Velasco: el pensamiento vivo de la revolución (página 4)

A partir de allí, liquidado el poder de la
oligarquía azucarera, la Reformo Agraria ha ido creando
relaciones de justicia social para los hombres que pueblan
nuestros campos. Solo los ilusos y los mal intencionados
podrían haber supuesto que un cambio de tal envergadura no
acusara defectos, no encontrara problemas. Siempre supimos que
habría deficiencias y errores. Nunca ignoramos que
habría defectos de aplicación. En unos casos las
dificultades son atribuibles a la voracidad de los terratenientes
que intentan violar la ley. En otros, ellas se deben a la
incomprensión de algunos de los propios funcionarios
estatales impreparados para entender el sentido de un gran cambio
social como el que la Reforma Agraria supone. Y en otros, a la
distorsión y al revanchismo con que algunos intentan
tergiversar una medida de justicia para pretender convertirla en
instrumento de desquite y de venganza.

Todas estas dificultades están siendo superadas a
lo largo del proceso de aplicación de la Reforma Agraria.
Pero el señalamiento de los errores jamás puede
hacer perder en nada la inmensa significación
histórica que en un país como el nuestro tiene el
haber atacado al fin los males profundos y ancestrales que
hundieron en la miseria y la explotación a millones de
peruanos.

Quienes hoy interesadamente levantan polvareda de
protesta porque creen ver afectados de manera objetable los
intereses de contadas personas que por añadidura
jamás conocieron la pobreza de los hombres del campo,
harían muy bien en pensar, por un instante, en cuán
infinitamente mayor fue la injusticia y la miseria de millones de
peruanos ante la cual guardaron el más cómplice de
todos los silencios.

La Reforma Agraria seguirá adelante en el
Perú. Rectificará sus yerros, cualesquiera que
sean. Pero será indesviable el propósito de
acelerar su marcha para cumplir el objetivo de crear un
ordenamiento de justicia dentro del cual la tierra, en todos los
ámbitos de nuestra patria, sea de quien efectivamente la
trabaja. No desconocemos la pequeña y mediana propiedad.
Pero no permitiremos que a través de subterfugios de
pretendido formalismo legal se viole el espíritu de la
Reforma Agraria y se burle su esencia de medida
justiciera.

En los últimos años la reforma agraria ha
transformado radicalmente la estructura de la tenencia de la
tierra. Corrigiendo la extremada desigualdad en la
distribución de riqueza, destruyendo el poder
económico de la vieja oligarquía terrateniente
costeña y decretando la desaparición definitiva del
latifundio en el Perú. Con esta medida hemos satisfecho la
ancestral demanda de nuestro pueblo por un orden de justicia en
el campo y, al hacerlo, hemos sentado las bases de nuevas
relaciones de poder económico para las grandes
mayorías rurales de nuestra población. Medida de
tan grande envergadura, en un país donde
prácticamente el 50% de su población
económicamente activa trabaja la tierra, implica
necesariamente la modificación vertebral de la sociedad en
su conjunto. Y aquí, precisamente, radica el
carácter más profundamente revolucionario de la
reforma agraria.

LOS BONOS

Otra tendencia central de la ley,
íntimamente vinculada a la naturaleza de las mayores
necesidades del país en su conjunto, es el énfasis
que ella pone en la reorientación de los recursos de
capital hacia la industria, como parte del esfuerzo nacional
destinado a colocar al Perú en condiciones ventajosas
frente al reto que plantea es esfuerzo de
industrialización dentro del sistema de la
integración económica latinoamericana.

Desde este punto de vista, es muy importante que se
comprenda cabalmente la significación de la Ley de Reformo
Agraria, como instrumento estimulador del proceso de
industrialización en nuestro país. La ley, en
efecto, abre muy grandes perspectivas a la inversión
industrial a través del incentivo que significan nuevas
empresas forjadoras de riqueza y creadoras de trabajo. Estas
nuevas y amplias perspectivas de desarrollo económico,
plantean un reto a la capacidad empresarial y al dinamismo de la
joven industria peruana, cuyo futuro será, en gran parte,
el resultado del esfuerzo tesonero de quienes a ella dediquen
toda su energía y su talento. La industrialización
es un aspecto central del proceso de desarrollo económico
de nuestro país, y el esfuerzo industrial puede y
debe formar parte de la tarea de transformación de las
estructuras tradicionales del Perú. Luchar por la
industrialización es, por eso, luchar por el
porvenir de la nación. Y por ello, el impulso a lo
industria constituye uno de los principales objetivos de la
política de transformación del Gobierno
Revolucionario. A este fin coadyuva la Ley de Reforma Agraria, al
estimular el dinamismo del sector industrial mediante la
reorientación de los recursos hacia fines de
promoción de la industria nacional.

No se trata, pues, de destruir, sino de racionalizar el
empleo de los recursos nacionales en función de las
necesidades principales de toda la sociedad peruana.

La convertibilidad de los bonos de la deuda agraria en
acciones de empresas industriales necesarias para el desarrollo
del país, representa un enorme paso en el proceso de
industrialización al cual el Gobierno Revolucionario
brindará todas las garantías que él
requiera.

EL TRIBUNAL AGRARIO

Para decidir los posibles interrogantes de
carácter legal vinculados a la aplicación de la
reforma, funciona el Tribunal Agrario, cuya principal
responsabilidad es, la de absolver esos interrogantes con la
mayor celeridad de acuerdo al texto, al espíritu y a la
intención revolucionaria de la reforma. Miles de causas
han sido resueltas por el fuero agrario en el tiempo que lleva de
intensa actividad. Incorruptible guardián de una ponderada
pero inflexible aplicación de la Ley, el Tribunal Agrario
es el depositario de la fe de los campesinos en la justicia de su
revolución. Contra él jamás podrán
prevalecer las argucias de quienes traten de burlar la
ley.

UNA NUEVA FISONOMÍA

Por encima de inevitables errores de aplicación,
por encima de ineludibles fallas secundarias, la reforma
significa una conquista social de alto rango
histórico a través de la cual, sin violencia y sin
sangre, los campesinos del Perú han empezado, al fin, a
tener en propiedad la tierra que trabajan. Pero nunca hemos
sostenido ni la colectivización ni la estatización
del agro. En este sentido, el impulso a las formas asociativas de
propiedad y producción de ninguna manera significa rechazo
a la propiedad privada de la tierra dentro de la ley. La reforma
agraria, inspirada en los principios básicos de nuestra
revolución, estimula las formas de propiedad social de la
tierra, sin desconocer la pequeña y mediana propiedad. Por
eso las grandes haciendas expropiadas son hoy cooperativas o SAIS
donde los trabajadores gradualmente asumen a plenitud todos los
derechos de propiedad y de gestión empresarial. En una
sociedad así la riqueza y el poder no podrán ser
privilegio de nadie y, consecuentemente, el poder de
decisión, lejos de constituir el monopolio de los
privilegiados o del Estado, radicará en cada uno de sus
integrantes.

Este es el rumbo que prefiguran las grandes
transformaciones que hasta hoy hemos emprendido en el agro.
Ellas, por tanto, son los medios e instrumentos de lograr un
objetivo superior cuya conquista definitiva demandará
largos años de pacientes esfuerzos, de duro aprendizaje,
de reeducación verdadera de gobernantes y gobernados. Por
que la significación decisiva de la reforma agraria
estriba en que ella hace indispensable nuevas actitudes y nuevos
comportamientos.

La reforma agraria que esta Revolución
está realizando crea nuevas instituciones y por primera
vez en el Perú introducen modificaciones sustantivas en
las relaciones de propiedad y producción en uno de los
vitales sectores de nuestra economía.

Todas las expropiaciones y adjudicaciones de
tierras que se efectúan en la actualidad se encuadran
dentro de los lineamientos de los Proyectos Integrales de
Asentamiento Rural (PIAR), a través de los cuales es
posible emprender un conjunto de acciones orientadas al
establecimiento organizado de beneficiarios de la reforma agraria
en un área delimitada con criterio de unidad
socio-económica. Este enfoque original de la reforma
agraria peruana impulsa una nueva estructura de
organización socio-económica en el agro, fundada
básicamente en empresas asociativas que se integran en
organizaciones de grado superior, haciendo posible de este modo
enfrentar en mejores condiciones el desarrollo rural como proceso
que engloba íntegramente la vida de las sociedades
campesinas.

REFORMA AGRARIA Y
PARTICIPACIÓN

Para desarrollar todo el potencial de su verdadero
carácter revolucionario, la reforma agraria debe estimular
formas cada vez más amplias de participación
campesina en todos los niveles de su aplicación. El
objetivo final de la reforma es crear condiciones de justicia
social en el campo y desarrollar todas las formas posibles de
participación que hayan del campesino un hombre
verdaderamente libre. En el desarrollo de este proceso,
inevitablemente habrá desajustes y tropiezos. Quienes
tienen la responsabilidad de aplicar la reforma deben ser
plenamente conscientes de que tales dificultades habrán de
presentarse. El deseo de superarlas no debe ser jamás
excusa para continuar practicando un paternalismo de nuevo
cuño que la revolución rechaza en todas sus
manifestaciones.

Lo creación de una nueva sociedad campesina en el
Perú debe ser quehacer y responsabilidad de los propios
campesinos. Es preciso desterrar para siempre la noción de
que el hombre del campo "no está preparado" para resolver
sus problemas y que, por tanto, alguien debe resolverlos por
él. Esta fue, justamente, la excusa tras a cual se
incubaron en el pasado todas las formas de dominación. Si
bien es cierto que existen problemas cuya complejidad no puede
superarse sin el aporte de conocimientos técnicos
especializados que explicablemente el campesino suele no tener,
también es cierto que, en tales casos, lo que se requiere
es ayuda y cooperación verdaderas. Y si bien es verdad que
el manejo eficiente de una gran empresa agrícola
indispensablemente requiere eficiente, racionalidad,
tecnificación, disciplina de trabajo y estructura
organizativa por todos respetada, es igualmente verdad que todo
esto debe, en último análisis, basarse en la libre,
consciente y convencida aceptación de los
trabajadores.

Como obra revolucionaria que es, la Reforma Agraria
indispensablemente requiere la creciente y libre
participación de los campesinos. Para ellos se hizo y
ellos deben ser los actores principales del proceso. De otra
manera esta reforma fundamental de la revolución
sería básicamente defectuosa e
incompleta.

No queremos únicamente que el campesino peruano
mejore sus ingresos y se convierta en dueño de la tierra.
Queremos también que sea un hombre libre cuya dignidad
como ser humano se base no sólo en su acceso a la
propiedad que económicamente lo libera, sino en su
convencimiento de que posee un efectivo e inalienable derecho a
decidir en los asuntos que atañen a él, a su
familia y a su colectividad. Esta capacidad de auto
realización verdadera sólo puede desarrollarse
cuando el campesino ejercita de manera libre y
permanente su derecho a participar y a decidir. Y todo esto es
absolutamente esencial que se respete y estimule en la
aplicación de la Reforma Agraria. Porque de otra manera
ella no podrá contribuir con toda su posible eficacia a la
tarea de construir una- sociedad y un hombre nuevo, objetivo
final de la Revolución Peruana.

Mucho del destino de la revolución depende del
esfuerzo y responsabilidad de los campesinos para hacer exitosa
la reforma agraria.

QUÉ QUEDA POR HACER

La Reforma Agraria, el más vital instrumento de
transformación y desarrollo fue el comienzo de un proceso
irreversible que está sentando las bases de la grandeza
nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en
la justicia social y en la participación real del pueblo
en la riqueza y en el destino de la patria.

En su más profundo significado retomó el
sentido profundo de un esfuerzo trunco hasta hoy; el de
reivindicar al humilde campesino de nuestra Patria, respondiendo
a una demanda cuya raíz honda se afinca en nuestra
historia y cuya imagen de justicia surge de nuestro propio e
inmemorial pasado de pueblo americano.

Los campesinos del Perú han empezado
ya a ser dueños del suelo que trabajan. Para ellos el
Perú ya empieza a tener significado distinto y más
real por que lejos de seguir siendo peones de una tierra ajena a
merced de los grandes gamonales, a partir de la reforma agraria
han empezado a ser dueños verdaderos de un pedazo concreto
del Perú. Esa justicia de la reforma agraria, sin embargo,
no puede ser alcanzada milagrosamente de un día para
otro.

Los problemas campesinos no solo son problemas
económicos. Lo son también de educación, de
asistencia técnica, de salud, de comunicaciones y de
servicios, pero ninguno de ellos podría ser efectivamente
resuelto si antes que nada no se resolviera el gran problema de
la propiedad de la tierra y del agua. Por eso, la reforma agraria
que devuelve la tierra al campesino, no es el único paso
que habremos de dar. Fue el primero y el fundamental. Sin
embargo, otros pasos también tendrán que darse. Y
ello ya empieza a ocurrir en todos los ámbitos del
Perú. Al final, no tendremos un campesino
desposeído, sino un campesino dueño de la riqueza
que su esfuerzo produce; libre, a quien la Patria le reconoce el
derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de
justicia dentro de nuestra sociedad en la cual ya nunca
más será como hasta hoy, ciudadano disminuido,
hombre para ser explotado por otro hombre.

Pero la modificación profunda de la estructura
tradicional de la propiedad agraria no puede completarse de la
noche a la mañana. Hay un proceso que la ley contempla y
que debe ser respetado.

Por eso resulta curioso que quienes dieron una
conservadora ley de reforma agraria en favor de los
latifundistas, sean quienes hoy reclaman que todo se haga con una
precipitada e irrazonable velocidad que, justamente, haría
fracasar esta reforma que es el comienzo de la
transformación social de nuestro pueblo.

Seria un acto supremo de irresponsabilidad echar todo a
perder por precipitaciones sin sentido, ahora que la reforma
agraria está ya en marcha.

Los campesinos hoy no tienen la promesa, sino la
realidad de una reforma agraria verdadera. De una reforma agraria
que devuelve la tierra a quienes realmente la trabajan; que
destruye el latifundio; que da impulso a las comunidades
campesinas.

Los campesinos en nuestro país, han sufrido las
más grandes injusticias en esta tierra que siempre
debió ser suya. Con ellos se ensañaron los
gamonales, los tinterillos, las autoridades. Se les
insultó y se les humilló. Y todo esto mientras en
el Perú se hablaba de democracia y libertad.

La vida en el campo ya ha empezado a cambiar. Los
campesinos que murieron defendiendo su tierra no se sacrificaron
en vano. Sus luchas no han sido estériles. La reforma
agraria responde al clamor de justicia de todos aquellos
y el derecho de los más necesitados. La Ley de
Reformo Agraria da su respaldo a esa gran masa de campesinos que
forman las comunidades indígenas que, hoy abandonando un
calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable se
llaman Comunidades Campesinas.

Hoy los campesinos deben organizarse para hacer
oír su voz, su protesta, sus necesidades. Luchar por lo
que ya es suyo. La reforma agraria se ha hecho fundamentalmente
para ellos. Nada la debe detener.

Sabemos que aún existen funcionarios que
continúan sirviendo a quienes hasta ayer fueron los
únicos dueños de la tierra. Esos funcionarios, esas
autoridades, engañan a los campesinos quienes deben
ayudarnos a saber quiénes son y dónde están.
Porque ellos no tienen cabida en un gobierno que debe mantenerse
siempre al servicio del pueblo y jamás volver a ser
instrumento de los opresores y de los poderosos.

CAMPESINOS Y TÉCNICOS

Un problema de fondo en el desarrollo de la reforma
agraria y, por tanto, en el desarrollo mismo de la
revolución, es el que toca, específicamente, al
delicado problema de las relaciones entre los campesinos y
obreros agrícolas por un lado, y los administradores y
técnicos, por otro.

Sobre su comportamiento suele aún gravitar la
forma que sus relaciones tuvieron en el pasado, cuando el papel
de unos y otros tenía un carácter fundamentalmente
distinto al que ahora tiene.

Hasta el advenimiento de la reforma agraria, los
campesinos y obreros eran asalariados de una gran empresa que no
les pertenecía y frente a la cual, con evidente justicia,
se situaban en una explicable relación de oposición
y lucha. Los técnicos y administradores, por su parte,
eran en realidad también asalariados, pero ocupaban una
posición muy diferente en todas las empresas, gozaron de
diversas ventajas y privilegios y, frente al campesino y al
obrero, aparecían como intermediarios y representantes
patronales. Todo esto explica que los campesinos y obreros
tendieran a considerarlos, en el fondo erróneamente, como
adversarios en su lucha desigual contra el patrón. No es
de extrañar, por eso, que entre ambos grupos,
generalmente, se dieran formas conflictivas de
relación.

La situación que explicablemente originó
aquellas relaciones conflictivas, ha terminado definitivamente
con la cooperativización de las antiguas haciendas. Pero,
explicablemente también los comportamientos
característicos de tales relaciones no pudieron terminar
cuando súbitamente desapareció la situación
que los originaba. En el comportamiento de los grupos
señalados continúa gravitando, aunque en forma
progresivamente más débil, la imagen de un
conflicto que, sin tener ya base real de existencia tiende a
persistir por algún tiempo, como realidad
sicológica en la conducta de técnicos y campesinos,
de obreros y administradores por igual. Sólo cuando unos y
otros comprenden con claridad todo el significado de la nueva
situación que ahora vive, se habrá empezado
verdaderamente a resolver uno de los problemas más
importantes que todavía dificultan el funcionamiento de
las nuevas grandes empresas agrícolas.

Lo anterior significa que es falaz la noción de
que sólo los campesinos y obreros deben educarse en la
práctica de la reforma agraria. También, y por
igual, deben hacerlo los administradores y los técnicos.
Más aún, deben asimismo hacerlo los funcionarios
estatales quienes tienen la responsabilidad de comprender, acaso
mejor que nadie, el verdadero significado de esta reforma como
cambio social profundo, constructivo y creador, orientado a
remodelar la totalidad de la vida campesina, pero a partir del
reconocimiento efectivo de que son los trabajadores quienes deben
gradualmente asumir la responsabilidad de decisión sobre
todos los problemas de sus empresas.

Tal responsabilidad supone centralmente reconocer que
los trabajadores tienen deberes que no pueden ignorar. En primer
lugar, los trabajadores de todos los niveles deben comprender que
su trabajo es decisivo para el éxito permanente de las
empresas agrícolas que ya les pertenecen. En segundo
lugar, los trabajadores deben ser conscientes de que sus empresas
son obra de esta revolución porque ella las hizo posible
recogiendo una demanda de justicia que nosotros hemos cumplido,
pero que no quisieron cumplir quienes en el pasado, traicionaron
a los campesinos, pactaron con los grandes "barones del
azúcar" y los terratenientes, y hoy, en el
presente, obedeciendo a la misma actitud proditora y
antirrevolucionaria, continúan alentando todas las formas
de entorpecimiento al proceso de la reforma agraria En tercer
lugar, los trabajadores deben comprender que el destino de la
Reforma Agraria está unido al destino de la
revolución que las creó. Por eso, su respaldo al
proceso revolucionario es, en final de cuentas, respaldo a la
Reforma, respaldo a sus propias empresas.

Finalmente, en cuarto lugar, los trabajadores del agro
deben reconocer con claridad todo lo que hay implícito en
el hecho de ser hoy propietarios de gran parte de las tierras
más ricas de un país, como el nuestro, en el cual
viven cientos de miles de otros campesinos en medio de la
más grande e injusta pobreza y hacia quienes, por tanto,
tienen un deber moral y de justicia que, como peruanos, no pueden
ignorar. La reforma agraria, lejos de contribuir a la
perpetuación de las diferencias económicas y
sociales del campesinado, debe ser un medio para que
desaparezcan.

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA

Constituye la más grande y representativa
organización campesina de toda nuestra historia. Ella
deberá contribuir al gran esfuerzo que estamos realizando
para lograr la verdadera liberación de los sectores
campesinos que han sufrido por siglos el flagelo de la
expoliación y la miseria.

Por primera vez en nuestra historia surge una gran
organización representativa de los trabajadores del campo,
el sector más numeroso de la nación peruana y el
que fuera más profundamente explotado por el sistema
injusto contra el cual insurgió nuestra revolución.
La creación de la Confederación Nacional Agraria
tiene, por todo esto, una gran importancia
histórica para el Perú y su
Revolución.

Así nuestro pueblo descubre que puede organizarse
libremente para ejercer de manera autónoma y directa su
capacidad de decisión sobre problemas y situaciones que
afectan su propia vida y su destino. Todos tenemos mucho que
aprender en este orden de cosas. Porque ni gobernados ni
gobernantes hemos estado acostumbrados nunca a que el pueblo
organizado participe para ejercer el poder de decisión.
Sólo tenemos en este orden de cosas el ejemplo luminoso de
las comunidades campesinas Ellas en efecto, supieron, por encima
de la más grande adversidad, conservar el legado
inmemorial y extraordinario del viejo imperio incaico y de una
más antigua cultura comunal auténticamente
democrática y libre.

Todo esto nos enseña que no es preciso, y que por
el contrario sería pernicioso, organizar aparatos
intermediarios de control o partidos oficiales que regimenten la
vida ciudadana pasa seguir haciendo de la política el
ejercicio de la intermediación. Nuestra Revolución
aspira, como hemos señalado tantas veces, a crear un
ordenamiento social participacionista. Queremos que un día
el pueblo del Perú hable directamente por sí mismo.
Aspiramos a construir una verdadera democracia social de
participación plena, alejada de cuanto han predicado los
caudillos de la política tradicional.

El mensaje fundamental de esta Revolución es, de
este modo, algo radicalmente nuevo en el Perú. Estamos
realizando un proyecto político-social de alto rango
histórico. No lo manchemos con los vestigios de lo que
siempre fue la política criolla. Elevémonos a la
altura de esta gran responsabilidad histórica de hacer en
el Perú una sociedad en verdad nueva para un hombre nuevo.
Y tengamos conciencia de que nuestra Revolución plantea
nuevos rumbos, crea nuevos ideas, origina nuevas instituciones,
Porque en todo esto se encierra una también fundamental
dimensión de grandeza de nuestra Revolución. Ella
no es, en efecto, tan sólo las conquistas de sus grandes
reformas sociales y económicas. Ella es también el
conjunto de sus definitorias formulaciones ideo políticas
que representa el norte orientador de todo lo que
hacemos.

Comunidad
laboral, propiedad social y Estado

El desarrollo de una gran política
económica participacionista, expresada primero en la
Reforma Agraria y después en la Ley de la Comunidad
Laboral, culminó con la creación del Sector de
Empresas de Propiedad Social. Aquí se expresa de manera
cabal el planteamiento participacionista de la Revolución
Peruana en el campo de la economía. Históricamente,
esta medida representa el paso tal vez más decisivo de la
Revolución. Al iniciarse la organización de este
prioritario sector económico, surge un elemento
radicalmente nuevo en nuestro país. Por primera vez fuera
de la economía agraria, empezarán a existir
empresas de propiedad directa de los trabajadores socialmente
organizados. Así, a las formas asociativas de propiedad de
la tierra y a las formas cogestionarias de propiedad de las
empresas no agrícolas, se agrega ahora una nueva
institucionalidad económica, las empresas de propiedad
plena de sus trabajadores.

Estas tres grandes reformas estructurales obedecen a la
misma orientación de pensamiento económico y
social. Y las tres persiguen conquistar un mismo objetivo: la
sustitución de la economía capitalista por una
economía de participación. Cuando se consolide y
avance más aún el desarrollo de estas medulares
transformaciones de la Revolución Peruana, la
fisonomía de nuestro país habrá cambiado de
manera profunda e irreversible. Para entonces, millones de
peruanos tendrán lo que nunca tuvieron en el pasado y que
desde ahora ya empiezan a tener el disfrute efectivo de la
riqueza que su trabajo crea y el acceso al control de los medios
de producción. Todo ello ejercido a través de
formas de propiedad que estimulen comportamientos solidarios y no
individualistas, de acuerdo a un esquema de organización
económica radicalmente distinto al que prescriben los
modelos estatistas que nuestra revolución
rechaza.

Como expresión culminante de esta fundamental
orientación participacionista, el desarrollo del Sector de
Propiedad Social demandará readecuaciones y reajustes en
todo el aparato del Estado. Desde ese punto de vista, nadie debe
olvidar una verdad a todas luces evidente: el Estado tradicional
se organizó para servir las necesidades del viejo sistema
económico, social y político que la
Revolución está transformando de raíz. Es
obvio que un Estado de esta naturaleza no pueda satisfacer las
necesidades que plantea el reordenamiento profundo e integral de
nuestra sociedad, objetivo central de la Revolución. En
consecuencia, es absolutamente indispensable reorientar y
reestructurar todo el aparato del Estado, tal como fue planteado
en el Manifiesto Revolucionario de 1968. Un nuevo ordenamiento
socio-económico, un nuevo cuadro de relaciones de poder,
un nuevo sistema de propiedad, en suma, una nueva sociedad,
requiere un nuevo tipo de estructura estatal.

En el Estado se concreta y vertebra la institucionalidad
surgida de la situación social y económica de un
país. Cuando esa situación se transforma es
indispensable que las nuevas realidades creadas por esa
transformación se expresen institucionalmente de manera
distinta en un Estado que no puede ser el tradicional. Y todo
esto requiere un nuevo orden jurídico y un nuevo derecho
en los cuales también halle expresión la nueva
realidad que surge de la Revolución y sus grandes
transformaciones.

En tanto esa meta fundamental de la Revolución no
sea conquistada a plenitud, el aparato del Estado, desde ya, debe
empezar a responder a las exigencias que plantea el desarrollo
prioritario del Sector de Propiedad Social. Los sectores
estatales vinculados a la creación y al fortalecimiento de
las empresas de Propiedad Social, deben reajustar su
organización y reorientar sus acciones para servir a este
propósito esencial. Ellos son, desde ahora, por tanto,
responsables de que ese reajuste y esa reorientación se
implementen de manera inmediata.

Esto tiene particular relación con los sectores
económicos, responsables principales de impulsar el
desarrollo de las empresas de Propiedad Social. Poco
ganaríamos con unas cuantas empresas importantes en el
nuevo Sector, y poco también con muchísimas
pequeñas empresas sin gravitación económica.
Lo esencial es crear y desarrollar el mayor número posible
de poderosas empresas del nuevo Sector en los ámbitos
más importantes de nuestra economía. Sólo de
esta manera el aparato económico en su conjunto
será modificado y empezará a tener un
carácter verdaderamente participatorio. No se trata, pues,
de crear apariencias y desarrollar pequeños o aislados
casos ejemplares. Por el contrario, se tata de forjar, con el
máximo de celeridad, un poderoso sector que gravite
decisivamente en toda la economía nacional. Si queremos
una economía no privada ni estatista, sino de
participación, tendremos que apoyar con todo nuestro
empeño a las empresas de Propiedad Social en las
áreas económicas más importantes del
país.

Desde otro punto de vista, será también
indispensable que los sectores más directamente
comprometidos en esta tarea contribuyan con todo su esfuerzo a la
preparación intensiva de nuevos cuadros gerenciales y
administrativos que garanticen la eficacia económica de
las empresas del nuevo Sector. Aquí se presentarán,
sin duda, difíciles problemas. El Perú no cuenta
con todo el personal calificado necesario para enfrentar las
demandas de su desarrollo económico. De allí que,
indispensablemente, una tarea prioritaria de la
Administración Pública sea la de capacitar, con
eficiencia y prontitud, al mayor número de elementos
directivos de alto y medio nivel en las empresas del Sector de
Propiedad Social.

LA COMUNIDAD INDUSTRIAL

La comunidad industrial es fundamentalmente una
institución de participación, una
institución que hace posible la intervención
directa de los trabajadores en la vida total de la empresa, en la
propiedad, en las decisiones, en el futuro de la riqueza generada
por todos; y tiene un significado esencial como elemento
básico de lo nueva sociedad industrial que la
revolución quiere construir en el Perú.

En efecto, el Gobierno Revolucionario considera que, en
último análisis la fuente final de la riqueza es el
trabajo y que, concretamente, el excedente económico
generado en el proceso productivo, se debe conjuntamente a los
dos factores de la producción. Desde este punto de vista,
el sueldo o el salario representan, además del pago de un
servicio, el reconocimiento del derecho del hombre que trabaja a
la satisfacción de sus necesidades, pero no la
retribución del trabajo en cuanto factor esencial de la
producción. De este modo, la participación del
trabajo en la riqueza que el proceso productivo genera, debe
necesariamente ser un medio de dar acceso, no sólo a un
ingreso adicional inmediato y momentáneo, sino,
fundamentalmente, a un patrimonio capaz de generar una riqueza
adicional de carácter permanente. Por esta razón,
las leyes revolucionarias en el sector industrial establecen la
Participación del trabajo en las utilidades, en lo
dirección y en la propiedad de las empresas. En
países pauperizados como el Perú, donde las
inmensas mayorías no pueden ahorrar, desconocer este punto
de vista y sostener que, el ahorro, y no el trabajo, es el
generador de la riqueza, significa mantener indefinidamente la
pobreza y el atraso de los grandes sectores sociales marginados
y, por ende condenar al país en su conjunto, a una eterna
situación de subdesarrollo. En consecuencia, la
legislación industrial del Gobierno Revolucionario respeta
todas las conclusiones derivadas del principio de reconocer la
plenitud de derecho que otorga al trabajo la circunstancia de ser
uno de los factores esenciales en la producción de
riqueza.

Este es el planteamiento doctrinario que sustenta la
idea de la comunidad industrial.

La comunidad industrial, ha de traducirse en
incalculables ventajas de orden económico y social para
los trabajadores. Sin embargo, no se trata únicamente de
que ellos perciben beneficios económicos a través
de la Comunidad Industrial, ni tampoco de que participen en la
dirección de la empresa para defender sus beneficios y
contribuir a su desarrollo; se trata, principalmente, de
estimular la forja do la nueva personalidad que el trabajador
irá adquiriendo al no ser ya más un simple
asalariado, sino el verdadero creador de una comunidad humana que
él pueda sentir verdaderamente suya.

LAS EMPESAS ESTATALES

Un campo de potenciales problemas importantes es el que
se refiere a la acción de las grandes empresas estatales.
Existe el peligro de que ellas se sigan conduciendo de manera
totalmente tradicional.

Los ministerios dentro de cuyos sectores operan estas
empresas y los funcionarios que las dirigen, tienen la
fundamental responsabilidad de darles una fisonomía
completamente diferente. Si la Revolución suscribe una
posición participacionista, en esa posición debe
basarse el comportamiento de las empresas del Estado. Su
conducción vertical y jerarquizada, que niega la
participación real de quienes en ellas trabajan, conduce
inevitablemente a la excesiva concentración de la
capacidad de decidir y a la ausencia de control efectivo en el
funcionamiento empresarial.

Todo esto, unido a la perniciosa tendencia hacia las
altas remuneraciones, contribuye necesariamente a profundizar las
diferencias entre los propios trabajadores del Estado. La
concentración de poder, el carácter no
participatorio y el afianzamiento del virtual privilegio de
quienes ganan sueldos excesivos, todo esto propicia el
surgimiento de intereses creados y refuerza el gran peligro de la
burocratización. Al amparo de todo ello se crean
condiciones favorables a la inmoralidad y al enriquecimiento de
una alta burocracia que medra con grave daño para el
Perú. El Gobierno Revolucionario no puede permitir que
cristalice una situación de esta naturaleza. Es preciso
contrarrestar las tendencias negativas. En esto se juega, en
verdad, mucho del destino de nuestra Revolución. Por todo
esto, las empresas del Estado deben en nuestro país ser
ejemplo de eficiencia, de honradez, de no burocratización
y de acción realmente participatoria. De no ser
así, estaremos actuando en contra de los propios
principios de la Revolución. Tenemos, pues, que ser
inflexibles en el propósito de cambiar radicalmente el
carácter de las empresas estatales. E inflexibles
también en la decisión de castigar ejemplarmente
cualquier brote de inmoralidad en la administración
pública.

LA PROPIEDAD SOCIAL

En la base misma del planteamiento revolucionario
está la noción fundamental de que una
posición no capitalista y no comunista debe concretarse en
empresas económicas basadas en la propiedad directa de los
trabajadores y no en la pro piedad privada, propia del
capitalismo, ni en la propiedad estatal, propia de los
regímenes comunistas. La creación del sector
económico de Propiedad Social nos alejará por igual
da los regímenes que privilegian dichas formas de
propiedad y nos alejará también de los sistemas
políticos que se basan en ellos.

En este sentido, la Propiedad Social resulta ser
críticamente importante para nuestra Revolución. Su
existencia compromete la esencia misma del proceso
revolucionario. Porque la médula de un planteamiento
participatorio, vale decir, verdaderamente democrático,
como el nuestro, hace indispensable lo creación de formas
económicas que sean también democráticas y
participatorias. Y esas formas no pueden ser otras que
aquéllas en las que se consagra La propiedad de las
empresas por parte de sus propios trabajadores.

La Propiedad Social de los medios de producción
expresa con fidelidad la opción política
fundamental de la Revolución Peruana. Frente al
capitalismo, no tenemos objeciones puramente adjetivas. Nuestra
recusación compromete la esencia misma de este sistema. La
producción social de la riqueza y su apropiación
individual o privada -y aquí radica esencialmente la
racionalidad económica del capitalismo- siempre
habrá de generar inevitablemente injusticia y desigualdad.
Manteniendo un sistema así será imposible eliminar
la explotación del hombre por el hombre. Y sería
imposible también, en consecuencia, construir un
ordenamiento de justicia social. El Perú ha experimentado
el sistema capitalista durante más de cien años. Y
sus resultados están a la vista: subdesarrollo y
dominación económica extranjera;
concentración monopólica del poder económico
y político; marginación de las grandes
mayorías nacionales; subordinación a los intereses
imperialista. Dentro de él nuestro país nunca
podría dejar de ser lo que fue en el pasado, y lo que es
aún en el presente.

Más, la sustitución de la propiedad
privada por la propiedad estatal no resuelve, a nuestro juicio,
los problemas fundamentales que enrostramos al capitalismo: la
concentración de poder se mantiene; la inaccesibilidad de
los trabajadores al poder de decisión continúa; la
alienación del hombre que no tiene control sobre la
riqueza que su trabajo genera, persiste. Y, además, el
monopolio del poder económico y político por parte
de una burocracia partidaria que controla el Estado se traduce
inevitablemente en regimentación e intolerancia. Esto
tampoco queremos para el Perú.

¿… porqué
prioritario?

El sector de propiedad social será prioritario en
la economía peruana en el sentido de que recibirá
preferente atención del Estado en el otorgamiento de apoyo
técnico y financiero. La razón de esta prioridad
deriva del hecho de que ese sector económico expresa con
fidelidad la opción política de nuestra
revolución. Más no que la propiedad social
represente una forma de estatismo disfrazado. Negral al futuro
sector de Propiedad Social esta forma de apoyo efectivo
sería, en los hechos, negarle toda posibilidad real de
existencia. Sin embargo, los mecanismos financieros del Estado
darán únicamente el impulso inicial al Sector de
Propiedad Social. Luego las empresas del sector
financiarán por si mismas sus actividades. En
ningún momento esos organismos financiadores
dirigirán las empresas ni serán sus
dueños.

…los que se oponen

Sabemos muy bien que no todos los que se oponen a la
existencia del Sector de Propiedad Social son reaccionarios y
enemigos de los cambios socio-económicos en el
Perú. Como en el caso de toda idea nueva, hay quienes se
oponen a esta iniciativa de la Revolución simplemente
porque desconocen lo que ella significa y, en consecuencia, no
comprenden su extraordinario valor para nuestro pueblo. Pero esto
no significa desconocer el hecho de que la oposición
política al Sector de Propiedad Social surge de los grupos
conservadores cuyos intereses económicos están en
juego. En nombre de esos intereses tales grupos defienden la
continuidad del sistema capitalista con el mínimo posible
de alteraciones. Aquello tampoco significa desconocer el hecho de
que esa posición también surge de los grupos
comunistas que autoritaria y por lo tanto conservadoramente
sostiene que toda la economía del país debe ser
controlada por el Estado.

Lo que muchos detractores de la Propiedad Social no
confiesan, es que se oponen a ella para defender sus intereses y
los intereses de los grupos nacionales y foráneos que
siempre dominaron nuestra Patria, monopolizando sus recursos y
llevándose su riqueza al extranjero. Unos y otros para
encubrir esta verdad de fondo no vacilan en engañar, en
deformar, en tergiversar la realidad y las intenciones del
Gobierno Revolucionario. Tampoco vacilan en invocar el legado
valorativo y moral del cristianismo y de occidente, como si fuera
lícito invocarlo para defender la continuidad de la
injusticia, del abuso, de la discriminación; o para
impedir que quienes nunca tuvieron acceso a la propiedad empiecen
a tenerlo bajo formas solidarias y libres, gratas, justamente, a
lo mejor y a lo más perdurable de la tradición
histórica de occidente y al mensaje moral del
cristianismo.

La
revolución y el ejercicio de la
política

Hacer una revolución, transformar un país,
construir el futuro de un pueblo, reivindicar la soberanía
de una nación y recobrar la auténtica independencia
de una patria, todo esto es político, en el alto e ilustre
sentido del vocablo. Eso está haciendo la Fuerza Armada
del Perú, eso es lo que estamos haciendo quienes hoy
gobernamos en su nombre. No estamos haciendo política
subalterna. No estamos haciendo política partidaria. No
estamos haciendo proselitismo político en el sentido
peyorativo y tradicional del vocablo. Pero sí estamos
ejerciendo docencia política, elevada y en función
de la Patria.

Al asumir le responsabilidad de gobernar, asumimos
también inevitablemente une misión
política.

La política de una Revolución implica
también el uso de un nuevo lenguaje, que no es el de la
simulación, del eufemismo, del rodeo, sino, por el
contrario, un lenguaje directo, limpio, accesible o todos. Que no
trate de engañar ni de confundir, sino de esclarecer, de
tornar indubitable la posición revolucionaria de quienes
gobiernan.

Todo está siendo logrado dentro de un nuevo
estilo de acción política que parte de nuestra
filiación humanista y libertaria. Gobernar es
también hacer permanente docencia política. Muchas
veces puede surgir la tentación de actuar
drásticamente imponiendo criterios y obligando a que los
demás piensen como nosotros. Tal vez de actuar así
se lograrían muchas cosas con mayor rapidez y con menor
dificultad. Pero en tal caso a la larga habríamos
contribuido a eternizar las formas de conducta política
que caracterizaron a todos los regímenes conservadores del
pasado. Tenemos que ser siempre pacientes y siempre tolerantes,
hasta los propios límites compatibles con la seguridad de
la obra que estamos realizando.

Sabemos demasiado bien que muchas veces no es posible
alcanzar todo lo que querernos. Sabemos demasiado bien que a
veces es necesario esperar mejores condiciones y mejores momentos
para conquistar nuestros objetivos. Pero también sabemos
demasiado bien que jamás desviaremos el rumbo nacionalista
de nuestra revolución. Ella persigue como meta final de
sus esfuerzos, la edificación de un nuevo ordenamiento
socio-económico en el Perú, libre de las lacras
abominables del subdesarrollo y de la dominación
económica extranjera. Y esa meta nunca será perdida
de vista por nosotros.

Esa meta final es la que sirve de orientación a
la política general del Gobierno de la Fuerza
Armada.

Resulta por entero comprensible que aún persistan
la incredulidad y el escepticismo en este país donde tanto
se traficó con las promesas y donde la politiquería
sustituyó a la política. Aquí precisamente
radica una de las grandes culpas y responsabilidades de quienes
contribuyeron deliberadamente a la corrupción de nuestras
instituciones representativas y de esa democracia en cuyo nombre
se comerció con las aspiraciones de un pueblo abnegado
cuyo único delito fue creer en quienes habrían de
engañarlo. Y hoy no estamos haciendo política en el
sentido tradicional de la palabra. No estamos bajo la influencia
de ningún partido. Pero gobernar y dirigir una
revolución es tarea de carácter político,
como lo es resolver los problemas económicos y sociales
del país y como es, en verdad, asumir una posición
valorativa frente a los grandes interrogantes de nuestra compleja
realidad. Para superar la profunda crisis en que se
debatía nuestra patria fue indispensable asumir el poder
político. Y un nuevo concepto respecto de su ejercicio.
Conservarlo sigue siendo indispensable para garantizar que
nuestros grandes postulados de transformación nacional se
realicen en forma integral e irreversible.

EN LO ECONÓMICO

Todo el conjunto de realizaciones de la
revolución descansa en la básica solidez de nuestra
economía que ya ha logrado su plena activación una
vez superados los efectos de largo alcance que produjera la
devaluación monetaria de 1967 y, en general, el
carácter mismo del manejo de la economía durante
toda la etapa pre-revolucionaria.

Ha continuado desarrollándose con éxito la
firme política de reorganizar progresivamente la
conducción de las finanzas públicas. El esfuerzo
interno ha permitido que, paralelamente con los profundos cambios
estructurales y la recomposición gradual de la
distribución de la renta nacional, se dé un
crecimiento significativo del producto bruto interno. Nada de
esto ha afectado la fuerte posición de nuestras reservas
internacionales que en la actualidad superan los 500 millones de
dólares.

Si bien los recursos financieros externos, en forma de
créditos, no nos llegan de los organismos internacionales
de los que somos socios, por razones políticas y por
influencias alejadas de la ética de la cooperación
internacional, los países acreedores de nuestra deuda
externa se han comprometido dentro del Grupo Consultivo del Banco
Mundial, organizado para el Perú, a financiar parte
importante del costo de proyectos ya preparados o en vías
de ser terminados. A esto se suma un aporte considerable de
créditos obtenidos en la Unión Soviética, en
China y en los países de Europa Oriental que constituyen
apreciable refuerzo a nuestra capacidad de desarrollo
independiente.

Todo el sistema financiero nacional está hoy en
condiciones de cumplir su función de apoyo a la actividad
empresarial estatal, privada, reformada y de propiedad social. A
medida que se vayan definiendo los conceptos sobre los nuevos
sujetos de crédito en el vasto campo de la propiedad
social, nuestro sistema financiero irá cubriendo
progresivamente sus necesidades de desarrollo.

Una medida de trascendental importancia en el campo
financiero dispuso la regulación total por el Estado del
movimiento de divisas y la obligación de repatriar y
vender las tenencias y depósitos de moneda extranjera que
poseyeran las personas naturales y jurídicas en el
exterior. Esta decisión se adoptó en momentos en
que la situación de la balanza de pagos, el incremento
sustancial de las reservas internacionales, el positivo
desenvolvimiento de las finanzas públicas, la liquidez de
la economía y la sólida estabilidad de nuestro
signo monetario, era circunstancia propicia para regular el
mercado de giros sin las repercusiones negativas que, bajo otras
condiciones, podrían haberse derivado de una medida de
esta naturaleza.

El Gobierno no podía expectar pasivamente la
creciente especulación observada en el mercado de giros ni
la salida injustificada de capitales al exterior, porque
así se privaba el país de la riqueza generada con
el esfuerzo de toda la sociedad y la utilización de
recursos nacionales.

Ni podía aceptar que parte del ahorro interno
sirviera para sostener economías foráneas,
obligando al Perú a buscar estos recursos por lo
vía de préstamos que muchas veces se obtienen
sólo en condiciones onerosas.

El sistema bancario ha sido también modificado de
manera fundamental. La banca de desarrollo estatal ahora juega un
papel preponderante que antes nunca tuvo.

Un paso importante en el desarrollo de la
política de peruanización de la Banca se refleja en
el hecho de que sólo el 6% de su capital está en
poder de extranjeros y en la circunstancia de que las cuatro
sucursales de la banca extranjera existentes en el país no
influyen en la captación masiva del ahorro y en cambio
están obligados a mantener líneas de crédito
en monedas no peruanas, canalizándolas directamente al
Banco de la Nación.

Esta medida significa, por un lado, que el movimiento de
moneda extranjera no estará ya sujeto a la
especulación ni a los criterios de interés personal
o de grupo. Bajo el control del Estado, él servirá
sólo para atender las necesidades del desarrollo del
país. Y, por otro, que las transacciones internas
se harán únicamente utilizando el sol peruano que
de este modo ha recobrado su verdadero valor de moneda
nacional.

En esta forma, el Banco de la Nación tiene
fundamental importancia para nuestro desarrollo nacional, porque
significa que los grandes recursos del Estado ya no
continuarán siendo manejados en provecho particular por
los dueños de la Banca Privado, sino servirán
exclusivamente para beneficio de todos los peruanos representados
por el Estado.

Por otra parte, el deber de cautelar los ahorros del
público confiados a una institución bancaria del
país y la necesidad de evitar su absorción por la
banca extranjera, llevaron al Gobierno Revolucionario a decretar
la adquisición, por parte del Banco de la Nación,
del 85% del capital accionario del Banco Popular del Perú.
Este medida, concordante con la política del Gobierno
Revolucionario, amplia y fortalece considerablemente la capacidad
operativa de la Banca Estatal. Le otorga un poder mucho mayor
para orientar y determinar el sentido de las actividades
crediticias en el Perú y le proporciona una extendida
infraestructura de servicios que permitirá a la Banca del
Estado cubrir prácticamente todo el territorio
nacional.

La creación de la Corporación Financiera
de Desarrollo (COFIDE) tiene vital importancia para el
país, no sólo como un instrumento paro lo
reactivación económica sino también para
hacer frente al reto de la integración a nivel subregional
andina. Vigoriza lo acción empresarial, capta ahorros y
los dirige a inversiones prioritarias, a la vez que impulsa la
acción financiera empresarial del Estado y coordina las
fuentes de recursos internos y externos para la inversión,
Como organismo rector de la inversión, financiera
participará en proyectos importantes y rentables, tanto
del sector público como del sector privado y
actuará como cogestor en el accionariado de empresas
establecidas o por crearse.

A menos de cuatro años de su creación
COFIDE ya ha incursionado en el terreno de las realizaciones en
minería, petroquímica, industria manufacturera y
agroindustria.

La comercialización de los minerales y de la
harina de pescado es ahora responsabilidad estatal. Esto da al
Perú gran capacidad de financiamiento externo e impide que
ganancias y divisas salgan del país en provecho de
consorcios extranjeros.

El Estado tiene hoy el monopolio de la refinación
del petróleo y de los minerales y también el
monopolio de su comercialización y de la
comercialización de casi todos los productos que el
Perú exporta. De esta manera es toda la Nación la
que ahora se beneficia de una riqueza que antes sirvió tan
sólo firmas extranjeras y a grupos nacionales de ellas
dependientes.

El Perú entiende que la problemática
minera en el mundo de hoy se sitúa en el área
central de las relaciones entre los países que luchan por
su desarrollo auténtico y autónomo. Nadie debe
ignorar la realidad esencialmente conflictiva de tales
relaciones. Porque nadie puede ignorar que ellas ponen de relieve
una profunda disparidad de intereses económicos en torno a
este problema. Será preciso una nueva visión, alta
y esclarecedora, para que todos podamos comprender que
sólo criterios de auténtica justicie pueden
proporcionar el cuadro normativo que permita dar solución
integral y duradera a esa compleja problemática que afecta
de manera directa o indirecta a virtualmente todos los
países de la tierra.

En nuestro caso, la minería reviste un enorme
interés para el país, porque el desarrollo nacional
está íntimamente ligado al desarrollo de la
minería. El sector externo de nuestra economía
dependerá fundamentalmente de la exportación de
metales con el mayor grado de procesamiento que permita nuestro
desarrollo industrial. El Gobierno Revolucionario considera
indispensable apoyar de manera decidida a la pequeña y
mediana minería, hacia la cual estamos canalizando un
crédito adecuado y para cuya promoción se
dictará una importante ley. Todo esto sin descuidar las
actividades de la Gran Minería que constituye factor de
primordial importancia en la vida económica
nacional.

Es preciso por tanto plantear la problemática
minera dentro de una perspectiva histórica y global que
permita encararla en términos de hoy, no del
pasado.

El Ministerio de Energía y Minas ha sentado las
bases para una política petrolera nacionalista, al
reemplazar el sistema de concesiones por el de contratos y al
establecer que la refinación y la comercialización
del petróleo y sus derivados son de responsabilidad del
Estado; la nueva legislación sobre hidrocarburos contiene
dispositivos destinados a estimular la concurrencia del capital
privado en las etapas de exploración y explotación.
La nueva orientación de la política petrolera
peruana, aparte de asegurar que las ganancias de la industria del
petróleo serán para el país, ya ha empezado
a dar frutos. Su sólida situación económica
ha permitido bajar el precio de la gasolina, programar
ampliaciones y realizar trabajos de prospección y
explotación.

Nuestra Empresa Petrolera se denomina
"PETRO-PERÚ", contando con un capital autorizado de cinco
mil millones de soles. "PETRO-PERÚ" ha lanzado ya al
mercado su primera línea de lubricantes.

La política nacionalista que en materia petrolera
signó desde el primer momento la acción del
gobierno, y cuyo marco normativo se fijó en el Decreto Ley
N °-177440, de febrero de 1969, ha hecho posibles los grandes
éxitos que en este campo ha tenido le revolución y
que culminaron con el hallazgo de petróleo en los pozos
perforados por Petroperú. El hallazgo de petróleo
no ha sido de ninguna manera fruto del azar, sino resultado de
una bien pensada y cuidadosa política establecida en
función de los intereses del Perú.

La nueva riqueza petrolífera
encontrada en la selva abre posibilidades insospechadas para
nuestra economía y para el desarrollo del nororiente
peruano. La concreción de estas posibilidades implica
ejecutar la obra ambiciosa y compleja de un oleoducto que debe
construirse con el esfuerzo total del país. Encontraremos
la financiación necesaria para que ese oleoducto sea
nuestro. Utilizaremos en él nuestro acero y todos los
materiales que requiera la ejecución de esta obra
fundamental para el Perú. Se ha previsto que hacia fines
de 1976 el petróleo de la selva peruana llegará a
nuestra costa para satisfacer las necesidades del mercado
internacional. De esta manera, nuestra economía se
fortalecerá con nuevas divisas y, además, con el
ahorro que supone poner término a la compra de
petróleo en otros países.

En el zócalo continental, frente o
Tumbes, se ha terminado la perforación de un pozo de gran
rendimiento que es indicación de la existencia de un nuevo
e importante yacimiento.

Esta política nacionalista no es
incompatible con la celebración de contratos para lo
explotación parcial que Petroperú aún no se
encuentra en condiciones de financiar con sus actuales recursos.
Dentro de marcos legales que garantizan la refinación y la
comercialización exclusivas por parte del Estado, la
explotación por medio de empresas extranjeras, sin riesgo
alguno de inversión para el país, representa aporte
sustantivo a nuestra economía y fuente de
financiación del desarrollo de las grandes reformas
sociales y económicas de la revolución en el
futuro.

Esta política, basada en el realismo
de una revolución que jamás se ha apartado de los
principios que definen su propia esencia, conquistó uno de
sus principales objetivos cuando el 22 de mayo de 1972
culminó el trámite legal para la traslación
de dominio al Estado de todos los bienes que la Internacional
Petroleum poseía en el Perú. La
revolución ha cumplido de esta manera con su compromiso de
reivindicar a plenitud la soberanía de nuestra Patria
frente a la acción ilegal y predatoria de una empresa
extranjera.

Esta es una conquista de la
Revolución. Si la Revolución no hubiera ocurrido
seguramente la ingente riqueza petrolífera de nuestra
amazonia estaría hoy en manos de esa Internacional
Petroleum a la cual ardientemente defendieron durante largos
años los mismos que hoy atacan o lo
Revolución.

La explotación de petróleo
por la empresa estatal creada por el Gobierno de la Fuerza Armada
da una enorme seguridad al futuro económico de nuestro
país y garantiza la exitosa continuidad del proceso
revolucionario. Esto, sin embargo, no debe conducirnos ni a la
complacencia ni a la subestimación de nuestros
adversarios. Debemos, por tanto, estar constantemente alertas. La
mejor seguridad es mantenerse preparados, porque una
Revolución jamás deja de tener enemigos.

EN LO CULTURAL Y EDUCATIVO

El logro de una verdadera autonomía
económica no sería completo sin la conquista de una
comparablemente importante autonomía cultural.

Si el Perú va a ser capaz de forjar
y afianzar una personalidad definida y propia en al mundo de hoy,
será preciso desplegar un esfuerzo muy grande en el
terreno de la educación y la cultura. Reconocer la
significación de nuestros propios valores culturales,
artísticos e intelectuales debe constituir el punto
inicial de una política comprometida a reivindicar y a
engrandecer los méritos y la gran potencialidad creadora
del pueblo peruano. Ser auténticamente libre implica, en
una dimensión fundamental, poseer una identificable y
propia personalidad cultural. Y esto no se logra sin
autenticidad, sin hundir las raíces en nuestro propia
realidad, en nuestra propia historia, en nuestra propia vida,
para de ellas forjar una manera de ser fidedignamente peruana, es
decir, una cultura que la sintamos nuestra, ni superior ni
inferior, sino diferente a la de otros pueblos que sólo
cuando la hayamos conquistado sabrán respetarnos
plenamente.

La inmensa complejidad de este propósito
jamás debe arredrarnos. Su conquista, en verdad, forma
parte sustantiva de ese gran ideal de construir un mundo distinto
y mejor, del cual con orgullo podamos sentirnos parte en la
convicción de que él habrá de ser un mundo
verdaderamente nuestro en todas las dimensiones de la vida, del
espíritu y de la obra del hombre de esta
tierra.

La política cultural de la Revolución
Peruana, se enraíza en tal convencimiento, y tiende su
decidido apoyo al estudio de nuestra realidad en sus dimensiones
de presente y pasado, a la investigación de las ciencias
sociales en su sentido más abarcador y completo, y al
análisis de los múltiples problemas que, desde la
lingüística hasta la economía, será
necesario plantear y resolver para superar definitivamente la
intolerable marginación social y cultural que ha sufrido
hasta hoy vastos sectores de nuestro pueblo.

Todo esto será preciso hacer, como aspecto
esencial del esfuerzo por crear una nueva sociedad humanizada y
justa, libre y desalienante, liberadora y culta.

Todo esto demandará de nuestro pueblo un
gigantesco esfuerzo creador, una nueva visión de sus
problemas sociales más profundos, una fecunda e
imaginativa política cultural que, aparejada a los cambios
estructurales hoy en marcha, refuerce la posibilidad de forjar
valores de una nueva moral social y de una nueva cultura en el
Perú.

De este modo, las ciencias y humanidades habrán
de jugar un papel cada vez más significativo en el futuro.
Ellas nos ayudarán a descifrar y reivindicar el viejo
mensaje de sabiduría y justicia que se encierra en ese
gran pasado del Perú aún no totalmente descubierto
y de cuya savia más iluminante queremos que se nutra
nuestro quehacer de hoy para que siempre responda con
autenticidad al destino y al ser más profundo de nuestro
pueblo.

Concebimos la problemática peruana cómo
totalidad. Esto implica tener una visión integral e
integradora de sus manifestaciones sociales, económicas y
culturales. E implica también reconocer que las relaciones
estructurales determinan en última instancia la
intensidad, la gravitación y la naturaleza de las
cuestiones fundamentales que encara nuestro pueblo. Dentro de una
perspectiva así, resulta inevitable admitir que es la
esencia estructural del ordenamiento socio-económico la
que condiciona y determina el modo de ser de los fenómenos
fundamentales que afectan a la nación peruana. Y por tanto
el punto de partida es para nosotros el reconocimiento
lúcido de cuál es el carácter definicional
de nuestra sociedad. Este carácter definicional más
profundo lo encontramos en la condición del Perú
tradicional como país dependiente y
subdesarrollado.

Todos los problemas básicos de nuestro pueblo
están referidos a esa doble raíz estructural, cuya
cancelación es el objetivo político central del
proceso revolucionario peruano. Ninguno de los problemas
fundamentales del Perú podría haber sido resuelto
en ausencia de uno acción nacional encaminada a luchar
militantemente contra el subdesarrollo y la secular
subordinación del Perú a centros foráneos de
poder. Por eso el prerrequisito de cualquier acción
solucionadora tenía que ser la puesta en marcha de un
proceso transformador que tuviese como objetivo central la
superación definitiva del subdesarrollo y la
dependencia.

Las reformas básicas del Gobierno Revolucionario
del Perú están orientadas a lograr ese objetivo
fundamental. Ellas, así mismo, responden a una
concepción de conjunto. Porque estamos convencidos de que
ningún problema de magnitud nacional en nuestro
país puede ser exitosamente resuelto de manera aislada,
sin referencia al contexto global del que necesariamente es
parte. En este sentido, precisa recordar que el modo de ser
estructural de la sociedad en su conjunto se refleja, por decirlo
así, en la realidad parcial de los elementos que la
forman.

Este carácter integral e integrador de nuestra
política es inseparable de la naturaleza revolucionaria
del gobierno que hoy rige los destinos del Perú. Muchas
veces hemos dicho, que no estamos interesados en una
política de modernización que introduzca reformas
incrementales en el ordenamiento tradicional para, en final de
cuentas conservarlo. Estamos, por el contrario, hondamente
comprometidos con una posición radicalmente distinta.
Nuestro objetivo es transformar las bases de sustentación
del sistema socio-económico tradicional. Esto supone
modificar sustantivamente las relaciones de poder
económico, político y social que prevalecieron
hasta el advenimiento del régimen revolucionario. Y supone
también poner en marcha un proceso de vastos alcances
temporales que nosotros no habremos de culminar y que será
una tarea nacional renovada y permanente a lo largo de muchos
años. Comprendemos muy bien la inmensa complejidad que
conlleva el esfuerzo de rehacer la realidad total de una
nación. Conocemos sus riesgos. Reconocemos nuestras
limitaciones. Pero por encima de todo esto están la
convicción de que esta tarea debe ser realizada y la
decisión de emprenderla venciendo todos los
obstáculos.

A esta perspectiva obedecen la formulación de la
política educacional que hoy suscribe el Perú y la
orientación de la reforma educativa que encarna esa
política. El fenómeno educacional no se desenvuelve
en el vacío; forma por el contrario, parte de la textura
más profunda y vital de nuestra sociedad.

Como cualquiera otro de los sistemas institucionales del
país, el educativo reflejó en su estructura y en su
funcionamiento las características definitorias del orden
social, económico y político del Perú
tradicional. Tal sistema fue en esencia discriminador y
selectivo, incapaz de plantear y resolver los problemas
educacionales más agudos de la inmensa mayoría de
peruanos. No es que careciera de méritos y aciertos, sino
que tales méritos y aciertos jamás alcanzaron a
cubrir ni cualitativa ni cuantitativamente, las demandas reales
de la nación peruana. Y como parte integrante de un
ordenamiento socio-económico global, el sistema educativo
tradicional estuvo diseñado para contribuir al sustento y
ala perpetuación de tal ordenamiento. Por eso de él
no podía esperarse la solución de nuestros
problemas educativos básicos, ni tampoco que se alejara
sustantivamente de la orientación que necesariamente le
impuso el orden global, del que formaba parte. Por ende, nuestra
recusación del sistema educativo tradicional es parte y
consecuencia de la recusación que hacemos de ese sistema
total de la sociedad peruana que la revolución ha empezado
irreversiblemente a superar.

La reforma educacional de la revolución aspira o
construir un sistema educativo que satisfaga las necesidades de
toda la nación, que llegue hasta las grandes masas
campesinas siempre explotadas y siempre mantenidas
deliberadamente en la ignorancia, que cree una nueva conciencia
de los problemas básicos de nuestro país en todos
los peruanos, y que contribuya a forjar un nuevo tipo de hombre
dentro de una nueva moral social que enfatice los valores de la
solidaridad, el trabajo, la creación, de la libertad
auténtica y de la justicia social como quehacer,
responsabilidad y derecho de todos y cada uno de los hombres y
mujeres del Perú.

Como toda la obra que estamos realizando, la reforma
educativa debe ser entendida a partir de su esencia procesal. Su
éxito será resultado del empeño de toda una
nación. En ello deben participar creadoramente los
estudiantes, los maestros, la sociedad toda. Porque sólo
de esta manera será posible superar definitivamente un
deformante y estrecho enfoque pedagógico. Los problemas
cruciales de la educación no son, en forma alguna,
quehacer exclusivo de la pedagogía. No se trata
únicamente de hacer enseñanza, sino
fundamentalmente de hacer nuevos hombres. No se trata sólo
de modificar las currícula y las formas de
organización. Se trata de darle un nuevo contenido a lo
educación y de reorientarla para la conquisto de objetivos
cualitativamente distintos a los que persiguiera en el pasado un
ya obsoleto sistema educativo.

Nuevos contenidos, nuevos valores de orientación,
nueva forma organizativa, nuevas finalidades, en sumo, nueva
esencia, es lo que nuestra reforma debe crear en el Perú.
Y esto supone necesariamente nueva mentalidad, nuevos actitudes,
nuevos comportamientos, es decir, nuevos hombres para conducir un
proceso cuyo médula misma tiene que ser su alta capacidad
creadora, su flexibilidad, su realismo y el compromiso profundo
con su sentido de contribución que desde el campo
educativo debe enriquecer y afianzar el proceso total de
transformaciones revolucionarias en el Perú de
hoy.

Esta reforma educativa, en extremo difícil pero
esencial para el éxito de la labor que estamos realizando
en el Perú, ya ha comenzado. Su iniciación se
inserta en el conjunto de las grandes tareas contempladas en el
Plan Nacional de Desarrollo, toma en cuenta las limitaciones
derivadas de la necesidad de emprender programas de crucial
importancia en distintos campos del desarrollo económico,
y realistamente respeta los límites que fija la
disponibilidad de recursos financieros y humanos actualmente al
alcance del país. Por su inmensa significación, la
reforma educativa debe, estar rodeada de las máximas
seguridades de éxito. Nuestros esfuerzos deben
concentrarse en la aplicación de medidas fundamentales que
tiendan a darle a la reforma una base de cimentación
sólida, profunda y perdurable. Dentro de esta perspectiva
las acciones que la reforma debe permanentemente enfatizar, son
las que tocan a los campos de lo reestructuración
administrativa y organizacional del sistema, su
modificación funcional, en base al concepto de
nuclearización, el entrenamiento y reentrenamiento de
docentes, el desarrollo de programas experimentales en diferentes
partes del país, y la preparación de nuevos
currículos y textos educativos.

La gradualidad en la aplicación de la reforma, en
manera alguna significa lentitud en su proceso. El Gobierno
Revolucionario comprende muy bien la trascendencia de esta
reforma para el presente y el futuro del Perú. Estamos
enfrentándola con un indesviable sentido de
responsabilidad, con plena conciencia de que no contamos ni
jamás contaremos con las condiciones y elementos ideales
para su cumplimiento. Nuestra formación revolucionaria nos
impide caer en el frágil terreno de las actitudes
quiméricas y de los comportamientos de ilusión.
Sabemos muy bien cuán difícil habrá de ser
mantenernos constantemente próximos, en los hechos, a las
postulaciones teóricas de la reforma. Serán
inevitables las fallas y vacíos. Nadie puede en conciencia
exigir a esperar que este grandioso esfuerzo esté libre de
ellos. Pero será indispensable tener todo esto
constantemente en el plano más alerta de nuestra
conciencia para garantizar que tales fallas y vacíos sean
cada vez menores y menos importantes. Y sobre todo, a la vista de
la real inmensidad de la obra que hemos acometido, será
preciso mantener siempre una actitud de profunda confianza en la
respuesta creadora y generosa de un pueblo que, liberado de la
múltiple explotación que lo victimó por
centurias, será a partir de hoy el estímulo, el
vigilante, el ejecutor, el elemento fundamental de su propia
transformación. El pueblo en suma, será el dador de
la sabiduría que a sus servidores y dirigentes pudiera
alguna vez faltarles.

Para nuestra reforma educativa reclamamos el
mérito de ser una formulación autónoma,
surgida de nuestra realidad para ser una respuesta a sus
más angustiosos problemas. Y en esto ella obedece
también al sentido profundo de la Revolución
Peruana como proceso de veras nuestro. Lo cual no significa, sin
embargo, desconocer nuestro compromiso con el mundo
latinoamericano del que formamos parte, ni con ese otro mundo
más vasto y problemático, que constituyen hoy todos
los pueblos que en diferentes latitudes luchan por reencontrar su
destino y afirmar su plena independencia nacional; frente a la
presión de las grandes potencias que compiten por la
hegemonía económica y política del orbe. Por
encima da la singularidad que, respondiendo a nuestra historia y
a la naturaleza de nuestra problemática de hoy, marca un
rumbo distinto y autónomo al proceso revolucionario del
Perú, somos conscientes de compartir con otros hombres y
otros pueblos un destino básicamente común en
términos de una común oposición a todas las
formas de dominio imperialista en los inseparables campos de la
economía y la política. En suma, esta
revolución tiene conciencia de la imposibilidad de ser un
fenómeno en total aislamiento y comprende muy bien el
significado de lo que ello puede implicar en la experiencia de
otros pueblos hermanos. Esto, obvio es decirlo, es consecuencia
directa del propósito nacionalista que persigue superar
todas las formas de dominio extranjero en salvaguarda de una
soberanía por nosotros ya reconquistada e
irrenunciable.