Neoinstitucionalismo:
Profundización del Modelo Neoliberal
El nuevo paquete de reformas institucionales y
económicas que son constitutivos del denominado enfoque
neoinstitucional que se han venido implementando en algunos
países de América Latina en la última
década y media por exigencias de los organismos
multilaterales e inspirado por los tecnócratas de los
países más desarrollados, representa la
profundización del modelo neoliberal por ser el hilo
continuador de los programas de estabilización y ajuste
estructural que se impusieron en la región desde la
década de los ochenta. Se proponen fundamentalmente, por
una parte, reformas que reduzcan los obstáculos a la
acumulación de capital de mediano y largo plazo y reforzar
el dogma del libre mercado como el mecanismo más eficaz
para el buen funcionamiento "armónico" de la
economía, y así, eufemísticamente,
intensificar la expoliación y el despojo de las riquezas
naturales y materiales de la región, y por la otra,
implementar sus instituciones para reproducir su molde de la
lógica racional determinista y economicista en el marco de
la norteamericanización u occidentalización de
nuestra cultura y de nuestros valores; Justificadas en este nuevo
discurso sobre la intensificación de modelos de libre
mercado que sitúa esencialmente a las "anacrónicas"
instituciones como responsables del atraso y del poco progreso de
las naciones periféricas latinoamericanas.
El Neoinstitucionalismo afirma que la sociedad es un
sistema que está conformado por un conjunto de elementos
institucionales, los cuales interactúan entre sí.
Douglas North, (1990) uno de los más reconocidos de esta
escuela define las instituciones como: "las reglas del juego en
una sociedad, más formalmente son las limitaciones ideadas
por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por
consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, en
lo político, en lo social o económico". Se asume
que estas instituciones son construcciones históricas que,
a lo largo de su evolución; tanto de su origen, como de su
desarrollo y cambio, los individuos y la sociedad erigen
expresamente. Las instituciones en un país asumen
características peculiares, de acuerdo con los rasgos
estructurales dominantes de una determinada economía y
sociedad, y por supuesto es importante la influencia de los
valores, tradiciones culturales y religiosas y, en general, de
las convenciones existentes.
Para que un conjunto de reglas se conviertan en
institución es necesario que sus conocimientos y su
cumplimiento sean compartidos y aceptados por la sociedad de
manera voluntaria o coercitivamente obligado por el Estado. De
acuerdo con la formalización en la ley, las instituciones
se caracterizan por ser formales e informales. Las instituciones
formales son las reglas escritas en las leyes y reglamentos,
comprenden la constitución política del Estado,
códigos, las regulaciones, derechos de propiedad, normas y
otras parecidas, y su aplicación y cumplimiento son de
carácter obligatorio compelido por los organismos
estatales, y por consiguiente, pertenecen al ámbito del
dominio público. Las informales por su parte, son las
reglas no escritas, que se van acumulando a lo largo del tiempo,
y quedan registradas y expresadas en una cultura o un grupo
humano determinado.
Pero, ¿cuál es en esencia el
propósito que conlleva esta propuesta y cuáles son
sus implicaciones?
En primer lugar, autores como Oliver Williamson, Douglas
North y Ronald Coase, principales representantes del
neoinstitucionalismo coinciden en su crítica a la
teoría neoclásica al rechazar el principio de cero
costos de transacción derivada de los supuestos de
perfecta información y de competencia perfecta en los
mercados. Este postulado neoclásico se convirtió en
la fuente principal del viejo institucionalismo que pregona el
papel de actores egoístas, racionales
económicamente cuyo fin es maximizar sus objetivos, y en
la base teórica del neoliberalismo que soportado en esos
fundamentos aplicó en la década del ochenta
programas de estabilización y de ajuste estructural en
casi todos los países de América Latina y en el
resto del mundo subdesarrollado. Argumentan, estos autores, que
instituciones como los derechos de propiedad modelan la vida
económica, debido a que ejercen un poder que les permite
moldear los resultados del mercado contraviniendo con esto el
ideal de los mercados libres.
En otras palabras, la seguridad del derecho de propiedad
es la piedra angular de una economía eficiente de mercado.
El intercambio de la propiedad en el mercado requiere
títulos formales que se puedan conseguir y transferir con
relativa facilidad. La ausencia de una clara definición de
derechos de propiedad tiene un impacto desproporcionadamente
negativo sobre los negocios. En particular, por ejemplo, porque
no se puede usar la propiedad como garantía para obtener
créditos de instituciones financieras formales.
También, porque los trámites para inscribir la
propiedad son costosos y consumen mucho tiempo. Los cargos
excesivos para el registro y la hipotecación de bienes
raíces, atribuido en ciertos casos al oligopolio de
notarios públicos, incrementa los costos. Además,
afecta al mercado laboral porque al inhibir el desarrollo de un
mercado hipotecario, afecta el mercado de vivienda generando
menos empleo, y por consiguiente se afecta una de las fuentes de
ingreso más importante del sector financiero.
Según los neoinstitucionalistas no reconocer que
los costos de transacción valen y están por encima
de cero, se convierte en una de las causas principales que
explican en la década de los ochenta el resultado negativo
de la economía y la rigidez en la aplicación de las
conocidas reformas de políticas aperturistas denominadas
de primera generación por el consenso de Washington e
impuestas indistintamente a países con diversas realidades
por parte del FMI y del Banco Mundial, afectando de acuerdo a las
expectativas previstas el buen desempeño económico
reflejado principalmente en el bajo crecimiento del PIB y de la
renta nacional. Infieren, entonces, según ellos, que esos
supuestos no operan simplemente en la mayoría de los casos
o de los países, y que esos errores son los que hay que
subsanar para encausar esas economías por el sendero de la
prosperidad. Se trata entonces de atemperar ese impacto negativo
del modelo neoliberal y mejorar en algo su configuración.
Para ello, se esfuerzan en demostrar que las fuerzas libres del
mercado funcionan mejor interactuando con las formas
institucionales de una sociedad determinada. Es decir, como
apunta Haggard (1998), no se busca modificar las bases del
neoliberalismo que se encuentran en la teoría
neoclásica, sino más bien ampliarla, mejorarla y
depurarla, al considerar las instituciones como entidades que se
pueden y deben estudiar, para asistir al buen funcionamiento del
libre mercado.
Este tipo de elucidaciones técnicas y secundarias
pretenden ocultar las verdaderas causas que explican el fracaso
rotundo del modelo neoliberal en términos
económicos y sociales. En segundo lugar, para refrendar y
reforzar la ideología del libre mercado por considerarlo
el único que hace posible el crecimiento económico
estable y eficaz, los neoinstitucionalistas al suponer la
existencia de costos de transacción y de
información determinados como aquellos costos de
transferencias y protección de los derechos de propiedad,
consideran que estos costos afectan los incentivos de los agentes
empresariales y por tanto su comportamiento económico. Se
proponen entonces, reformar las instituciones y para eso el
Estado sería el instrumento al servicio de los costos de
transacción para reducirlos y asegurar el derecho de
propiedad a través de la normativa.
Contar con un marco institucional adecuado es de
especial relevancia, pues entre mejores sean las normas, leyes,
reglas formales e informarles, así como las organizaciones
relacionadas con las actividades humanas, menor será el
costo de transacción y se podrán obtener mejores
resultados en las actividades económicas. El cumplimiento
de estos contratos mostraría que el capitalismo es
adecuado si se tienen las reglas adecuadas, es decir, las
instituciones adecuadas. Por eso es que surge la necesidad de
fortalecer las instituciones a través del cambio, reformas
o eliminaciones, entre ellas, la del Estado. Para que funcionen
correctamente los mercados necesitan marcos reguladores e
institucionales que solo el Estado puede proveer (Olson,
2000).
Con ese mismo sesgo Pedro Pablo KuczynsKi y John
Williamson promotor de la primera generación del consenso
de Washington lanzaron en el 2003 el texto Después del
Consenso de Washington. Relanzando las políticas del
crecimiento y las reformas en América Latina, en el que
realizan una evaluación del decálogo y, asimismo,
se presentan las reformas de segunda generación. En este
nuevo recetario económico incluyen reformas que hacen
hincapié en la importancia de las instituciones,
más flexibilización en el mercado laboral,
más liberalización en el mercado de capitales y en
el sector financiero, en el comercio internacional bajo la batuta
de la Organización Mundial del comercio (OMC), entre
otras. Estos autores afirman que la nueva agenda del Consenso de
Washington nace del diagnóstico acerca de lo que no
resultó bien en la década de 1990; aseguran que:
"las reformas de segunda generación necesitan atacar dos
importantes áreas económicas. La primera involucra
la modernización de la infraestructura institucional de
una economía de libre mercado […] La otra necesidad
importante para la reforma institucional está en el sector
financiero. Lo que se necesita en este campo […] es una serie
de cambios aparentemente menores tales como mejorar la
transparencia y modernizar la contabilidad".
No es difícil deducir que el neoinstitucionalismo
no es sino la profundización del mercado libre del modelo
neoliberal con otro pretendido nombre que busca la reforma del
Estado para propiciar los intereses fundamentalmente del capital
transnacional, especulativo y depredador. Crear las condiciones
favorables para desarrollar esta segunda fase neoliberal que
intensifica el despojo territorial y la inversión
extranjera directa en la explotación de recursos
naturales, agro-industriales, biodiversidad y turismo. Al
priorizar los intereses privados transnacionales sobre lo
público nacional, se sigue deteriorando las bases de los
principales sectores de la economía como la industria
nacional, privatizando y reprimarizando la economía
nacional y exportando al mercado internacional recursos escasos y
agotados, naturales y energéticos. Además, de
manera complementaria, su estrategia también contribuye
significativamente a recomponer la caída de las tasas de
ganancias del capital transnacional en el marco de la crisis
sistémica que viene afrontando el capitalismo mundial
desde hace décadas.
Estas tesis, según los apologistas de este
enfoque, entre tantos, Daron Acemoglu y James Robinson (2012),
cobran especial relevancia en los países de América
Latina porque según ellos adolece de instituciones
adecuadas para el buen funcionamiento del mercado y de la
economía capitalista. Por eso, recomiendan que la clave
consista en copiar las de los países desarrollados. En
algunos países de la región de corte neoliberal
como Colombia ya se viene haciendo algunas reformas
institucionales como la denominada "nueva apertura
democrática"; en el mercado laboral los salarios se
incrementan por debajo de la productividad laboral para disminuir
costos de producción; así mismo se refiere al gasto
público, enunciando que este podría ser suficiente
siempre y cuando se administre bien. La ley del mercado de
tierras en el marco de las políticas agrarias actuales
propuesta por el Banco Mundial, en que el programa bandera de
titulación busca aclarar los derechos de propiedad. Su
principal meta es otorgar títulos de propiedad a familias
campesinas que viene haciendo uso de la tierra y que no tienen
documentación formal que los acredite como propietarios
legales.
El registro de dichos títulos tiene como
propósito fundamental; por una parte, hacer que el Estado
obtenga la mayor información para obligar tributar y
cargar con impuestos a estos pequeños campesinos, dado que
en el país la mayoría de los pequeños
propietarios carecen de títulos de propiedad, caso que no
ocurre con los grandes latifundistas, que por lo general a
través de muchos mecanismos evaden pagar impuestos. Y por
la otra, aplicar el libre juego de la oferta y la demanda a
dichas tierras, es decir, los campesinos en el corto o mediano
plazo terminan vendiendo sus tierras y empleándose como
asalariados en las empresas agroindustriales de acuerdo con el
proyecto del Banco Mundial. Otras reformas establecidas como la
ley antitrámites y las que están en espera como la
reforma a la justicia, a la educación, al sector
financiero, y las que están en curso como la de la salud y
la de los diálogos de paz con la insurrección
armada convenidos no por los muertos y otros daños humanos
que ocasiona el conflicto armado sino por las trabas al mercado y
el incremento de los costos de transacción y de
información que se generan. De esta manera, Colombia
consagrada como país socio incondicional líder
aplica rigurosamente el nuevo mandato del neoinstitucionalismo la
nueva cara del neoliberalismo.
El fracaso del modelo desarrollista en la década
del setenta, y del modelo neoliberal en la actualidad, son la
muestra de esa visión determinista y ortodoxa del
desarrollo, al considerar como positivos procesos y transacciones
de mercado, sin importar si estos son improductivos o
destructivos. Según Sergio De Zubiría (2013), esos
procesos desbastadores indujeron que se analizara
críticamente en las ciencias sociales en
Latinoamérica los conceptos de mito y crisis del
desarrollo. El principal mito suponía que sociedades que
alcanzaran niveles altos de industrialización
reducirían sus desigualdades, sus inequidades, sus
exclusiones y mayor democracia y desarrollo social, argumento de
Walter Rostow (1970) en su texto: "las etapas del crecimiento
económico". Así también, se han establecido
en estas otras teorías economicistas que correlacionan
positivamente crecimiento económico y desarrollo social.
Entre mayor son las tasas de crecimiento económico (PIB)
mayor es el desarrollo.
Frente a esas secuenciales imposiciones desarrollistas,
neoliberales y neoinstitucionales, que profesan el dogma del
libre mercado ha implicado la pérdida de capacidad para
muchos países de América Latina para forjar un
autentico y nuevo proyecto nacional y regional de desarrollo.
Estos países tienen necesariamente, que pensar
históricamente y captar las cosas en su raíz.
Pensar históricamente, no admite las vías
únicas ni los caminos estrechos, sino múltiples
senderos. Repensar vías y concepciones alternativas de
desarrollo que potencialicen las características
específicas de la región. Por eso la diversidad es
elemento constitutivo en la construcción del desarrollo
para la libertad, la emancipación y la unidad de nuestros
pueblos. Porque como decía el ilustre latinoamericano
Andrés Bello, "latinoamérica tiene un camino que es
su propio camino".
Es un absurdo histórico seguir implementando
modelos eurocéntricos y norteamericanizados porque hace
tiempo entraron en crisis y están decididamente
dañados, como por ejemplos, el paradigma del progreso, que
concebía el proceso histórico como una línea
en permanente ascenso, la realidad niega esa aseveración.
El "orgullo de la modernidad" por hacer del hombre amo y
señor de la naturaleza, y su subsecuente
explotación como materia prima para el crecimiento
económico a cualquier costo ha producido efectos
irreversibles como el deterioro del medio ambiente, la extensiva
disminución de recursos fundamentales para el bienestar
humano, como agua fresca, bosques, recursos genéticos,
vida silvestre, suelos, agotamiento de recursos
energéticos. Una economía que funciona en gran
parte en burbujas especulativas, que promociona el consumismo
como presunta ruta hacia la felicidad, que destruye culturas
tradicionales y su consecuente pérdida de cosmovisiones,
lenguaje y valores distintos a los de ellos. Por esas razones
básicamente, no se puede aceptar imposiciones que
provengan de espacios supuestamente "superiores" porque
detrás de ello se reprime la diversidad, la diferencia, y
arrastra la trampa para encubrir la explotación, la
dominación y la desigualdad.
Desde los inicios de este siglo en América Latina
y en gran parte del mundo, se constata el renacimiento del
pensamiento crítico con una marcada perspectiva cultural,
ética y política. Desde diversos enfoques se busca
superar el eurocentrismo y la occidentalización en el
estudio de la sociedad y de su transformación. Desde su
perspectiva cognoscitiva en la que se centra sus investigaciones
y debates sobre la realidad histórica social permite
establecer las bases para un enfoque del conocimiento social que
no se sitúa en el ámbito de la modernidad
eurocéntrica, sino que busca y desarrolla una racionalidad
propia y autentica que interpreta la realidad
latinoamericana.
Este tipo de racionalidad histórica que se
desarrolla en oposición a la cultura dominante y que
desemboca en una racionalidad alternativa, cuyo núcleo
básico gira en torno a la identificación de la
especificidad de la sociedad latinoamericana como la
articulación de elementos históricos
estructuralmente heterogéneos y que, por lo tanto, no
están tratados de manera sistemática ni
orgánica, sino de forma sistémica y conflictiva.
Una racionalidad, según Anibal Quijano (2001), preocupada,
más por los fines que por los medios, y más cercana
a la liberación que al poder. Una racionalidad que permite
la recuperación de la memoria histórica y de la
identidad para abrazar la esperanza, porque en ella se recobra
tradiciones que expanden la libertad, la solidaridad y el respeto
por los ecosistemas. Muchas de nuestras culturas originarias
profesaron un culto a la tierra como su madre y establecieron
relaciones integrales y de respeto con todos los componentes del
mundo natural. Es una racionalidad que rechaza la
intervención y el dominio de la cultura dominante, que
expresa autonomía nacional, y tiene a la
integración como alternativa para brillar con luz propia
su presente y su futuro histórico. No es necesario valores
e instituciones impuestas allende de nuestros mares para edificar
el desarrollo y la soberanía de nuestra
América.
1. North, Douglass C. Instituciones, cambio
institucional y desempeño económico. FCE.
Méjico, 1990.2. Haggard, S. "La reforma del Estado en
América Latina". Reforma y Democracia. Buenos Aires,
1998.3. Pedro Pablo Kuczinsky, John Williamson,
(Editores). Después del Consenso de Washington.
Relanzando el crecimiento y las reformas en América
Latina. Lima, 2003.4. Olson, M, Pobreza y Prosperidad, Nueva York:
Libro básico, 2000.5. De Zubiria Sergio, Universidad, Cultura y
Emancipación en América Latina, Edit, Izquierda
Viva, Bogotá, 2013.6. Quijano Aníbal, Colonialidad del
poder, Globalización y Democracia. Ediciones Lima,
Perú, 2001.
7. Rostow, W, W, Las Etapas del Crecimiento
Económico. Edit, F,C,E. México,
1970.8. Daron Acemoglu, James A. Robinson, Por
Qué Fracasan Los Países. Pág., 96.
Ediciones Deusto, grupo planeta. Edición 3ª.
Reimpreso en Colombia, 2012.
*Profesor de la Facultad de Economía de la
Fundación Autónoma de Colombia. Magister en
Economía y Especialista en el Pensamiento
Filosófico de América Latina.
Autor:
Milton Angulo Ricardo*