Introducción
A mediados de 1996, un corte en la ruta que
une Neuquén con Zapala y atraviesa Cutral Co y Plaza
Huincul, generó un hito en la forma de protesta social.
Más tarde sería considerada una de las principales
formas de acción colectiva de las clases populares, "el
piquete" (1).
Las políticas neoliberales de la
dictadura militar y posteriormente las privatizaciones impulsadas
por el menemismo (YPF), actuaron en desmedro de una
población dependiente de la actividad petrolera, quedando
en pocos meses la mitad de los habitantes neuquinos
desocupados.
Por promesas incumplidas del entonces
Gobernador Felipe Sapag, quien se negaba a invertir en la
instalación de una planta de fertilizantes (Agrium) y ante
la incertidumbre por la falta de trabajo en la región, la
protesta se extendió durante varios días, y por
orden judicial fueron reprimidos por Gendarmería Nacional
(2).
Posteriormente, ante la resistencia de unos
20.000 pobladores, el Gobernador ordenó el retiro de las
tropas y anunció medidas a mediano plazo. Esta nueva forma
de protesta (3), de acción colectiva, se ve signada por
los cambios en los reclamos que pasan de ser por mejoras
salariales a demandas por retrasos en los pagos o por despidos en
masa.
La nueva modalidad en la protesta se
afianzó con la organización de asambleas populares
que migraron a la política a lugares marginados y sus
consecuencias sociales como centro de debate en el
Estado.
Estas formas de sociabilidad crearon una
cultura de la protesta social, mediante un conjunto de rutinas
aprendidas y compartidas por estos grupos como una manera de
actuar colectivamente en la defensa de intereses compartidos
(4).
(1) Denis Merklen, Pobres Ciudadanos
(54,55).
(2) Diario Clarín, 26 de junio
de 1996.
(3) Javier Auyero, La protesta
(16).
(4) Charles Tilly citado en La protesta
de Javier Auyero (17)
Desarrollo
Bajo la idea del orden, constituida bajo
principios jerarquizados, con la intervención de la fuerza
pública para reprimir el conflicto y reestablecer la
armonía, se lograría restituir ese orden, pero
solamente en forma ilusoria. Lo demuestra la prosecución
de los hechos un año más tarde, con una protesta
docente que duró más de 30 días en la misma
región, y las heridas del estallido anterior sin
cicatrizar todavía, lo que provocó una pueblada de
mayor envergadura (5).
En el marco de la gestión de la
conflictividad, no tiene sentido el reestablecimiento del orden
sin una intervención estatal que canalice la
problemática y que impida que prevalezca el más
fuerte solo por ser más fuerte, sino fundado en la idea de
evitar violencia y abuso de poder.
Cuando se atribuye valor de criminalidad a
un conflicto, se contrapone la aplicación de respuestas
violentas, que son propias de la política criminal, y
algunos conflictos por sus particularidades pueden justificar
respuestas de diversos niveles.
El paradigma de gestión de
conflictos reconoce la existencia de criterios materiales para
solucionarlos, hasta de modo coercitivo basados en la
elaboración de principios y pautas culturales
(6).
Un análisis político del
Estado, implica una visión de la Sociedad como una
interrelación en donde es impensado un proceso social sin
conflictos y donde el Estado debe abandonar cualquier signo de
neutralidad para comprometerse en la gestión del conflicto
y darle solución.
Aunque se presupone al conflicto como una
realidad transitoria y negativa, es tan necesaria su existencia
como los cambios que provoca en el proceso social.
El avasallamiento de los derechos
ciudadanos derivado de políticas económicas
inadecuadas y la inoperancia del Estado en el tema que nos toca,
se traduce en un grupo de desocupados que cortan una ruta para
manifestar su descontento y obtienen el apoyo de todo un pueblo
que acompaña la protesta y ante la negativa de
solución, prolonga el desenlace hasta el punto de
concentrar la atención de la opinión pública
y que sea una protesta de todos.
En el nuevo estallido social de 1997, en
donde se reprimió con efectivos de Gendarmería
Nacional y la Policía Provincial con el doloroso saldo de
una muerte, se apostaban al costado de la ruta familias de clase
media y baja, entre medio de barricadas y neumáticos
incendiados (7).
Ya no solo se requerían soluciones
al conflicto docente, sino que se exigían políticas
de empleo, subsidios por desempleo y el esclarecimiento de la
muerte de una docente en los enfrentamientos. La protesta iba
mutando y la solución estaba cada vez más lejos de
concretarse.
Desde Buenos Aires se confirmaba un Paro
Nacional del Gremio Docente, secundado por otras agrupaciones
sindicales en apoyo a lo sucedido en Neuquén.
También la oposición, en
aquel entonces mayoritariamente del Partido Radical,
criticó duramente al Gobernador por llevar el conflicto
hasta las últimas consecuencias, puesto que lo que se
acordó treinta días después del inicio del
conflicto, hubiera sido suficiente para evitar tan graves
incidentes.
(5) Revista Criterio, Nº 2197,
Junio 1997.
(6).Alberto Binder, Análisis
Político Criminal (Cap. III)
(7) Diario La Nación, Julio
1997.
Conclusión
Sería muy sencillo explicar por
qué no se le dio solución en primer lugar, a los
desempleados y luego a los docentes de Neuquén, pero toda
política social lleva aparejada una inminente
gestión que derive a la conciliación de las
diferencias existentes entre los grupos que intervienen. Y ese no
fue el caso de la gobernación neuquina de esos
años, dado que los intereses provenientes de la actividad
petrolera "privada" eran más interesantes que el bienestar
social, sobre todo teniendo el poder de la fuerza de su lado. Lo
que jamás pensaron estos gobernantes, era que las
urgencias de ese pueblo no podían esperar más. La
pobreza, el hambre y la dignidad fueron el alimento de una
protesta de tal magnitud y con formas y estrategias innovadoras
para la época.
La visión en aquel contexto nos
sitúa en una Sociedad centralizada en los problemas de
índole urbano, en donde el límite era la Avenida
Gral. Paz. Las necesidades y penurias del interior del territorio
eran de las Provincias, no afectaban el estado de bienestar de la
metrópoli.
Con la nueva modalidad de protesta,
organizada y estructurada por grupos con idénticas
culturas, la protesta llegó a las calles de Buenos Aires
para quedarse y los cortes de calles, avenidas y diferentes
accesos a la Capital provocaron la exasperación de los
porteños y la usurpación de esa tranquilidad tan
ansiada. También se vieron afectados los sectores de
clases bajas, los obreros, etc., por la interrupción en el
tránsito y en el transporte público.
Esta modalidad cautivó a sectores
marginales que vieron en ella la manera de infiltrarse y
conseguir adeptos, además de camuflarse a la hora de hacer
desmanes y destrozos.
En la actualidad, estos cortes son moneda
corriente y generalmente se realizan sin un fundamento
válido.
La gestión de los conflictos que
desembocan en cortes de calles y en distintas manifestaciones que
interrumpan el normal desempeño de las actividades de los
ciudadanos, debería estar contemplada desde un sector
multiagencial, que involucre a diferentes ramas ministeriales
como a sí también a sectores no gubernamentales que
lleven a resolver estas diferencias sin entorpecer al resto de la
Sociedad.
Desde la legislación que sancione
estos acontecimientos, hasta la creación de cuerpos
especializados en disuadir estas manifestaciones, paralelamente a
la gestión gubernamental en la resolución del
conflicto o su canalización a la esfera de su
competencia.
La gestión de la conflictividad es
lo que nos hará crecer como Sociedad, sin dejar de lado
nuestros ideales y nuestro destino de progreso.
Bibliografía
– MERKLEN, Denis – Pobres ciudadanos. Las
clases populares en la Era Democrática (Argentina,
1983-2003), Bs As, Gorla, 2005.
– SVAMPA, Maristella: Entre la ruta y el
barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros, Biblos,
Buenos Aires, 2003 (en coautoría con Sebastián
Pereyra) cap. 1
– FARINETTI, Marina – "La conflictividad
social después del movimiento obrero". En: Nueva Sociedad,
Caracas, Nº182, 2002.
– AUYERO, Javier – "Los cambios en el
repertorio de la protesta social en la Argentina". En: Desarrollo
Económico, vol. 42, Nº166, 2002.
BINDER, A. – Política criminal: de
la formulación a la praxis. Buenos Aires, 1997.
Autor:
Claudio Del Sordo
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA
FEDERAL ARGENTINA
CARRERA: LICENCIATURA EN SEGURIDAD
CIUDADANA
ASIGNATURA: Teorías Sociales del
Orden y el Conflicto
CATEDRA: Marisa Cetra
