior a dicho criterio es también un uso ineficiente de recursos públicos, si no están plenamente justificados. 16 de los 89 programas analizados (17.97%) se ubicaron en la categoría de "Dispersión de la Política Social" del gobierno federal.
En sus actuales condiciones de implementación y presupuestales, estos programas no pueden aspirar a resolver el problema público que les dio origen en razón de sus muy bajos niveles de cobertura. Por lo tanto, se recomienda al Congreso hacer un llamado al Ejecutivo Federal para realizar una revisión integral de su política social, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento presupuestal sustantivo para incrementar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes, así como los que DEBEN desaparecer. Por lo que concluyo:
1. En una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio general obtenida por los 89 programas considerados en el INDEP 2012 fue de 67.30% De este total, 27 programas resultaron reprobados en su desempeño (30.33%).
2. En comparación con la edición anterior del Índice, la calificación promedio general del INDEP cayó 1.26 puntos (esto es, de 68.56% en 2011 a 67.30% en 2012). El número de programas reprobados aumentó significativamente, de 12 en el año 2011 a 27 en 2012.
3. De los 89 programas evaluados, el INDEP demuestra que 16 alcanzan un Nivel de Desempeño Óptimo, es decir, que están contribuyendo de forma significativa a resolver el problema público que les dio origen. Éstos tienen un presupuesto conjunto de ochenta y tres mil setecientos veintiún millones doscientos veintidós mil pesos, es decir, el 21.03% del total del presupuesto de los programas sociales para el año 2012.
4. De los 89 programas evaluados, son 16 que representan el (17.97%) los que integran la categoría de "Dispersión de la Política Social" del gobierno federal. Debido a sus bajos niveles de cobertura, estos programas no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen. Se recomienda al Congreso de la unión hacer un llamado al Ejecutivo Federal para realizar una revisión integral de su política social, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento presupuestal sustantivo para incrementar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes. Los programas de esta categoría de desempeño poseen un presupuesto de ocho mil novecientos noventa y siete, cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, es decir, el 2.26% del total del presupuesto de los programas sociales para el año 2012.
5. Existen graves problemas de opacidad en la forma en la que el Ejecutivo Federal informó al Congreso y a los ciudadanos sobre los niveles de desempeño de los programas sociales. El 45.40% (74 de 163) de los programas sujetos a reglas de operación y otros de subsidio son opacos y representan ciento cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cinco millones, doscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos, es decir 38.42% del total del presupuesto que La Cámara de Diputados aprobó y el Ejecutivo ejerció para este tipo de programas durante el año fiscal 2012. Esto es particularmente grave ya que de 2011 a 2012 se observa un incremento de sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco millones de pesos asignados a este tipo de programas (de ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve millones, quinientos setenta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos; en 2011 a ciento cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cinco millones, doscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos en 2012).
6. En suma, el 55.21% (90 de los 163) de los programas sociales del gobierno federal, que representan el 40.7% del total del presupuesto asignado en 2012 a este tipo de programas, están bajo una de dos condiciones: a) No se puede estimar su desempeño debido a su opacidad, o b) No tienen posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan.
No podemos seguir gastando recursos económicos del erario federal a la ligera, sin antes realizar un programa integral y serio, donde se tomen en cuenta todas las variables, que continúen incidiendo en opacidad y que no cumplan con los objetivos para los que fueron establecidos los programas sociales. La transformación que demanda el país sólo podrá lograrse con un gobierno responsable que esté a la altura de las delicadas circunstancias que prevalecen, y convoque a la sociedad y a sus instituciones a instrumentar una transición pactada para construir desde la legalidad y la modernización de un México que debe ser productivo, democrático y justo, comprometido con el desarrollo económico sustentable para todos. Muchas gracias.
CAPÍTULO CUATRO
Referencias
Índice de desempeño de los programas públicos federales (INDEP2012)
GESOC es miembro de la Red por la Rendición de Cuentas www.rendiciondecuentas.org.mx, ©GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C. Primera Edición 2012.
Información completa del estudio y su base de datos en www.indep.gesoc.org.mx
CONEVAL, "Construyendo un Sistema de Evaluación del Desempeño para el Desarrollo Social", mimeo.
"Ley Federal de Entidades Paraestatales", Diario Oficial de la Federación, México, 14 de marzo de 1986.
"Ley General de Desarrollo Social", Diario Oficial de la Federación, México, 20 de enero de 2004.
"Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", Diario Oficial de la Federación, México, 30 de marzo de 2006.
"Ley General de Desarrollo Social", México, 2006 em>>.
"Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", Diario Oficial de la Federación, México, 12 de diciembre de 1976.
CONAPO 2008
Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes 2005
OCDE. 2010 para México, ENOE 2010
Autor:
Carlos Roberto Martínez Gómez
15/05/2013
COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE OAXACA A. C.