Procedimiento para delito flagrante – Bolivia (página 2)

Por lo que respecta sobre el procedimiento penal en los
delitos flagrantes, y la concepción que se tiene sobre las
diferentes legislaciones en los principales ordenamientos de
nuestro entorno jurídico, se puede en ellas constatar las
siguientes referencias:

• 1) Legislación
  Chilena.

Sobre este particular, en el recientemente promulgado
Código procesal penal chileno, concretamente en su
artículo 130 y en el marco del Título V acerca de
las medidas cautelares personales, puede leerse lo
siguiente:

"Situación de flagrancia. Se entenderá que
se encuentra en situación de
flagrancia[22]

a) El que actualmente se encontrare cometiendo el
delito;

b) El que acabare de cometerlo;

c) El que huyere del lugar de comisión del delito
y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o
cómplice;

d) El que, en un tiempo inmediato a la
perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos
procedentes de aquél o con señales, en sí
mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su
participación en él, o con las armas o instrumentos
que hubieren sido empleados para cometerlo, y

e) El que las personas asaltadas, heridas o
víctimas de un robo o hurto, que reclamaren auxilio,
señalaren como autor o cómplice de un delito que
acabare de cometerse".

Este tenor no difiere apenas del que se recogía
en el CPP chileno anterior, en su artículo 263.

• 2) Legislación
  española.

En el ordenamiento español no se contiene
actualmente una definición de flagrancia, si bien el
anterior artículo 779 Ley Criminal "a los efectos
meramente procesales de determinar el ámbito de
aplicación de un procedimiento especial más
rápido y menos formalista que el ordinario" –STS
29-3-90–, la describía de la siguiente
manera:

"Se considerará delito flagrante el que se
estuviere cometiendo o se acabara de cometer cuando el
delincuente o delincuentes sean
sorprendidos.[23]

Se entenderá sorprendido en el acto no
sólo el delincuente que fuera cogido en el momento de
estar cometiendo el delito, sino el detenido o perseguido
inmediatamente después de cometerlo, si la
persecución durare o no se suspendiere mientras el
delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le
persiguen. También se considerará delincuente "in
fraganti" aquel a quien se sorprendiere inmediatamente
después de cometido el delito con efectos o instrumentos
que infundan la sospecha vehemente de su participación en
él".

• 3) Legislación de
  Argentina.

En la Provincia de Buenos Aires, se introdujo un
procedimiento para delitos verificados en flagrancia (ley 11.992,
año 2004) -modificado por sucesivas leyes-, aplicable a
delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de 15
años de prisión. En un plan piloto desarrollado en
Mar del Plata durante 2005, se constató que el promedio de
demora de una causa para su salida por juicio abreviado era de
285 días en los juzgados correccionales y de 23
días en el plan piloto, en tanto que a la
suspensión del juicio a prueba se llegaba en 499
días en los primeros y un promedio de 18 en el segundo.
Otros datos revelan que "el sistema de flagrancia absorbe una
cantidad muy significativa (casi el 74%) del total de causas con
detenidos, ingresadas al Ministerio Público Fiscal, lo que
no debe confundirse con el ingreso de investigaciones, del que
representa sólo el 6,52%". Por ley 13.183 se
incorporó -además- el "juicio directísimo",
para el caso en que se hubieren iniciado las actuaciones por
flagrancia y el imputado hubiese admitido su
responsabilidad.

Córdoba presenta una larga tradición en la
cuestión, al consagrar el Digesto de 1939 la llamada
"citación directa" para delitos leves y de sencilla
investigación.

En Mendoza se estableció por ley 7692 de 2007, un
procedimiento de flagrancia, en el cual el fiscal forma las
actuaciones en el plazo de 1 día desde la
aprehensión y presenta en audiencia al imputado frente al
juez de garantías. Se efectúa la imputación
formal, se revisan las condiciones de detención y el
imputado -con asistencia- opta por la aprobación, el
juicio abreviado o el procedimiento directísimo. Si se
elige éste último, las partes ofrecen la prueba y
se fija la audiencia de finalización en el plazo de 2
días. Dado los exiguos tiempos para preparar una defensa
eficaz, existen dudas en cuanto a la constitucionalidad del
procedimiento.

En Entre Ríos, la ley 9754 introdujo un "proceso
sumarísimo" para algunos casos de flagrancia y cuando se
estime que la pena que solicitará el Fiscal no
superará los 3 años de prisión. Chaco
contempla un "juicio correccional", al igual que el anteproyecto
de CPP de Neuquén. El CPP de Formosa prevé una
"instrucción reducida", procedente en casos de flagrancia,
pruebas suficientes para elevar la causa a juicio y
confesión judicial. La Pampa prevé un "juicio
directo" para supuestos de flagrancia o confesión y, en
ambos supuestos, que el máximo punitivo no exceda de 3
años. El trámite es indefectible cuando así
lo hubieren acordado las partes. Jujuy, por su parte,
incorporó una "instrucción sumaria" (ley 5085) para
supuestos de flagrancia en los que el juez considere que no
procederá la prisión preventiva.

Una característica común de estos
procedimientos refiere a la posibilidad de sortear
ágilmente la etapa intermedia; trascendente cuando la
investigación está a cargo del fiscal, pues "como
expresa Maier en la Exposición de Motivos de su Proyecto,
"el juicio oral y público es de tal importancia tanto para
quien es perseguido en él, cuanto para la misma
administración de justicia, que no es posible actuarlo en
concreto sin control previo sobre la validez formal y la seriedad
material de la requisitoria fiscal", lo que implica una instancia
de admisión de la acusación a cargo de un
órgano jurisdiccional". De todos modos, "la importancia
principal del procedimiento intermedio reside en su
función de control negativa", por lo que su
regulación no puede desnaturalizar dicha finalidad ni
convertirla en otro juicio.[24]

• 4) Legislación del
  Perú.

El artículo 260 del nuevo Código Procesal
Penal, que regula el arresto ciudadano y se encuentra vigente
desde el 1 de Julio de 2009, no ha sufrido modificación
alguna; siendo el texto vigente el siguiente: "1. En los
casos previstos en el artículo anterior, toda persona
podrá proceder al arresto en estado de flagrancia
delictiva. 2. En este caso debe entregar inmediatamente al
arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la
Policía más cercana. Se entiende por entrega
inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia
policial más cercana o al Policía que se halle por
inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto
autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar
público o privado hasta su entrega a la autoridad
policial. La Policía redactará un acta donde se
haga constar la entrega y las demás circunstancias de la
intervención"[25].

La indecisión que se evidencia de la
evolución normativa del artículo 259 del nuevo
Código Procesal Penal amerita una revisión de las
iniciativas legislativas que dieron lugar a los diversos cambios
en la redacción del texto original.

2.11. JURISPRUDENCIA

En cuanto a la jurisprudencia existente en los archivos
del Tribunal Constitucional; en la misma se tiene Sentencias que
ya empezaron a modular respecto de los fallos que los jueces de
sentencias emitieron sobre casos concretos, tal es el caso de la
Resolución Constitucional Nº 2533/12. Sin embargo
para se tiene en la parte de Anexo la SENTENCIA CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL 0224/2012 Sucre, 24 de mayo de 2012, la misma que
servirá para el análisis del presente
trabajo.

• INVESTIGACIÓN DE CAMPO

• a) PREGUNTAS DE ENTREVISTA DE CAMPO A
  JUECES PENALES

• 1. ¿Ud. Ha admitido procedimiento
  inmediato en delito de flagrancia?

• 2. ¿Cómo se resolvieron estos
  procedimientos?

• 3. ¿Ud. Advierte algún
  óbice legal para la aplicación de este
  procedimiento?

• 4. ¿En qué clase de delitos
  admiten este procedimiento?

• 5. ¿Cuál es su punto de vista
  sobre la inaplicabilidad de este procedimiento?

RESPUESTAS DE ENTREVISTA A LOS JUECES DE
INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL

Juzgado # 1

• 1. Se ha admitido varios procesos, lo cuales se
  inician con la denuncia.

• 2. Se debe cumplir con el proceso de la
  denuncia de acuerdo a lo establecido por la normativa. Luego
  se debe presentar las pruebas de cargo y con la
  acusación penal determinar el resultado en el plazo de
  5 días, especialmente para los casos de 1008, y 10
  días en el proceso común, llegando a un plazo
  general de 6 a 20 días se señala la audiencia
  conclusiva, luego pasa al juez de sentencia en el plazo de 90
  días, pero llegan estos procesos a más de un
  año en la práctica.

• 3. No se cumplen los plazos porque hay
  circunstancia como ser dificultades en la central de
  notificaciones, carencia de vehículo para el
  transporte, etc.

• 4. Se admiten este procediemitno en todos los
  delitos, incluso así se considera que es bueno el
  espíritu de la norma, esta ofrece la
  justicia.

• 5. Se puede aplicar a cabalidad el
  procedimiento, debería ser como antes, irse al
  tribunal o al juez de sentencia. Sin embargo, ni lo fiscales
  cumple, con la ley 348 debemos resolver los delitos de
  legitimación de ganancias ilícitas.

Juzgado # 2

• 1. Si, se busca en el sistema un catalogo de
  unos cuantos delitos no mucho, según el tipo de
  delito.

• 2. El fiscal solicita el proceso.

• 3. Mayormente los delitos de flagrancia sedan
  en los caso de delitos de transporte de droga, si porque no
  siempre hay los tres momentos de la flagrancia al comienzo,
  después de cometer y cuando es perseguido, debe ser no
  mayor a las 24 hrs. Hasta que se muestra que hay
  flagrancia.

• 4. Seda más en el tráfico y
  transporte de droga, el procedimiento es bueno. El delito de
  transporte es una persona que lo comete, en cambio en el
  tráfico son varias personas que pueden participar. Se
  puede en 45 días. La audiencia conclusiva no podemos
  saltar, porque está ligado el proceso, en la
  conclusión se puede desarrollar las declaraciones, se
  puede prescindir de la víctima, pero es necesario del
  imputado.

• 5. En cuanto al proceso en los delitos
  flagrantes no hay conclusión, y como es en los
  demás procesos así se puede solucionar con la
  conclusión.

Juzgado # 3

• 1. Si se admitió procesos en delitos de
  1008, tráfico y transporte.

• 2. Se dio cesación y no quisieron librar
  mandamiento los jueces de sentencias, no se porque no quieren
  llevar los procesos. El problema seria los plazos, se
  presenta de 30 a 45 días en los delitos
  flagrantes.

• 3. Si es bueno, pero debe funcionar bien la
  centra de notificaciones para descongestionar el proceso, el
  código dice de 20 a 45 días.

• 4. La central no funciona, la solución
  es que se vuelva al proceso antiguo.

• 5. No debería haber la etapa
  conclusiva.

RESPUESTA DEL JUEZ DE SENTENCIA DE LA
CAPITAL

• 1. Mayormente llegan de tráfico y
  transporte, pero en otros no se dio, pero es para todos los
  delitos que no sean delitos de orden privados. El plazo es de
  5 días, para el artículo 131 CPP, se debe dar
  eso mismo, en la audiencia se debe dictar la sentencia. El
  fiscal de acuerdo al 135 de CPP. Hace la proposición
  de prueba, pero se resuelve con la sentencia.

• 2. Los óbices son el tiempo muy corto,
  para dictar sentencia, es muy corto para un condena se la
  debe realizar esta por edicto público.

• 3. La solución es que se debe dictar la
  sentencia de manera inmediata.

• 4. La central de notificación no
  está cumpliendo su función por la falencia de
  los recursos humanos.

• 5. El tiempo que tiene el juez en dictar
  sentencia es muy corto, porque tiene que fundamentar la
  sentencia.

• b) PREGUNTAS DE ENTREVISTA A FISCALES DE
  MATERIA

• 1. ¿Ud. Ha realizado imputación
  formal para procedimiento inmediato en flagrancia?

• 2. ¿Cómo se resolvieron estos
  procedimientos?

• 3. ¿Ud. Advierte algún
  óbice legal para la aplicación de este
  procedimiento?

• 4. ¿En qué clase de delitos
  admiten este procedimiento?

• 5. ¿Cuál es su punto de vista
  sobre la inaplicabilidad de este procedimiento?

• 6.  Qué medida de solución
  propone

RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA DE LOS FISCALES

Fiscal Nº 1

• 1. "Si en esta carga fiscal evidentemente se
  han realizado imputaciones con procedimientos inmediatos
  dentro del presente año, hasta la fecha se han
  realizado un aproximado de 87 imputaciones con procedimiento
  inmediato en flagrancia.

• 2. Respecto a los imputados con procedimiento
  inmediato dentro de la carga procesal de nuestra unidad,
  existe un bajo porcentaje con la respectiva
  sentencia".

• 3. No respondió.

• 4. Para nuestro criterio todos los delitos
  pueden ser cometidos en flagrancia si cumplen con los
  presupuestos establecidos por ley.

• 5 Existe mucha carga laboral y procesal, puesto
  que no señalan de forma inmediata las audiencias
  conclusivas, por lo que no se cumple el objeto y/o fin que es
  la inmediatez de la ley 007 del 18 de mayo de
  2010.

• 6 La implementación de más jueces
  y el estricto cumplimiento a esta ley especial,
  aplicándose más celeridad a estos
  procesos

Fiscal Nº 2

• 1. Dentro de mi carga procesal no tengo
  imputados con procedimiento inmediato.

• 2. En los delitos de violación el
  óbice legal para la aplicación de este
  procedimiento, es la pena, estamos hablando de una
  privación de libertad de 25 años
  agravándose a 30 años, ya que al ser este un
  delito considerado de lesa humanidad, en nuestra
  legislación la pena es alta, y el tiempo de 45 dias
  para investigar este delito es muy corto, ya que de manera
  exhaustiva se debe realizar la investigación, y por el
  principio de igualdad partes tanto para la víctima
  como para el imputado se necesita demostrar con más
  tiempo la culpabilidad por una parte y por la otra, la
  inocencia. Un ejemplo es el tiempo de demora del resultado de
  la prueba de ADN que se remite al IDIF, esta prueba tarda
  más de 45 días, y es fundamental para la
  determinación de un requerimiento conclusivo.

• 3. Para nuestro criterio todos los delitos
  pueden ser cometidos en flagrancia si cumplen con los
  presupuestos establecidos por ley.

• 4. Existe retardación de justicia no se
  aplica el fin de inmediatez de una justicia pronta y
  oportuna.

• 5. Que exista un mayor control y
  supervisión con relación a los términos
  que tienen los jueces, toda vez que los fiscales son
  conminados en el término de 45 días, mas sin
  embargo los jueces no cumplen los plazos que ellos deben ser
  conminados a su estricto cumplimiento, ya que al no cumplirse
  los plazos, dejan en total indefensión al imputado.

Fiscal Nº 3

• 1. Si he realizado imputaciones para
  procedimiento inmediato en los tres meses que llevo con esta
  carga procesal del Plan Tres Mil, he realizado 15
  imputaciones aproximadamente con este procedimiento
  especial.

• 2. En su mayoría se han resuelto dentro
  de los 45 días como lo establece la ley y en el resto
  existe retardación de justicia por parte del
  órgano judicial.

• 3. No ninguno.

• 4. Se admiten en los delitos en flagrancia, en
  su mayoría son aplicables en los delitos de la ley
  1008.

• 5. Considero que por la carga procesal, no se
  llega a cumplir con los términos establecidos que son
  los 45 días.

• 6. Desde mi punto de vista y con el fin de
  descongestionar sería ideal que en la audiencia
  cautelar se debería acusar y no esperar los 45
  días, ya que al haber sido cometido el delito en
  flagrancia, existe todos los elementos probatorios para
  determinar la culpabilidad de una persona.

Fiscal Nº 4

• 1. Si varios, en delito de peligro se da la
  flagrancia. Por ejemplo en los delitos de bagatelas por el
  robo una garrafa, la justicia no cumple los
  plazos.

• 2. Se han resuelto los procedimientos con la
  conclusión y se han dictado sentencia.

• 3. De carácter práctico si, la
  justicia de los actores procesales no es como el
  procedimiento inmediato, pero no lo conocen los fiscales, es
  sencillo simplemente es respetar el procedimiento y cumplir
  con los plazos.

• 4. En toda las clases de delito debería
  darse, por eso el sistema esta cargado
  procesalmente.

c) ABOGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA PROCESAL
PENAL

1. Como abogado no defiendo procedimiento inmediato pero
en caso de flagrancia él lo solicita personalmente, puede
efectivizarse aplicando con la prueba. Si no hay duda, porque no
se tiene que aplicar la flagrancia.

• En el procedimiento están los 45 días.
  Hoy si es problema la aplicabilidad de este procedimiento, es
  cuello de botella, los jueces no llevan a cabo la audiencia.
  Por otro lado, los detenidos no se hacen presente por que se
  debe sacar a la audiencia, para ello se debe plantear
  incidente y excepciones, aunque no hay para que según
  el artículo 340 correlativo con el artículo 325
  del C.P. Pero algunos jueces aplican el 340 y el 325. Resulta
  que esto dilata el proceso en la etapa
  preparatoria.

• La central de notificaciones no funciona, se exige
  requisitos y no llenan la exigencia de la central.

• El procedimiento es bueno en caso
  específicos, no puede haber desistimiento del proceso,
  debe haber el proceso conclusivo junto al proceso
  general.

• La justicia faltante en una denuncia que no cumpla
  puede tumbar las expectativa desde el debido proceso, por eso
  se dice que el proceso se debe llegar a una
  conclusión, por ejemplo se paraliza con un
  prejudicialidad.

• d) DATOS
  ESTADISTICOS

(ESTADISTICA DE CASOS EN LA FISCALIA
DE LA GUARDIA)

Casos bajo el Procedimiento Inmediato
gestión 2012

• INTERPRETACION DE LA INVESTIGACIÓN DE
  CAMPO

Luego de realizar el trabajo de campo, y habiendo
obtenido la información pertinente mediante el instrumento
de la entrevista, de la misma se obtuvieron los siguientes
resultados.

• a) TABULADO

De las preguntas realizadas a jueces se
tiene:

1.- A la pregunta No 1 de manera unánime
todos los jueces admitieron procedimiento inmediato, en delitos
de flagrancias.

2.- En relación a la pregunta No 2, los
entrevistados los entrevistados no coincidieron de manera
general, sin embargo consideran en relación a los plazos
los cuales no deben sobrepasar los 20 días.

3.- A la pregunta No 3, coincidieron los
entrevistados que existen dificultades sobre todo en la central
de notificaciones.

4.- A la pregunta No 4, respondieron que se
admiten el procedimiento inmediato en todos los delitos, pero
mayormente en los delitos de Narcotráfico.

5.- En relación a la última
pregunta, los entrevistados respondieron bajo diferente punto de
vista, consideran que debe cumplirse a cabalidad el
procedimiento, y uno o sostiene que no debería haber la
etapa conclusiva.

De las preguntas realizadas a fiscales de Materia se
tiene:

1.- A la pregunta No 1, la mayoría de los
entrevistados respondieron que si han realizado la
imputación con el procedimiento inmediato. Sin embargo uno
de los entrevistados no tiene imputados con el referido
procedimiento.

2.- En relación a la pregunta No 2,la
mayoría de los entrevistados señalaron que
resolvieron bajo el procedimiento en la etapa conclusiva,
dictando incluso sentencias. Sin embargo los entrevistados no
coincidieron de manera general, sin embargo uno de ellos sostuvo
que el tiempo de 45 dias para investigar es muy corto

3.- A la pregunta No 3, La mayoría de los
entrevistados coincidieron que en la práctica existen
dificultades en la aplicación del procedimiento inmediato
en los delitos de flagrancia. Y uno de ellos sostuvo que no
existe ningún óbice legal

4.- A la pregunta No 4, los entrevistados
respondieron que en todos los delitos de flagrancia pueden ser
aplicados, sin embargo son aplicables en los delitos de
1008.

5.- En relación a la última
pregunta, los entrevistados respondieron bajo diferente punto de
vista, consideran que debe cumplirse a cabalidad el
procedimiento, y uno o sostiene que no debería haber la
etapa conclusiva.

b) CONCLUSIONES GENERALES DE LA
ENTREVISTA:

Del trabajo de campo realizado se concluye que en la
labor de los administradores de justicia (jueces y fiscales), no
cumplen a cabalidad el procedimiento inmediato para delitos
flagrantes, ya que existen distintos óbices para el
cumplimiento del mismo, tales como la deficiencia en la
aplicación normativa, la excesiva carga procesal, los
fiscales no solicitan la aplicación de este `procedimiento
por el corto plazo para la obtención de la prueba en la
investigación, falta de recursos humanos, medios
materiales y económicos en la administración de
justicia.

• PROPUESTAS DEL GRUPO:

Entre las propuestas que el grupo considera a destacar
sobre los cambios que La Ley No. 007 del año 2010,
realizó en relación a la flagrancia, ya que esta
modificación incorpora al Procedimiento Penal los
artículos 393 bis, 393 ter, 393 quater, 393 quinquer y 393
sexter que, en conjunto y a grandes rasgos, estipulan lo
siguiente:

• Se considera que si una persona es aprehendida en
  delito flagrante, el fiscal puede pedir ante el juez
  instructor el procedimiento inmediato para delitos
  flagrantes. En todo caso puede darse las salidas
  alternativas.

• El Juez señala  audiencia de
  aplicación del procedimiento inmediato y dicta auto
  motivado para la procedencia de la solicitud, otorgando un
  término de 45 días para que concluya la
  investigación y poder solicitar nuevamente audiencia
  de procedimiento inmediato.

• Se puede presentar acusación fiscal y pruebas
  de cargo en la misma audiencia, poniéndolas en
  conocimiento del imputado, que tiene entre cinco a 45
  días para presentar sus pruebas de
  descargo.

• En la audiencia preliminar a la del juicio
  inmediato, se puede requerir la detención preventiva
  en aplicación de los artículos 230 y 233 cpp,
  pudiendo apelar tal medida cautelar.

• Cumplidos los cinco o 45 días para que el
  imputado presente sus pruebas, se debe señalar
  audiencia de preparación de juicio dentro de tres
  días de cumplido el plazo, dictándose Auto de
  Apertura de Juicio.

• Es el juez de sentencia el que dicta auto de
  radicatoria y señalamiento de juicio
  (producción de pruebas, conclusiones). La sentencia
  debe tener los requisitos del artículo 361 del
  Procedimiento penal, siendo apelable.

• Sin considerar la estructura procesal, se observa
  una disminución del tiempo de resolución para
  esta clase de delitos, lo que significa hacer buen uso de los
  principios de celeridad y economía procesal; sin
  embargo, el problema radica en la impertinencia de pruebas y
  el plazo de presentación de las mismas.

• Ante un delito flagrante, las únicas pruebas
  a presentarse son las que se encuentran en el lugar del
  hecho.  "normalmente el delito flagrante no amerita de
  otras indagaciones", como señala Vecchionacce. Es por
  ello que sólo deben valorarse las pruebas que se
  encontran "allí" y no incorporar otras que
  resultarían excesivas e impertinentes.

• Por tanto, el plazo de 45 días antes citado
  debiera reducirse considerablemente para este tipo de
  procedimiento, lo cual no significa lesionar los principios
  señalados al no ameritar mayor investigación ni
  complementación de diligencias policiales.

• SUGERENCIAS

• Debería ser como antes, irse al tribunal de
  sentencia o al juez de sentencia, en aplicación del
  293cpp. concordante con el 134cpp.

• La ley 348 debería resolver la
  corrupción en los delitos de
  legitimación

• Consideramos que hace falta más
  jueces

• La audiencia conclusiva se debe cumplir como
  establece la norma procesal.

III. CONCLUSIONES DEL GRUPO

Del estudio realizado, se advierte que en cuanto a la
figura de la flagrancia, el Código de Procedimiento Penal
boliviano incluye las tres clases de flagrancia y consagra un
procedimiento especial para regularla, al igual que en otros
países como Argentina; además de manera
específico establece, sin embargo, adolece de los
siguientes aspectos:

• consideramos que por una parte los jueces asumiendo
  su responsabilidad de contralor de la justicia deben
  otorgarle las garantías del debido proceso a las
  partes, pero sobre todo al acusado otorgándole el
  derecho a la aplicación de los procedimientos
  especiales, tomando en cuenta que la libertad y el debido
  proceso son principios supremos, aspecto que desde nuestro
  punto de vista puede evitar la sobrecarga procesal en los
  despachos de estos administradores de justicia.

• No posee una definición de flagrancia, 
  tan solo su contenido.

• No señala los requisitos de inmediatez
  personal y temporal pero, principalmente, el tiempo que debe
  mediar entre la consumación del hecho punible y la
  detención, aparte que se requiere en estos casos de
  excepción de mandato judicial de mayor meticulosidad
  valorativa por parte de juez para evitar socavar la libertad
  personal, entendida como "poder hacer lo que no daña a
  otro" (Declaración de Derechos del Hombre y del
  Ciudadano francesa de 1789).

• Asimismo, no se menciona que durante el intervalo
  entre la consumación del hecho ilícito y la
  aprehensión la persecución del delito no debe
  ser interrumpida.

• Por tanto, la regulación de la flagrancia en
  nuestro sistema penal es insuficiente en cuanto a su
  complejidad doctrinaria, dejando espacios que pueden originar
  problemas tanto en la competencia del juez como juicios en
  proceso.

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Autor:

Ramón Arcani

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,
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INTERNACIONALES

UNIDAD DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL
PENAL

[1] ESCRICHE. Enciclopedia Jurídica
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[2] SERNA, Ingrid; “El Código de
Hammurabi”. En: Revista electrónica.
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Html

[3] RIVERO. Pilar; El Código de
Hammurabi. En: http://clio.rediris.es/fichas/hammurabi.htm

[4] SOLER. Hugo. Derecho Penal Argentino.
Tomos I y II. Tipografía Editora Argentina-Buenos Aires.
Año 1951. Pág. 568.

[5] Ibídem.

[6] TAGLE MARTÍNEZ. Hugo; Curso de
Historia del Derecho Constitucional. Derecho Indiano. Volumen
II. Colección Manuales Jurídicos. Editorial
Jurídica de Chile. Año 2002. Pág. 332.

[7] OSSORIO. Manuel. Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales. Ed. Heliasta.
Ed. 27°, Buenos Aires. Año 2000. Pág.
438.

[8] CABANELLAS. Guillermo. Diccionario
jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos
Aires-Argentina. Año 1999. Pág. 170.

[9] MORENO. R. Rogelio. Diccionario de
Ciencias Penales. Editorial AD-HOC. Buenos Aires-Argentina.
Año 2001.

[10] ROMERO. R. M. “Control de
Identidad y Detención”. Editorial Librotecnia.
Pág. 87

[11]
http://laurencechunga.blogspot.com/2008/07/la-flagrancia-delictiva_31.html

[12] SAN MARTIN CASTRO. César. Derecho
Procesal Penal. Editorial Heliasta. Año 2005 Pág.
806.

[13] LEY Nº 1970. Código De
Procedimiento Penal. Industrias Gráficas Serrano.
Cochabamba- Bolivia. Año 2010. Pág 132.

[14] CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO. Editorial U.P.S. Año 2009. Pág. 11.

[15] GUTIERREZ. G. José Manual.
“Jurisprudencia en Derecho Procesal Penal”. Tomo I.
Segunda Edición. Editorial EL Original San José.
La Paz. Bolivia, 2013. Pág. 440, 441.

[16] Op.cit. Pág 132.

[17] Ibídem. Pág. 442.

[18] Ibídem. Pág. 442.

[19] OTERO. L. Ramiro. Derecho Penal y
Procesal Penal. Editorial La Paz, 2011. Pág. 116.

[20] CAFFERATA N. José Ignacio. Juicio
Oral. Alternativas para ver su colapso. Año 2006.
Pág. 168.

[21] GIMENO S. Vicente. Derecho de
Procedimiento Penal. 2da edición. Editorial Heliasta.
Año 1991. Pág. 56 y 57.

[22] CÓDIGO PROCESAL PENAL.
Código de procedimiento penal de Chile. Año
2004.

[23] LECrim: Ley de enjuiciamiento criminal
Español

[24] Roberto Prieu Mántaras,
Simplificación de los delitos en caso de flagrancia,
pág. web
http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/nuevocodi.htm

[25] Aunque cabe señalar que el
artículo 119 de la Constitución Peruana de 1826
ya establecía un antecedente para la detención
ciudadana, al señalar que “In fraganti todo
delincuente puede ser arrestado por cualquiera persona, y
conducido a la presencia del juez”.