Características y fundamentos legales del domicilio

646 palabras 3 páginas
ESTUDIANTE: Andrés Jiménez Benavides C.C. 1.017.146.499

PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

La afirmación constitucional de que Colombia es un Estado de Derecho, no es simplemente una muletilla ornamental de contenido retórico. Es la manifestación expresa de que en nuestro país, la legitimidad del poder ejercido por el Estado se fundamenta en su sometimiento a la legalidad, en dos aspectos: quienes ejercen el poder estatal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad en el origen del poder; pero además, dicho poder debe ser ejercido conforme a lo establecido en la ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, se
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En Colombia la positivización constitucional del principio de legalidad en el derecho sancionatorio de la administración le impregna una entonación garantista al mismo procedimiento. El sujeto objeto de sanción puede vocear su derecho a conocer anticipadamente las consecuencias que le acarrearían la comisión de un hecho o una conducta antijurídica en el ámbito administrativo, ya que lo q mas se subraya es que al particular no se le pueden crear normas sustantivas posteriores a la infracción y tampoco juzgársele con procedimientos creados para el caso especifico. Dentro de este mismo punto de vista se ha dicho y con razón que el principio de legalidad y la potestad sancionadora son conceptos jurídicos que se relacionan pues la potestad sancionadora se debe explicar, justificar y estructurar únicamente en este principio debido a que sin este carecería de poder y sustento para actuar; y no solo la administración si no el Estado en sí. Ya que dicho principio emana como norma imprescindible de observancia de la constitución. Todo este modelo político institucionalizado en un estado de derecho, es decir, una función pública reglada y sujeta a la ley, unas formas de juicio propias y preexistentes, aunado al derecho a acceder a la función pública de la administración de justicia para que dirima y resuelva nuestras controversias de manera absoluta e inoponible, garantiza la seguridad jurídica

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