En busca de la participación comunitaria organizada. Zamurucuare

Ficha
técnica del proyecto

PROYECTO.

Plan Estratégico para la
Creación de la Unidad de Atención
Socio-Jurídica, como Modelo de Participación
Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y Fortalecimiento del
Sector Zamurucuare, Municipio Miranda Estado
Falcón.

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL
PLAN SIMÓN BOLÍVAR EN LA QUE SE
ENMARCA.

Se enmarca en la línea de la democracia
protagónica. A través de ella, es necesario que los
individuos se organicen para lograr las ventajas que otorgan las
asociaciones comunitarias; es decir, transformar su debilidad
individual en fuerza colectiva, teniendo en cuenta que el
establecimiento de la organización no implicará
menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder
originario del individuo.

En ese contexto, los ciudadanos personificarán y
ejercerán siempre los mecanismos sustantivos del poder
político, es decir, conservarán siempre su poder y
su soberanía, la cual está siempre orientada al
bienestar de todos, con los principios de igualdad y
libertad.

Visto de esa manera, el cambio debe estar orientado a
poner de relieve los elementos en común, que permitan
construir una comunidad, no individuos aislados y egoístas
atentos a imponer sus intereses a la comunidad; a esa entidad –
la comunidad – se entrega todo el poder originario del individuo,
lo que produce una voluntad general, en el sentido de un poder de
todos al servicio de todos, sustentado moral y colectivamente, lo
que obliga a que la conducta de los asociados, aunque tengan
intereses particulares, (voluntades particulares) esté
guiada por la justicia, es decir, por principios de igualdad
—única manera de fortalecer el cuerpo
político colectivo-, y de libertad.

Al considerar que la soberanía reside en el
pueblo, este puede por sí mismo dirigir el Estado, sin
necesidad de delegar su soberanía, tal como en la
práctica sucede con la democracia representativa o
indirecta, esta dirección del Estado está
indisolublemente unida a la búsqueda del bien
común, y no como en la democracia representativa en la
que, bajo la argucia de la libertad individual, con el camuflaje
de la "igualdad de oportunidades" y el acicate de la
competitividad, se legitima el interés de grupos
minoritarios contrapuestos al interés general de la
sociedad.

En el contexto precedente, la democracia participativa,
es la soberanía popular la cual se hace tangible en el
ejercicio de la voluntad general, la cual no puede enajenarse
nunca, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede
ser presentado más que por sí mismo: el poder puede
ser transmitido pero no la voluntad. La consecuencia es
lógica: si la soberanía reside en el pueblo y
éste acepta obedecer a un poder distinto, por ese mismo
acto se disuelve como pueblo y renuncia a su
soberanía.

La soberanía popular, reunida en asamblea
pública de ciudadanos, (Asamblea Constituyente) es la
única depositaria legítima del poder legislativo;
la Soberanía no puede ser representada; la voluntad no
admite representación.

Nadie puede renunciar, ni delegar su soberanía
porque pierde su libertad y su derecho a una vida digna. Esa es
la razón por la cual también la ejerce
directamente, a través de la ley (de la función
legislativa del ciudadano) y con un sentido ético.
También es la razón por la cual es indivisible e
incluso infalible, pues todos no pueden actuar en contra de sus
propios intereses comunes.

Igualmente, el ejercicio de los derechos implica la
corresponsabilidad social del ciudadano para garantizarlos
conjuntamente con el Estado, el poder político. El
funcionario público, cualquiera sea su nivel, es un simple
delegatario de poder del ciudadano.

Siendo así, el ejercicio de la soberanía
se realiza a través de la participación ciudadana
en todos los ámbitos de la actividad legislativa y en la
toma directa de decisiones para la dirección del Estado en
todos los niveles de éste: nacional, regional y local. El
ciudadano puede delegar su poder, pero no su soberanía.
Por eso, cuando el funcionario a quien delega dicha
función se aparta de ella, puede destituirlo a
través del referéndum.

Finalmente, al considerar esta línea se debe
acotar que el Desarrollo del proyecto se basó en dos de
los objetivos de la misma: 1. Construir un sector público
al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación
de la sociedad y 2. Ampliar los espacios de participación
ciudadana en la gestión pública. Nada mejor para
lograrlo que con la creación de la Unidad de
Atención Socio-Jurídica para la comunidad en
cuestión.

OBJETIVO.

Generar un Plan Estratégico para la
Creación de la Unidad de Atención
Socio-Jurídica, como Modelo de Participación
Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y Fortalecimiento del
Sector Zamurucuare, Municipio Miranda Estado
Falcón.

SUJETOS SOCIALES O ACTORES
COMUNITARIOS DEL PROYECTO.

Los actores principales del Proyecto son los propios
ciudadanos, constituidos en Consejos Comunales y Asambleas de
Ciudadanos con el firme propósito de socializar sus
decisiones y acciones colectivas para la defensa de sus intereses
frente a los organismos de la Administración
Pública, que en el presente caso están
representados por la Alcaldía del Municipio Miranda y la
Gobernación del estado Falcón, como los Entes
Rectores para lograr el bienestar colectivo del sector de
Zamurucuare. Sin embargo, también se puede contar con el
apoyo de los integrantes de las Mesas Técnicas de Agua,
Gas y energía, los Comités de Tierras Urbanas,
entre otros.

LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD,
ORGANIZACIÓN O SECTOR SOCIAL.

El Proyecto se desarrolló en la Comunidad de
Zamurucuare, parroquia San Antonio del Municipio Miranda estado
Falcón. Se localiza al sur oeste de la ciudad de Santa Ana
de Coro.

FORMAS SOCIALES DE ORGANIZACIÓN
Y PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA COMUNIDAD.

Se destacan 03 Consejos comunales, mesas técnicas
de agua, Mesas técnicas de energía y gas, consejos
locales de planificación, Casa de la Alimentación,
Centro Nutricional, Ambulatorio, Modulo Policial, Barrio Adentro,
Comités de Tierras Urbanas, Misión Mercal, entre
otros.

INSTITUCIONES PÚBLICA
INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

Se puede mencionar a la Universidad Bolivariana de
Venezuela a través de labor social y ejecución de
Proyectos comunitarios; de manera eventual también se
presenta la Alcaldía del Municipio Miranda.

Normas
relacionadas con el proyecto

En primera instancia, la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), en sus
artículos 62, 70, 118 y 184, referidos a la libre
participación y protagonismo en la Administración
Pública.

Igualmente, la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales (2009), la Ley Marco de Participación Ciudadana
y Poder Popular, sancionada en primera discusión el 16 de
Diciembre de 2009 y la ley Orgánica de
Planificación Pública sancionada en Primera
discusión el 16 de diciembre de 2009.

También se empleará Ley de tierras
urbanas, Ley Orgánica de Protección al Niño
y al Adolescente, y Código de Procedimiento
civil.

Breve resumen del
estado actual del proyecto

El presente proyecto, referido a la formulación
del Plan Estratégico para la Creación de la Unidad
de Atención Socio-Jurídica, como Modelo de
Participación Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Zamurucuare, Municipio Miranda Estado
Falcón, se inició con un proceso de reconocimiento
y sensibilización del sector mencionado para tal fin, a
través de Asambleas de Participación ciudadana,
encuentros con los integrantes de los Consejos Comunales, Mesas
Técnicas de agua, gas y energía, Comités de
Tierras Urbanas, entre otros.

Posteriormente, se aplicó una encuesta preliminar
para determinar la problemática y prioridades en cuanto a
las necesidades apremiantes del sector. En ese contexto, se
seleccionó la problemática de falta de
orientación y asesoría en los aspectos sociales y
jurídicos. Una vez seleccionada la problemática, se
efectuaron reuniones y diferentes encuentros con los actores y
sujetos sociales del Proyecto, planteándose los objetivos,
metas y formulando la propuesta requerida para darle
solución a la misma. En esta fase, se ha ido
sistematizando la experiencia y se ha hecho seguimiento y
evaluación para determinar los logros que se han
obtenido.

Visto de esa manera, el proyecto está en su fase
de diseño y generación de la propuesta, lo cual
incluye también la definición de su viabilidad o
factibilidad.

ROSA MARTE

Introducción

La experiencia histórica corrobora la estrecha
relación que existe entre: ser – hombre y vivir en
sociedad; es decir, los seres humanos, tanto hombres como
mujeres, poseen la capacidad de comunicarse racionalmente. En ese
sentido, la sociedad es, pues, el ambiente o medio natural de la
existencia humana.

Partiendo de esa premisa, Trigo (2009:1),
señala:

Se da en la vida humana un complejo y recíproco
necesitar y ser necesitado; cada individuo vive, actúa y
se realiza dentro de los sistemas o mecanismos que determinan la
estructura básica de la sociedad…estos son, al
menos, unidad de acción, cooperación,
integración y ordenación formal.

Eso significa entonces que, el sistema básico de
relaciones sociales, comporta los códigos y/o aspectos
descritos por la autora citada, en donde la integración y
el ordenamiento formal deben reflejarse en lo que se denomina en
Venezuela como participación comunitaria
organizada.

Visto de esa manera, se define la participación
comunitaria organizada como "…el conjunto de actividades,
procesos y técnicas por los que la población
interviene (de manera formal y apegado a las leyes) en los
asuntos públicos que les afectan." (Alberich, 2002:2). Con
ello se pretende lograr, que las personas involucradas, sean
más sujetos sociales, con más capacidad de
transformar el medio o sector donde vivan, en los aspectos
sociales, administrativos, económicos, culturales,
políticos y jurídicos.

En ese marco descrito, las necesidades sociales y de
carácter legal son prioritarias para una comunidad porque
determinan su desarrollo y calidad de vida, promoviéndolos
u obstaculizándolos.

Al considerar la relevancia de los planteamientos
descritos, los autores de la presente investigación,
cursantes del Programa de Formación de Grado en Estudios
Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela,
conjuntamente con la comunidad organizada del sector Zamurucuare,
consideraron pertinente y prioritario para dicho sector,
presentar el trabajo de grado referido a un "Plan
Estratégico para la Creación de la Unidad de
Atención Socio-Jurídica, como Modelo de
Participación Comunitaria Organizada, para el Desarrollo y
Fortalecimiento del sector Zamurucuare, municipio Miranda del
estado Falcón."

La referida Investigación, se sustentó en
una Metodología de
Investigación-Acción-Participativa y se
estructuró de acuerdo a las siguientes partes: Ficha
Técnica del Proyecto; un Capítulo I, contentivo de
la Descripción General del Proyecto, el Planteamiento de
la Problemática Abordada, Justificación, Objetivos
de la Investigación y Metas Propuestas. Un Capítulo
II, referido a la Sistematización de la Experiencia y
Evaluación del Proceso. Un Capítulo III,
correspondiente a las Conclusiones y Recomendaciones y un
Capítulo IV, contentivo de la Propuesta. Finalmente se
incluyen las Referencias Bibliográficas y los Anexos
Correspondientes.

CAPÍTULO I

Descripción general del
proyecto

El presente proyecto se desarrolló en la
comunidad de Zamurucuare, ubicada al sur oeste de la ciudad de
Santa Ana de Coro, parroquia San Antonio, municipio Miranda del
estado Falcón. (VER ANEXO "A"). Limita por el norte con la
variante Falcón Zulia y la Urbanización Cruz Verde,
por el sur con un saque de Caliche, por el este con la
Urbanización las Eugenias y por el oeste con el Barrio la
Cañada. (VER ANEXO "B").

El sector Zamurucuare tiene una data de fundación
de aproximadamente 35 años, en opinión de los
actores sociales y líderes comunitarios más
antiguos en dicho sector. Cuenta con una población de 8677
habitantes, de acuerdo con el censo poblacional 2001. Se
distribuyen aproximadamente en unas 1500 familias con predominio
entre 5 y 6 miembros.

En lo que respecta a los actores comunitarios y como se
reseñó anteriormente, están conformados por
03 Consejos Comunales, las mesas técnicas de agua, Mesas
técnicas de energía y gas, consejos locales de
planificación, Casa de la Alimentación, Centro
Nutricional, Ambulatorio, Modulo Policial, Barrio Adentro,
Comités de Tierras Urbanas, Misión Mercal, entre
otros.

También se hace mención a los indicadores
sociopolíticos del Proyecto, tomando en cuenta que debido
a la falta de datos referidos a este sector, se aplicó una
encuesta preliminar para la recolección de los mismos.
(VER ANEXO "C"), distribuyendo el sector en manzanas y espacios
asignados a cada uno de los autores del Proyecto, atendiendo al
área geográfica. (VER ANEXO "D").

Los resultados fueron tabulados y graficados empleando
el programa SPSS (Statiscal and Service Solutions) que es una
potente herramienta de tratamiento de datos y análisis
estadístico. Al igual que el resto de las aplicaciones que
utilizan como soporte el sistema operativo Windows, el SPSS
funciona mediante menús desplegadles y cuadros de
diálogos que permiten hacer la mayor parte del trabajo de
manera eficiente y eficaz. (VER ANEXO "E").

El análisis de los referidos resultados,
permitió identificar y describir algunos indicadores socio
políticos del proyecto que se describirán en el
contexto del proyecto en los párrafos sub
siguientes.

Población Beneficiaria del
Proyecto.

Como se señaló anteriormente, la comunidad
de Zamurucuare, conformada por una población de 8677
habitantes, distribuidos aproximadamente en 1500 familias, son
los beneficiarios principales del presente proyecto ya que la
situación socio-jurídica que les enmarca, permite
caracterizar la misma como una necesidad prioritaria ya que
repercute en el ámbito social, en el desarrollo del sector
y en el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de vida de
los sujetos sociales.

En ese contexto debe acotarse que, como el
propósito o finalidad es generar una propuesta socio
jurídica de atención para los habitantes del
sector, se debe recalcar que una vez consolidada, se pudieran
extender sus bondades y beneficios, implementándola en las
diferentes comunidades y parroquias que conforman la
geografía del municipio Miranda, con lo cual se
ampliaría la cobertura hacia más sujetos sociales
y/o actores comunitarios.

Contexto del Proyecto.

La comunidad de Zamurucuare, ubicada al sur oeste de la
ciudad de Santa Ana de Coro, de acuerdo con la versión de
algunos de sus pobladores más antiguos y líderes
comunitarios, se fundó aproximadamente hace 35
años; su nombre surge de la denominación que le
hacían al sector los transeúntes, ante la cantidad
de zamuros que frecuentaban la zona; esto debido a la
cercanía del sector con el matadero de Coro, es decir, el
lugar donde se sacrificaban los animales para el consumo humano.
Igualmente hay quienes cuentan que el nombre Zamurucuare se
derivó de una expresión Indígena en tiempos
pasados, la cual se traducía como zamuro bailando en
basura.

Visto de esa manera y con el firme propósito de
ahondar en el contexto social, histórico,
demográfico, económico, cultural y político
de la comunidad en estudio, se procedió a la
utilización del método de investigación
acción participativa, las técnicas de
observación directa y de la encuesta, aplicando un
instrumento de forma preliminar, que permitió establecer y
describir algunos indicadores al respecto y que se mencionan a
continuación: en líneas generales debe acotarse que
en el sector o comunidad de Zamurucuare, sus habitantes
están mayormente integrados por mujeres, en un porcentaje
de 56,4 %. El 65 % de la población está entre 10 y
35 años. El valor que más se repite (la moda) es
una edad entre 23 a 35 años, con el 40, 7 % lo cual indica
que es una población joven.

En relación con la calidad de vida, empleo,
vivienda y los servicios, se determinó que Un 56.7 % tiene
empleo y un 43.3 % no lo tiene. Este resultado es bastante alto,
si se le compara con las cifras nacionales de desempleo que ha
dado el Instituto Nacional de Estadística, que está
ubicado entre el 14 y el 16%. En el aspecto referido al ingreso
familiar, el 97,3 % de las familias tienen un ingreso inferior a
la canasta alimentaria, lo cual muestra el nivel de pobreza que
tienen las familias de este barrio. Los servicios, de
electricidad y aseo son catalogados como deficientes; de hecho,
el 40% de los entrevistados manifestaron no estar conectados
legalmente al servicio eléctrico de Cadafe. Con respecto
al servicio de aseo urbano, estiman que es pésimo porque
la recolección de la misma es eventual y muy irregular; en
ese sentido, un 62.7 % afirma que existen focos de
contaminación en la zona sobre un 37. 3 % que piensa lo
contrario. Igualmente, un 66 % afirmó que es la basura el
agente contaminante del ambiente, lo que representa un problema
de orden administrativo que no es de difícil
solución.

En el contexto precedente, y prosiguiendo con los
servicios básicos, un 88 % de la población tiene el
servicio de cloacas, y un 12 % no lo tiene lo cual es bastante
preocupante debido a lo indispensable de este servicio para un
nivel de vida aceptable; también, el 61,3 % de la
población estima que el servicio de aguas blancas y
cloacas es bueno o muy bueno, lo cual contrasta con el servicio
eléctrico. También es pertinente resaltar el estado
de la vialidad en donde sólo el 10% de la población
lo define como bueno; el 90 % lo define como deficiente, malo o
muy malo.

En relación con los servicios de
educación, salud y seguridad se puede acotar que en el
entorno educativo, cuentan con un pre escolar Simoncito y un
Liceo Bolivariano que atiende los niveles de 1ro a 9no grado de
Educación Básica, cuyo funcionamiento es percibido
como bueno. La percepción de los servicios de salud, se
detallan con mayor precisión en los siguientes
términos: las condiciones físicas del ambulatorio,
son positivas ya que un 88.4 % las percibe como buenas o
regulares; igualmente, un 83.2 % acota que atienden bien y el
100% de los habitantes de Zamurucuare cree que funciona el
programa Barrio Adentro adelantado por el gobierno nacional.
Sobre la calidad de esta programa un 59.9 % afirma que
éste funciona adecuadamente y un 38.1 % dice que funciona
deficientemente. Al comparar el funcionamiento del Ambulatorio
con el programa Barrio Adentro un 42.7 % afirmó que Barrio
Adentro funciona mejor que el Ambulatorio, una 11.2 %
afirmó que el Ambulatorio funciona mejor que barrio
adentro y un 46.2% dijo que ambos funcionan igual

Al mencionar el tópico de la seguridad, el 73.8 %
afirmó que no existe ya que los niveles de inseguridad
eran altos. La principal causa de inseguridad en la zona es la
venta y consumo de drogas que obtuvo un 74.7 % de los
entrevistados y un 16.7 % el consumo y venta clandestina de
alcohol lo cual suma un 91.4 % entre estos dos flagelos. Aunado a
ello, un 94. 3 % de los entrevistados afirmó que la
vigilancia policial es insuficiente o sencillamente que no
existe, Los principales delitos ocurridos en Zamurucuare,
según la opinión de los entrevistados es el robo de
vivienda en un 62.2 % y el hurto en viviendas y vehículos
en un 26.4 %.

Partiendo del marco precedente debe señalarse
que, en el aspecto político la comunidad vive la
dinámica democrática del país, en donde
predomina la polarización entre chavistas y opositores.
Sin embargo, al preguntar a los pobladores acerca de las promesas
y compromisos del gobierno actual, un 32.9 % consideró que
está cumpliendo pero no como quisieran, sumado a un 19.5 %
que cree que sí está cumpliendo bien; la suma de
ambas percepciones totaliza un 52.4 % de personas que creen que
se están haciendo realidad las promesas del
gobierno.

Fundamentación Teórica y Social de la
Investigación.

En el siguiente aspecto, se detallarán algunas
teorías relacionadas con la base fundamental de la
investigación como es la participación comunitaria,
en el paradigma del cambio social, para lograr bienestar social,
implementando una unidad de atención socio jurídica
que contribuya con el desarrollo del sector y el logro de una
mejor calidad de vida para sus habitantes. Por ello se
menciona:

• 1) Teoría de la
  Modernización de Inglehart (1998).

Se entiende por teoría de la modernización
al conjunto de disertaciones teórico filosóficas
que buscan explicar la evolución histórica del
mundo fundadas en la idea del progreso humano. Con ello se busca
dar cuenta, no sólo del transcurso de tiempo recorrido por
la humanidad en su conjunto, sino de las características
que en particular una nación o región presentan en
un momento dado, las cuales pueden ser valoradas
comparativamente. Básicamente, las sociedades modernas se
definen por haber pasado de un estadio supervivencial, con
desequilibrios e insuficiencias en las satisfacciones más
primordiales de buena parte de su población, a uno
industrializado. Este último, caracterizado por la
acumulación del capital y la explosión
demográfica y urbana en torno a los centros de trabajo, ha
evolucionado hacia un conjunto de condicionantes definidas por la
amplia satisfacción de necesidades materiales y el paso
hacia aspiraciones más de tipo espiritual de los
individuos, en lo que se ha dado en llamar como sociedades
post-industriales.

La reconfiguración de valores tradicionales y
sistemas de creencias, es una de las principales condiciones del
cambio de estadio, y está relacionada estrechamente con el
desarrollo socioeconómico, idea central como variable
explicatoria de la modernización, la cual provoca cambios
en la cultura y la vida política, debido a los efectos
emancipatorios que algunos autores han demostrado.

Uno de los autores que se ha ocupado del
tema es el norteamericano Roland Inglehart, para quien uno de los
principales indicadores de la modernidad se encuentra en el
inherente cambio de valores. Este politólogo de la
Universidad de Michigan, dirige el World Values Survey, una
organización internacional encargada del monitoreo de este
importante indicador, que suministra fundamentos para la
generación, actualización y confrontación de
conocimiento en torno a la teoría de la
modernización a partir de los valores que asumen colectiva
e individualmente las personas. Algunos críticos de la
teoría de la modernización, como Immanuel
Wallerstein, cuestionan la linealidad del proceso,
negándose a aceptar el atraso o subdesarrollo de algunas
naciones, las cuales son presentadas más bien como
producto de un sometimiento por parte de las naciones más
poderosas, lo cual se explica en la teoría de la
dependencia, donde se analizan las condiciones macro
estructurales de pobreza y explotación de los
países en desarrollo.

El paso de sociedades industriales a
sociedades postindustriales implica, además del
aseguramiento de la supervivencia y las necesidades más
trascendentales, la adquisición de nuevos valores, como la
creatividad, encaminados a la auto-expresión de la
individualidad. Además, colectivamente se habla de la
transición de la relación comunitaria a la
relación asociacional.

La seguridad existencial, esto es, la
autonomía ideológica, económica y social,
refuerza la individualidad, que no es individualismo, y que
conlleva al surgimiento de la sociedad del conocimiento, donde se
privilegia la elección y emancipación. No obstante,
el cambio en los valores se da progresiva y acumulativamente; es
un proceso que tiene que ver con el aprendizaje de nuevos
valores, que tardan en demostrar su trascendencia, y aún
más en institucionalizarse, excepto en casos de eventos
extraordinarios que aceleran el proceso.

Una de las principales reflexiones que se despiertan en
torno a esta teoría, tiene que ver con la diferencia con
que muchas naciones acuden a la cita con la modernidad, ya que,
mientras que algunas se ocupan de valores trascendentales
post-materialistas, para muchas la resolución de los
requerimientos fundamentales es aún un asunto
pendiente.

En ocasiones la modernidad se explica por medio de
opuestos, que surgen como reacciones a los principales
estandartes de la modernidad, por ejemplo, la reacción del
regionalismo contra la globalización. Otras veces se
manifiesta en una sociedad cada vez más informada y
demandante de democracia y rendición de
cuentas.

Pero también, la explosión de
aspiraciones, de no hallar canales adecuados para satisfacerse,
da lugar a presiones que amenazan la estabilidad de los sistemas
políticos. El desafío al que se enfrentan las
sociedades en proceso de modernización consiste en poder
emprender su correspondiente transformación institucional,
es decir, en lograr establecer nuevas estructuras
políticas y, por tanto, nuevas relaciones de poder,
capaces de recoger las demandas de las fuerzas sociales surgidas
del proceso de transformación social.

En todo caso, lo menos que se puede hacer es estar
alerta de los cambios que se presentan alrededor y que definen el
lugar de los colectivos y comunidades en la historia de la
humanidad.

• 2) Teoría del Cambio Social.
  (citada en Rodríguez, 2008).

No existe un solo concepto de cambio social. Existen
distintas corrientes teóricas y por tanto existen
también distintas aproximaciones de lo que es el cambio
social. Nisbet (funcionalista), define el cambio social como una
sucesión de diferencias que se produce en el tiempo sobre
una identidad persistente. Rocher (visión más
dinámica del cambio social, pero no tanto como Marx),
define el cambio social como una transformación observable
en el tiempo, pero dicha transformación en este caso
afecta a la estructura, y en la medida de ello modificaría
el curso de la historia. Ejemplo, el caso de las revoluciones. En
ese sentido debe acotarse que las estructuras no son
estáticas, sino que están en continuo
cambio.

Partiendo de las premisas anteriores, debe
señalarse que la noción de cambio social implica la
modificación o transformación de estructuras de
diverso tipo pertenecientes a un conjunto poblacional. Este
cambio social puede expresarse de numerosas maneras, desde
elementos superficiales y en constante desarrollo, como hasta en
estructuras de arraigada tradición. Las razones por las
cuales se puede dar el cambio social son de variada índole
y pueden además ser explícitas o implícitas,
voluntarias o involuntarias de acuerdo al tipo de
población y a elementos externos a la misma.

Visto de esa manera, los primeros sociólogos de
la historia, con Auguste Comte a la cabeza, el concepto de cambio
social siempre fascinó a los estudiosos de las sociedades
ya que tiene que ver con la capacidad de una población
determinada o de varias poblaciones que actúan al mismo
tiempo, de variar estructuras de diversa importancia para
acomodarse a diferentes momentos históricos de su
existencia.

El cambio social puede aplicarse a numerosos aspectos de
una sociedad. Aunque normalmente se lo relaciona con cuestiones
económico-políticas, también puede y debe
aplicarse a cuestiones culturales, éticas e identitarias
de una comunidad. Por ejemplo, los cambios en las formas de
gobierno, la evolución de los programas económicos,
la variación en los sistemas de costumbres, las
modificaciones en los modos de representar culturalmente la
realidad, la alteración de los valores de comportamiento y
los cambios identitarios intrínsecos de una sociedad son
todos claros patrones de cambio social, a pesar de que algunos se
desarrollen más fácilmente y sean más
visibles que otros.

Se puede decir que la idea de cambio social posee en la
mayoría de los casos una connotación positiva ya
que implica la evolución y adaptación de una
sociedad a las necesidades particulares de cada momento
histórico. En este sentido, los grupos sociales
progresistas y modernistas siempre verán con buenos ojos
el cambio social hacia nuevas estructuras. Sin embargo, para
muchos sectores de la población, aquellos que se denominan
conservadores o reaccionarios, el cambio social puede ser visto
como algo negativo ya que significa dejar atrás ciertos
valores, reglas de conducta y formas de entender el mundo
tradicionalmente aceptados como los más correctos sin
importar el desenvolvimiento del conjunto social.

Esta es la diatriba que se presenta en la actualidad en
Venezuela: ante los cambios radicales que se vienen suscitando
desde hace más de diez años, surge la resistencia a
los mismos e inevitablemente la polarización de opiniones
e ideas. Sin embargo, en el marco de la presente
investigación, esos cambios son necesarios y relevantes
porque ello conlleva a que las comunidades asuman la
gestión de sus necesidades para buscarles solución
de manera colectiva, conjunta y logren los beneficios para un
conglomerado, a través de la participación
protagónica en la gestión
socio-política.

3.- El Bienestar Social.

En opinión de Gutiérrez (2008: 3), por
Bienestar Social se designa al:

conjunto de factores o elementos que participan a la
hora de determinar la calidad de vida de una persona y que en
definitivas cuentas son también los que le
permitirán a estas gozar y mantener una existencia
tranquila, sin privaciones y con un constante en el tiempo estado
de satisfacción.

Entre estos factores se incluyen e incidirán casi
de la misma manera aspectos económicos, sociales y
culturales. Si bien es cierto que lo que se entiende por
bienestar posee una importante carga subjetiva que le
imprimirá cada individuo con su propia y singular
experiencia, porque es claro, lo que para uno es bienestar para
otro puede no serlo, existen factores objetivos para determinarlo
y que son los que permitirán hablar y distinguir cuando
hay o no hay una situación de bienestar.

Entonces, básicamente, en la concepción
del bienestar social se incluyen todas aquellas cosas que inciden
de manera positiva para que un sujeto, una familia, una comunidad
puedan alcanzar el objetivo de tener una buena calidad de vida.
Un empleo digno, en el cual se respete la percepción de un
salario acorde al trabajo, capacitación y esfuerzo que se
desempeña, más el merecido lapso de descanso que le
corresponda a cada cual por ley y por la tarea que realiza,
recursos económicos para poder satisfacer las necesidades
básicas como son de educación, vivienda, salud,
tiempo de ocio y entretenimiento, son las principales cuestiones
que indican bienestar o no en el cual vive una persona o una
sociedad.

Igualmente, existen diversas maneras para medir el
bienestar, desde un punto de vista estrictamente
económico, porque sin dudas más allá de
cualquier tipo de consideración, a favor o en contra, es
lo que permitirá realizar un acercamiento al logro de una
situación de bienestar global en la que se incluyan todos
los otros aspectos, el social, el cultural, entre otros; el
Producto Interno Bruto (PIB) de una Nación será el
que asociado con el nivel de distribución de la riqueza al
cual haya llegado dicha sociedad, el que dirá si hay o no
bienestar, porque un alto PIB con una real distribución en
materia de riqueza, provocará que el bienestar esté
extendido en la sociedad; pero si por el contrario, el PIB no es
significativo y la concentración de la riqueza en unos
pocos es lo que manda, entonces, no se podrá hablar de
bienestar en la sociedad en cuestión.

Asimismo, los índices de precios, bien medidos,
claro está, no los dibujos que muchos gobiernos hacen para
favorecer sus gestiones y el índice de desempleo de una
Nación, permiten saber del bienestar o no que existe en
una sociedad. Pero, también hay otras formas para
determinar el bienestar de una comunidad: la esperanza de vida al
nacer, la tasa de alfabetización, la cantidad de libros
que se publican al año, el número de personas que
pueden acceder a la Universidad, la disponibilidad que existen de
algunos bienes de consumo considerados no dentro de las
necesidades básicas, como ser una computadora, un
teléfono celular, entre otros.

En tanto, el responsable máximo que tendrá
en sus manos que una sociedad logre el tan ansiado bienestar es
el estado, quien, mediante diversas políticas y medidas
tendientes a corregir los vicios y las inequidades que se
suscitan, promueva el bienestar para cada uno de los habitantes
de la nación y por eso, además, tendrá la
exigencia de el mismo poder generar y multiplicar
riquezas.

4.- Participación
Comunitaria.

De acuerdo con Tovar y Del Pino (2008: 1), en la
sociología moderna se usa aún el término
comunidad, en ciertos casos, de modo general y deliberadamente
vago. Sin embargo, es necesario aclarar, que lo que realmente la
define son los lazos afectivos de base espontánea que se
generan dentro del grupo o colectivo, más que los
criterios de utilidad de una asociación; como bien
señala Sánchez (2000: 48): "Lo que distingue una
comunidad de cualquier otra agrupación social, tenga o no
un territorio específico, es el sentimiento global de
pertenencia, de solidaridad y de confianza, el valor del
colectivo que implica la noción de sentido de comunidad".
 

Este sentimiento de pertenencia es definido como aquel
donde "los miembros se preocupan unos por los otros y el grupo
por ellos y una fe compartida de que sus necesidades serán
satisfechas permaneciendo juntos" (McMillan y Chasis, 1986: 9).
Es decir, se está frente a un conjunto de atributos
humanos que hacen posible la convivencia de los grupos,
independientemente de su ideología, religión o
estrato social.

En este marco se consolidan las relaciones y se procura
el bienestar del colectivo. Es importante destacar que la
comunidad "aporta apoyo, seguridad, integración, identidad
y sentido de pertenencia social, es un entorno humano donde la
virtud tiene un atributo social y donde, por tanto, existe una
conciencia moral compartida" (De Pablos y Sánchez, 2003:
20). Desde esta perspectiva, la referencia a la comunidad la
ubica en un nivel que supera el sentido de intereses particulares
o de propiedad.

En las Leyes venezolanas se maneja el concepto de
comunidad expresado en la Ley de los Consejos Comunales (2006),
en su artículo 4, parágrafo 1, la cual expone que
comunidad es un:

Conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas
que habitan en un área geográfica determinada, que
comparten una historia e intereses comunes, se conocen y
relacionan entre sí, usan los mismos servicios
públicos y comparten necesidades y potencialidades
similares: económicas, sociales, urbanísticas y de
otra naturaleza.

Se observa en lo antes expuesto que el principal
elemento que conforma una comunidad son las familias, lo cual
concuerda con lo observado en otras definiciones. En
consecuencia, para efectos de este estudio, se asume por
comunidad, el conjunto de personas que interactúan entre
sí, habitando un espacio común, unidas por lazos
afectivos de solidaridad y pertenencia, basándose en el
interés del bien común. 

En el marco precedente "Participación" es una
palabra de uso muy común en la vida cotidiana, pero esto
no significa que sea una expresión de significado
transparente ni comprendida por todos perfectamente. La palabra
participación procede del latín
participare, está compuesta de la raíz
pars (parte) y del derivado capure (tomar),
así que etimológicamente significa "tomar parte" de
algo, pero éste es un término que se caracteriza
por ser muy amplio y a la vez equívoco, ambiguo, relativo
y con fuertes connotaciones ideológicas.

En ese contexto puede considerarse como un vocablo
popular, usado de muchas maneras; por ejemplo, se habla de
participación política, participación
vecinal, participación ambiental, entre otros. Pero es
importante acotar que existe equivalencia en los términos
Participación Ciudadana, Participación Comunitaria
y Participación Social. No obstante, para Cunill (1991:67)
la participación ciudadana comprende "todas aquellas
experiencias que remiten a la intervención de los
individuos en actividades públicas para hacer valer
intereses sociales"".

Para los efectos del presente proyecto, se ha decidido
asumir el término participación comunitaria, puesto
que participación social se considera una redundancia, ya
que toda participación es por definición social y
la participación comunitaria es un concepto más
amplio. En síntesis, el sentido de participación
comunitaria que se maneja en el estudio es aquel que va
más allá de la toma de decisiones por parte de los
miembros de la comunidad, implica compromiso y responsabilidad en
la misma, es aquella que involucra un proceso de aprendizaje en
cuanto a la planificación, gestión,
supervisión y control de los proyectos comunitarios en el
marco del consenso e incorporación del
colectivo.

Fundamentación Jurídica de la
Investigación.

En Venezuela, los mecanismos de participación
comunitaria están en el marco de la democracia
participativa y protagónica. En ese sentido, la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), señala el basamento que le confiere
legalidad, en los siguientes artículos:

Artículo 62. Todos los ciudadanos
y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los
asuntos públicos, directamente o por medio de sus
representantes elegidos o elegidas. La participación del
pueblo en la formación, ejecución y control de la
gestión pública es el medio necesario para lograr
el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto
individual como colectivo. Es obligación del Estado y
deber de la sociedad facilitar la generación de las
condiciones más favorables para su
práctica.

Artículo 70. Son medios de
participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su
soberanía, en lo político: la elección de
cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la
revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa.
Constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea
de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de
carácter vinculante, entre otros; y en lo social y
económico, las instancias de atención ciudadana, la
autosugestión, la cogestión, las cooperativas en
todas sus formas incluyendo las de carácter financiero,
las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas
asociativas guiadas por los valores de la mutua
cooperación y la solidaridad. La ley establecerá
las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de
participación previstos en este
artículo.

Artículo 118. Se reconoce el
derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar
asociaciones de carácter. Estas asociaciones podrán
desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de
conformidad con la ley. La ley reconocerá las
especificidades de estas organizaciones, en especial, las
relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su
carácter generador de beneficios colectivos. El Estado
promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas
a mejorar la economía popular y alternativa.

Como lo expresan los referidos artículos de la
Carta Magna, el Estado venezolano, tiene la obligación de
promover la participación comunitaria a través de
las comunidades organizadas en instancias de control o a
través de organizaciones no pertenecientes a él.
Reseña, además, que dicha participación
podrá ejercerse con la presentación de sugerencias
y reclamos sobre la actuación de los funcionarios
públicos e igualmente mediante consultas populares sobre
temas de interés nacional. De allí que en las
Asambleas Populares, entendidas como la instancia primaria para
el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo
popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para
el Consejo Comunal respectivo, la comunidad tiene la oportunidad
de participar de manera directa en la toma de decisiones
políticas relacionadas con las necesidades de su
comunidad.