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Medidas Estatales para prevenir el uso de drogas



  1. Marco
    Metodológico
  2. Marco
    Teórico
  3. La luz
    al final del túnel: el Acuerdo Nacional para el Avance
    de la Seguridad y la Justicia
  4. Fines
    del Derecho y relación con el tema
    investigado
  5. Bibliografía

Marco
Metodológico

Según el PNUD los beneficios generados por el
razonable nivel de crecimiento de la economía guatemalteca
no son distribuidos equitativamente entre los distintos estratos
sociales, en este aspecto Guatemala es uno de los países
más desiguales de América Latina lo cual combinado
con los altos niveles de pobreza, provoca un grave ambiente de
tensión social. "Decenas de miles de jóvenes se
integran cada año a la población
económicamente activa, pero el mercado de trabajo no
genera suficientes puestos para absorber el aumento de la oferta.
Una pequeña fracción de esta población
–afectada además por condiciones sociales negativas
como débiles mecanismos de integración social
familiares, discriminación y victimización–
puede tender hacia acciones transgresoras de la
ley."[1]

En el informe estadístico sobre la violencia, el
PNUD[2]sostiene que: "…la violencia estuvo
principalmente asociada con las dinámicas del conflicto
armado interno produciéndose en los enfrentamientos entre
las fuerzas beligerantes y principalmente a través de las
acciones de represión llevadas a cabo en contra de la
población civil, primariamente del área rural.
La violencia que sufre la sociedad guatemalteca hoy en
día, sin embargo, ya no responde a la misma
configuración histórica."
(El resaltado es
propio).

A lo anterior, se suma la opinión de Reyes, quien
sostiene que: "…sin duda la criminalidad y la violencia en
sus distintas manifestaciones de seguridad e inseguridad
está asociada a factores de más larga data que
trascienden las situaciones y los actores de los últimos
años y de la coyuntura
inmediata…"[3]; Por su lado, Urgell citado
por Reyes, argumenta: "La mayoría de expertos coinciden en
señalar que las causas de la actual violencia en
Centroamérica son enormemente complejas y están
estrechamente vinculadas a los modelos de desarrollo excluyentes,
al gran impacto de los longevos conflictos armados en las
sociedades centroamericanas, a la gran proliferación de
armas entre la población civil, o incluso a la violencia
que emana del Estado, sea de sus cuerpos de seguridad o de los
aparatos clandestinos vinculados al
mismo."[4]

En ese orden de ideas, la firma de los Acuerdos de Paz
en 1996 creó esperanzas en Guatemala de avanzar hacia una
sociedad más justa en que las personas pudieran
desarrollar su vida con tranquilidad. Sin embargo, el
establecimiento formal de la paz no ha permitido a Guatemala
alcanzar niveles significativamente mayores de desarrollo humano
y la situación de inseguridad en que vive la
población se ha visto agravada luego de una mejoría
inicial

En términos generales es factible proponer que
los altos índices de violencia e inseguridad que padece
Guatemala están relacionados con dos grandes líneas
causales: la exclusión social y la falta de
aplicación de la ley. Estas dimensiones se relacionan y se
refuerzan entre sí.[5] Dentro de estas
causales, tiene asidero la lucha entre grupos por el control
territorial para el comercio, tráfico y consumo de
estupefacientes. "…la narcoactividad es un problema de
raíces muy profundas, ya que entran en juego no
sólo factores personales sino económicos y
sociales; situación que genera inestabilidad
principalmente en los ámbitos de seguridad,
economía y salud… …es una epidemia que
avanza silenciosamente, propiciando la desvalorización
individual, social y cultural."[6]

Guatemala, por su ubicación geográfica,
sus características geomorfológicas,
situación socioeconómica y cultural, ha sido blanco
de las acciones de narcoactividad internacional. La
producción, transporte, tráfico,
distribución y consumo de drogas en el país ha
generado serios problemas de índole personal, familiar,
social y económica.

Para aplacar esta problemática social, en el
año 2000, se realizó la Investigación de
Riesgos Macrosociales de Drogodependencia a Nivel Departamental;
revelando el estudio, que los departamentos con nivel de riesgo
extremo eran: Petén y Guatemala; con riesgo muy alto:
Izabal, Alta Verapaz y Quiché, con riesgo alto, San
Marcos, Sololá, Escuintla, Huehuetenango, Chiquimula, Baja
Verapaz, Suchitepéquez, Zacapa, Retalhuleu y Jutiapa; y
con riesgo medio, el resto de departamentos del
país.

El estudio antes indicado, revela que el Estado
guatemalteco se encuentra en una situación de grave
debilidad institucional para hacer frente a esta
problemática. Existen en Guatemala grupos clandestinos que
operan violentamente respondiendo a los intereses de redes de
individuos poderosos que se enriquecen por medio de actividades
ilícitas como contrabando de bienes; secuestros;
tráfico de personas, de armas y municiones; y
tráfico de narcóticos.

Si bien es cierto, la situación de inseguridad
actual es sumamente compleja de caracterizar, es preciso dejar
anotado que no existe una causa o razón única que
explique los altos niveles de violencia imperantes; por ello este
documento no pretende hacer un estudio de las causas que originan
la violencia y los parámetros para disminuirla, sino que
únicamente hará un estudio crítico de los
mecanismos de control social, que ha establecido el Estado
mediante la implementación de medidas de prevención
y otras actividades análogas para prevenir el uso y
comercio de drogas que incidan en la disminución de la
violencia y por ende tienda a mejorar la seguridad
ciudadana.

Es por lo anterior, que el presente
seminariolaboratorio, está encaminado a establecer
qué medidas de prevención y qué actividades
ha llevado a cabo el Estado para prevenir el uso y comercio de
drogas; para lo cual el tema se centra en establecer las
funciones de control del Derecho y la situación actual del
sistema seguridad en Guatemala, poniendo especial atención
a los derechos humanos, al derecho penal, constitucional e
internacional.

Marco
Teórico

En Guatemala se han desarrollado diversas acciones
encaminadas a contrarrestar las adicciones y tráfico
ilícito de drogas, legislando, sancionando, creando formas
de cooperación bilateral y multilateral, a la vez se ha
buscado la ampliación y profesionalización de las
instituciones relacionadas con la temática. En ese sentido
debe tomarse en cuenta, que el tratadista Felipe
Fucito[7]realiza un estudio de las teorías
sociológicas de criminalidad y desviación en la que
aborda teorías que presuponen y aceptan los repartos y las
valorizaciones sociales, describiendo, las teorías que se
inclinan hacia el estudio del delincuente, mientras que, otras
tendencias se ocupan de los tipos delictivos, e indica que aunque
estas dos teorías hayan sido superadas, estos patrones
básicos no pueden dejar de coexistir en un sistema de
control, debido a la cultura, más no son universales en
sentido sociológico. En ese sentido, la
drogadicción es considerada como una conducta desviada,
desde el estudio de la sociología criminal.

Dentro de las acciones de tipo preventivo, se encuentra
El Plan Nacional Antidrogas, que consistió en una
Estrategia Nacional contra el problema de las drogas en
los ámbitos de investigación, reducción de
la demanda, reducción de la oferta y delitos conexos con
el objeto de reducir las consecuencias personales, familiares y
sociales que el mismo conlleva[8]

Por su lado, el planteamiento del Consejo Nacional de
Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción
–CONAPAD–, entidad fundamentalmente académica
y multisectorial, que diseñó y propuso
campañas y estrategias relacionadas con la
prevención del uso y abuso de sustancias adictivas en el
país. Asimismo, impulsó el Plan Maestro para
prevención y control del abuso de sustancias adictivas en
1994[9]Pese a las acciones indicadas, los mismos
tuvieron la característica de no ser sistemáticos y
cohesionados, fue a partir de 1996, que la Comisión Contra
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
–CCATID– estableció políticas y
estrategias nacionales delegando la coordinación de la
ejecución de las mismas a la -SECCATID-, fundamentalmente
las relacionadas a la reducción de la oferta y la
demanda.

El objetivo fundamental de la Política Nacional
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de
Drogas, se planteaba el establecimiento de una red de
coordinación e información que fuera sostenible y
que conjugara la participación de todos los sectores que
iban desde instancias de gobierno y organizaciones no
gubernamentales a Organismos de Cooperación Nacionales e
Internacionales, para focalizar y canalizar los recursos
disponibles, en la perspectiva de la prevención,
rehabilitación, control de las adicciones y el
tráfico ilícito, así como, la
disminución de los índices de producción,
transporte y consumo de sustancias psicotrópicas en el
país.[10]

Las medidas de prevención utilizadas por el
Estado de Guatemala para prevenir el uso y comercio de drogas,
consisten en: "…acciones que contribuyeran a reducir el
consumo de sustancias adictivas, desarrollando programas de
prevención integral, con el objeto de incidir en la base
poblacional susceptible de ser afectada por el consumo indebido
de drogas, como lo son: A) Programa Nacional de Educación
Preventiva Integral –PRONEPI– que capacita a
educadores y miembros de la comunidad (estudiantes y padres de
familia) educativa para que se conviertan en elementos
multiplicadores dentro del ámbito escolar; B) Programa de
Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas
–DARE–, en coordinación con los Ministerios de
Educación y Gobernación, para prevenir el uso y
abuso de drogas en estudiantes del nivel primario de las escuelas
públicas; C) Programa "Segundo Paso", dirigido a
niños del nivel preprimario, para que aprendan desde
temprana edad a controlar sus emociones, utilizando el juego que
promueve socialización, empatía, resolución
de problemas y manejo de emociones; D) Programa de
Comunicación Social, que contempla una serie de acciones
de sensibilización y prevención del consumo de
drogas, utilizando diferentes medios escritos,
distribución de materiales educativos, souvenirs, banners,
vallas publicitarias y campañas, como son las de verano y
fin de año. Mientras que en lo referente al tratamiento y
rehabilitación, las acciones se dirigieron a la
coordinación, a poner en marcha el Centro de Tratamiento
Ambulatorio, a la participación en actividades de la
región centroamericana y acatamiento de la normativa
vigente. En el ámbito de la coordinación se
realizaron acciones integradas de tratamiento y
rehabilitación con organizaciones no gubernamentales y
entidades de gobierno. Con el centro de tratamiento ambulatorio,
se llevaron a cabo actividades terapéuticas, individuales
y grupales con los usuarios. Asimismo, actividades dirigidas a
familiares y a la recuperación del drogodependiente,
contribuyendo con ello a la reducción de la
desintegración familiar en nuestro país. En el
ámbito regional el Centro de Tratamiento se
convirtió en el Centro de Enlace con la Red
Centroamericana de Instituciones de
Tratamiento…"[11]

No obstante lo anterior, es de hacer notar que las
medidas de prevención y actividades que ha llevado a cabo
el Estado para prevenir el uso y comercio de drogas han sido
ineficaces.

La luz al final
del túnel: el Acuerdo Nacional para el Avance de la
Seguridad y la Justicia

El Foro Guatemala[12]como parte de la
sociedad organizada, ante el clima de violencia e inseguridad, ha
demandado acciones concretas para la erradicación de la
violencia, entre ellos en un comunicado de prensa, publicado el
18 de febrero de 2009 manifestó: "La situación
nacional ha llegado a tal extremo que hay pérdida de
gobernabilidad y de estabilidad en el ámbito de esas
instituciones, principalmente en las de justicia y seguridad, que
se encuentran debilitadas por prácticas corruptas,
negligencia y falta de vocación de servicio, bajo el
influjo de la criminalidad…"[13]

En ese contexto, es de hacer notar que en la
publicación del Diario de Centroamérica del 6 de
marzo de 2009[14]se difundió la noticia de
que el Estado a través de fuerzas combinadas, lanzó
una ofensiva contra el narcotráfico en siete
departamentos, que según la ex directora General de la
Policía Nacional Civil (PNC), Marlene Blanco, son "zonas
tomadas por el narcotráfico" y que están dispuestos
a recuperarlas. Parte de las acciones emprendidas por las fuerzas
de seguridad para lograr ese propósito fueron los
allanamientos a once viviendas, donde las autoridades
pretendían encontrar evidencias que podrían aportar
a la investigación. Sin embargo, personal de la
Secretaría de Análisis e Información
Antinarcótica (SAIA) del Ejército y Ministerio
Público, que participó en los operativos,
detallaron que luego de finalizar las acciones, no se reportaron
resultados positivos.

Ante el compromiso social de contribuir con iniciativas
que contribuyan a erradicar los altos índices de
criminalidad e impunidad, el Procurador de los Derechos Humanos
(PDH), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el
Arzobispado de Guatemala y la Alianza Evangélica de
Guatemala –en adelante Grupo Garante o G4–, el 23 de
abril de 2009, presentó para discusión y
análisis una propuesta básica para ser tomados en
cuenta en el ANASJ; dentro de las proposiciones se encuentra:
"Implementar una campaña nacional permanente contra el uso
de drogas y alcohol."[15]

Derivado de múltiples acuerdos y negociaciones, y
ante la imperante necesidad de implementar prácticas
coherentes para erradicar la violencia en Guatemala, el 15 de
abril de 2009, los representantes del Congreso de la
República, el Ministerio Público, la Corte Suprema
de Justicia y el Organismo Ejecutivo suscribieron el Acuerdo
Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ). El
ANASJ consta de 101 compromisos, divididos en diez ejes, los
cuales abarcan temas como las políticas y el
fortalecimiento de la institucionalidad en materia de seguridad,
la reforma policial, el sistema penitenciario, las
políticas e institucionalidad para la investigación
criminal y la lucha contra la impunidad, el mejoramiento de la
administración de justicia y la aprobación de una
serie de leyes para el fortalecimiento de los sistemas de
seguridad y justicia, entre otros.

Siendo que el alcohol y tabaco son las drogas que con
mayor frecuencia consume la población comprendida entre
los 12 y 18 años de edad. Los individuos de sexo masculino
son los que presentan el mayor porcentaje de consumo para todas
las drogas estudiadas. En el sexo femenino, las drogas con mayor
índice de consumo son los tranquilizantes, seguido de los
estimulantes y el alcohol. Para los hombres lo es la marihuana,
seguidos del tabaco y cocaína. Las edades predominantes de
inicio de consumo para todas las drogas se encuentran entre los
15 y 18 años. Para los grupos de 11 a 14 años, las
drogas de primer consumo con mayores porcentajes son los
estimulantes, el tabaco y el alcohol, seguido por los inhalables,
tranquilizantes, marihuana y cocaína. Para los grupos de
15 a los 18 años las drogas de primer consumo con mayores
porcentajes, son la marihuana, la cocaína y el alcohol,
seguidos por los tranquilizantes, estimulantes, tabaco e
inhalables.

Es por lo anterior que el que la propuesta del Grupo
Garante, en cuanto a la implementación de una
campaña nacional permanente contra el uso de drogas y
alcohol, pese a la constante petición del G4, no forma
parte del ANASJ, pero sí forma parte de la hoja de ruta
presentada el 16 de junio de 2009[16]presentada
por el Consejo Nacional de Seguridad, la cual quedó de la
siguiente manera:

"Implementar una campaña
nacional permanente contra el uso de drogas y
alcohol."

Actividad:

  • 1. Elaborar un diagnóstico para
    determinar las necesidades de comunicación en
    estas temáticas;

  • 2. Elaborar el concepto de la
    campaña;

  • 3. Elaborar y diseñar los mensajes
    de la campaña; y

Realizar el plan de selección de medios de
difusión de la campaña.

Responsables:

Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia, Secretaría Nacional para la
Prevención de las Adicciones (SECATTID).

Plazo:

3 meses

Presupuesto:

Estimado
Q1,000,000.00

Indicadores avance (proceso):

  • 1. Diagnóstico comunicacional
    elaborado;

  • 2. Concepto de campaña
    validado;

  • 3. Mensajes de campaña
    diseñados y elaborados; y

  • 4. Plan de medios elaborado.

Indicadores finales (resultado):

Población sensibilizada sobre
la necesidad de prevenir el uso de drogas y
alcohol

Ante la propuesta anterior, en reunión sostenida
el 18 de junio, que sostuviera el Grupo Garante con el Presidente
de la República, hizo los siguientes planteamientos y
propuestas: "La Hoja de Ruta fue presentada en tiempo pero es
inevitable la impresión que buena parte de ella fue
elaborada para cumplir con el plazo establecido, descuidando el
desarrollo del Acuerdo Nacional. Lo que se esperaba de la Hoja de
Ruta era precisamente que fuera más allá de los
enunciados de cada punto del ANASJ y los enriqueciera con la
identificación, lo más detallada posible, de las
actividades que deben cumplirse en cada uno. En aspectos
trascendentes, no se logra el enriquecimiento del Acuerdo sino,
por el contrario, se le resta fuerza y se le empobrece. Desde
esta perspectiva, el Acuerdo Nacional es el piso y no el techo
para impulsar el avance en materia de seguridad y justicia."
[17]

En ese orden de ideas, el Grupo Garante estima que la
Hoja de Ruta debe superar el cumplimiento formal de los
compromisos del Acuerdo, y para el efecto debe hacerse una
revisión exhaustiva del documento presentado. "El Grupo
Garante desea saber si el Presidente de la República y los
otros firmantes del ANASJ están dispuestos a esa
revisión profunda, que debería desarrollarse en dos
momentos complementarios entre sí, particularmente sobre
Elaborar un diagnóstico para determinar las necesidades de
comunicación en estas temáticas, por lo que los
comentarios a este tema son: Las actividades propuestas plantean
que no existe información necesaria para implementar una
campaña de esta naturaleza, debiendo partir de la consulta
principalmente a la SECATTID, de material que utilicen para este
fin, evitando iniciar los procesos de cero, lo que retrasa su
puesta en marcha. Este acuerdo no requiere de ser implementado de
manera inmediata, en la medida que la problemática a la
que se dirigen estas acciones no reportan una correlación
directa con la cultura de violencia que vive el
país."[18]

Así también el G4 emitió las
siguientes propuestas: "A. Implementar una campaña
mediática de difusión masiva, dirigida
principalmente a adolescentes y jóvenes dirigida a la
lucha contra el uso de drogas y alcohol, así como contra
la comercialización y los efectos secundarios producidos;
y B. Como se plantea que sea una estrategia permanente se
podría iniciar con un proceso de concientización
sobre la correlación entre uso de drogas y alcohol y la
violencia, por lo menos un spot de radio y televisión para
el segundo semestre del
año."[19]

Lamentablemente, el gobierno del presidente Otto
Pérez Molina, ha restado importancia al ANASJ y con ello,
han quedado en los archivos importantes conceptos que con
voluntad política podrían resolver en parte la
problemática nacional, relativa a la seguridad y justicia,
entre ellas una política pública que incluya
adecuadas y eficaces medidas de prevención sobre el uso y
comercio de drogas.

Fines del Derecho
y relación con el tema investigado

Según Soriano: "El derecho es probablemente el
instrumento más importante de control social: el que
aparece claramente como tal y se provee de una serie de elementos
adecuados para dirigir y orientar el comportamiento
social."[20] Según la teoría
funcionalista Renato Treves[21]se entiende que el
derecho resuelve conflictos, como subsistema de la sociedad
global en relación con otros subsistemas de
coordinación social (normas de conducta, religiosas, etc.)
así, el control social es el conjunto de prácticas,
actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en
las sociedades.

Sobre esta temática,
Bourdieu[22]anota que: "…la eficacia del
derecho tiene de particular que se ejerce más allá
del círculo de aquellos que ya están convertidos de
antemano, debido a los intereses que los une y a los valores
inscritos en los textos jurídicos, en las disposiciones
éticas y políticas de quienes están
encargados de aplicarlos."

Es por lo anterior, que el control social aparece en
todas las sociedades como un medio de fortalecimiento y
supervivencia del grupo y sus normas. Las normas menores y las
leyes son las que ordenan el comportamiento de los grupos. Por
ello es inobjetable la relevancia del derecho como un medio de
control social, si tomamos en cuenta la obra de Michel
Foucault[23]quien describe los diferentes
mecanismos de averiguación de la verdad y medios de
control social; Soriano plantea las características que
singularizan al derecho en su incidencia social, se caracterizan
por ser un orden normativo cierto, exigible, general, expansivo y
uniforme, de los cuales se desprende la eficacia y operatividad
del derecho como medio de orientación del comportamiento
social.

Es meritorio reconocer la voluntad de las autoridades en
la estrategia para la prevención del uso y comercio de
drogas, pero también debe ponerse sobre la mesa, que tales
esfuerzos son insuficientes; es imperativo proyectar la
política nacional hacia reformar, equilibrar y renovar
dicha política abordando los retos presentados por la
salud pública y la seguridad pública del Siglo XXI.
Aplicando las lecturas asignadas durante el curso, es imperativo
evitar que las sanciones penales sentencias injustas e
injustificadas por delitos de consumo y comercio en
mínimas cantidades; que en lugar de ser penas privativas
de libertad, los tribunales apliquen sanciones encaminadas al
tratamiento de las adicciones, con ello, romper el ciclo del
consumo de drogas y encarcelamiento, promoviendo sanciones
rápidas, certeras pero razonables combinadas con
tratamiento, en aquellos casos en que dichas personas lo
soliciten o cuando se haya determinado un éxito poco
probable en el programa sin el tratamiento.

El Estado de Guatemala, se ha limitado ha reconocer que
el problema de consumo de drogas tanto lícitas como
ilícitas representa un problema serio, que está
presente en todo el territorio nacional. La población
adolescente, en edad escolar, está definida como la
más afectada, lo que amerita el establecimiento de
proyectos y programas de tipo preventivo, tomando como base las
conclusiones de los diagnósticos que se han realizado y
estén por llevarse a cabo. También ha reconocido
que el impacto que el narcotráfico tiene sobre el consumo
de drogas está claramente relacionado, al evidenciarse los
altos índices de consumo en las áreas fronterizas,
mismas que han sido identificadas como las más utilizadas
por los narcotraficantes[24]

Siendo que el derecho constituye un mecanismo de control
social mediante el cual se pretende reglar la vida social a fin
de alcanzar la justicia y la seguridad jurídica,
actualmente existe disyuntiva, ya que el sistema jurídico
podría entrar en retracción debido a la
despenalización de ciertas conductas (ejemplo consumo
drogas), a la que debería realizarse o un estudio de la
realidad social y cultural que permita una propuesta congruente
con dicha realidad, y con ello evitar que la legislación
realice un intento fallido de promover un cambio social,
generando contracciones en el sistema punitivo. Del Libro de
Ramón Soriano respecto a la coercibilidad del derecho, y
de Alessandro Baratta respecto a las indicaciones
estratégicas para una política criminal, resalto
que la estrategia de despenalización podría
acarrear mayores espacios de aceptación social de la
desviación social, en la que la coerción
será solo un elemento exánime del derecho,
así la despenalización de ciertas conductas y
actividades podría conllevar a la pérdida de
control social, generando mayor criminalidad.

Es plenamente justificado el diseño e
implementación de programas de prevención de
consumo y comercio de drogas, pero el mismo debe ser permanente y
orientado no solo a la reducción de la demanda de este
tipo de substancias y a la disminución del impacto
personal, social y familiar que este fenómeno conlleva,
sino que también debe desarrollarse programas que detecte
los factores de riesgo y el fortalecimiento de programas de
prevención, lo cual debe realizarse desde el derecho como
mecanismo de control social.

Bibliografía

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    Derecho y Clases Sociales, traducción de Andrés
    García Inda, 2da. Edición, España,
    2001.

  • 2. Diario de Centroamérica,
    Guatemala, Edición del 6 de marzo de 2009.

  • 3. Diario Prensa Libre, Guatemala,
    Edición del 18 de febrero de 2009.

  • 4. Dirección General de la
    Policía Nacional Civil, Informe preliminar, muertes
    violentas 2012 actualizada al 31 de mayo de 2012.

  • 5. Foucault, Michel. La verdad y
    las formas jurídicas. Traducción de Enrique
    Lynch. Barcelona. Gedisa, 1996.

  • 6. Fucito, Felipe.
    Sociología del derecho. El orden jurídico y sus
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    1999.

  • 7. Grupo Garante (G4). Memorando
    del Grupo Garante para el Acuerdo Nacional para el Avance de
    la Seguridad y la Justicia de fecha 18 de junio de
    2009.

  • 8. Grupo Garante (G4). Propuesta básica
    para abordar los problemas de seguridad pública y
    justicia, 23 de enero de 2009.

  • 9. Programa de Naciones Unidas
    para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano: La
    cooperación internacional en una encrucijada. New
    York, Sin datos de editorial, 2005.

  • 10. Programa de Seguridad
    Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD
    Guatemala. Informe estadístico de la violencia en
    Guatemala. Guatemala, Magna Terra Editores, 2007

  • 11. Reyes Illescas, Miguel
    Ángel. Agenda estratégica de Seguridad. Informe
    Final. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, sin
    datos de editorial, 2009.

  • 12. Soriano Ramón. Sociología del
    Derecho. Barcelona, Editorial Ariel, 1997.

  • 13. Treves, Renato. La
    sociología del Derecho. Orígenes,
    investigaciones, problemas. Barcelona, Editorial Ariel,
    1988.

  • 14. Vicepresidencia de la
    República de Guatemala. Comisión Contra las
    Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.
    Política Nacional Contra las Adicciones y el
    Tráfico Ilícito de Drogas. Guatemala, sin datos
    de editorial, enero 2009.

 

 

Autor:

Córdova Guzmán, Jorge
Luis

 

[1] Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano: La
cooperación internacional en una encrucijada. New York,
Sin datos de editorial, 2005, Página 14.

[2] PNUD Programa de Seguridad Ciudadana y
Prevención de la Violencia. Guatemala. Informe
estadístico de la violencia en Guatemala. Guatemala,
Magna Terra Editores, 2007, Página 10.

[3] Reyes Illescas, Miguel Ángel.
Agenda estratégica de Seguridad. Informe Final.
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, sin datos de
editorial, 2009, Página 13.

[4] Loc. Cit.

[5] PNUD. Informe estadístico de la
violencia en Guatemala. Op. Cit. Página 11.

[6] Comisión Contra las Adicciones y
el Tráfico Ilícito de Drogas. Plan Nacional
Antidrogas 1999-2003. Sin datos de editorial, disponible en:
http://www.cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/esp/planes_nacionales/Guatemala.PDF
fecha de consulta 4 de junio de 2012.

[7] Fucito, Felipe. Sociología del
derecho. El orden jurídico y sus condicionantes
sociales. Buenos Aires, Editorial Universidad, 1999,
Página 356.

[8] Comisión Contra las Adicciones y
el Tráfico Ilícito de Drogas. Plan Nacional
Antidrogas 1999-2003. Op. Cit. Página 9

[9] Vicepresidencia de la República de
Guatemala. Comisión Contra las Adicciones y el
Tráfico Ilícito de Drogas. Política
Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico
Ilícito de Drogas. Guatemala, sin datos de editorial,
enero 2009, Página 14

[10] Ibíd. Página 16.

[11] Ibíd. Página 17-23.

[12] Integrado por las siguientes
organizaciones: CACIF, Madres Angustiadas, CGTG, Asíes,
Alianza Evangélica de Guatemala, Foro Maya, FADS,
Fundación Myrna Mack, GAM, USAC, UGT, Convergencia
Cívico política de Mujeres, ICCPG, entre otras
organizaciones de la sociedad civil.

[13] Diario Prensa Libre, Guatemala,
Edición del 18 de febrero de 2009, Página 19.

[14] Diario de Centroamérica,
Guatemala, Edición del 6 de marzo de 2009, Página
3.

[15] Grupo Garante (G4). Propuesta
básica para abordar los problemas de seguridad
pública y justicia, 23 de enero de 2009.

[16] En reunión sostenida el 16 de
junio de 2009, representantes de los Organismos del Estado y
del Ministerio Público, presentaron al Grupo Garante
(G4) la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo,
en el cual se incluyó las actividades que debían
realizarse, el responsable de las mismas, plazo para su
ejecución, presupuesto estimado, e indicadores de avance
y final.

[17] Grupo Garante. Memorando del Grupo
Garante para el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad
y la Justicia de fecha 18 de junio de 2009.

[18] Ibíd.

[19] Ibíd.

[20] Soriano Ramón. Sociología
del Derecho. Barcelona, Editorial Ariel, 1997, Página
339.

[21] Treves, Renato. La sociología del
Derecho. Orígenes, investigaciones, problemas.
Barcelona, Editorial Ariel, 1988, Página 209.

[22] Bourdieu, Pierre. Poder, Derecho y
Clases Sociales, traducción de Andrés
García Inda, 2da. Edición, España, 2001,
Página 209.

[23] Foucault, Michel. La verdad y las formas
jurídicas. Traducción de Enrique Lynch.
Barcelona. Gedisa, 1996, Página 107

[24] Comisión Contra las Adicciones y
el Tráfico Ilícito de Drogas. Plan Nacional
Antidrogas 1999-2003. Op. Cit. Página 23

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