Vulneracion de los derechos de niños y adolescentes (página 2)

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Artículo 214. Competencia y
procedimiento. La jurisdicción penal ordinaria es
competente para imponer las sanciones penales, siguiendo el
procedimiento penal ordinario. El tribunal de protección
de niños, niñas y adolescentes es competente para
imponer las sanciones previstas en la sección segunda de
este capítulo, siguiendo el procedimiento previsto en el
capítulo XII de este título.

En este mismo Capítulo IX
Infracciones A La Protección Debida Referida A Las
Sanciones, en su Sección Segunda, establece una serie
hechos que vulneran los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes, desde los Artículos 220 al
247, estableciendo además las infracciones y sanciones
correspondientes, con el fin de poder garantizar la debida
Protección de cada uno de los derechos consagrados en esta
Ley, y castigar la Infracciones que violen o vulneren dichos
derechos.

TÍTULO III SISTEMA RECTOR
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES,

CAPÍTULO IX INFRACCIONES A LA
PROTECCIÓN DEBIDA. SANCIONES

SECCIÓN SEGUNDA

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 220.	Violación de derechos y garantías en instituciones.
Artículo 221.	Violación del derecho a opinar.
Artículo 222.	Violación del derecho a manifestación, reunión, asociación y sindicalización.
Artículo 223.	Violación de obligación de manutención.
Artículo 224.	Violación del derecho a la identidad.
Artículo 225.	Violación del derecho a ser inscrito o inscrita y a obtener documentos de identidad.
Artículo 226.	Violación del derecho a la educación.
Artículo 227.	Violación de la confidencialidad.
Artículo 227-a.	Violación de confidencialidad de la audiencia.
Artículo 228.	Violación de la confidencialidad por un medio de comunicación.
Artículo 229.	Entrada de niños, niñas o adolescentes a establecimientos donde se realicen juegos de envite o azar.
Artículo 230.	Alojamiento ilegal de un niño, niña o adolescente.
Artículo 231.	Transporte ilegal de un niño, niña o adolescente.
Artículo 232.	Entrega ilegal.
Artículo 233.	Omisión de información acerca de la naturaleza de un espectáculo público.
Artículo 234.	Actuación de los medios de comunicación en desacuerdo con esta ley.
Artículo 235.	Suministro o entrega de material de difusión de imágenes o sonidos.
Artículo 236.	Suministro y exhibición de material impreso.
Artículo 238.	Admisión o lucro por trabajo de niños y niñas.
Artículo 239.	Admisión o lucro por trabajo de adolescentes sin autorización.
Artículo 240.	Admisión de adolescentes sin inscripción en el registro.
Artículo 241.	Admisión y permanencia sin examen médico.
Artículo 242.	Omisión de inscripción en el sistema de seguridad social.
Artículo 243.	Obstaculización de inspección y supervisión.
Artículo 244.	Incumplimiento de lapsos.
Artículo 245.	Incumplimiento de los acuerdos conciliatorios.
Artículo 246.	Abandono o mala fe en trámites judiciales.
Artículo 246-a.	Recurso de hecho o recurso de control de legalidad malicioso.
Artículo 247.	Abstención de los consejeros o consejeras.

La Ley Orgánica Para La
Protección De Niños, Niñas y Adolescentes,
en el Título III, Capítulo IX, Sección
Tercera, desde el Artículo 248 al 252, establece una serie
de Multas que serán establecidas como sanción
según el caso que corresponda, (En el Artículo 248.
Cálculo de la multa, Artículo 249. Multas a
personas jurídicas, en el Artículo 250. Destino,
Artículo 251. Forma de pago y por último en el
Artículo 252. Plazo para cancelar). Asimismo, en la
Sección Cuarta, de este mismo capítulo, desde los
artículos 253 al 275, establece las Sanciones Penales que
han de ser efectuadas, cuando han sido vulnerados ciertos
derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.

SECCIÓN CUARTA SANCIONES
PENALES

Artículo 253	Tortura.
Artículo 254	Trato cruel o maltrato.
Artículo 255	Trabajo forzoso.
Artículo 256	Admisión o lucro por trabajo contraindicado.
Artículo 257	Admisión o lucro por trabajo de niños y niñas hasta ocho años.
Artículo 258	Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
Artículo 259	Abuso sexual a niños y niñas.
Artículo 260	Abuso sexual a adolescentes.
Artículo 261	Suministro de armas, municiones y explosivos.
Artículo 262	Suministro de fuegos artificiales.
Artículo 263	Suministro de sustancias nocivas.
Artículo 264	Uso de niños, niñas o adolescentes para delinquir.
Artículo 265	Inclusión de niños, niñas o adolescentes en grupos criminales.
Artículo 266	Tráfico de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 267	Lucro por entrega de niños, niñas o adolescentes.
Artículo 268	Privación ilegítima de libertad
Artículo 269	Falta de notificación de la detención.
Artículo 270	Desacato a la autoridad.
Artículo 270-a	Fraude en la notificación.
Artículo 271	Falso testimonio.
Artículo 272	Sustracción y retención de niños, niñas o adolescentes.
Artículo 273	Omisión de registro de nacimiento.
Artículo 274	Omisión de atención. .
Artículo 275	Omisión de denuncia.

La Ley Orgánica Para La
Protección De Niños, Niñas y Adolescentes,
establece en el Título III, Capítulo IX,
Capítulo X, Acción De Protección, describe
todo lo relacionado a la Acción de Protección, con
el fin de garantizar la debida Protección a los
Niños, Niñas y Adolescentes:

Artículo 276.
Definición. La acción de
protección es un recurso judicial contra hechos, actos u
omisiones de particulares, órganos o instituciones
públicas o privadas que amenacen o violen derechos
colectivos o difusos de los niños, niñas y
adolescentes.

Artículo 277.
Finalidad. La acción de protección
tiene como finalidad que el tribunal de protección de
niños, niñas y adolescentes haga cesar la amenaza u
ordene la restitución del derecho, mediante la
imposición de obligaciones de hacer o de no
hacer.

Artículo 278. Instituciones
legitimadas para ejercer la acción judicial de
protección. Pueden intentar la acción judicial de
protección:

A) el ministerio
público.

B) la defensoría del
pueblo.

C) el consejo nacional de derechos y
los consejos municipales de derechos de niños,
niñas y adolescentes.

D) las organizaciones, legalmente
constituidas, con por lo menos dos años de funcionamiento,
relacionadas con el asunto objeto de la acción judicial de
protección.

La República, los Estados y los
Municipios pueden intentar la acción judicial de
protección, a través del ministerio público
o la defensoría del pueblo, si éstos encuentran
fundamento en lo pedido.

Artículo 279.
Competencia. Es competente para conocer la
acción de protección el tribunal de
protección de niños, niñas y adolescentes
del territorio donde tenga o haya tenido lugar el acto o la
omisión, constitutivos de la amenaza o la
violación. Contra la decisión del juez o jueza se
admite recurso de apelación, que será conocido por
el juez o jueza superior.

CONCLUSION

Es necesario que instituciones, autoridades
y especialmente las madres y los padres, comprendan cuáles
son los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, cómo respetarlos, cumplirlos, hacerlos
válidos, y contribuir para que nuestros niños y
niñas gocen plenamente de sus derechos. Todos los
niños y las niñas deben ser tratados por igual, y
tener los mismos derechos; recibir educación, salud,
asistencia médica, cuidados familiares, sin
distinción de ninguna naturaleza, sin
discriminación basada en su condición social, raza,
sexo, origen nacional o étnico, posición
económica, impedimentos físicos, o cualquier otra
condición del propio niño, de sus padres o
representantes legales. Todas las instituciones públicas o
privadas, judiciales, administrativas o legislativas y las que
prestan servicios, deben tener presentes los derechos de los
niños y niñas, de tal manera que toda
decisión o medida debe estar dirigida a buscar la
protección integral de los niños.

Los Estados deben adoptar las medidas que
sean necesarias. La obligación del estado está
básicamente en crear condiciones a las familias en lo
social, cultural y económico, entre otras, para que
éstas puedan satisfacer las necesidades y derechos de sus
hijos. Esta obligación del estado debe ser correspondida
con la solidaridad familiar y social. El estado, la sociedad en
general, y la familia en particular son los responsables de hacer
efectivos los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

La convención sobre los derechos de
los niños y las niñas es un tratado internacional
suscrito por Venezuela y muchos otros países, que han
acordado respetar la misma ley de los derechos de la infancia, en
esta se recogen todas las obligaciones que los estados
están dispuestos a asumir por los niños y las
niñas. Por ello, existe una estrecha concordancia entre La
Doctrina de la Protección Integral, en nuestra
Constitución y con la Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente con el fin de
garantizar los Derechos a los que se ha comprometido
jurídicamente a cumplir con el fin de no permitir que se
vulneren sus derechos.